(New York: Human Rights Watch, 1997)

PANORAMA GENERAL

El 25 de septiembre, en una ceremonia en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C., la OEA reformó su Carta con el fin de que los gobiernos del continente pudieran aislar de la organización a los gobiernos que hubieran llegado al poder por medio de un golpe de estado. Esta importante y bienvenida iniciativa subrayó el consenso cada vez mayor existente en la región de que el mantenimiento de gobiernos constitucionales y democráticos corresponde a los intereses de cada una de las naciones. Y de hecho, con escasas excepciones, la región que comprende a Latinoamérica y el Caribe destacó como una de las pocas partes del mundo donde gobiernos civiles electos parecieran firmemente instalados.

La historia de la región, además, deja en evidencia que los gobiernos civiles electos han ofrecido las mayores oportunidades para el disfrute de los derechos humanos; en el pasado, la ruptura del orden constitucional se tradujo en graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. En este sentido, las elecciones mexicanas de 1997 municipales y parlamentarias, las primeras en que los partidos de oposición pudieron competir al mismo nivel con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que tiene décadas en el poder, marcaron un avance significativo hacia la democracia en la región. Cuba --donde un gobierno no electo cumplió 38 años en el poder-- sigue siendo la excepción dentro de la tendencia hacia un mayor espacio político.

Con todo, sin perjuicio que los gobiernos civiles electos sean una condición imprescindible para el respeto de los derechos humanos, el actual récord de la región demuestra que no es de ninguna manera suficiente. Violaciones masivas y graves de los derechos humanos fueron frecuentes en la región en 1997, a pesar que gobiernos electos se alternaron con regularidad en el poder. De hecho, la falta de respeto a estos derechos en países tan diversos como Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Argentina y República Dominicana demostraron que las elecciones no son más que el primer paso hacia la verdadera democracia. Continuaron cometiéndose masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y otras formas de brutalidad policial y, en general, se mantuvieron condiciones penitenciarias inhumanas.

Muchos de los gobiernos electos de la región aceptaron críticas legítimas por sus prácticas abusivas en materia de derechos humanos y progresivamente fueron abandonando las reacciones defensivas del pasado. Muchos de ellos se han dado cuenta de la importancia de mantener una comunicación abierta con organizaciones de derechos humanos. Las excepciones continuaron siendo los gobiernos de Fidel Castro en Cuba, que siguió negando el acceso a la isla a las organizaciones internacionales de derechos humanos, mientras hostigaba y procesaba a los que intentaban supervisar estos derechos en el país; el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, que descalificó las intenciones de las organizaciones de derechos humanos, a pesar de adoptar algunas de sus recomendaciones; y el gobierno de Ernesto Zedillo en México, que admitió las deficiencias policiales pero expulsó a observadores internacionales de derechos humanos y rechazó categóricamente sus conclusiones. De hecho, los únicos gobiernos de la región en los que las violaciones de los derechos humanos integran una parte fundamental de la política gubernamental fueron los de Cuba y Perú.

En general, ni siquiera los gobiernos que aceptaron las criticas internacionales hicieron de los derechos humanos una prioridad fundamental diseñando programas y destinando recursos, por ejemplo, a la erradicación de la tortura, la brutalidad policial, las detenciones arbitrarias y otros abusos generalizados, así como la impunidad de la que disfrutaron los que cometieron estos actos.

La situación de los derechos humanos

En Colombia, durante los primeros ochos meses del año, 35 masacres dejaron un saldo de 272 personas muertas y unas 450 personas más murieron en asesinatos políticos selectivos. Los grupos paramilitares, que operaron habitualmente con la aquiescencia del ejército y, a veces con su apoyo, fueron los responsables del grueso de la carnicería; según la Comisión Colombiana de Juristas, prestigiosa organización de derechos humanos, 76 por ciento de las violaciones de los derechos humanos registradas en 1997 fueron obra de los paramilitares, 17 por ciento correspondieron a la guerrilla y siete por ciento fueron obra de los agentes del Estado. En Perú, la tortura siguió siendo una práctica habitual utilizada por la policía tanto con presuntos terroristas como sospechosos de delitos comunes, y hasta con una miembro de los servicios de inteligencia militar acusada de filtrar información a la prensa. En México, el nivel de la violencia política en las zonas rurales siguió siendo elevado --en algunos casos con participación o aquiescencia oficial-- y el sistema de justicia demostró una marcada tendencia a tratar con indulgencia a los simpatizantes del gobierno y con severidad a sus opositores. En Brasil, videos caseros en los que se observaba la arbitrariedad de la violencia policial conmocionaron a una nación acostumbrada aparentemente al destino fatal de los presuntos delincuentes. En Venezuela, las fuerzas de seguridad recurrieron a los abusos sistemáticos, como la tortura, ejecuciones extrajudiciales y el uso desproporcionado de fuerza letal, en su afán por controlar la delincuencia en las áreas urbanas.

