Las tropas del Ejército de Estados Unidos sometieron a detenidos iraquíes a graves golpizas y otras formas de tortura en una base en el centro de Irak entre 2003 y 2004, con frecuencia bajo las órdenes o con la aprobación de oficiales superiores, según las declaraciones de soldados hechas públicas hoy por Human Rights Watch.
En el nuevo informe, “Leadership Failure: Firsthand Accounts of Torture of Iraqi Detainees by the U.S. Army's 82nd Airborne Division” (Fallo de liderazgo: Testimonios de primera mano de la tortura a detenidos iraquíes por parte de la 82ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos), se recogen testimonios de solados sobre los abusos contra detenidos cometidos por tropas de la 82ª División Aerotransportada basadas en la Base Avanzada de Operaciones (Forward Operating Base, FOB) Mercury, cerca de Fallujah.
Tres soldados estadounidenses—dos sargentos y un capitán—describen cómo prisioneros fueron sometidos a golpizas graves realizadas de manera rutinaria, así como otras formas de trato cruel e inhumano. En un incidente, se acusa a un soldado de haberle roto una pierna a un detenido con un bate de béisbol. También se obliga a los detenidos a sostener garrafas de agua de 5 galones con los brazos abiertos y a realizar otros actos hasta que se desmayaran. Los soldados también aplicaron sustancias químicas en la piel y los ojos de los detenidos, y los sometieron a posturas incómodas, privación de sueño y temperaturas extremas (frías y calientes). Los detenidos también fueron apilados en pirámides humanas y se les negó comida y agua. Los soldados también describieron los abusos que presenciaron o en los que participaron en otra base de Irak y durante su anterior despliegue en Afganistán.
Según los testimonios de los soldados, el personal estadounidense maltrató a los detenidos como parte de un proceso de interrogatorio militar o simplemente para “desahogarse”. Dijeron que, en muchos casos, el abuso había sido ordenado específicamente por personal de Inteligencia Militar antes de los interrogatorios, y que los oficiales superiores de Inteligencia Militar y otros cuerpos sabían de los abusos generalizados. Los testimonios demuestran que los abusos fueron el resultado de fallos en el liderazgo civil y militar y de confusión sobre las normas de interrogatorio y la aplicación de los Convenios de Ginebra. Éstos contradicen las afirmaciones del gobierno de Bush conforme a las cuales los abusos contra detenidos por parte de las fuerzas estadounidenses en el extranjero han sido infrecuentes, excepcionales y ajenos a las políticas públicas.
“El gobierno ordenó a los soldados que extrajeran información de los detenidos sin decirles qué estaba permitido y qué estaba prohibido”, señaló Tom Malinowski, Director de la Oficina de Washington de Human Rights Watch. “Sin embargo, cuando los abusos se produjeron inevitablemente, los líderes acusaron a los soldados en el terreno en lugar de asumir la responsabilidad”.
Los soldados mencionaron técnicas abusivas como “fumarse” (“smoking”) o “chingarse” (“fucking”) a detenidos, conocidos como “PBC”, Personas Bajo Control (PUC, Persons Under Control). “Fumarse a un PBC” se refería a agotar a los detenidos con ejercicios físicos (a veces hasta el punto de la inconsciencia) u obligarles a mantenerse en posiciones dolorosas. “Chingarse a un PBC” quería decir golpearle y torturarle con dureza. Los soldados dijeron que el personal de Inteligencia Militar les ordenaba habitualmente que “se fumaran” a detenidos antes de los interrogatorios.
Un sargento dijo a Human Rights Watch: “Todo el mundo en el campamento sabía que si uno quería sacarse de encima la frustración, uno iba a la tienda de los PBC. En cierto modo era como un deporte… Un día, [un sargento] se presentó y le dijo a un PBC que se agarrara a un poste. Le dijo que se agachara y le rompió la pierna con un bate de metal”.
