Mujeres acuden a las urnas del campamento para desplazados internos de Abu Shouk en Al Fasher, al norte de Darfur, el 11 de abril de 2010.

© 2010 Reuters

(Nairobi) - Tanto las autoridades nacionales como las del sur de Sudán deberían iniciar inmediatamente una investigación de los abusos a los derechos humanos que fueron cometidos en relación a las elecciones celebradas el pasado mes de abril, y llevar ante la justicia a los responsables, Human Rights Watch señaló en un nuevo informe publicado hoy. Abordar estos abusos es especialmente importante cuando el país se prepara para el referendo de autodeterminación de Sudán Meridional, señaló Human Rights Watch.

El informe de 32 páginas, "Democracy on Hold: Rights Violations in the April 2010 Elections" ("Democracia congelada: Las violaciones de derechos humanos en las elecciones de abril de 2010"), documenta numerosas violaciones de los derechos humanos en todo Sudán tanto por parte de las autoridades del norte como las del sur, antes, durante y después de las elecciones de abril. Entre estos abusos destacan las restricciones a la libertad de expresión y de reunión, especialmente en Sudán Septentrional, y casos generalizados de intimidación, arrestos arbitrarios y violencia física contra supervisores y opositores a los partidos en el poder a manos de las fuerzas de seguridad sudanesas en todo el país. El informe está basado en una investigación llevada a cabo entre noviembre de 2009 y abril de 2010 en Jartum, en Sudán Meridional.

"Las elecciones nacionales representaron un hito importante en el acuerdo de paz de 2005, que supuestamente le abriría el camino del progreso a Sudán", dijo Rona Peligal, directora de África para Human Rights Watch. "Sin embargo, encubrir los abusos ligados a las elecciones no sería una buena señal de cara al referéndum que se celebrará en enero".

El Acuerdo General de Paz de 2005, que acabó con 22 años de guerra civil entre las fuerzas del norte y sur de Sudán, estipulaba que el país celebrara elecciones nacionales y convocara a un referendo sobre la autodeterminación para el sur de la región. Sudán Meridional, que incluye a más de 1.5 millones de habitantes del sur que viven en Jartum y otros estados del norte, decidirá en enero de 2011 si debe independizarse del norte.

Human Rights Watch apeló varias veces al Gobierno de unidad nacional para que implementara reformas genuinas contempladas en el acuerdo de paz, como mejoras al sistema de seguridad nacional. La ley actual de seguridad nacional otorga amplios poderes de búsqueda, captura y arresto, y permite las detenciones sin supervisión judicial de una duración máxima de cuatro meses y medio; una grave violación del derecho internacional.

Human Rights Watch descubrió que en los meses que precedieron a las elecciones de abril, el gobernante Partido del Congreso Nacional (PCN) reprimió reuniones pacíficas de miembros del partido de oposición en el norte e impuso restricciones a la libertad de asociación y expresión. Durante la semana electoral, se dieron menos casos de estas limitaciones, pero hubo varios incidentes de acoso, intimidación y arresto de activistas, miembros de la oposición y observadores electorales.

En Sudán Meridional, Human Rights Watch documentó prácticas generalizadas de intimidación, arrestos arbitrarios, detención y malos tratos contra los opositores al partido dominante en el sur, el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM, por sus siglas en inglés), observadores electorales y votantes, durante todo el proceso de elecciones en varios estados del sur.

Además de estas violaciones, se dieron numerosas irregularidades serias en el proceso electoral, como la votación múltiple, el embarazo de urnas y otros fraudes electorales que socavaron su legitimidad.

El 26 de abril, la comisión electoral declaró a ambos partidos gobernantes como ganadores en sus regiones respectivas según el recuento de votos. Omar al-Bashir, que integra la lista de blancos de la Corte Internacional de Justicia bajo acusaciones de haber cometido crímenes de guerra y contra la humanidad en Darfur, fue reelegido presidente del Gobierno de unidad nacional.

En las semanas después de las elecciones de abril, Human RightsWatch registró un empeoramiento de la situación de los derechos humanos en todo Sudán, con nuevos actos de represión en el norte, incidentes de violencia relacionada a los comicios en el sur y un conflicto persistente en Darfur.

Human Rights Watch también hizo un llamado aSudán para que coopere con la Corte Penal Internacional, tal como le exige la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

"Se suponía que las elecciones ayudarían a expandir la democracia en Sudán, pero han tenido el efecto opuesto", dijo Peligal. "El triunfo electoral esencialmente envalentonó a los partidos gobernantes, especialmente en el norte, a reprimir con dureza a los opositores, activistas y periodistas".

La represión en Jartum después de las elecciones incluye el arresto y detención el 15 de mayo de la figura de la oposición Hassan al-Turabi y varios periodistas, el arresto de estudiantes de Darfur, y la reinstauración de la censura previa impresión que llevó a la suspensión de tres periódicos.

A principios de junio, las fuerzas de seguridad irrumpieron violentamente en una protesta pacífica de médicos sudaneses que estaban en huelga para reclamar mejores salarios y condiciones laborales. A finales de junio, seis médicos se encontraban detenidos bajo ningún cargo. Dos de ellos sufrieron malos tratos físicos a manos de representantes de la seguridad nacional.

En Sudán Meridional, las disputas crecientes sobre los resultados electorales entre el partido gobernante y candidatos independientes han llevado a enfrentamientos entre las fuerzas armadas. En el estado de Jonglei, por ejemplo, las fuerzas leales al general George Athor, quien se presentó a las elecciones de gobernador estatal pero no ganó, se enfrentaron con el ejército del sur en múltiples ocasiones desde que fueran anunciados los resultados. El fraude electoral y la intimidación durante los comicios han desencadenado más ira y frustración en el sur.

En Darfur, donde muchas comunidades boicotearon el proceso electoral, el Gobierno sudanés sigue llevando a cabo ataques armados contra facciones rebeldes y civiles, usando bombas aéreas y tropas terrestres. En mayo, esta forma de violencia causó la mayor tasa de muertes en dos años.

"Democracia congelada" también examina la reacción de la comunidad internacional a los abusos generalizados que se han visto durante las elecciones. El informe destaca cómo consideraciones políticas relacionadas a esfuerzos de hacer cumplir el acuerdo de paz de 2005, en especial el referendo, han hecho que muchos actores internacionales se muestren reacios a criticar el historial de derechos humanos de Sudán.

"Los socios internacionales de Sudán deben jugar un papel primordial a la hora de exhortar a las autoridades sudanesas a que acaben con la impunidad delos abusos", dijo Peligal. "Un tímido silencio de su parte pondrá en riesgo las posibilidades de que el referendo sea pacífico y significativo y podría desbaratar la transformación democrática que trata de fraguar el acuerdo de paz".