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Túnez: Voces sindicales silenciadas

El Gobierno debe cesar las restricciones arbitrarias y la persecución de activistas

(Túnez) - Las autoridades tunecinas deben poner fin a las restricciones arbitrarias sobre los sindicatos independientes de trabajadores y estudiantes, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El Gobierno se ha negado a reconocer a muchos sindicatos independientes, ha limitado su capacidad para reunirse pacíficamente y ha enjuiciado injustamente a sus miembros, con lo que ha logrado reducir el espacio en el que pueden funcionar los sindicatos fuera del control gubernamental. El Gobierno ha negado dicha interferencia, pero los hechos contradicen sus réplicas, señaló Human Rights Watch.

El informe de 62 páginas, "The Price of Independence: Silencing Labor and Student Unions in Tunisia" ("El precio de la independencia: Silenciamiento de los sindicatos laborales y estudiantes en Túnez") documenta el estricto sistema de las autoridades tunecinas para controlar a los sindicatos y los activistas sindicales, y destaca especialmente la terrible situación de los sindicatos de trabajadores, estudiantes y periodistas que han criticado las políticas oficiales.

El Gobierno se ha negado a reconocer a los sindicatos que han seguido el procedimiento de legalización exigido, ha impedido que sus miembros se reúnan o celebren eventos, y ha arrestado y detenido arbitrariamente a activistas sindicales, algunos de los cuales alegan que las fuerzas de seguridad los torturaron.  El Gobierno y sus aliados han intimidado también a periodistas y orquestado la sustitución del liderazgo del sindicato independiente de la prensa con un consejo integrado en su totalidad por aliados del Gobierno.

"Ninguno ámbito de la sociedad civil de Túnez está a salvo de la interferencia oficial cuando se consideran críticos con el Gobierno, ni siquiera los sindicatos,", señaló Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch. "El Gobierno tunecino mantiene a muchos sindicatos bajo su control con métodos que van de las maquinaciones burocráticas a la agresión física", agregó.

El 21 de octubre de 2010 es la fecha prevista para que la corte de apelaciones de Monastir revise el recurso contra la expulsión de estudiantes tras una sentada de protesta pacífica.

El 6 de octubre, el Gobierno tunecino emitió una respuesta detallada a un memorando sobre actividades sindicales presentado por Human Rights Watch. Human Rights Watch aplaude el involucramiento del Gobierno en las cuestiones planteadas en su informe, así como las reuniones del Gobierno con Human Rights Watch para discutir sus hallazgos. En su respuesta, que se reproduce íntegramente en el informe, el Gobierno afirma su respeto por el derecho a la libertad de asociación. Señala que los sindicatos solo tienen que seguir un proceso de notificación para registrarse y que no necesitan la aprobación del Gobierno. Alega que los sindicatos que no han sido reconocidos nunca presentaron las notificaciones requeridas.

El Gobierno cuestiona también la descripción de Human Rights Watch de las circunstancias que rodearon la remoción del consejo del sindicato independiente de periodistas, y alega que ha enjuiciado y encarcelado a activistas estudiantiles por delitos comunes no relacionados con su activismo sindical.

El derecho de los ciudadanos a formar libremente sindicatos y operar sin interferencia gubernamental está garantizado en la Constitución y el Código del Trabajo de Túnez. En la práctica, Human Rights Watch descubrió que el Gobierno priva a los sindicatos independientes de la situación legal al negarse a reconocer la recepción de sus documentos de notificación, como ocurrió en el caso del Sindicato de Periodistas Tunecinos, en mayo de 2004, y de la Confederación General Tunecina del Trabajo, en febrero de 2007. En ambos casos, el Gobierno alega que no tiene conocimiento de la presentación de la documentación, a pesar de que los miembros fundadores de los sindicatos afirman haberlos presentado personalmente en la sede de la Gobernación y haber enviado ejemplares adicionales por correo certificado. Los únicos sindicatos laborales registrados legalmente, a parte de la Unión General de Trabajadores Tunecinos, una confederación de todos los sindicatos del país, son el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos y los sindicatos de profesionales, tales como médicos, farmacéuticos e ingenieros.

"Parece que el Gobierno se opone por principio a la idea de que haya sindicatos de trabajadores independientes que operen fuera del control oficial", señaló Whitson. "Al negar la legalización de cualquier sindicato ajeno a la unión nacional, garantiza su control de la actividad sindical", agregó.

La experiencia reciente del Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos es un ejemplo ilustrador de la interferencia gubernamental para silenciar las voces sindicales críticas. Esta organización, que se estableció como sindicato independiente en 2008, aparentemente provocó la ira del Gobierno en 2009 con la publicación de un informe criticando la falta de libertad de prensa y negándose a apoyar la reelección del presidente Zine el-Abidine Ben Ali.

