Apenas unas semanas después de que Human Rights Watch publicara un informe sobre el uso de la fuerza excesiva, y con frecuencia letal, por parte de la Fuerza de Seguridad Fronteriza de la India (FSF), el Gobierno indio ordenó que se distribuyeran armas no letales a los guardias de la FSF. Más de 900 ciudadanos de Bangladesh y la India fueron asesinados en las zonas fronterizas en la última década, cuando las tropas utilizaron la fuerza letal en un aparente esfuerzo por contener el contrabando y otras actividades ilegales.