(New York: Human Rights Watch, 1997)

BRASIL

La situación de los derechos humanos

En 1997, varios incidentes ampliamente publicitados de brutalidad y corrupción policial, fueron los principales acontecimientos registrados en materia de derechos humanos en Brasil. A pesar de las alentadoras iniciativas de buena fe promovidas por parte de muchas autoridades, incluyendo del Gobierno Federal, las violaciones de los derechos humanos siguieron siendo graves y variadas.

El 31 de marzo, el noticiero de televisión brasileño de gran audiencia Jornal Nacional mostró un video filmado por un aficionado en el que aparecían policías militares extorsionando, golpeando, torturando y humillando a personas detenidas al azar en un control de carretera en Diadema, un suburbio de carácter popular de Sâo Paulo. En una de las escenas, la policía asesinaba a tiros sin provocación alguna al pasajero de un vehículo tras detenerle al azar. Las impactantes imágenes, que fueron filmadas al menos en dos ocasiones diferentes, conmocionaron a todo Brasil y al mundo. Los videos confirmaron lo que las organizaciones de derechos humanos habían denunciado: la brutalidad frecuente y falta de profesionalidad de la policía militar de Sâo Paulo. Las consiguientes investigaciones periodísticas revelaron que se habían presentado decenas de denuncias sobre este tipo de brutalidad y corrupción ante las autoridades policiales en Diadema durante los meses previos al incidente televisado en marzo, sin ningún resultado.

Una semana más tarde, el 7 de abril, el mismo noticiero nacional televisó otro video filmado por un aficionado, que en este caso mostraba la extorsión, palizas graves y humillaciones practicadas por la policía militar de Rio de Janeiro en Cidade de Deus, una comunidad pobre de la periferia de la ciudad. El video de Cidade de Deus hizo que el debate se concentrara en la dimensión nacional del problema, así como en los programas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Río que promocionaban y pagaban premios a los agentes involucrados en actos valerosos. En los días que siguieron a la emisión del video, aparecieron informes que demostraban que tres de los seis policías implicados estaban recibiendo premios económicos mensuales al valor. En medio de este debate, Human Rights Watch señaló, en un informe detallado publicado en la misma época, que en la práctica los premios al "valor" se concedían a agentes de policía que habían asesinado a sospechosos, sin tener en cuenta las circunstancias. La investigación de Human Rights Watch demostraba que en un periodo de un año, de mayo de 1995 a abril de 1996, al menos 179 agentes de policía fueron ascendidos en Rio de Janeiro por su participación en incidentes en los que murieron 72 civiles y seis policías. Los informes forenses de las víctimas demostraban que, en algunos casos, habían sido asesinados en ejecuciones sumarias, no en tiroteos, como afirmaban los informes que autorizaban los premios al valor.

Durante 1997, las autoridades de Rio de Janeiro siguieron ascendiendo y pagando premios a policías involucrados en actos valerosos. En abril, el Colegio de Abogados de Rio de Janeiro, citando el informe de Human Rights Watch, presentó, sin éxito, un recurso de inconstitucionalidad contra los premios al valor ante la corte estatal. Tras la información contenida en los diarios de Rio en septiembre señalando que 14 oficiales de alto rango de la policía militar acusados de participar en una red de juego ilegal habían recibido subidas salariales y ascensos en premio a su valor, el Representante Estatal Carlos Minc presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa del Estado de Rio que pretendía limitar los premios y el ascenso a los policías que no estuvieran acusados de delitos graves. En octubre, el Instituto Superior de Estudios Religiosos (Instituto Superior de Estudos Relgiosos, ISER), una importante organización no gubernamental (ONG), publicó un informe en el que demostraba que la policía de Rio había asesinado al menos 942 civiles entre el 1º de enero de 1993 y el 31 de julio de 1996. El estudio del ISER incluía un análisis de los informes forenses demostrando que al menos 40 de esos 942 civiles habían sido disparados a quemarropa. Las cifras relativas a la incidencia elevada de heridas de bala en la cabeza y el pecho de las víctimas, y el porcentaje de disparos realizados por la espalda sugerían que el número de ejecuciones sumarias pudo haber sido considerablemente mayor. El estudio también demostraba que la proporción de personas asesinadas por la policía en la ciudad de Rio había aumentado de 16 al mes, antes de mayo de 1995, cuando el General Nilton Cerqueira asumió el puesto de secretario de seguridad pública, a 32 al mes. En este mismo periodo, el número de personas asesinadas fue 3,4 veces superior al número de heridos por parte de la policía de Rio.

