Una caricatura de Steve Bell publicada en The Guardian el 9 de julio de 2009.

© 2009 Steve Bell

(Londres) – El Gobierno del Reino Unido debe ordenar inmediatamente una investigación judicial independiente sobre la participación y la complicidad de los servicios de seguridad británicos en la tortura de sospechosos de terrorismo en Pakistán, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 46 páginas, “Cruel Britannia: British Complicity in the Torture and Ill-treatment of Terror Suspects in Pakistan” (Cruel Bretaña: La complicidad británica en la tortura y el maltrato de sospechosos de terrorismo en Pakistán), incluye testimonios de las víctimas y sus familiares en el caso de cinco ciudadanos del Reino Unido de origen paquistaní--Salahuddin Amin, Zeeshan Siddiqui, Rangzieb Ahmed, Rashid Rauf y una quinta persona que desea mantenerse en el anonimato–torturados en Pakistán por parte de los servicios de seguridad paquistaníes entre 2004 y 2007. Human Rights Watch concluyó que, aunque no existen pruebas de la participación directa de funcionarios británicos en la tortura, la complicidad del Reino Unido está clara.

“Los servicios de inteligencia y de aplicación de la ley británicos se confabularon e hicieron de la vista gorda ante el uso de la tortura contra sospechosos de terrorismo en Pakistán”, señaló Ali Dayan Hasan, investigador principal para Asia Meridional de Human Rights Watch. “Los funcionarios británicos sabían que las agencias de inteligencia paquistaníes utilizan habitualmente la tortura, eran conscientes de casos concretos y no intervinieron”, agregó.

Un funcionario bien posicionado dentro del Gobierno del Reino Unido dijo a Human Rights Watch que las acusaciones de complicidad británica, hechas por Human Rigths Watch en su testimonio ante el Comité Conjunto de Derechos Humanos del Parlamento Británico en febrero de 2009, fueron exactas. Otra fuente gubernamental dijo a Human Rights Watch que su investigación sobre esta cuestión había “dado en el clavo”.

Estos funcionarios señalaron que los servicios de inteligencia paquistaníes cooperaron en casos específicos compartiendo información extraída en interrogatorios abusivos con funcionarios británicos, que se emplearon en procesos celebrados en tribunales del Reino Unido y en otras investigaciones. Los agentes de inteligencia y de aplicación de la ley británicos transmitieron preguntas a los funcionarios paquistaníes para que las formularan en los interrogatorios individuales, a sabiendas de que los funcionarios paquistaníes estaban empleando la tortura.

Los funcionarios civiles y militares del Gobierno paquistaní informados de la situación han señalado en numerosas ocasiones a Human Rights Watch que los funcionarios británicos eran conscientes del maltrato a los sospechosos de terrorismo en cuestión.

“Un lección clave de los últimos ocho años de esfuerzos globales para combatir el terrorismo es que el uso de la tortura y el maltrato es profundamente contraproducente”, señaló Hasan. “Socava la legitimidad moral de los gobiernos que la utilizan y sirve de excusa para el reclutamiento de las organizaciones terroristas”, agregó.

Cuatro de las víctimas dijeron que se habían encontrado con funcionarios británicos durante la detención en Pakistán. En algunos casos, los encuentros se produjeron poco después de sesiones de interrogatorio en las que habían sido torturados, cuando todavía eran evidentes las muestras claras y visibles de la tortura.

Rangzieb Ahmed, de Greater Manchester, Inglaterra, fue arrestado el 20 de agosto de 2006 en la provincia de la Frontera Noroccidental de Pakistán, y fue acusado de estar vinculado a Al Qaeda. El 7 de septiembre de 2007, fue trasladado al Reino Unido. Ahmed contó a Human Rights Watch que, durante la detención en Pakistán, las agencias de seguridad paquistaníes le habían torturado, golpeado, privado de sueño y maltratado de otras maneras repetidamente. Dijo que sus torturadores le arrancaron tres uñas.

