Una mujer con una discapacidad psicosocial encadenada a una cama en el centro de curación, Bina Lestari en Brebes, Java Central.

(Yakarta) – El gobierno de Indonesia ha adoptado importantes medidas para poner fin a la práctica de encadenar a personas con problemas de salud mental, señaló hoy Human Rights Watch. Aun así, muchas personas siguen estando encerradas en instituciones, en lugar de tener la posibilidad de vivir en la comunidad.

El número de personas con discapacidades psicosociales (enfermedades mentales) que están encadenadas o encerradas en espacios de confinamiento se redujo de casi 18.800 —la última cifra informada— a cerca de 12.800 en julio de 2018, según datos aportados por el gobierno de Indonesia. Este cambio fue, en parte, el resultado de iniciativas de extensión a la comunidad que llegaron a más de 16,2 millones de familias.

“El gobierno de Indonesia ha realizado un esfuerzo genuino para abordar la práctica del encadenamiento y la falta de servicios de salud mental con base en la comunidad”, manifestó Kriti Sharma, investigadora sénior de derechos de discapacidad de Human Rights Watch. “Sin embargo, miles de personas con discapacidad continúan encadenadas o encerradas en instituciones de toda Indonesia debido a que no existe sin un seguimiento adecuado”.

Human Rights Watch determinó en su informe de 2016 “Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia” (Vivir en el infierno: Abusos contra personas con discapacidad psicosocial en Indonesia) que miles de personas con discapacidades psicosociales se encontraban encadenadas, y muchas estaban detenidas por la fuerza en instituciones en condiciones de hacinamiento e insalubres. La práctica persistió pese a que, en 1977, el gobierno prohibió el uso de cadenas debido la estigmatización que esto representa y a la falta de servicios de apoyo o de salud mental basados en la comunidad.

Desde entonces, Human Rights Watch ha visitado Indonesia en cinco oportunidades para supervisar los avances del gobierno en relación con este problema. Human Rights Watch realizó 19 entrevistas con personas que tienen discapacidades psicosociales y 48 entrevistas con familiares, cuidadores y personal de instituciones, profesionales de la salud, defensores de los derechos de las personas con discapacidad y funcionarios gubernamentales en Yakarta, Bekasi, Bogor, Cianjur, Brebes y Tegal.

En los dos años y medio últimos, el gobierno ha tomado medidas alentadoras contra el encadenamiento de pacientes. En abril de 2016, la ministra de Salud, Nila Moeloek, manifestó el compromiso de asegurar que los centros de salud comunitarios de todo el país tengan acceso a medicamentos para la salud mental.

En enero de 2017, el Ministerio de Salud puso en marcha el Programa Indonesia Saludable con Abordaje Familiar (Sehat dengan Pendekatan Keluarga), un programa de extensión a la comunidad en el cual los trabajadores de la salud utilizan un “enfoque basado en la familia” y hacen un recorrido casa por casa para recopilar datos, brindar información y prestar servicios relativos a 12 medidas de salud familiar, incluida la salud mental.

Hasta septiembre de 2018, el programa había llegado a 16,2 millones —aproximadamente un 25%— de las familias de Indonesia. No obstante, los datos recopilados indican que solamente el 16 % de las personas con discapacidades psicosociales incluidas en el estudio tienen acceso a servicios de salud mental.

Una mujer de 52 años con discapacidad psicosocial fue una de las muchas rescatadas por trabajadores de salud de la comunidad en Cijeruk, Bogor. “La tuvimos encerrada en su habitación durante cinco años”, manifestó su hermana. “Dormía en el piso y no podía caminar porque sus músculos ya no respondían. Le dábamos un balde para que hiciera sus necesidades. El olor era muy desagradable. Esta situación me causaba mucha tristeza”.

La familia creyó que no tenía otra alternativa más que enviarla a una institución. Pero su hermana señaló que, después de haber recibido una visita y ayuda de los trabajadores de extensión a la comunidad, la familia sacó a la paciente de esa habitación en febrero de 2017 y ahora recibe servicios en la comunidad.

“Integrar la salud mental en la atención primaria de la salud es algo fundamental, pero no basta”, expresó Sharma. “Para erradicar el encadenamiento, el gobierno debe educar al público en cuestiones de salud mental y brindar a las personas con discapacidad psicosocial servicios que vayan más allá de la medicación, como el acceso a educación, vivienda y empleo”.

Human Rights Watch pudo comprobar que sigue habiendo personas con discapacidad psicosocial detenidas de manera arbitraria en centros de curación religiosos, instituciones de asistencia social y hospitales psiquiátricos. En los casos en los que no se realizó una supervisión periódica, los centros de curación religiosos implementaron pocos cambios. Allí, siguió habiendo personas encadenadas, que sufrían abusos y eran obligadas a hacer “tratamientos” alternativos como ingerir brebajes a base de hierbas y recibir enérgicos masajes de sanadores. También se las obligaba a escuchar recitados de versos coránicos. En las instituciones privadas, las personas con discapacidad psicosocial a menudo sufren abusos como violencia física y sexual, tratamiento involuntario, métodos de inmovilización y aislamiento forzado.

En el Yayasan Galuh Rehabilitation Center de Bekasi, una mujer de cerca de 35 años con discapacidad social expresó: “En mi casa, solía estar encadenada. Mi familia me trajo engañada. Me dijeron que mi madre había fallecido y que me estaban llevando a su funeral. Pero en realidad me trajeron aquí. Estuve encerrada en una sala de aislamiento durante cuatro semanas por haber participado en una pelea”.

El ombudsman, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional sobre Violencia contra las Mujeres deberían ordenar, de manera inmediata, que se realicen inspecciones y un seguimiento periódico en todas las instituciones gubernamentales y privadas y tomar las medidas correspondientes contra los establecimientos donde se registren abusos, señaló Human Rights Watch. El Ministerio de Asuntos Sociales también tiene la responsabilidad de regular las instituciones privadas y asegurarse de no permitir involuntariamente que ocurran prácticas abusivas.

“Aunque hubo avances, el gobierno debe seguir trabajando para terminar con los abusos en las instituciones”, manifestó Sharma. “El Ministerio de Asuntos Sociales debe adoptar una política de desinstitucionalización que termine con la práctica de abandonar a personas en instituciones y, en cambio, brinde apoyo para que puedan vivir de manera independiente en la comunidad”.