A pesar de que la atención se concentró en la policía militar de Sâo Paulo debido al incidente de Diadema, las cifras oficiales demostraron que los asesinatos de civiles por parte de la policía militar del estado siguieron disminuyendo en 1997. Durante los primeros ocho meses de 1997, la policía militar del área metropolitana de Sâo Paulo asesinó a 86 civiles durante el servicio y a 51 estando fuera de servicio. Durante los mismos ocho meses, la policía militar sufrió ocho bajas durante el servicio y 24 murieron estando fuera de servicio. En 1996, el número de civiles asesinados por parte de la policía militar de Sâo Paulo, tanto durante el servicio como fuera de servicio, había disminuido a 183, la cifra anual más baja de la última década. Durante ese mismo periodo, fueron asesinados 27 policías (21 de ellos estando fuera de servicio). Por contraste, cuatro años antes en 1992, la policía militar asesinó a 1.190 civiles y sufrió 55 bajas en Sâo Paulo. La opinión generalizada era que estas reducciones de la violencia estaban relacionadas con la creación y el funcionamiento constante de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía, así como del Programa de Seguimiento de Policías Involucrados en Sucesos de Alto Riesgo (Programa de Acompanhamento de Policiais Envolvidos em Ocorrências de Alto Risco - PROAR) que exigía el retiro del servicio en la calle, al menos temporalmente, de los agentes de policía que participaron en tiroteos mortales con víctimas. En diciembre de 1995, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública había ampliado el PROAR para que incluyera a agentes de policía implicados en asesinatos estando fuera de servicio.

No obstante, durante 1997, la policía de Sâo Paulo violó los derechos humanos fundamentales. El 20 de mayo, la policía militar tomó el complejo de viviendas de la Fazenda da Juta, que llevaba varios meses ocupado ilegalmente. Cuando los ocupantes ilegales se resistieron a ser desalojados, lanzando piedras y palos, la policía, que no estaba especialmente capacitada para ese tipo de operaciones y carecía del equipo adecuado como escudos y cascos, disparó contra los ocupantes y mató a tres de ellos. Una de las víctimas falleció por un disparo que entró en la parte posterior de su cabeza, lo que sugería una ejecución sumaria. Otro ocupante ilegal murió por disparos en el pecho, que un agente de policía afirmó haber realizado en defensa propia cuando le tiraron al suelo. Sin embargo, el informe del forense, indicaba que la víctima había sido disparada dos veces en el pecho con la misma trayectoria de bala, lo que ponía en entredicho la versión de los hechos del agente de policía.

En septiembre, la participación de dos agentes de la policía militar de Sâo Paulo en el secuestro y asesinato de un niño de ocho años provocó que el Secretario Estatal de Seguridad pública destituyera al comandante de la Policía Militar Estatal. Durante la misma semana, en Brasília, agentes de la policía militar organizaron el secuestro de la hija menor de un congresista federal, que fue liberada tras una operación de rescate. Estos dos incidentes desencadenaron de nuevo un intenso debate sobre el asunto de la violencia y corrupción policiales.

