(Sao Pablo) – Brasil no ha abordado los problemas de derechos humanos que existen desde hace tiempo y han facilitado la intensificación del brote del Zika, y esto ha expuesto a la población a futuros focos y otros graves riesgos para la salud pública, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. En mayo de 2017 el gobierno declaró el fin de la emergencia nacional de salud pública relacionada con el virus del Zika, pero la amenaza del Zika sigue estando presente en Brasil.
El informe de 103 páginas, “Neglected and Unprotected: The Impact of the Zika Outbreak on Women and Girls in Northeastern Brazil” (Relegadas y desprotegidas: Impacto del brote del Zika en mujeres y niñas en el noreste de Brasil), documenta fallas en la respuesta de las autoridades brasileñas que tienen un impacto pernicioso para mujeres y niñas y exponen a la población general a la posibilidad de que persistan los brotes de graves enfermedades transmitidas por mosquitos. El brote se produjo cuando el país atravesaba la peor recesión económica en décadas y obligó a las autoridades a tomar arduas decisiones en materia de asignación de recursos. Sin embargo, incluso en períodos anteriores de crecimiento económico, las inversiones gubernamentales destinadas a infraestructura de agua y saneamiento no fueron suficientes. Tras años de relegamiento, las condiciones de la infraestructura hídrica y de alcantarillado permitieron la proliferación del mosquito Aedes y la rápida propagación del virus, concluyó Human Rights Watch.
“La población de Brasil podrá considerar como una victoria la declaración del Ministerio de Salud sobre el fin de la emergencia del Zika; sin embargo, persiste aún un riesgo significativo, al igual que los problemas de derechos humanos que esta crisis puso en evidencia”, manifestó Amanda Klasing, investigadora sénior de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch y coautora del informe. “Están en riesgo derechos básicos de los brasileños si el gobierno no reduce la infestación de mosquitos en el largo plazo, garantiza el acceso a los derechos reproductivos y ayuda a las familias que tienen niños afectados por el Zika”.
El anuncio se produjo 18 meses después de que el gobierno declarara una emergencia nacional de Zika, luego de que se registrara un número creciente de nacimientos con microcefalia —que se caracteriza por un tamaño de la cabeza menor al normal— y otros potenciales problemas de salud, que conjuntamente ahora se conocen como síndrome del Zika. No obstante, los mosquitos Aedes todavía están presentes en Brasil, y son portadores del Zika y otros virus graves. Un brote reciente de fiebre amarilla, que puede ser propagada por el mismo mosquito, ha causado la muerte de al menos 240 personas en Brasil desde diciembre de 2016. Diversos fenómenos climáticos, como El Niño en 2015, con un trasfondo de cambio climático y aumento persistente de las temperaturas, podrían contribuir a una propagación más veloz de enfermedades transmitidas por mosquitos.
Las autoridades brasileñas deberían realizar las inversiones extensamente anunciadas en infraestructura de agua y saneamiento, a fin de controlar la reproducción de los mosquitos y mejorar la salud pública, indicó Human Rights Watch. Las autoridades deberían además proporcionar información y servicios completos sobre salud reproductiva para mujeres y niñas, despenalizar el aborto y garantizar que los niños con síndrome del Zika tengan acceso a largo plazo a servicios que les brinden la mejor calidad de vida posible.
Human Rights Watch entrevistó a 183 personas en Pernambuco y Paraíba, dos de los estados nororientales más afectados por el virus, incluidas 98 mujeres y niñas de 15 a 63 años. De estas mujeres, 44 estaban embarazadas o habían dado a luz recientemente, y 30 tenían hijos con síndrome del Zika. Human Rights Watch también dialogó con hombres y niños en comunidades afectadas, proveedores de servicios y otros especialistas, y autoridades gubernamentales, y analizó datos oficiales y de otras fuentes sobre seguimiento de salud, activos en el sector del agua y el saneamiento, y presupuestos.
En respuesta al brote del Zika, las autoridades brasileñas han fomentado que los hogares tomen medidas como limpiar recipientes donde se almacena agua y eliminar el agua estancada que pueda haber en las casas. Las mujeres y niñas a menudo son quienes se ocupan de estas tareas, pero sus esfuerzos en este sentido son difíciles de sobrellevar y no pueden salvar la enorme brecha dejada por la acción insuficiente del gobierno. Las autoridades no han realizado las inversiones necesarias en infraestructura de agua y saneamiento que permitirían controlar la reproducción de los mosquitos y mejorar la salud pública.
