Combatientes de la oposición siria y transeúntes observan a las máquinas excavadoras limpiar los escombros afuera del hospital de Dar al-Shifa en la ciudad de Alepo, al norte de Siria, el 22 de noviembre de 2012. El gobierno sirio afirmó que el hospital era un "escondite terrorista", pero no proporcionó ninguna advertencia antes de la embestida. El gobierno atacó el hospital y sus alrededores al menos ocho veces.

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La Fuerza Aérea Siria ha efectuado reiterados ataques aéreos contra civiles en forma indiscriminada, y en algunos casos deliberada. Estos ataques constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario (leyes de guerra), y las personas que cometen estos abusos intencionalmente son responsables de crímenes de guerra.

El informe de 80 páginas, “Muerte bajo el cielo: Ataques aéreos deliberados e indiscriminados contra civiles” (Death from the Skies: Deliberate and Indiscriminate Air Strikes on Civilians), se preparó a partir de visitas a 50 localidades y más de 140 entrevistas con testigos y víctimas en las zonas controladas por la oposición donde se produjeron ataques aéreos lanzados por el gobierno, en las provincias de Alepo, Idlib y Latakia,. Los ataques aéreos documentados por Human Rights Watch dejaron un saldo de al menos 152 civiles muertos. Según una red de activistas locales sirios, los ataques aéreos han causado la muerte de más de 4.300 civiles en todo Siria desde julio de 2012.

“En todas las aldeas, encontramos a una población civil aterrorizada por la fuerza aérea de su propio país,” indicó Ole Solvang, un investigador de Human Rights Watch que trabaja en contextos de emergencia y visitó estos sitios para entrevistar a numerosas víctimas y testigos. “Estos ataques aéreos ilícitos mataron e hirieron a numerosos civiles, y sembraron un camino de destrucción, temor y desplazamiento”.

Diversos reportes de medios, videos publicados en YouTube e información aportada por activistas de oposición muestran que el gobierno sirio comete diariamente ataques aéreos en todo el territorio de Siria desde julio de 2012.

Durante las investigaciones y entrevistas realizadas in situ, Human Rights Watch reunió información que indica que, en ocho ocasiones, fuerzas del gobierno efectuaron ataques deliberadamente contra cuatro panaderías donde civiles estaban formando fila para recibir pan, y lanzaron artillería contra otras panaderías. Los reiterados ataques aéreos contra dos hospitales ubicados en las zonas visitadas por Human Rights Watch sugieren de manera contundente que la ofensiva del gobierno contra estos establecimientos también se llevaron a cabo de manera deliberada. Cuando Human Rights Watch visitó ambos hospitales, ya habían sido atacados siete veces.

Además de las embestidas contra panaderías y hospitales, Human Rights Watch concluyó que en otros 44 casos se cometieron ataques aéreos ilícitos conforme a las leyes de guerra. Las fuerzas sirias utilizaron medios y métodos de guerra, como lanzar desde helicópteros a gran altura bombas que no eran teledirigidas y que, dadas las circunstancias, no permitían distinguir entre civiles y combatientes, por lo que su empleo fue indiscriminado.

En las ofensivas investigadas por Human Rights Watch, más allá de las víctimas civiles, el daño causado a cuarteles de la oposición y otras posibles estructuras militares fue mínimo. Human Rights Watch no pudo comprobar que haya habido víctimas fatales entre soldados de la oposición.

Por ejemplo, el 7 de noviembre de 2012, cerca de la 1 p.m., un avión lanzó dos bombas en la localidad de Akhtarin, al norte de Alepo, que destruyeron tres viviendas y provocaron la muerte de siete civiles, cinco de ellos niños. En el ataque también resultaron heridos otros cinco niños, todos menores de 5 años. Human Rights Watch identificó en las proximidades un potencial objetivo militar, un edificio ubicado a 50 metros de distancia que entonces era utilizado por soldados de la oposición. Sin embargo, este edificio apenas sufrió daños superficiales en un ataque posterior.

Un vecino que acudió al lugar inmediatamente después del ataque dijo a un investigador de Human Rights Watch que visitó la zona:

Fue trágico. Los edificios se convirtieron en una montaña de escombros. Comenzamos a sacar a las personas con nuestras propias manos y con la ayuda de palas. Un armario y una pared se cayeron encima de los niños. Aún estaban vivos cuando los encontramos, pero murieron antes de que pudiéramos llevarlos a la casa de su tío. Aquí no hay clínicas ni centros médicos.

Además de los ataques contra panaderías y hospitales, algunas ofensivas documentadas por Human Rights Watch, especialmente aquellas en las que no había evidencias de que existiera un objetivo militar válido en las proximidades, podrían haber estado dirigidas contra civiles en forma deliberada, sin embargo se necesita mayor información para poder confirmar esta conclusión, expresó Human Rights Watch.

El uso por parte del gobierno de medios ilícitos de ataque también incluyó el empleo de municiones de racimo, un tipo de arma que ha sido prohibido por la mayoría de los países debido a su naturaleza indiscriminada. Human Rights Watch ha documentado el uso gubernamental de más de 150 bombas de racimo en 119 sitios desde octubre de 2012. Human Rights Watch también pudo documentar que el gobierno usó armas incendiarias cuyo empleo, como mínimo, debería estar prohibido en zonas pobladas.

La obligación de minimizar el daño causado a la población civil se aplica a todas las partes involucradas en un conflicto. El Ejército Sirio Libre (ESL) y otros grupos armados sirios de oposición no adoptaron todas las medidas posibles para evitar asignar fuerzas o instalar estructuras como cuarteles en zonas densamente pobladas o en las proximidades. A su vez, la parte que lanza un ataque no puede eximirse de la obligación de considerar el riesgo que este supone para la población civil alegando que la otra parte ha instalado objetivos militares en zonas pobladas o en sus inmediaciones.

Human Rights Watch pudo visitar únicamente zonas bajo el control de la oposición en el norte de Siria, ya que el gobierno ha negado el acceso por parte de esta organización al resto del país. Si bien la situación amerita una investigación más profunda, las entrevistas con testigos y víctimas de ataques aéreos en otros puntos del país indican que allí sucedieron patrones similares de ataques ilícitos.

Human Rights Watch considera que este informe debería impulsar iniciativas internacionales para poner fin a los ataques aéreos y de otro tipo que, de manera deliberada, indiscriminada y desproporcionada, se lanzan contra civiles, incluido el uso de municiones en racimo, misiles balísticos, armas incendiarias y explosivos que tienen un amplio radio de alcance en zonas pobladas. La información que hemos reunido debería también resultar útil para aquellos que tienen la facultad de juzgar a los responsables de estos delitos.

Asimismo, Human Rights Watch insta a gobiernos y empresas a cesar inmediatamente la venta o el suministro de armas, municiones y materiales a Siria ante las evidencias contundentes de que el gobierno sirio está cometiendo delitos de lesa humanidad, y hasta tanto deje de perpetrar estos actos. La comunidad internacional debería, en particular, exigir a Irak que controle que no se utilice su territorio para trasladar armas desde Rusia o Irán hasta Siria, y para ello debe permitir que terceros observadores independientes inspeccionen los convoyes y aviones que cruzan el suelo o el espacio aéreo iraquí para llegar a Siria.

“El Consejo de Seguridad, en gran parte debido al doble veto aplicado por Rusia y China, no ha implementado medidas significativas que contribuyan a proteger a los civiles en Siria”, aseveró Solvang. “Pero eso no debería impedir que los gobiernos, alarmados ante esta situación, intensifiquen sus propias iniciativas para conseguir que el gobierno sirio ponga fin a estos abusos.”