En abril y mayo, poco después de la aparición en televisión de las imágenes de Diadema y Cidade de Deus, una investigación especial parlamentaria en el estado de Minas Gerais reunió pruebas de la práctica generalizada de la tortura en dependencias policiales en Belo Horizonte. Miembros de la comisión estatal parlamentaria de investigación se presentaron con una cámara de video en uno de los centros policiales notorios y filmaron un cuarto que los detenidos habían descrito como el lugar de la tortura. El video confirmaba las declaraciones ante la comisión parlamentaria tanto en términos de ubicación de los lugares de tortura como de las características de los mismos: en la habitación había remaches para colgar una pértiga de tortura, una barra de la cual son colgados los detenidos durante la tortura, un grifo de agua y dos cables eléctricos, aparentemente para torturarles con electrochoques. A pesar de éstas y otras pruebas, el Gobernador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, negó que la policía del estado practicara la tortura y no quiso ordenar una investigación completa.

Dos meses más tarde, la policía militar de Minas Gerais organizó una huelga masiva. La policía, que reclamaba salarios más altos --los policías militares de Minas Gerais recibían un salario inicial de unos 400 dólares al mes-- , convocó una huelga en junio que paralizó el estado durante dos semanas. A finales de mes, el gobierno cedió a las demandas de los agentes de policía en huelga y autorizó una subida del 50 por ciento del salario base. El conflicto de Minas Gerais desencadenó protestas o reclamaciones salariales similares en más de una docena de estados brasileños en julio y agosto.

Ante esta inestabilidad policial y la atención cada vez mayor que la población y los medios de comunicación prestaban al problema grave de la corrupción y violencia policiales, un grupo de trabajo nacional encabezado por el recién nombrado Secretario Nacional de Derechos Humanos, José Gregori, estudió los cambios necesarios para la mejora de la seguridad pública en todo Brasil. En septiembre, como resultado del trabajo de este grupo, el Presidente Fernando Henrique Cardoso propuso una serie de reformas legislativas y constitucionales que afectaban a la estructura policial, como una enmienda para eliminar por completo los tribunales militares, para autorizar a los estados a unificar las policías militar y civil si así lo decidían, y para proteger a los testigos de sucesos de abuso policial. Si se aplican, estas medidas podrían reducir considerablemente la incidencia de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Sin embargo, no estaba claro si el Congreso de Brasil, cuya conducta relativa a la aprobación de medidas en materia de derechos humanos siguió siendo deficiente en 1997, daría prioridad a estas reformas. Cuando se escribió este informe, los proyectos de ley seguían estando pendientes ante el Congreso. También pendientes estaban decenas de proyectos importantes incluidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos, publicado en 13 de mayo de 1996. Desde esa fecha, el Congreso de Brasil sólo ha podido aprobar un puñado de medidas. A parte de una ley que criminalizaba la tortura aprobada después del incidente de Diadema, la única reforma de la seguridad pública aprobada por el Congreso desde la publicación del Plan fue la Ley 9.437, que criminalizaba la posesión ilegal de armas y entró en vigor el 20 de febrero.

En 1997, las condiciones penitenciarias en todo Brasil siguieron violando las normas internacionales. Las principales violaciones estuvieron relacionadas con la violencia oficial contra los detenidos o la complicidad de las autoridades en la violencia entre presos; el hacinamiento; las condiciones insanitarias y la falta de acceso a actividades recreativas, educativas y a otros beneficios. Las condiciones precarias se vieron exacerbadas en los centros de detención de las dependencias policiales, donde se detenía a personas durante meses e incluso años. En Sâo Paulo, cerca de 30.000 personas estaban detenidas en dependencias policiales que, según las estimaciones más optimistas, tenían una capacidad para menos de 16.000 detenidos. El diario de Sâo Paulo Folha de S. Paulo informó de 80 motines de detenidos en dependencias policiales y once en prisiones del estado durante los primeros seis meses de 1997, lo que suponía un aumento en relación a los 71 motines en dependencias y ocho en prisiones durante todo el año 1996. A principios de octubre, el número de rebeliones en las prisiones había aumentado a 15. En septiembre, las autoridades de Sâo Paulo anunciaron la firma de contratos para la construcción de siete prisiones con una capacidad total para 5.544 detenidos. Si se finaliza la construcción a finales de 1998, junto a la de otras catorce prisiones previstas, estos centros de detención ofrecerían espacio para 17.520 presos adicionales.