Más de un tercio de la población de Brasil no tiene acceso a suministro de agua continuo. A causa de esto, las personas no tienen otra opción más que llenar tanques y otros contenedores con agua para uso doméstico, y esta agua podría convertirse involuntariamente en un ámbito ideal para la reproducción de los mosquitos, si no se cubre ni se trata. La precaria infraestructura de alcantarillado también provoca que haya agua estancada en las comunidades. Más de 35 millones de personas en Brasil no tienen instalaciones ni servicios adecuados para desechar de manera segura residuos orgánicos humanos. Se estima que solamente el 50 % de la población estuvo conectada a un sistema de aguas residuales en 2015, y menos del 43 % del volumen total de aguas residuales del país fue tratado. En 2015, en el noreste de Brasil menos del 25 % de la población tenía conexión a un sistema de aguas residuales, y solamente se trató el 32 % de esas aguas.
Human Rights Watch pudo ver aguas residuales que se vertían a canales abiertos sin ninguna cobertura, desagües pluviales, calles o cauces próximos a comunidades, que a menudo están obstruidos por escombros, y esto genera agua sucia estancada, donde los mosquitos pueden multiplicarse fácilmente.
En las áreas estudiadas, algunas mujeres y niñas no tenían acceso a información ni servicios completos de salud reproductiva a través del sistema de salud pública. Muchas no pueden evitar embarazos no planificados ni tomar decisiones informadas sobre sus embarazos.
La sanciones penales previstas para el aborto obligan a mujeres y niñas embarazadas a recurrir a procedimientos clandestinos, y a menudo inseguros, para interrumpir embarazos no deseados. Algunos médicos dijeron que en el último año habían atendido a mujeres y niñas que usaron sustancias cáusticas u otros métodos inseguros para intentar provocar abortos. Una mujer de 23 años que fue violada sexualmente durante la adolescencia y sufrió sangrado severo luego de un aborto clandestino, dijo al respecto: “No contaba con mucha información... tuve un sangrado muy fuerte”.
El aborto inseguro sigue siendo la cuarta causa principal de mortalidad materna en Brasil. Desde 2005, más de 900 mujeres han muerto debido a abortos inseguros en Brasil, y en general se trató de casos de muerte materna prevenible. Es probable que, debido al riesgo de infección de Zika durante el embarazo, haya más mujeres que procuren obtener abortos inseguros y clandestinos. Un estudio de julio de 2016 publicado en New England Journal of Medicine identificó un aumento del 108 % en las solicitudes de aborto procedentes de Brasil recibidas por Women on Web —una organización sin fines de lucro que brinda medicamentos para el aborto en países donde los servicios de aborto seguro están sumamente restringidos— luego del anuncio realizado en noviembre de 2015 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) relativo a los riesgos del virus del Zika.
Muchas mujeres y niñas embarazadas dijeron que, durante citas prenatales, los trabajadores del sistema de salud pública no brindaron información integral sobre cómo prevenir la transmisión del Zika. Muchas señalaron que el personal de salud no les comunicó que el Zika se podía transmitir sexualmente, en parte debido a información contradictoria o incongruente por parte de las autoridades. A causa de esto, pocas mujeres usaban preservativos de manera sistemática para protegerse a ellas y a sus fetos de la transmisión del Zika.
Las mujeres embarazadas procedentes de hogares de bajos ingresos que normalmente tienen los peores sistemas de agua y saneamiento y alta exposición a mosquitos dijeron que no tenían medios económicos para comprar repelente que pudieran usar todos los días.
Más de 2.600 niños en Brasil nacidos con microcefalia y otras condiciones a causa del virus del Zika necesitarán asistencia a largo plazo. Las personas a cargo de su cuidado en general no reciben el apoyo pleno que necesitan del gobierno y de la sociedad para criar a sus hijos con discapacidad, incluida la ayuda financiera y logística para que puedan acceder a la atención. Numerosas madres que crían a hijos con síndrome del Zika dijeron que tuvieron dificultades para obtener información y apoyo tanto en el momento del parto como a medida que sus hijos crecían y se desarrollaban. Diversos proveedores de atención de la salud y padres de hijos con síndrome del Zika manifestaron que los progenitores necesitaban más ayuda para participar activamente en los cuidados.
Un padre dijo a Human Rights Watch que se veía obligado a gastar prácticamente todo su salario mensual en medicamentos para su hijo con Zika.
En 2017, la cantidad de casos de Zika, y de niños nacidos con discapacidades asociadas con el virus, se redujo drásticamente en comparación con el mismo período en 2016, pero las autoridades no han logrado identificar la causa de esta disminución en los casos.
“A medida que se inicia la temporada de mosquitos en algunas partes de América y en Estados Unidos, otros países afectados por el Zika deberían reconocer que los problemas de derechos humanos pueden contribuir al agravamiento rápido y al impacto de la epidemia del Zika”, apuntó Klasing. “Los países que pretenden evitar la crisis que todavía vive Brasil deberían abordar los problemas vinculados con derechos humanos desde el inicio mismo de la planificación y las respuestas”.