El gobierno del Presidente Fujimori en Perú demostró su falta de respeto al estado de derecho con una serie vertiginosa de maniobras, como la destitución de tres de los siete miembros del Tribunal Constitucional que votaron en contra de que Fujimori se pudiera presentar a las elecciones por tercera vez consecutiva. La destitución de los jueces significó en la práctica que el Tribunal perdiera su capacidad de intervenir en conflictos constitucionales.

Las condiciones penitenciarias en muchas partes de la región fueron tan malas que llegaron a constituir por si solas graves violaciones de los derechos humanos, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los detenidos no habían cometido delito alguno; de hecho, algunos detenidos llevaban años en detención preventiva, lo que representa una violación de la presunción de inocencia. Cerca del 90 por ciento de los presos hondureños, paraguayos y uruguayos no habían sido condenados; mientras que en la República Dominicana, Panamá, Haití, El Salvador, Perú y Venezuela, el porcentaje de presos preventivos oscilaba entre el 65 y el 85 por ciento. En República Dominicana, nos encontramos con un preso que llevaba diez años en prisión preventiva.

Mientras tanto, Jamaica anunció a finales de octubre que se convertiría en el primer país del mundo en retirarse del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un grave retroceso para los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Corea del Norte renunció al Pacto propiamente tal en agosto pasado. La iniciativa jamaicana, cuyo propósito genérico es impedir que las personas cuyos derechos podían haber sido violados por agentes del estado pudieran recurrir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tiene la finalidad concreta de negar a los condenados a muerte la oportunidad de que su caso fuera revisado por las Naciones Unidas.

A pesar que en 1997 el panorama general contó con graves violaciones a estos derechos, sin embargo se produjeron algunos pasos positivos. La firma de un acuerdo de paz definitivo en Guatemala, que puso fin a tres décadas de conflicto armado, contribuyó a una significativa disminución de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con operaciones contra la subversión. En octubre, el gobierno peruano suspendió la utilización de los "tribunales sin rostro" en los juicios de presuntos terroristas. Estos tribunales habían sido protagonistas de numerosas y claras violaciones del debido proceso. Los acusados de terrorismo agravado, lo que en Perú se conoce como "traición a la patria," seguirán siendo juzgados por tribunales militares, aunque los jueces ya no mantendrán su anonimato. La enmienda al Código Penal de Brasil con el fin de incluir el delito de tortura a nivel federal marcó un avance dentro del intento por erradicar dicha práctica. Y en Colombia, el Presidente Ernesto Samper introdujo dos reformas legislativas importantes al Congreso: la primera garantizará que graves violaciones de los derechos humanos sean juzgadas en los tribunales comunes y no en los tribunales militares, y la segunda persigue tipificar el delito de desaparición forzada. En Venezuela, el 14 de octubre, la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley de Vagos y Maleantes de 1956 que permitía la detención administrativa, durante un periodo de hasta cinco años, de presuntos delincuentes cuyas infracciones individuales no se habían demostrado.

Quizás, el acontecimiento más preocupante de 1997 fue la persecución en varios países de algunos de los periodistas y medios de comunicación más destacados de la región. Autoridades muy susceptibles a las críticas en Panamá, Argentina y Perú arremetieron contra sus críticos en los medios de comunicación y demostraron una intolerancia más propia de los regímenes autoritarios que de los gobiernos democráticos. Por su parte, en Cuba, no disminuyó en lo más mínimo el hostigamiento a las pequeñas organizaciones de prensa independientes.

