Deben tratarse abusos, uso excesivo de la fuerza y censura
28 de Febrero de 2014

Venezuela no es el único país de la región donde se han producido manifestaciones masivas y mayormente pacíficas. Lo que distingue a Venezuela es el modo en que ha reaccionado el gobierno de Maduro, a través de una combinación de medidas abusivas que incluyen censurar a medios de comunicación, encarcelar arbitrariamente a uno de sus más prominentes opositores políticos y aplicar fuerza brutal contra manifestantes.

Jose Miguel Vivanco, Director para las Americas

(Nueva York) – La Organización de los Estados Americanos (OEA) y sus países miembros deberían realizar una reunión sobre la situación en Venezuela, señaló hoy Human Rights Watch. La OEA debería tratar en ella las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano en respuesta a las manifestaciones públicas masivas que tuvieron lugar desde el 12 de febrero de 2014. La organización no debería permitir que esta importante oportunidad para abordar los problemas de derechos humanos centrales a la situación en Venezuela sea desperdiciada. 

El 25 de febrero, el gobierno de Panamá pidió al Consejo Permanente de la OEA que celebre una sesión extraordinaria para debatir la convocatoria a una reunión de cancilleres ante la “situación que está viviendo” Venezuela. La sesión extraordinaria estaba programada para el 27 de febrero, pero fue suspendida después de que el gobierno venezolano adujera que no se había cumplido con cuestiones procedimentales. Consecuentemente, no existe claridad sobre si la reunión se llevará a cabo. 

“Venezuela no es el único país de la región donde se han producido manifestaciones masivas y mayormente pacíficas”, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Lo que distingue a Venezuela es el modo en que ha reaccionado el gobierno de Maduro, a través de una combinación de medidas abusivas que incluyen censurar a medios de comunicación, encarcelar arbitrariamente a uno de sus más prominentes opositores políticos y aplicar fuerza brutal contra manifestantes”. 

Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido a un uso ilegítimo de la fuerza y cometido excesos contra manifestantes en múltiples ocasiones desde el 12 de febrero, lo cual incluyó golpizas a detenidos y disparar a multitudes que no estaban armadas. También bloqueó la señal de un canal de televisión y amenazó con perseguir penalmente a medios de noticias privados por informar sobre los sucesos violentos. Periodistas y defensores de derechos humanos señalaron haber sufrido violencia e intimidación por parte de agentes o partidarios del gobierno. 

13 personas han perdido la vida y decenas resultaron heridas, según declaraciones de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz. 

El gobierno de Maduro ha señalado a líderes de oposición como responsables de la violencia. Leopoldo López, una de las más prominentes figuras de la oposición, fue arrestado el 18 de febrero de 2014 y la justicia dispuso su prisión preventiva el 20 de febrero. También se libró una orden de captura contra Carlos Vecchio, otro líder del partido político de López, según reportes de prensa. El gobierno aún no ha presentado evidencias creíbles que vinculen a estos hombres con la comisión de delitos. 

La Carta de la OEA prevé que cualquier país miembro podrá solicitar una “[r]eunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores ... con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos”. Panamá sostuvo que su solicitud se basaba en el propósito de la OEA de “promover y consolidar la democracia representativa y el respeto a los derechos humanos”.  

Varios gobiernos de América Latina, incluidos los de Argentina, Bolivia, Cuba y Ecuador, han expresado su apoyo al gobierno de Maduro y repudiado los acontecimientos que el gobierno califica de intentos por desestabilizar al país. 

El 26 de febrero, según trascendió en los medios de comunicación, un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil indicó que este país defendería el principio de no intervención en los asuntos internos durante la reunión del Consejo Permanente de la OEA. 

“Qué duda cabe que las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela merecen la atención de la OEA”, aseveró Vivanco. “Sería un grave error permitirle al gobierno venezolano que evite una discusión seria sobre estos acontecimientos”.