Mujeres hacen fila por agua en un manantial de agua natural en la superpoblada zona de Tafara Mabvuku afuera de Harare. La infraestructura de agua y saneamiento de Zimbabue se ha derrumbado como consecuencia de la crisis económica.

© 2007 Dirk-Jan Visser

“Después de que me azotaron y luego me golpearon con una barra de hierro, supe que no podía continuar y tuve que irme para sobrevivir, así que vine a Sudáfrica”, le dijo una mujer llamada Grace a Gerry Simpson, investigador de Human Rights Watch que indaga la difícil situación de zimbabuenses en Sudáfrica.

Grace es parte de los aproximadamente 1.5 millones de zimbabuenses que se estima han cruzado la frontera en años recientes, a medida que su país se ha visto afectado por un desastre económico y violencia política brutal. Zimbabue ha sufrido tasas de inflación de más del 100,000 por ciento, un índice de desempleo del 80 por ciento y una epidemia de cólera, así como asesinatos, arrestos y la tortura de centenares de simpatizantes de la oposición alrededor de las elecciones presidenciales de 2008.

De 43 años y con ojos que delatan las penurias del pasado, Grace salió de Zimbabue hace tres años, cuando el gobierno destruyó con tractores su hogar y las viviendas de otras 700,000 personas en Harare, la capital, en lo que denominó “Operación Limpie la Suciedad”. Grace, su madre y su hija perdieron todo y luego enfrentaron arrestos, multas y golpizas por parte de la policía. Finalmente, Grace y su familia escaparon hacia Sudáfrica.

“Conocimos a gente que había huido de una pesadilla en su país y se topó con ira y rechazo en Sudáfrica”, dijo Simpson. “Las personas zimbabuenses no podían obtener permisos de trabajo o encontrar lugares donde quedarse. Muchas tenían el VIH pero carecían de acceso a cuidados de salud. Estaban viviendo en condiciones horribles”. Simpson pudo determinar que, sin estatus legal en Sudáfrica, a 5,000 personas zimbabuenses, incluso muchas con derecho a estatuto de refugiadas, se les estaba deportando cada semana a Zimbabue.

Simpson se reunió con Grace en una iglesia metodista en Johannesburgo, donde estaba hacinada junto a otras 1,300 personas. “Centenares de personas, incluyendo mujeres, niñas y niños, estaban durmiendo sobre las gradas, viviendo en condiciones terribles e insalubres y bajo la constante amenaza de desalojo por parte de las autoridades locales”, dijo el investigador. “Además de ser una vitrina de la desdichada vida a la que esta gente vulnerable se enfrentaba, la iglesia era un símbolo para otros cientos de miles de zimbabuenses menos visibles que huían de la opresión y luchaban por sobrevivir en Sudáfrica”.

Tres meses después, la policía de Sudáfrica allanó la iglesia y arrestó a unas 800 personas. En mayo de 2008, la violencia generalizada contra personas extranjeras e incluso sudafricanas en numerosas partes del país cobró las vidas de 62, dejó heridas a 670 y obligó a decenas de miles de extranjeros a huir de Sudáfrica.

Fue en este ambiente que Human Rights Watch publicó su informe “Vecinos en necesidad: Zimbabuenses que buscan refugio en Sudáfrica”, en el cual exhortó a las autoridades a permitir que las personas zimbabuenses permanecieran en Sudáfrica mientras sus vidas y bienestar corrieran peligro en Zimbabue.
Fue un momento decisivo.

Después de que Simpson presentó una copia anticipada del informe a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la agencia reforzó su llamado a Sudáfrica para que detuviera las deportaciones a Zimbabue. También adoptó la posición de Human Rights Watch en el sentido de que los zimbabuenses que escapaban hacia Sudáfrica eran migrantes económicos involuntarios y los desalojos masivos que ocasionaron la huída de Grace constituían un fundamento válido para otorgarles el estatuto de refugiados. ACNUR estuvo de acuerdo en incluir esa posición al capacitar a su personal sudafricano, tal como lo habíamos solicitado.

En respuesta al llamado de Human Rights Watch al gobierno para que pusiera fin a su práctica de detener y deportar ilegalmente a solicitantes de asilo potenciales cuando intentaban llegar hasta las oficinas receptoras de refugiados ubicadas a cientos de miles kilómetros de la frontera, el gobierno sudafricano abrió una nueva oficina para recibir refugiados en la frontera, lo cual ha hecho posible que las personas zimbabuenses soliciten asilo tan pronto como entran a Sudáfrica. La gran cantidad de solicitudes registradas en la oficina desde su apertura en julio de 2008 contribuyó significativamente a la enorme carga sobre el sistema de asilo de Sudáfrica, lo que a su vez alentó al gobierno a responder al llamado de Human Rights Watch a adoptar medidas integrales que protejan a todas las personas zimbabuenses que se encuentran en Sudáfrica.

El 3 de abril de 2009, el gobierno de Sudáfrica anunció que otorgaría “permisos de dispensa especial” para permitir que personas zimbabuenses permanezcan legalmente en el territorio sudafricano durante seis a doce meses. Ahora, hasta 1.5 millones de personas estarán libres del temor a la violencia, el arresto y la deportación al país del que lucharon por escapar. Grace y centenares de miles como ella tendrán derecho a trabajar, enviar a sus hijas e hijos a la escuela y acceder a cuidados básicos de salud.