Sectores políticos y religiosos tradicionalistas, que se oponen a la reciente adhesión de la Argentina al Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, según sus siglas en ingles), argumentan que éste abre la puerta al aborto de manera solapada. Se equivocan -la puerta se abrió hace muchos años cuando la Argentina le otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales. Las mujeres ya son titulares de estos derechos y el Estado tiene, desde entonces, la obligación de adecuar la legislación interna a sus obligaciones internacionales. Es indudable que la penalización del aborto en la Argentina tiene un impacto devastador en la vida y la salud de las mujeres. La evidencia sugiere que las leyes que lo restringen empujan a las mujeres a someterse a abortos inseguros y que quedan expuestas a consecuencias posiblemente fatales.
