(Beirut) – Human Rights Watch publicó hoy una nueva guía con directrices para proteger a los trabajadores inmigrantes de la construcción. Las empresas internacionales y nacionales que operan en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) deberían adoptar estas normas para garantizar que estas compañías, sus contratistas y subcontratistas respetan los derechos de los trabajadores inmigrantes en sus proyectos, y para proteger a los trabajadores de graves abusos, incluyendo el tráfico humano y el trabajo forzoso.

“Ante el abuso y la explotación desenfrenada de los derechos de los trabajadores en los países del CCG, las empresas de la construcción deberían pasar a la acción y proteger a su fuerza laboral”, dijo Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio para Human Rights Watch. “Estas directrices describen cómo las compañías pueden garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores en virtud del derecho internacional y podrían marcar una gran diferencia para poner fin a la explotación de los trabajadores”.

La “Guide to Doing Ethical Business in the GCC” (“Guía para hacer negocios éticos en el CCG”) detalla normas específicas que las empresas deberían adoptar en sus operaciones en los Estados del CCG de Arabia Saudita, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar para proteger los derechos de los trabajadores y minimizar el riesgo de abusos en sus cadenas de suministro. La nueva guía refleja los problemas fundamentales del sector de la construcción en los países del CCG.

Durante muchos años, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación han puesto en la mira las deplorables condiciones laborales y de vida de los trabajadores inmigrantes de bajos ingresos en la industria de la construcción del CCG. Estas directrices están basadas en más de una década de investigación por Human Rights Watch en este campo. Abarcan temas como las tarifas de contratación, el pago puntual de los salarios, la confiscación de pasaportes, el alojamiento, la salud y la seguridad. Para garantizar una implementación efectiva, la guía recomienda el monitoreo independiente de terceros.

A pesar de algunas reformas legales positivas en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, los trabajadores inmigrantes en los países del CCG sufren con frecuencia condiciones laborales peligrosas –a veces mortales—, largas jornadas de trabajo, impago de salarios y alojamiento en viviendas hacinadas e insalubres. Con la excepción de Bahréin, los gobiernos del CCG prohíben que los trabajadores inmigrantes formen sindicatos para negociar colectivamente con sus empleadores.

Muchos trabajadores, prácticamente la totalidad de la mano de obra de la construcción en los países del CCG, incurren en grandes deudas para pagar a sus reclutadores en sus países de origen por conseguirles el trabajo. Si bien las leyes del CCG obligan a los empleadores a pagar las tarifas de reclutamiento, estas normas no se aplican, particularmente de cara a los empleadores que trabajan con reclutadores con sede fuera del CCG, ni a los reembolsos para los trabajadores que pagan dichas tarifas.

Los trabajadores inmigrantes se ven obligados a trabajar bajo el abusivo sistema de patrocinio conocido como kafala, que les impide cambiar de empleo a menos que obtengan el consentimiento de su empleador. La confiscación de los pasaportes de los trabajadores por parte de los empleadores es una práctica casi universal para mantener el control sobre su movimiento. El acceso a recursos legales es extremadamente limitado y los empleadores rara vez, o casi nunca, son enjuiciados por violar el derecho laboral. Las autoridades a menudo responden en contra de los trabajadores deteniéndolos o deportándolos.

Las empresas deben respetar los derechos humanos en virtud de las normas internacionales, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, y no tienen por qué esperar a nuevas leyes o medidas de implementación para actuar. Muchas compañías en diferentes industrias, desde la textil a la electrónica, cuentan con normas para mejorar el trato hacia sus trabajadores.

Las empresas y las constructoras que operan en los países del CCG deberían comprometerse públicamente a defender los derechos de los trabajadores inmigrantes y deberían verificar que lo hacen, recomendó Human Rights Watch. Las directrices de Human Rights Watch detallan áreas fundamentales a abordar, principalmente el empleo y la contratación, la salud y las condiciones de vida, así como los conflictos laborales.

Entre sus recomendaciones para las empresas destacan las siguientes:

 

  • Asegurar que tanto ellas como sus contratistas y subcontratistas pagan todas las tarifas de reclutamiento asociadas con los trabajadores en sus proyectos, incluyendo el reembolso a aquellos que tuvieron que pagarlas ellos mismos;
  • Proporcionar a los trabajadores un lugar seguro para mantener la posesión de sus pasaportes;
  • Pagar a los trabajadores de manera puntual y en su totalidad;
  • Cumplir con los requisitos de número máximo de horas de trabajo con el pago de las horas extraordinarias;
  • Brindar alojamiento adecuado a los trabajadores; y
  • Nombrar a observadores independientes para que elaboren informes públicos para garantizar que los trabajadores reciben los beneficios de la protección laboral no sólo sobre el papel sino también en la práctica.

Las promotoras inmobiliarias estatales de Emiratos Árabes Unidos y Qatar han estado bajo un intenso escrutinio por el presunto maltrato de trabajadores inmigrantes en proyectos de alto perfil y han acordado códigos de autorregulación que contractualmente obligan a sus contratistas a cumplir normas que en algunos casos requieren la supervisión por terceros.

“Esto supone un reto importante para el sector de la construcción, pero tendrá ventajas para el bienestar de cientos de miles de jóvenes trabajadores y sus familias, por no mencionar las reputaciones de las propias empresas”, apuntó Whitson.