Cabe reconocer que las autoridades de Sâo Paulo hicieron un uso escaso de la fuerza mortal para controlar los motines en las prisiones y en las dependencias policiales. Sin embargo, no siempre fue así en el resto de Brasil en 1997. El 29 de julio, la policía militar entró en la prisión de Róger en Joâo Pessoa, Paraíba, para poner fin a una protesta de los presos durante la que un grupo de reclusos había tomado como rehenes al director, tres guardias y dos presos. Los exámenes médicos posteriores demostraron que siete de los ocho presos asesinados habían sido víctimas de graves palizas, posibles torturas y ejecuciones sumarias, una conclusión que aceptó el propio gobernador. Dos meses más tarde, la policía militar respondió a otra protesta en la misma prisión asesinando a un detenido. Las investigaciones de la comisión municipal de derechos humanos de Joâo Pessoa demostraron que los presos iban armados con palos y que la reacción de la policía había sido, como mínimo, desproporcionada. En octubre, otros dos presos fueron asesinados durante un intento de fuga.

El problema del hacinamiento en las prisiones y las dependencias policiales se agravó en 1997 con la existencia de presos detenidos en estos centros durante periodos que excedían las condenas impuestas. En septiembre, comisiones ad hoc de investigación, compuestas por miembros del Colegio de Abogados del Estado, la Fiscalía General del Estado y representantes de la Asamblea Legislativa del Estado, documentaron las irregularidades observadas durante visitas de sorpresa en el estado de Sâo Paulo. Por ejemplo, las comisiones ad hoc encontraron a varios presos que llevaban detenidos más tiempo del establecido por sus sentencias, a muchos presos con derecho a libertad condicional o reducción de condena o régimen penitenciario abierto, así como a un detenido que llevaba más de dos años en un centro en base a una disposición que permite renovar periodos de detención de 30 días.

En 1997, los conflictos rurales siguieron ocupando las primeras páginas de los periódicos, mientras el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, SMT) intensificaba sus esfuerzos para forzar al gobierno a tomar medidas para la reforma agraria. En varias ocasiones en 1997, las ocupaciones de tierras por parte del MST y otras organizaciones de los "sin tierra" resultaron en conflictos armados. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (Comissâo Pastoral da Terra, CPT), hasta mediados de octubre de 1997, 25 civiles habían sido asesinados en estos conflictos de tierras. Mientras que en 1996 la policía militar fue la responsable de la mayoría de las muertes en conflictos de tierras (entre las víctimas se encuentran 19 ocupantes ilegales que murieron en un sólo incidente ocurrido en El Dorado do Carajás el 17 de abril de 1996), en 1997, según la CPT, la mayoría de las víctimas de conflictos de tierras fueron asesinadas por pistoleros a sueldo.

Las cifras de 1996 y las cifras parciales de 1997 demostraban un aumento tanto del número de conflictos de tierras como de la violencia ejercida para resolverlos. En 1996, 46 personas fueron asesinadas en conflictos de tierras, lo que supuso un aumento en relación a las 39 muertes registradas en 1995. La CPT también registró un incremento considerable del número de conflictos en 1996 (653) en relación a 1995 (440), así como del número de personas involucradas, que pasó de 318.458 en 1995 a 481.490 en 1997. Aunque no había cifras disponibles para 1997, la CPT informó que durante el año se mantuvo la tendencia al alza de los conflictos de tierras y de las resoluciones cada vez más violentas de los mismos.

