• Agentes de la Policía municipal y del Ejército mexicano llevan a cabo una redada conjunta en Ciudad Juárez buscando vendedores ambulantes de drogas y armas, marzo de 2009.
    En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente. El informe de 229 páginas, “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, examina las consecuencias para los derechos humanos del enfoque del Presidente Felipe Calderón en la lucha contra los poderosos carteles de narcotráfico que operan en México.

Informes

México

  • Nov 9, 2011
    En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente. El informe de 229 páginas, “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, examina las consecuencias para los derechos humanos del enfoque del Presidente Felipe Calderón en la lucha contra los poderosos carteles de narcotráfico que operan en México.
  • Nov 1, 2011
    La hermana Consuelo Morales ha visto un incremento dramático en el número de personas en Monterrey que son torturadas, asesinadas o "desaparecidas" en los cuatro años desde que el Presidente de México envió a las fuerzas armadas para combatir los cárteles de las drogas.
  • Ago 9, 2011
    Seven courageous and tireless advocates for human rights will be honored in November 2011 with the prestigious Alison Des Forges Award for Extraordinary Activism.
  • Ago 8, 2011
    La hermana Consuelo Morales trabaja en México para defender a las víctimas de violaciones de derechos humanos y hacer que los responsables de estos delitos rindan cuentas por sus actos.
  • Jul 6, 2011
    (Washington, DC) – Una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de fecha 6 de julio de 2011, debería acelerar la reforma del sistema de justicia militar. La SCJN determinó que los tribunales mexicanos tienen la obligación de cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana en un caso de desaparición forzada, y que su jurisprudencia debe ser tenida en cuenta por los jueces mexicanos.
  • Jun 6, 2011
    Los fiscales deberían iniciar inmediatamente una investigación exhaustiva e imparcial del cateo realizado por la policía federal en las oficinas de la organización no gubernamental Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en Ciudad Juárez. El 5 de junio de 2011, a las 8:30 p.m., cerca de 20 miembros de la policía federal irrumpieron en las oficinas, revisaron archivos, rompieron ventanas y causaron daños en otros sectores del establecimiento.
  • Abr 4, 2011
    Las autoridades federales de México deben asumir inmediatamente la investigación de la posible desaparición forzada de cuatro civiles en Ciudad Juárez, presuntamente cometidas por la policía municipal. A su vez, las autoridades de Baja California deberían asegurar una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de las acusaciones creíbles de tortura que se han formulado contra Julián Leyzaola, actual jefe de policía de Ciudad Juárez.
  • Mar 2, 2011
    Los problemas de derechos humanos deberían ser un aspecto central de las conversaciones sobre la crisis de seguridad pública en México que mantendrá el Presidente Obama con el Presidente Felipe Calderón durante el encuentro programado entre ambos mandatarios para el 3 de marzo de 2011.
  • Feb 23, 2011
    Las autoridades federales y de los estados deben impulsar una investigación imparcial y exhaustiva de los ataques perpetrados contra defensores de derechos humanos y sus familiares en el estado de Chihuahua. Los ataques evidencian la necesidad de adoptar un mecanismo federal de protección a defensores de derechos humanos y la importancia de convocar a las organizaciones no gubernamentales para que participen en el diseño de este sistema.
  • Feb 3, 2011
    En el marco de una misión de investigación llevada a cabo en el estado de Nuevo León, Human Rights Watch obtuvo evidencias de que ocho asesinatos cometidos durante 2010 habrían sido el resultado del uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de miembros del Ejército y la Marina. Human Rights Watch también documentó más de una decena de desapariciones forzadas en las cuales las pruebas señalan que estarían involucrados miembros del Ejército, la Marina, y agentes de policía. Los agentes del ministerio público federal y estatal deberían adoptar medidas de forma inmediata para juzgar a los responsables, afirmó Human Rights Watch.