En enero, en Argentina, el fotógrafo de prensa José Luis Cabezas fue esposado, golpeado, y posteriormente asesinado y su cadáver fue quemado; un escalofriante recordatorio de los peligros que entraña investigar la corrupción policial. Cuando se escribió este informe, se había detenido a tres oficiales de la policía provincial relacionados con el caso. El 11 de septiembre, el único oficial de la Armada Argentina que había confesado su participación en graves violaciones de los derechos humanos durante las dictaduras militares de 1976 a 1983 fue secuestrado por hombres armados que portaban documentación policial. Durante las dos horas que duró el secuestro, el ex Capitán Adolfo Scilingo fue golpeado y amenazado, y le tatuaron en la cara las iniciales de los periodistas a los que había contado su versión de los hechos. Sus secuestradores amenazaron con asesinar a Scilingo así como a los periodistas Mariano Grondona, Magdalena Ruiz Guiñazú y Horacio Verbitsky. La reacción del Presidente Menem frente a este incidente de estilo mafioso, fue poner en duda la credibilidad de Scilingo. Además cabe destacar que este atentado fue precedido por desafortunados cometarios del Presidente, en los que sugería que la violencia podía constituir un límite a la libertad de expresión.

En Panamá, el gobierno de Ernesto Pérez Balladares tomó serias medidas para limitar el ejercicio de la libertad de expresión e inició el proceso de deportación del periodista peruano Gustavo Gorriti, Director Adjunto del diario La Prensa. Los artículos de Gorriti que trataban sobre corrupción en círculos oficiales lograron irritar a las máximas autoridades, quienes intentaron expulsar del país al renombrado periodista utilizando argumentos legales engañosos. La sección de investigación dirigida por Gorriti había publicado sobre el dinero del narcotráfico que había financiado la campaña del Presidente Pérez Balladares y sobre las presuntas irregularidades que constituía la concentración de canales de televisión en manos del primo del Presidente. Sin embargo, la libertad de prensa se apuntó una victoria importante luego que el gobierno se retractara en octubre de su posición original permitiendo a La Prensa mantener a Gorriti en un cargo de alta responsabilidad y comprometiéndose a derogar las leyes que limitan la participación de ciudadanos extranjeros en los medios de comunicación panameños.

En Perú, el gobierno puso en marcha una campaña contra el accionista mayoritario del Canal 2 de televisión de Lima, Baruch Ivcher Bronstein, de origen israelí. Canal 2 fue el primero en emitir una entrevista con Leonor La Rosa, una agente de inteligencia del ejército torturada por sus superiores al sospechar que había filtrado información sobre un plan para perseguir a periodistas. La campaña de hostigamiento creciente contra Ivcher culminó el 13 de julio con la revocación de su nacionalidad peruana, a lo que siguió la toma del canal de televisión por parte de los accionistas minoritarios partidarios del gobierno. Otros periodistas fueron víctimas de graves hostigamientos, como Blanca Rosales, redactora jefe del diario La República, que fue secuestrada, golpeada y amenazada por hombres sin identificar.

Las autoridades cubanas siguieron intimidando a periodistas. Entre los detenidos se encontraban Héctor Peraza Linares, Director Adjunto de la agencia de noticias Habana Press, y Raúl Rivero, Director de Cuba Press. El 26 de febrero, un grupo de simpatizantes del gobierno se reunieron frente a las casas de las periodistas de Cuba Press, Tania Quintero y Ana Luisa Baeza, lanzaron objetos y gritaron consignas. Joaquín Torres Alvarez, Director de Habana Press, fue golpeado en mayo por varios atacantes a los que posteriormente identificó como miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y representantes de la delegación vecinal del partido comunista.

En México, pistoleros asesinaron a Jesús Bueno León del semanario 7 Días del Estado de Guerrero; Bueno había escrito que creía que funcionarios estatales estaban planeando su asesinato en represalia por sus publicaciones. En septiembre, tras haber informado sobre los excesos policiales en Ciudad de México, cuatro reporteros fueron secuestrados y torturados por personas sin identificar.