Entre el 27 y el 29 de junio, en Imperatriz, estado de Maranhâo, se produjo un acontecimiento positivo dentro de la campaña contra la violencia rural y la impunidad, con la celebración del juicio con jurado y condena de tres terratenientes que habían ordenado en 1986 el asesinato planeado del Padre Josimo Teodoro da Silva, director regional de la Comisión Pastoral de la Tierra. Los terratenientes Guiomar Teodoro da Silva, Adailson Gomes Vieira y Geraldo Paulo Vieira, que habían sido detenidos en 1994 y llevaban en prisión preventiva desde entonces, fueron condenados a 14, 18 y 19 años de cárcel, respectivamente. La condena de los autores intelectuales del crimen en este caso era una excepción: según la CPT, sólo se habían juzgado 56 casos de los 976 casos de asesinato relacionados con conflictos de tierras y 891 casos de homicidio frustrado registrados desde 1985 hasta principios de 1997.. Sólo se ordenó el procesamiento de los autores intelectuales en 14 de los juicios y sólo siete casos resultaron en condenas.

El 10 de junio se produjo un ejemplo de la utilización desafortunada del sistema judicial criminal contra los activistas de la reforma agraria, cuando un juzgado de Pedro Canário, en el estado oriental de Espírito Santo, condenó al líder de los sin tierra, José Rainha, por los asesinatos de 1989 del terrateniente José Machado Neto y el agente de la policía militar Sérgio Narciso. A pesar de las pruebas contundentes que indicaban que José Rainha estaba a cientos de kilómetros de la escena de los asesinatos, el jurado le declaró culpable y el juez que presidía la sala le sentenció a 26 años y medio de prisión, basándose en que había organizado la ocupación de las tierras y ayudado a la salida de los campesinos tras el asesinato. Entre los testigos que exculparon a Rainha se encontraba un coronel de la policía militar de Ceará, el ex secretario de agricultura de Ceará (ahora congresista federal) y otros funcionarios electos de Ceará; todos ellos declararon que Rainha estaba en Ceará y no en Espírito Santo durante el conflicto sobre las tierras. El juicio se vio empañado por otras irregularidades, como la presencia en el jurado de varias personas vinculadas a una de las víctimas. Cuando se escribió este informe, no se había establecido una fecha para la celebración del segundo juicio, al que Rainha tiene derecho según las leyes brasileñas.

El trabajo forzado, la práctica por la cual los trabajadores son reclutados con falsas promesas de salarios altos para luego retenerlos contra su voluntad en campos de trabajo, siguió produciéndose en 1997, aunque las cifras fueron consideradas inferiores a las de años anteriores. Las cifras de la CPT para el año 1996 mostraban una disminución considerable del número de víctimas del trabajo forzado en comparación con 1995. Mientras que el número de casos de trabajo forzado disminuyeron sólo de 21 a 19, el número de víctimas cayó en picado de 26.047 a 2.487. Se consideró en general que esta dramática disminución era el resultado de los programas conjuntos de la sociedad civil, especialmente de la CPT y los sindicatos rurales, y del Ministerio de Trabajo del gobierno federal, sobre todo en el estado de Mato Grosso do Sul. En este estado, en el que miles de trabajadores habían estado cautivos en las minas de carbón en años anteriores, las iniciativas destinadas a eliminar el trabajo forzado dieron sus frutos. En Minas Gerais, el trabajo de una comisión parlamentaria de investigación contribuyó a la reducción del número de víctimas del trabajo forzado de 10.040 en 1995 a 790 en 1996.

En septiembre, las autoridades federales anunciaron sus planes de expropiar las tierras en las que se producía el trabajo forzado. El ministro de asuntos de la tierra anunció que las tierras quedarían en manos de los trabajadores que debido a su deudas se hubieran visto obligados a convertirse en esclavos en la finca Flor da Mata en Sâo Félix do Xingu, al sur del estado de Pará en la región amazónica, y que el gobierno aplicaría esta nueva política en otras áreas en las que se practicaba el trabajo forzado. Sin embargo, los expertos legales alegaron que dicha expropiación excedía la autoridad del gobierno federal y que exigía el decreto de leyes que autorizaran concretamente dichas expropiaciones. Cuando se escribió este informe, estaban pendientes ante el Congreso las leyes que otorgarían al gobierno federal la facultad de expropiar tierras utilizadas para operaciones de trabajo forzado.

