En la 29ª edición del Informe Mundial 2019, de 674 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth afirma que la gran novedad del último año no ha sido la persistencia de las tendencias autoritarias sino la creciente oposición que enfrentan. Esta resistencia ha quedado de manifiesto en los esfuerzos por desafiar los ataques contra la democracia en Europa, evitar un baño de sangre en Siria, garantizar la rendición de cuentas de los responsables de la campaña de limpieza étnica contra los musulmanes rohinyá en Birmania, detener los bombardeos y bloqueos dirigidos por Arabia Saudita de civiles yemeníes, defender la prohibición de larga data de las armas químicas, convencer al presidente de la República Democrática del Congo Joseph Kabila para que aceptase los límites constitucionales a su mandato, y exigir una exhaustiva investigación del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.
“Los mismos populistas que están propagando el odio y la intolerancia también están estimulando una resistencia que sigue ganando batallas”, dijo Roth. “El triunfo en ningún caso está garantizado, pero las victorias en el último año sugieren que los excesos de los regímenes autocráticos están avivando un poderoso contraataque a favor de los derechos humanos”.
En Europa, el apoyo a los derechos adoptó muchas formas, tanto en las calles como en las instituciones. Grandes multitudes en Budapest protestaron contra las medidas del líder húngaro Victor Orbán para cerrar la Universidad Centroeuropea, un bastión académico de investigación y librepensamiento, y promulgar la denominada “ley de esclavitud” que incrementa las horas extraordinarias permitidas y autoriza demoras de tres años en el pago de estas horas.
Septiembre marcó un hito para la UE, cuando el Parlamento Europeo respondió al régimen cada vez más autoritario de Orbán mediante una votación para lanzar un proceso que podría desembocar en sanciones políticas bajo el artículo 7 del Tratado de la UE. Casi el 70 por ciento de los miembros del Parlamento Europeo de un amplio espectro de partidos apoyaron esta medida sin precedentes. En medio de las discusiones sobre la posible vinculación del próximo presupuesto quinquenal de la UE, previsto para fines de 2020, al respeto por los estándares democráticos, la medida del Parlamento apunta a que Hungría, uno de los mayores receptores per cápita de fondos de la UE, ya no podrá depender de la generosidad de Europa si continúa socavando las libertades democráticas fundamentales de la UE.
Decenas de miles de polacos tomaron repetidamente las calles para defender a sus tribunales de los intentos del partido gobernante de socavar su independencia. Los jueces de Polonia se negaron a abandonar sus puestos pese a la campaña de purga del líder del partido Ley y Justicia, Jarosław Kaczyński; el Tribunal de Justicia de la UE respaldó posteriormente su negativa a ser destituidos y, como resultado, fueron restituidos por las autoridades.
Más allá de sus fronteras, la UE y algunos Estados miembros demostraron un liderazgo notable en cuestiones de derechos humanos. Los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda, junto con Canadá, tomaron la iniciativa para garantizar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se resistiera a la fuerte presión de Arabia Saudita para evitar el escrutinio de presuntos crímenes de guerra cometidos en Yemen. Tras el asesinato de Khashoggi, Alemania impidió que 18 funcionarios saudíes ingresaran en el área Schengen de 26 naciones, mientras que Alemania, Dinamarca y Finlandia detuvieron la venta de armas al reino. (Estados Unidos y Canadá también impusieron sanciones específicas contra muchos de los saudíes implicados en el asesinato). Esta presión puede haber contribuido al acuerdo de la coalición liderada por Arabia Saudita durante las negociaciones dirigidas por la ONU a un alto el fuego en los alrededores del puerto de Hodeidah en Yemen, un punto de acceso crítico para la población amenazada por la hambruna.
La canciller alemana, Angela Merkel, y el ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, criticaron públicamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, al presidente de China, Xi Jinping, y al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, por quebrantar los derechos humanos y reprimir a la oposición política, activistas y periodistas. Durante los próximos dos años, Alemania será un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, brindando oportunidades para que Berlín lidere con el ejemplo.
En EE.UU., el presidente Donald Trump intentó movilizar su base de apoyo tratando de retratar a los solicitantes de asilo que huyen de la violencia en Centroamérica como una crisis. El Partido Demócrata de oposición ganó el control sobre la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de período, en parte por el rechazo que los votantes mostraron a esa campaña de propagación del miedo.
