Human Rights Watch considera que disposiciones en el ordenamiento jurídico peruano que permiten la detención involuntaria de las personas que sufren de adicción amenazan las protecciones básicas de los derechos humanos contra la detención arbitraria, el maltrato y el derecho a la salud, y oponen a una sana política de salud pública.

Ecuador debería derogar el desacato y todas las demás normas que penalizan la difamación de instituciones y funcionarios públicos.

Me dirijo a S.E. con el propósito de expresarle nuestra preocupación por sus declaraciones públicas en las cuales acusó a organizaciones no gubernamentales de “desestabilizar” al gobierno y cuestionó la posibilidad de que organizaciones de este tipo, como la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), puedan recibir financiamiento de donantes extranjeros. Si bien en Ecuador existe una sociedad civil activa y crítica del gobierno, este tipo de declaraciones por parte de altos funcionarios generan un ambiente de hostilidad que, en la práctica, debilita el papel que pueden jugar estas organizaciones para promover y proteger derechos humanos en el país.

(Washington, DC)– Las acciones penales por difamación inciadas por el Presidente Rafael Correa contra sus críticos constituyen un grave revés para la libertad de expresión en Ecuador. Ecuador debería derogar las disposiciones sobre calumnias, injurias y desacato de su Código Penal.