Los periodistas del sindicato describieron a Human Rights Watch las maniobras subsiguientes de las fuerzas a favor del Gobierno para expulsar del consejo sindical a los miembros independientes, presionar a los miembros para que firmaran una petición reclamando nuevas elecciones del consejo y convocarlas precipitadamente, una violación de los estatutos del sindicato. Los miembros partidarios del Gobierno ganaron convenientemente las elecciones.

En su respuesta, el Gobierno alega que las elecciones se celebraron en cumplimiento de la ley, y cita una decisión judicial que confirma la fecha de las elecciones especiales. También niega que se presionara a los periodistas para que firmaran la petición. Sin embargo, Human Rights Watch ha documentado varios casos en que se hostigó, intimidó y forzó la pérdida de empleo de periodistas por resistirse a las maniobras para expulsar al liderazgo independiente del sindicato.

"La orquestación de la remoción de un consejo sindical independiente como castigo por sus críticas contra el Gobierno demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar para silenciar el disentimiento", señaló Whitson.

Los miembros de la Unión General de Estudiantes Tunecinos (UGET) también han sido víctimas de la represión oficial. Las autoridades tunecinas han perseguido, arrestado y torturado presuntamente a sus miembros activos. En octubre de 2009, después de una manifestación estudiantil pacífica en la Universidad de Manouba, 17 estudiantes fueron condenados a penas de cárcel que iban de uno a tres años, en algunos casos en juicios injustos. Los cargos incluyeron destrucción de la propiedad y asalto, que no se sustentaron con pruebas claras ante el tribunal.

El Gobierno niega que las manifestaciones tuvieran lugar, aunque fueron cubiertas por los medios de comunicación.

Una serie de acusados señalaron a Human Rights Watch que la policía los torturó durante la detención. El Gobierno niega estas acusaciones y afirma que el tribunal dictaminó que no procedía investigar las denuncias de tortura porque ninguno de los estudiantes había solicitado un examen médico. Sin embargo, Monther El-Charni, abogado de uno de los estudiantes, señaló a Human Rights Watch que había presentado una solicitud para el examen médico de su cliente, y el tribunal la ignoró.

En otro episodio, ocurrido en febrero de 2010, el tribunal de primera instancia de Manouba condenó a cinco miembros del sindicato de estudiantes a un año y ocho meses de prisión por asalto durante las sentadas de 2007 en el Instituto Superior de Economía de Mahdia, realizadas para protestar la prohibición por parte de la universidad de la celebración de una asamblea general previa a las elecciones de la UGET. El Gobierno no sustentó los cargos con pruebas claras.

Los estudiantes detenidos alegan que la policía los maltrató y les obligó a firmar confesiones manipuladas bajo tortura, una acusación que el tribunal se negó a investigar. La universidad expulsó permanentemente a los estudiantes, y la policía los sometió posteriormente a una intensa vigilancia y detuvo arbitrariamente a al menos dos de ellos en varias ocasiones. En febrero de 2009, los estudiantes iniciaron una huelga de hambre de 58 días para protestar su expulsión. La vista de su recurso está programada para el 21 de octubre.

"Al aplastar los esfuerzos de los estudiantes por organizarse independientemente, de la misma manera que reprime la actividad independiente de los sindicatos laborales, el Gobierno demuestra su determinación de reprimir movimientos pacíficos de protesta dondequiera que surjan", señaló Whitson.

Human Rights Watch instó al Gobierno tunecino a:

  • Garantizar que el Ministerio del Interior acepte las solicitudes de formación de sindicatos, entregue una notificación de la recepción y reconozca que el sindicato se ha formado de conformidad con la legislación tunecina.
  • Detener la vigilancia y el acoso policial a los miembros de sindicatos, a menos que hayan suficientes pruebas de una actividad delictiva para justificarlo; y respetar el derecho de asociación y asamblea de los miembros de los sindicatos, lo que incluye el derecho a celebrar eventos públicos sin interferencia de la policía o los agentes de seguridad del Estado.
  • Enmendar todas las leyes y reglamentos pertinentes de Túnez, entre ellos el Código de Trabajo, para que sean compatibles con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y las normas de la Organización Internacional del Trabajo. En concreto, eliminar el artículo 376 del Código, que requiere la aprobación del sindicato centralizado para que un sindicato pueda declarar una huelga.
  • Investigar inmediata e imparcialmente las alegaciones de tortura o maltrato de sindicalistas por parte de agentes de seguridad y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Enjuiciar, con todo el peso de la ley y en un tribunal que cumpla las normas internacionales del juicio justo, a todo funcionario sospechoso de ordenar, llevar a cabo o tolerar la tortura o el maltrato.
  • Asegurarse de que todos los juicios, incluidos los de sindicalistas, cumplen las normas internacionales del juicio justo, lo que incluye el libre acceso a los tribunales, la revelación total de los cargos a los acusados, el derecho a representación legal y el derecho a la defensa.

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