Recien las mujeres nicaragüenses tuvieron algo que celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Las mujeres nicaragüenses han luchado durante años para proteger los derechos de las mujeres, en vez de restringirlos, y hace décadas los gobiernos han eliminado algunas leyes sexistas que discriminaban a las mujeres.

Un año después de que las elecciones de Nicaragua permitieran el regreso de Daniel Ortega al poder, un gran número de mujeres embarazadas han muerto, muchas de ellas como consecuencia de una nueva ley que prohíbe a los médicos brindar el tratamiento necesario para salvarles la vida.

La prohibición total del aborto en Nicaragua, la cual penaliza la provisión de tratamiento que puede salvar vidas, ha tenido un impacto devastador en la salud y las vidas de las mujeres, declaró hoy Human Rights Watch en el primer informe sobre las consecuencias que para los derechos humanos tiene dicha prohibición, promulgada en noviembre de 2006.

La nueva prohibición general del aborto promulgada por Nicaragua – inclusive en casos de violación, incesto o embarazos que amenazan la vida – viola los estándares internacionales en materia de derechos humanos y representa un grave riesgo para las mujeres, declaró hoy Human Rights Watch en una carta abierta enviada a la Corte Suprema de Justicia del país.

Tenemos el honor de dirigirnos a S.E. con el propósito de expresarle nuestra profunda preocupación por la reforma al Código Penal que elimina toda excepción a la penalización general del aborto, que ha sido recientemente aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua y que viola derechos fundamentales que Nicaragua está obligada a respetar. Por las razones que se enumeran a continuación, quisiéramos respetuosamente solicitar a S.E. que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 150 de la Constitución Política de Nicaragua, vete la mencionada reforma que directamente viola estándares internacionales que han sido firmemente establecidos a nivel mundial.

El voto del congreso nicaragüense que hoy eliminó toda excepción a la penalización general del aborto constituye una amenaza directa a los derechos humanos, declaró Human Rights Watch. El nuevo código penalizará el aborto incluso cuando esta operación se practique para salvar la vida de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea el resultado de una violación o incesto.