Cada año, miles de mujeres y niñas en Argentina se exponen a sufrimientos innecesarios como resultado de conductas negligentes o abusivas durante la provisión de servicios de salud reproductiva.

Human Rights Watch presentó este Amicus Curiae en el caso “García Méndez, Emilio and Musa, Laura Cristina s/causa No. 7537” ante la Corte Suprema de Justicia argentina. Argumentamos que el sistema en virtud del cual los jueces argentinos autorizan la detención de menores de 16 años en conflicto con la ley viola normas internacionales de derechos humanos incluidas en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). También contradice principios básicos descritos en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (las Reglas de Beijing) y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de su Libertad.

Sectores políticos y religiosos tradicionalistas, que se oponen a la reciente adhesión de la Argentina al Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, según sus siglas en ingles), argumentan que éste abre la puerta al aborto de manera solapada. Se equivocan -la puerta se abrió hace muchos años cuando la Argentina le otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales. Las mujeres ya son titulares de estos derechos y el Estado tiene, desde entonces, la obligación de adecuar la legislación interna a sus obligaciones internacionales. Es indudable que la penalización del aborto en la Argentina tiene un impacto devastador en la vida y la salud de las mujeres. La evidencia sugiere que las leyes que lo restringen empujan a las mujeres a someterse a abortos inseguros y que quedan expuestas a consecuencias posiblemente fatales.