El Gobierno de Sudán Meridional, las Naciones Unidas, y los donantes internacionales deberían abordar urgentemente las fallas críticas para proteger a los civiles de la violencia étnica.

Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deben ejercer presión para la entrega y el juicio del presidente de Sudán Omar al-Bashir y otras personas sobre las que pesan órdenes de arresto por los graves crímenes cometidos en Darfur.

La emisión de una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente sudanés Omar al-Bashir manda el mensaje de que incluso aquellos en puestos de alto nivel deben rendir cuentas por asesinatos en masa, violación y tortura.

El gobierno sudanés está censurando a los medios de comunicación y reprimiendo a los activistas y los periodistas que se manifiestan en defensa de los derechos humanos y la justicia.

El gobierno de Sudán Meridional debe tomar medidas urgentes para defender los derechos humanos, incluyendo la protección de civiles en conflictos comunales armados y el uso excesivo de la fuerza de soldados y fuerzas de seguridad.

A medida que los Estados miembros de las Naciones Unidas se preparan para iniciar tres días de debate sobre los derechos del niño, más de 300 organizaciones no gubernamentales (ONG) de 82 países exhortaron a la Asamblea General de la ONU a que actúe urgentemente para poner fin a las ejecuciones fundamentadas en delitos cometidos por niños y niñas.

Poner fin a las ejecuciones por delitos cometidos por niños en sólo cinco países resultaría en la implementación universal de la prohibición de la pena de muerte para menores delincuentes, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Los gobiernos deberían utilizar la apertura de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas a realizarse la próxima semana para comprometerse a elaborar reformas que se necesitan urgentemente a fin de proteger los derechos de niños y niñas en conflicto con la ley.

Mucha gente pensó que nunca vería a Radovan Karadzic comparecer ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). Ni las víctimas de violaciones que entrevisté en Bosnia en 1993, ni los que estaban retenidos en campos de concentración, llegaron siquiera a soñar con ese momento. Pero incluso en medio del conflicto, en circunstancias difíciles, los civiles de la zona reunían laboriosamente detallados testimonios de supervivientes con la esperanza de que algún día hubiese justicia para estos crímenes. Incluso después de que se creara el TPIY y se presentasen cargos contra Karadzic por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, parecía poco probable que le arrestasen.