Otras transferencias de poder reflejaron preocupaciones en cuestiones de derechos humanos. Los votantes en Malasia y las Maldivas expulsaron a sus líderes corruptos. El primer ministro de Armenia renunció en medio de masivas protestas por presunta corrupción. Bajo la presión popular, Etiopía reemplazó un gobierno que durante mucho tiempo fue abusivo por uno nuevo dirigido por un primer ministro que ha lanzado un impresionante programa de reformas. Legisladores, tribunales y los ciudadanos de Sri Lanka rechazaron un “golpe constitucional” por parte del actual presidente y su antecesor.
La tendencia no es sólo positiva. Los actuales autócratas intentan socavar la democracia demonizando a las minorías vulnerables y convirtiéndolas en chivos expiatorios para reforzar su apoyo popular, dijo Human Rights Watch. Estos líderes debilitan los controles institucionales al poder del gobierno, incluyendo un poder judicial independiente, medios de comunicación libres y grupos cívicos comprometidos. El costo humano puede ser enorme, como demuestran la crisis humanitaria en la Venezuela otrora rica en petróleo, los miles de asesinatos extrajudiciales como parte de la “guerra contra las drogas” en Filipinas o la detención arbitraria en China para adoctrinamiento forzado de aproximadamente 1 millón de uigures y otros musulmanes, según estimaciones fidedignas.
En el último año China intensificó su represión a los peores niveles vistos desde la masacre de manifestantes en 1989 del movimiento democrático de la Plaza Tiananmen. Xi eliminó los límites de mandato a su presidencia y amplió enormemente el operativo de vigilancia de los ciudadanos ordinarios en China. Las autoridades ampliaron su ataque a la libertad de expresión deteniendo a periodistas, procesando a activistas, reforzando el control ideológico sobre las universidades y expandiendo la censura en Internet.
El hecho de que los autócratas no brinden protección para los derechos humanos fundamentales ha facilitado que líderes despiadados eludan las consecuencias de atrocidades masivas, como los ataques de Siria contra civiles en áreas controladas por fuerzas antigubernamentales y el bombardeo y bloque indiscriminado y desproporcionado por parte de la coalición liderada por Arabia Saudita de civiles yemeníes. Sin embargo, la creciente oposición mundial aumentó el costo de tales acciones, señaló Human Rights Watch.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó abrumadoramente a favor de la adopción de una resolución histórica, presentada conjuntamente por la Organización de Cooperación Islámica y la UE, para crear un mecanismo para recopilar, preservar y analizar pruebas de los crímenes internacionales más graves cometidos en Birmania desde 2011, con el objetivo de preparar casos para futuros procesamientos.
En Siria, las fuerzas gubernamentales respaldadas por Rusia, Irán y el grupo armado Hezbolá recuperaron el control sobre la mayor parte del país. La presión europea sobre Rusia ayudó a frenar un ataque total en la provincia de Idlib, en el noroeste del país, donde era probable otro baño de sangre conforme la alianza militar sirio-rusa amenazaba con volver a bombardear indiscriminadamente a los 3 millones de civiles que habitan en la provincia. En septiembre Putin aceptó un alto el fuego que, si bien precario, sigue resistiendo, lo que demuestra que incluso en una situación tan complicada, una acción internacional concertada puede salvar vidas.
La presión de otros países africanos fue clave para persuadir al presidente congoleño, Kabila, de que finalmente programó elecciones para su sucesor, dos años después de que terminara su límite de dos mandatos, aunque ahora hay una disputa sobre los resultados electorales anunciados por la comisión electoral dominada por el gobierno. La amenaza de la retirada masiva de África de la Corte Penal Internacional (CPI) perdió aún más fuerza tras la resistencia de países y grupos cívicos africanos.
Gran parte de este contraataque tuvo lugar en la ONU, incluso a pesar de que los líderes autocráticos intentaron debilitar su multilateralismo y los estándares internacionales que establece. Más allá de sus importantes acciones en Birmania y Yemen, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó por primera vez una resolución que condenaba la severa represión en Venezuela bajo la presidencia del presidente Nicolás Maduro. Cinco gobiernos de América Latina y Canadá instaron a la CPI a abrir una investigación de los delitos en Venezuela, la primera vez en que un gobierno ha solicitado una investigación de la CPI sobre delitos que tuvieron lugar completamente fuera de su territorio.
“El terreno de batalla para proteger los derechos humanos ha cambiado, con la desaparición en acción de muchos participantes tradicionales, algunos de los cuales incluso cambiaron de bando”, dijo Roth. “Pero han surgido coaliciones efectivas para oponerse a los gobiernos que no rinden cuentas ante sus pueblos ni respetan sus derechos”.