En diciembre de 1996, entraron en vigor una serie de nuevos reglamentos para la televisión colombiana, con límites a la emisión de imágenes violentas que, si se aplicaran, podrían restringir gravemente el trabajo informativo. Entre otras cosas, los nuevos reglamentos limitan la emisión de declaraciones de la guerrilla o de otras organizaciones criminales. Aunque, cuando se escribió este informe, los reglamentos no se habían traducido en intentos de censura, su aplicación otorga al gobierno una enorme libertad de acción para limitar la información televisiva. El camarógrafo colombiano Ricardo Vélez huyó del país en septiembre tras ser objeto de graves amenazas a su vida con motivo de una demanda por daños que presentó contra el ejército. En marzo de 1996, los soldados golpearon a Vélez cuando filmaba la represión de una marcha de protesta.

En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe en el que concluyó que Chile había violado el derecho a la libertad de expresión, protegido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al prohibir la circulación de un libro escrito por Francisco Martorell en 1993. El libro, Impunidad Diplomática, trataba de las circunstancias que habían conducido a la salida del ex Embajador de Argentina en Chile, Oscar Spinosa Melo. La Comisión instó al gobierno chileno a que levantara la prohibición que afecta al mencionado libro.

Mientras tanto, el Presidente Rafael Caldera de Venezuela intentó, sin éxito, que en la Cumbre Iberoamericana de noviembre de 1997, celebrada en Isla Margarita, se adoptaran medidas para proteger el derecho a la información veraz, este concepto --que apuntaba a un control gubernamental de la prensa-- provocó un bien merecido rechazó por parte de las organizaciones encargadas de la defensa de la libertad de prensa.

La defensa de los derechos humanos

Los defensores de derechos humanos siguieron siendo víctimas de amenazas, hostigamientos y violencia física en varios países de la región, y en muchos casos los gobiernos no tomaron medidas para investigar, enjuiciar y castigar a los responsables. En un continente peligroso, Colombia siguió siendo el campo de eliminación de defensores de los derechos humanos. Mario Calderón y Elsa Alvarado del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) fueron asesinados por pistoleros enmascarados en su apartamento de Bogotá, al parecer en venganza por su trabajo en defensa de los derechos humanos. El padre de Alvarado también fue asesinado y su madre resultó herida de gravedad en el mismo incidente. El 28 de septiembre, las autoridades detuvieron a cinco personas sospechosas de haber participado en los asesinatos. Entre los otros defensores de derechos humanos asesinados por pistoleros sin identificar en Colombia, en aparente represalia por su trabajo, se encontraban Nazareno de Jesús Rivera del Comité de Derechos Humanos de Segovia, Margarita Guzmán, antigua colega de Rivera que presionó para que se iniciara una investigación, y Víctor Julio Garzón, miembro del casi extinto Comité Cívico para los Derechos Humanos de Meta. Un tercer miembro del Comité de Derechos Humanos de Segovia, Jaime Ortiz Londoño, fue desaparecido. Otros defensores se vieron obligados a salir del país debido a las amenazas de muerte. El 26 de octubre, el grupo guerrillero conocido con el nombre de Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró a dos observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos, en un intento por frustrar las elecciones municipales. Los guerrilleros finalmente liberaron a los observadores tras más de una semana de secuestro.

En Cuba, donde la crítica de las políticas gubernamentales en materia de derechos humanos constituye una violación de numerosas disposiciones del Código Penal que limitan las libertades de expresión y asociación, quienes intentaron defender estos derechos fueron sometidos a hostigamientos y procesamientos. El 15 de julio, las autoridades detuvieron al abogado de derechos humanos René Gómez Manzano, junto a otros tres importantes disidentes. Cuando se escribió este informe, los cuatro líderes seguían en prisión a la espera de un posible juicio por propaganda enemiga.

El defensor de los derechos humanos peruano Francisco Soberón, Director de la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH), fue objeto de varias amenazas de muerte anónimas, aparentemente en represalia por el trabajo de APRODEH en defensa de la Dra. Elba Greta Minaya Calle, prestigiosa juez sometida a procedimientos ilegales y también de un delator de la policía víctima de persecución.