Human Rights Watch habló con miembros de las agencias paquistaníes de aplicación de la ley que participaron en el procesamiento de Ahmed en varios momentos de su detención. Estas fuentes, de organismos tanto civiles como militares de Pakistán, confirmaron lo que denominaron la “autenticidad general” de sus afirmaciones, entre ellas que los servicios de inteligencia británicos supieron “en todo momento” de su detención y trato.

Zeeshan Siddiqui, de Hounslow, Londres, fue arrestado en Pakistán el 15 de mayo de 2005, bajo sospecha de participación en terrorismo. Fue deportado al Reino Unido el 8 de enero de 2006. Siddiqui dijo que, en repetidas ocasiones durante la detención, le golpearon, encadenaron, inyectaron drogas y amenazaron con abusos sexuales y más torturas.

Los agentes de seguridad paquistaníes que hablaron con Human Rights Watch, a condición de que se respetara su anonimato, confirmaron que Siddiqui había sido detenido siguiendo un chivatazo de los servicios de inteligencia británicos, y a petición de los mismos. Las fuentes paquistaníes agregaron que los agentes de inteligencia británicos fueron conscientes en todo momento de que Saddiqui estaba siendo “procesado” al “estilo tradicional” y que los británicos estaban interrogando “efectivamente” a Saddiqui aunque el servicio de inteligencia paquistaní ya lo habían “procesado.”

“Probablemente se dio luz verde para meterlo en el sistema [legal] porque nadie pudo probar ni hacerle admitir nada que fuera útil”, señaló la fuente.

Amin, de Edgware, fue condenado en abril de 2007, en el juicio de la operación “Crevice” por organizar atentados contra varios posibles objetivos, entre ellos el club nocturno londinense Ministry of Sound. Amin se entregó voluntariamente a las autoridades paquistaníes después de que garantizaran a su familia que no iban a maltratarle, pero fue torturado repetidamente durante 2004 y forzado a realizar confesiones falsas.

Amin alega que, durante su detención, funcionarios de inteligencia británicos se encontraron con él en al menos una docena de ocasiones. Después de diez meses de detención ilegal, Amin fue puesto en libertad por las autoridades pakistaníes, y fue arrestado a su llegada al aeropuerto de Heathrow en 2005.

Fuentes de la inteligencia paquistaníes dijeron que la versión de Amin sobre su detención y los encuentros con agentes de inteligencia británicos y estadounidenses es “esencialmente exacta”. Estas fuentes dijeron a Human Rights Watch que Amin era un caso sometido a “mucha presión” y que los británicos y los estadounidenses tenían un deseo “insaciable” de extraerle información. Estas fuentes agregaron que los agentes británicos y estadounidenses que formaron “parte” de la detención de Amin eran “perfectamente conscientes de que estábamos empleando todos los medios posibles para extraerle información y estaban agradecidos de que lo hiciéramos”.

“El mal del terrorismo no justifica la participación en la tortura o el uso de sus resultados”, señaló Hasan. “La reputación del Reino Unido como un país respetuoso de los derechos humanos estará manchada hasta que se realice una investigación independiente y se exijan responsabilidades”, agregó.

Las negaciones generales de complicidad en la tortura por parte de los secretarios de Asuntos Exteriores y del Interior no han abordado las denuncias concretas de Human Rights Watch, el diario The Guardian y los abogados que representan a las víctimas de la tortura.

El Gobierno tampoco ha respondido adecuadamente a las conclusiones y las recomendaciones del Comité Conjunto de Derechos Humanos y el Comité de Asuntos Exteriores. El Comité Conjunto ha pedido una investigación judicial independiente. “El Gobierno británico ha hecho oídos sordos al parlamento, las víctimas y al público en general al negarse a responder a cualquier pregunta sobre su conducta en Pakistán”, señaló Hasan. “Debe poner en marcha inmediatamente una investigación judicial independiente y establecer medidas para garantizar que su complicidad en la tortura no vuelva a ocurrir nunca”, agregó