A male resident is chained to a wooden platform bed at the Bina Lestari healing center in Brebes, Central Java. The chain is so short that it does not allow him to move around and he is forced to eat, sleep, and urinate in this room. © 2016 Andrea Star Reese for Human Rights Watch 

(Yakarta, 21 de marzo de 2016) – Las personas con discapacidad psicosocial en Indonesia son a menudo encadenadas o ingresadas por la fuerza en instituciones psiquiátricas donde afrontan abusos, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 74 páginas, “Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia” (“Vivir en el infierno: abusos contra personas con discapacidad psicosocial en Indonesia”), examina cómo las personas con problemas de salud mental a menudo acaban encadenadas o encerradas – sin su consentimiento – en instituciones hacinadas e insalubres debido al estigma y a la ausencia de servicios de apoyo comunitarios adecuados y de atención de salud mental. En las propias instituciones, afrontan violencia física y sexual; tratamientos involuntarios, incluida la terapia electroconvulsiva; aislamiento; restricciones y la anticoncepción forzada.

Encadenar a las personas con problemas de salud mental es ilegal en Indonesia, sin embargo sigue siendo una práctica generalizada y brutal. Las personas pasan años inmovilizadas con cadenas, cepos de madera o encerradas en establos de cabras porque sus familias no saben qué hacer con ellas y el gobierno no ofrece alternativas más humanas”.

Kriti Sharma

investigadora sobre los derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch

“Encadenar a las personas con problemas de salud mental es ilegal en Indonesia, sin embargo sigue siendo una práctica generalizada y brutal”, señaló Kriti Sharma, investigadora sobre los derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch y autora del informe. “Las personas pasan años inmovilizadas con cadenas, cepos de madera o encerradas en establos de cabras porque sus familias no saben qué hacer con ellas y el gobierno no ofrece alternativas más humanas”.

Human Rights Watch entrevistó a 149 personas, incluyendo a adultos y niños con discapacidad psicosocial, sus familias, cuidadores, profesionales de la salud mental, directores de instituciones psiquiátricas, funcionarios del gobierno y defensores de los derechos de las personas con discapacidad. Como parte de la investigación, Human Rights Watch visitó 16 instituciones en las islas de Java y Sumatra, incluyendo hospitales psiquiátricos, instituciones de asistencia social y centros de sanación espiritual, y documentó 175 casos, en cinco provincias, de personas que se encuentran actualmente encadenadas, encerradas o que fueron recientemente liberadas.

Más de 57.000 personas en Indonesia con problemas de salud mental se han visto sometidas a la práctica del “pasung” –encadenar o encerrar a los pacientes en un espacio reducido– al menos una vez en sus vidas. Según las últimas cifras oficiales disponibles, unas 18.800 de estas personas estarían actualmente encadenadas. A pesar de que el gobierno prohibió en 1977 esta práctica, las familias, los curanderos tradicionales y el personal en los hospitales psiquiátricos siguen encadenando a las personas con discapacidad mental, a veces durante años.

En un caso, el padre de una mujer con discapacidad mental contó a Human Rights Watch que la encerró en un cuarto tras consultar a unos sanadores espirituales porque estaba destruyendo las cosechas de sus vecinos. Cuando trató de excavar un túnel para escapar de la habitación, sus padres le ataron las manos a la espalda y la dejaron allí, desnuda en los escombros, donde comió, durmió, orinó y defecó durante 15 años antes de que fuera liberada.

El gobierno de Indonesia ha tomado algunas medidas para erradicar esta práctica. Los ministerios de Sanidad y Asuntos Sociales han lanzado cada uno una campaña contra el uso de grilletes y cadenas. Una nueva ley sanitaria exige integrar el cuidado de salud mental en la atención primaria de salud. Y equipos de funcionarios gubernamentales, personal médico y empleados de las instituciones psiquiátricas del gobierno se están encargando de liberar a personas del encadenamiento. Sin embargo, en parte debido a que el gobierno de Indonesia está tan descentralizado, la aplicación de la nueva ley a nivel local ha sido muy lenta.

Pese a tener una población de 250 millones de habitantes, Indonesia sólo cuenta con 600 o 800 psiquiatras – uno por cada 300.000 a 400.000 personas – y 48 centros de salud mental, más de la mitad de los cuales se encuentran en sólo cuatro de las 34 provincias del país. Datos del gobierno muestran que el presupuesto sanitario para 2015 representa apenas un 1,5 por ciento del total y que el 90 por ciento de las personas que necesitan acceder a servicios de salud mental no puede hacerlo debido a la escasez de servicios. El gobierno apunta a lograr una cobertura de salud universal, incluida la atención de salud mental, para 2019.