En Bolivia, el 25 de enero, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Waldo Albarracín, Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y presuntamente lo torturaron durante más de dos horas. Se informó que los agentes de la policía golpearon a Albarracín, incluidos en sus genitales y lo sometieron a amenazas de muerte y tortura con asfixia. Posteriormente Albarracín fue hospitalizado con heridas graves.

En México, las organizaciones de derechos humanos relacionadas a la Iglesia Católica siguieron siendo objeto de ataques. El Padre Camilo Daniel, fundador de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de Chihuahua (COSYDDHAC), y su secretario fueron amenazados de muerte en enero. El 15 de febrero, un grupo de hombres armados emboscaron a investigadores del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas" en la ciudad chiapaneca de Sabanilla e hirieron a José Montero en el brazo. También en Chiapas, los atacantes intentaron sin éxito incendiar las oficinas de la Coordinadora de Organismos No Gubernamentales por la Paz (CONPAZ).

En Venezuela, los miembros de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, en el estado de Amazonas, fueron víctimas de ataques por su trabajo en defensa de los indígenas del Amazonas. Tras críticas incendiarias contra la oficina por parte de políticos locales y miembros del gobierno regional, fueron dañados con ácido dos vehículos propiedad de la oficina.

En noviembre, Human Rights Watch/Americas reconoció la labor del Dr. Carlos Rodríguez Mejía, distinguido abogado de derechos humanos de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), con sede en Bogotá, en su celebración anual en honor de defensores de derechos humanos de todo el mundo. El Dr. Rodríguez es un miembro fundador de la CCJ, una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas de Colombia. Gracias en gran parte a los esfuerzos de la CCJ, la ONU aceptó instalar un oficina especial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bogotá con el fin de fiscalizar en el terreno la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia.

El papel de la comunidad internacional

La Organización de las Naciones Unidas

La presencia de la misión de derechos humanos de las Naciones Unidas en Guatemala, conocida como MINUGUA, siguió contribuyendo a reducir los niveles de violaciones de los derechos humanos con motivación política. No obstante, el prestigio de la misión se vio mermado al retrasar la publicación de su investigación sobre la desaparición forzada de un guerrillero capturado por el ejército en octubre de 1996. En todo caso, cabe reconocer que MINUGUA siguió presionando para que se avanzara en el caso a pesar de las tácticas obstruccionistas del gobierno.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos abrió una oficina en Colombia, una iniciativa largamente esperada que prometía la reducción de abusos. En abril, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reunido en Nueva York lamentó que se siguieran produciendo graves y masivas violaciones de los derechos humanos en Colombia. El Comité expresó su profunda preocupación por las pruebas que indicaban que los grupos paramilitares recibían el apoyo de miembros de las fuerzas militares y que la impunidad seguía siendo un fenómeno generalizado. La tortura en México también fue sometida al bien merecido escrutinio de las Naciones Unidas. En sus conclusiones de abril, el Comité Contra la Tortura alabó las reformas legales pero criticó con firmeza la práctica generalizada de la tortura en el país. En agosto, Nigel Rodley, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, visitó México para documentar la naturaleza y alcance de dichas violaciones.

Estados Unidos

El informe anual por países sobre prácticas en materia de derechos humanos (Country Reports on Human Rights Practices) de la Administración Clinton aportó una descripción exacta y detallada de los problemas y prácticas de derechos humanos en la región. Además, en 1997, la administración a diferencia de las prácticas del pasado emprendió iniciativas para dar mayor prioridad en su agenda regional a los temas de derechos humanos, y en algunas ocasiones formuló declaraciones públicas en países donde previamente se había mantenido en silencio. En Colombia, por ejemplo, la Embajada de los Estados Unidos expresó públicamente su preocupación por los ataques verbales de las autoridades militares contra los fiscales que habían relacionado al General Farouk Yanine con la masacre de Puerto Araujo; esa fue la primera vez que la embajada se manifestó públicamente sobre un caso de derechos humanos. Y a pesar de las fuertes presiones de miembros del Congreso ansiosos por financiar las campañas antidroga colombianas sin tener en cuenta las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares, la Administración Clinton retrasó su ayuda militar hasta agosto, cuando las Fuerzas Armadas colombianas aceptaron las condiciones en materia de derechos humanos. Cuando se escribió este informe, todavía no estaba claro cómo se aplicarían dichas condiciones y en qué medida Estados Unidos, al tomar decisiones sobre la ayuda, confiaría exclusivamente en la evaluación realizada por el Ministerio de Defensa de Colombia del récord en materia de derechos humanos de sus propias tropas.