El oficial que habló con Human Rights Watch hizo constantes esfuerzos durante 17 meses para que los superiores en su cadena de mando oyeran su preocupación por el maltrato a detenidos y su interés en obtener reglas más claras sobre el trato adecuado a los detenidos, pero le dijeron que ignorara los abusos y “considerara su carrera”. Cree que no lo tomaron en serio hasta que se dirigió a miembros del Congreso para plantearles sus preocupaciones. El oficial dice que, cuando concertó una cita este mes con asistentes de los senadores John McCain y John Warner, su oficial superior le negó el permiso para salir de su base. El oficial fue entrevistado varios días después por investigadores de la División de Investigación Criminal y de la Inspección General del Ejército, y se ha informado que las fuerzas armadas han iniciado una investigación oficial. Los repetidos esfuerzos de Human Rights Watch por ponerse en contacto con la 82ª División Aerotransportada en relación con las principales acusaciones del informe no recibieron respuesta.
Los testimonios de los soldados demuestran una confusión generalizada en las unidades militares sobre las normas legales aplicables a los detenidos. Uno de los sargentos citados en el informe describió cómo se aceptaba el maltrato de los detenidos en las unidades militares:
“Se aceptaban las tendencias. Los líderes no ofrecieron directrices claras por lo cual sencillamente las desarrollamos. Querían inteligencia. Mientras no saliera muerto un PBC se hacía. Escuchamos rumores de PBC que habían muerto así que teníamos cuidado. Nos limitamos a brazos y piernas rotas y otra mierda de este tipo”.
Los testimonios de los soldados desafían la afirmación del gobierno de Bush conforme a la cual los líderes militares y civiles no jugaron ningún papel en los abusos. El oficial citado en el informe dijo a Human Rights Watch que cree que los abusos presenciados en Irak y Afganistán fueron en parte consecuencia de la decisión, adoptada por el Presidente Bush en 2002, de no aplicar los Convenios de Ginebra para proteger a los detenidos capturados en Afganistán:
“[En Afganistán,] pensé que la cadena de mando hasta la Autoridad Nacional de Mando [el Presidente Bush y el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld] había adoptado la política de que íbamos a interrogar a estos tipos con dureza… Sabíamos dónde fijaban el límite los Convenios de Ginebra, pero entonces te confunden cuando el Secretario de Defensa y el Presidente hacen esa declaración [que Ginebra no se aplicaba a los detenidos]. . . Si hubiera pensado que estábamos respetando los Convenios de Ginebra, como oficial hubiera investigado lo que era claramente una situación muy sospechosa”.
El oficial dijo que la decisión de Bush sobre Afganistán afectó las políticas sobre detención e interrogatorio en Irak: “No cambió ninguna de las políticas de la unidad. Irak se presentó como parte de la guerra contra el terrorismo, no como un caso independiente, sino como parte de una guerra más amplia”.
Como dijo un sargento citado en el informe al explicar su servicio en Irak: “Los Convenios de Ginebra son cuestionables y no sabíamos que se suponía que teníamos que respetarlos… Nunca nos informaron sobre los Convenios de Ginebra”.
Human Rights Watch instó a las fuerzas armadas a que realicen una investigación exhaustiva de los abusos descritos en el informe, así como de otros casos de presunto maltrato. Pidió que esta investigación no se limite a los soldados de bajo rango, como ha sido el caso en investigaciones anteriores, sino que se examine la responsabilidad en toda la cadena de mando militar.
Human Rights Watch reiteró su llamado al gobierno para que nombre a un fiscal especial encargado de una amplia investigación criminal del personal civil y militar, entre ellos oficiales de alto rango, que pudiera estar implicado en el maltrato a detenidos en Irak, Afganistán u otros lugares.
Human Rights Watch también apeló al Congreso de Estados Unidos para que cree una comisión especial, en la línea de la comisión del 11 de septiembre, que investigue las cuestiones relacionadas con el maltrato a prisioneros, y apruebe las propuestas legislativas para la prohibición de cualquier tipo de trato o interrogatorio que no haya sido específicamente autorizado por el Manual de Campo sobre Inteligencia del Ejército de Estados Unidos y todo trato prohibido por la Convención contra la Tortura.
“Cuando un experimentado oficial del Ejército se esfuerza por decir que algo sistemáticamente está mal, es el momento de que el gobierno y el Congreso escuchen”, señaló Malinowski. “Esto implica una investigación verdaderamente independiente de las decisiones políticas que condujeron al abuso, y transmitir reglas claras y legítimas para el interrogatorio a las tropas sobre el terreno”.