Human Rights Watch descubrió que las pocas instituciones y servicios que existen a menudo no respetan los derechos fundamentales de las personas con discapacidad psicosocial y contribuyen en gran medida a los abusos que sufren. “Imagina cómo es vivir en el infierno, pues aquí es así”, dijo Asmirah, una mujer de 22 años con una discapacidad psicosocial, para describir el centro de salud espiritual en Brebes donde fue obligada a vivir.

En virtud de la legislación de Indonesia, resulta relativamente fácil ingresar a una persona con una discapacidad psicosocial en una institución psiquiátrica. Human Rights Watch descubrió 65 casos de detención arbitraria en centros de salud mental; ninguno de los entrevistados en esas instituciones se encontraba allí de manera voluntaria. Los casos de encierros más largos que Human Rights Watch documentó fueron uno de siete años en un centro de asistencia social y otro de 30 años en un hospital psiquiátrico.

En algunas de las instituciones que Human Rights Watch visitó, el hacinamiento y la falta de higiene eran una preocupación grave, que desencadenó plagas de piojos y sarna generalizada. En Panti Laras 2, un centro de asistencia social a las afueras de la capital, Yakarta, Human Rights Watch observó cómo aproximadamente 90 mujeres vivían en una sala que de manera razonable podía acomodar a 30 como máximo.

“En muchas de estas instituciones el nivel de higiene personal es atroz porque las personas simplemente no tienen permiso para salir o bañarse”, señaló Sharma. “Los pacientes son obligados de manera rutinaria a dormir, comer, orinar y defecar en el mismo lugar”.

En 13 de los 16 hospitales que Human Rights Watch visitó, las personas eran obligadas rutinariamente a tomar medicamentos o eran sometidas a “tratamientos” alternativos como brebajes de hierbas “mágicas”, masajes vigorosos por curanderos tradicionales y la recitación de versos del Corán al oído. En tres de las seis instituciones visitadas, Human Rights Watch documentó el uso de la terapia electroconvulsiva sin anestesia ni consentimiento. En una de ellas también se administraba a niños.

Human Rights Watch vio cómo el aislamiento forzado era utilizado de manera rutinaria, incluso como castigo por desobedecer órdenes, pelearse o la actividad sexual.

Human Rights Watch también documentó casos de violencia física y sexual. En siete de los centros visitados, el personal masculino podía entrar en las secciones de las mujeres a su voluntad o estaba encargado de la sección de mujeres, incrementando el riesgo de violencia sexual para las mujeres y las niñas. En los sanatorios, los hombres y las mujeres eran encadenados el uno al lado del otro, lo que no les daba la opción a las mujeres de huir en caso de abuso. En tres instituciones, Human Rights Watch descubrió evidencias de que el personal administraba métodos anticonceptivos a las mujeres sin su consentimiento o conocimiento.

El gobierno de Indonesia debería ordenar de manera inmediata inspecciones y la supervisión regular de todas las instituciones públicas y privadas, y tomar medidas contra los centros que practican el encadenamiento o abusan de las personas con discapacidad psicosocial. Indonesia también debería hacer más para garantizar que las personas con discapacidad psicosocial puedan tomar decisiones sobre sus vidas y para exigir el consentimiento informado para el tratamiento.

El gobierno debería enmendar la Ley de Salud Mental de 2014 para asegurar que las personas con discapacidad psicosocial tengan los mismos derechos que los demás indonesios. El gobierno también debería modificar y aprobar el proyecto de ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad para adaptar su legislación a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Indonesia ratificó en 2011.

Además, el gobierno debería desarrollar servicios de apoyo comunitario y de salud mental voluntarios y accesibles en consulta con las propias personas con discapacidad, así como preparar a trabajadores de la salud mental, desde enfermeras a psiquiatras, recomendó Human Rights Watch.

“La idea de que una persona haya estado viviendo en sus propios excrementos y orina durante 15 años en una habitación cerrada, aislada y sin recibir ningún tipo de cuidado es simplemente horrible”, dijo Sharma. “Muchas personas me dijeron que era como vivir en el infierno. Realmente es así”.