En una decisión histórica adoptada esta semana, el presidente uruguayo José Mujica promulgó una ley que despenaliza los abortos practicados durante las primeras 12 semanas de gestación siempre que se cumplan ciertos procedimientos, y en las primeras 14 semanas para casos de violación sexual.
La decisión de Uruguay de ser el primer país en ratificar el Convenio Internacional sobre Trabajo Doméstico podría convertir en realidad las protecciones que desde hace mucho tiempo se niegan a numerosas mujeres y niñas en todo el mundo, Human Rights Watch señaló hoy. El tratado, que extiende derechos laborales fundamentales a una cantidad estimada de entre 50 y 100 millones de trabajadores del hogar, entrará en vigor una vez que sea ratificado por dos países.
En una decisión histórica adoptada esta semana, el presidente uruguayo José Mujica promulgó una ley que despenaliza los abortos practicados durante las primeras 12 semanas de gestación siempre que se cumplan ciertos procedimientos, y en las primeras 14 semanas para casos de violación sexual.
La decisión de Uruguay de ser el primer país en ratificar el Convenio Internacional sobre Trabajo Doméstico podría convertir en realidad las protecciones que desde hace mucho tiempo se niegan a numerosas mujeres y niñas en todo el mundo, Human Rights Watch señaló hoy. El tratado, que extiende derechos laborales fundamentales a una cantidad estimada de entre 50 y 100 millones de trabajadores del hogar, entrará en vigor una vez que sea ratificado por dos países.
Uruguay debe juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, cometidas durante la dictadura militar.
La decisión del Parlamento uruguayo de no derogar la ley de amnistía representa un fuerte revés para quienes reclaman justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.
El rechazo de los votantes uruguayos de una iniciativa para anular la ley de caducidad del país podría frustrar los esfuerzos para promover justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura militar de Uruguay (1973-1985), a pesar de las recientes e importantes sentencias que permiten establecer responsabilidades por ese período.
Las autoridades uruguayas deben investigar la legalidad de la decisión tomada por canales de televisión privados de no emitir un aviso diseñado para concientizar y disminuir la discriminación contra lesbianas, gays, personas bisexuales y transgénero (LGBT), afirmó hoy Human Rights Watch en una carta dirigida a la Ministra de Educación y Cultura de Uruguay y a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones del país.