En Perú, funcionarios estadounidenses hicieron declaraciones contundentes sobre la destitución de tres miembros del Tribunal Constitucional y la revocación de la ciudadanía de Ivcher. Mientras tanto, la presión individual por parte de funcionarios de la administración contribuyó de manera importante a que el gobierno panameño diera marcha atrás en su plan por deportar al reconocido periodista Gustavo Gorriti. En concreto, aparentemente la presión ejercida por la Primera Dama, Hillary Clinton, durante su visita a Panamá en octubre, tuvo un impacto importante. En México, la Secretaria de Estado, Madeleine Albright, se reunió con organizaciones de derechos humanos nacionales, lo que constituyó un acto simbólico dada la hostilidad de las autoridades mexicanas frente a estas organizaciones.

Los intentos de hacer pública la participación estadounidense en violaciones de los derechos humanos en el pasado avanzaron lentamente, mientras la Agencia Central de Inteligencia (CIA) finalizaba, pero no publicaba, un estudio interno sobre sus relaciones con los escuadrones de la muerte del ejército hondureño. Los documentos de la CIA desclasificados en agosto confirmaban que la agencia tenía conocimiento de los interrogatorios y las torturas de civiles por parte de dicha unidad en los ochentas, y que los agentes estadounidenses visitaron al menos una vez a uno de los presos clandestinos. Los documentos desclasificados en 1997 sobre la participación de Estados Unidos en el golpe de estado de 1954 que derrocó al gobierno electo de Jacobo Arbenz en Guatemala aportaron una visión escalofriante de los métodos utilizados y fomentados por la agencia, entre ellos asesinatos políticos planificados y masacres.

Mientras tanto, la Administración Clinton intervino para impedir la deportación de Emmanuel "Toto" Constant, quien tiene orden de detención en Haití por violaciones graves y masivas de los derechos humanos cometidas por un grupo paramilitar que él dirigió durante la dictadura militar. Constant recibió pagos de la CIA mientras dirigió el Frente para el Avance y Progreso de Haití (Front pour l'Avancement et Progrès d'Haïti, FRAPH). Además, la Embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe se negó a devolver al gobierno haitiano las aproximadamente 160.000 páginas de documentos y otros materiales requisados del FRAPH y la comandancia general del ejército haitiano en 1994, documentos que podrían ayudar en los esfuerzos de los fiscales para sancionar a los violadores de los derechos humanos.

En octubre, mientras las discusiones sobre el libre comercio dominaron su viaje por capitales latinoamericanas, el Presidente Clinton hizo importantes declaraciones en defensa de la libertad de expresión en Argentina, donde los ataques a periodistas aumentaron en 1997 con la aparente tolerancia del gobierno. En mayo, durante el viaje presidencial a México y Centroamérica, Clinton no mencionó los derechos humanos.

La Unión Europea

En diciembre de 1996, el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptó una nueva política más firme en relación a Cuba y condicionó la cooperación económica a las mejoras en materia de derechos humanos. Lamentablemente, los inversores europeos en Cuba, así como los canadienses y de otros países, no adoptaron estrategias eficaces para garantizar el respeto a los derechos del trabajador en sus empresas dentro de la isla, donde los proyectos dominados por el gobierno denegaron los derechos fundamentales a la libertad sindical y de expresión.

Un intento por parte de México de negociar un acuerdo de cooperación comercial y política con la Unión Europea, sin incluir la clausula de derechos humanos europea, no logró su objetivo. En julio, el Gobierno de Zedillo aceptó la inserción de la totalidad de la clausula de derechos humanos.

En julio, el Parlamento Europeo emitió una resolución firme por la que instaba al Gobierno de Fujimori a restituir en sus cargos a los magistrados del Tribunal Supremo que habían sido destituidos por el Congreso, a garantizar la libertad de expresión y a abolir la práctica de la tortura.

