La comunidad internacional debe apoyar firmemente los esfuerzos de los fiscales de la unidad de derechos humanos de la Fiscalía General de la República por investigar abusos cometidos en Honduras por la fuerza pública, así como a invalidar un decreto dictado por el gobierno de facto que restringe gravemente la libertad de expresión y reunión.

Dos días después de que se dictara el decreto de emergencia, las fuerzas de seguridad hondureñas ocuparon las oficinas de Radio Globo y del canal de televisión Cholusat Sur y cancelaron su transmisión. Ambas emisoras han apoyado abiertamente al Presidente depuesto Manuel Zelaya.

La Organización de los Estados Americanos debe exigir al gobierno de facto hondureño que abandone el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y que garantice otros derechos fundamentales.

El gobierno de facto de Honduras debe renunciar al uso excesivo de la fuerza contra los seguidores del presidente depuesto Manuel Zelaya. Las autoridades tampoco deben abusar de las facultades de emergencia para cercenar los derechos básicos de manifestantes, periodistas y otras personas en Honduras.

Las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que constatan la existencia de abusos generalizados en Honduras, deberían impulsar a la comunidad internacional a adoptar medidas enérgicas, como la imposición de sanciones específicas, para superar la crisis que atraviesa actualmente el país.

Human Rights Watch obtuvo evidencia que sugiere que soldados hondureños habrían usado fuerza excesiva contra manifestantes que apoyan al depuesto presidente Manuel Zelaya afuera del aeropuerto de Tegucigalpa el 5 de julio de 2009.

La Organización de Estados Americanos (OEA) debería impulsar al gobierno de facto en Honduras a respetar los derechos humanos, dijo Human Rights Watch en una carta que envió hoy al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza.

Dada la información que hemos recibido en los últimos dos días sobre la comisión de abusos graves, nos preocupa que exista un riesgo real de que la suspensión de estos derechos pueda utilizarse para perpetrar otras violaciones de los derechos humanos.