En 2010, las iniciativas del poder judicial para procesar a policías y militares por abusos cometidos durante el conflicto armado interno de Perú tuvieron resultados poco alentadores. En lugar de recibir el apoyo de funcionarios del gobierno, el proceso ha sido objeto de críticas frecuentes por parte de estos, y en 2010 el Presidente Alan García firmó un decreto que equivalía a una amnistía indiscriminada, ya que habría permitido la impunidad de la mayoría de los crímenes. Luego de protestas nacionales e internacionales, la medida fue finalmente suspendida. Sin embargo, la negativa del Ejército a brindar información continúa obstruyendo las investigaciones judiciales, y la mayoría de los responsables han logrado evadir la justicia.