Algunas embajadas y diplomáticos europeos desempeñaron papeles importantes en el intento de disminuir la violencia política y el sufrimiento provocado por la misma. En abril, el Embajador de Holanda, Gysbert Bos, realizó una visita de tres días a la región del Magdalena Medio, en parte para llamar la atención sobre un incremento de la actividad paramilitar y el desplazamiento. La Unión Europea siguió presionando para que Colombia mejorara su situación en materia de derechos humanos y, en septiembre, anunció su apoyo total a un acuerdo de paz negociado.

El Trabajo de Human Rights Watch

En 1997, publicamos informes extensos en inglés y castellano sobre violencia rural en México, condiciones penitenciarias en Venezuela y violaciones de los derechos del niño en Guatemala. Nuestro informe sobre brutalidad policial en Brasil se publicó en inglés y portugués. Tras publicar cada uno de los informes en las respectivas capitales nacionales, Human Rights Watch/Americas celebró discusiones de una semana de duración sobre nuestras conclusiones y recomendaciones con altas autoridades de gobierno, embajadores europeos y estadounidenses, organizaciones de derechos humanos y prensa. Como parte de estos y otros viajes de promoción de derechos humanos a nivel nacional, el Director Ejecutivo de Human Rights Watch/Americas se reunió en 1997 con los Presidentes de Brasil, Colombia y Venezuela con el fin de instarles a prestar atención a los problemas de derechos humanos en sus respectivos países.

Nuestro trabajo de años respecto de importantes materias de derechos humanos, junto a otras organizaciones de derechos humanos, arrojaron resultados en 1997: en Perú, el gobierno suspendió la utilización de tribunales sin rostro para juzgar a presuntos terroristas; en Brasil, se aprobó legislación que codifica la tortura, y en Colombia, se introdujo legislación en el Congreso estableciendo que los casos de derechos humanos se juzgarían en los tribunales comunes, y no en los tribunales militares.

Algunos casos que habíamos litigado, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y organizaciones nacionales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también dieron sus frutos: la Corte concluyó que el Gobierno del Perú había violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos al detener, torturar, violar y procesar ante los tribuales sin rostro militares y las cortes civiles a María Elena Loayza Tamayo, y ordenó su puesta en libertad, una orden que el gobierno cumplió poco después; y la Comisión medió exitosamente en una solución amistosa en el caso de la ejecución extrajudicial de un activista de los derechos humanos y las lesiones a un segundo en Colotenango, Guatemala, en 1993. Según la solución amistosa, el gobierno está obligado a enjuiciar y sancionar a los responsables, y ofrecer indemnizaciones a la comunidad por los numerosos abusos sufridos por las patrullas civiles patrocinadas por el ejército guatemalteco. También en Perú, el gobierno puso en libertad a Luis Cantoral Benavides, cuyo caso habíamos llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra representación legal del escritor Francisco Martorell ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también logró su objetivo en junio, cuando la Comisión publicó sus conclusiones sobre el caso, en las que afirmaba que Chile había violado su derecho a la libertad de expresión al prohibirle la circulación de su libro.

En julio de 1997, la Oficina Administrativa Nacional de los Estados Unidos (OAN), el organismo encargado de conocer los casos de presuntas violaciones por parte de Canadá o México del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), conocido en general como acuerdo sobre los derechos del trabajador adjunto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), aceptó a trámite una demanda presentada por Human Rights Watch y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, en la que se acusaba al gobierno mexicano de no respetar su legislación laboral ni establecer mecanismos eficaces para resolver los conflictos laborales. La OAN de Estados Unidos tenía previsto publicar sus conclusiones en noviembre de 1997.

En junio, una campaña que organizamos con la participación de prensa, gobiernos nacionales y organizaciones de derechos humanos de varios países logró impedir la elección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de un candidato propuesto por Guatemala. El historial de alianzas políticas con dictadores militares del candidato lo hacía inadecuado para el puesto. También protestamos las violaciones de la libertad de expresión en todo el continente y presionamos a la Administración Clinton para que tratara el tema durante el viaje presidencial de octubre a América Latina. REGRESAR AL PRINCIPIO

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