Tras las condenas en abril y noviembre de 1996 en los primeros dos juicios de agentes de la policía militar que habían participado en los asesinatos en julio de 1993 de ocho niños y adolescentes que dormían en la plaza Candelária en el centro de Rio, el procesamiento se vio seriamente frustrado a finales de 1996 y principios de 1997. En primer lugar, en diciembre de 1996, dos agentes de policía y un civil fueron absueltos después de que la fiscalía no decidió presentar cargos contra ellos a pesar de la existencia de pruebas contundentes, como declaraciones de testigos que afirmaban que dos de los hombres estuvieron involucrados en el crimen. Después, en abril de 1997, el ex agente de policía Nelson Cunha, que había sido condenado en noviembre de 1996 y sentenciado a 261 años de prisión, fue absuelto de todos los cargos de homicidio por un segundo jurado. El jurado tomó esta decisión a pesar de que Cunha había confesado que estuvo en el vehículo con los asesinos, y que él personalmente había disparado y herido en la cabeza al sobreviviente y testigo principal, Wagner dos Santos. Cunha, quien admitió haber apuntado con el arma a la cabeza del joven, alegó que el arma se disparó por accidente cuando el vehículo se puso en marcha. Cunha siguió cumpliendo una sentencia a parte de 18 años por homicidio frustrado basada en su condena inicial.

La impunidad siguió siendo la norma en otras masacres de alta perfil. Más de dos años después de la masacre de 1992 de la prisión Carandiru, en la que murieron 111 presos, no se había enjuiciado a ningún responsable, aunque el caso había sido trasladado de los tribunales militares a las cortes civiles. El procesamiento de los policías responsables de la masacre de agosto de 1993 de 21 residentes de la favela Vigário Geral, en Rio de Janeiro, avanzó lentamente en 1997. En abril, un jurado en Rio condenó al ex agente de la policía militar Paulo Alvarenga, el primero de los más de cincuenta inculpados esperando juicio, a más de 400 años de prisión, de los que tendría que cumplir 30.

En la madrugada del 20 de abril de 1997, cuatro jóvenes y un adolescente rociaron con gasolina al indígena Pataxó Galdino Jesus dos Santos, que dormía en un banco en Brasília, y le prendieron fuego, produciéndole quemaduras graves que le provocaron la muerte en un hospital local unas horas más tarde. Dos Santos estaba asistiendo a una conferencia sobre derechos indígenas en conmemoración del Día Nacional Indígena. Volvió al albergue donde estaba hospedado poco después de que cerrara sus puertas y se vio obligado a dormir en la calle. Las investigaciones posteriores establecieron que los muchachos habían visto a dos Santos dormido, y que se dirigieron a una gasolinera y después regresaron para prenderle fuego. A pesar de éstas y otras pruebas, la Juez Sandra De Santis Mello redujo los cargos de asesinato a asalto y lesiones con resultado de muerte, y aceptó las alegaciones de los inculpados de no tener ninguna intención de matar o herir de gravedad a dos Santos. Tanto el incidente inicial como la decisión judicial consiguiente desencadenaron protestas y demandas para que se aumentaran las iniciativas del gobierno para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Cuando se escribió este informe, el proceso judicial de este caso seguía abierto.

La cooperación cada vez mayor entre las autoridades gubernamentales y la sociedad civil en la materia de derechos humanos fue una tendencia alentadora en 1997. En el estado nororiental de Pernambuco, el gobierno estatal siguió financiando un programa de protección de testigos dirigido por una ONG. En 1997, el Ministerio de Justicia emprendió iniciativas junto con las autoridades de los gobiernos locales para replicar este programa en otros cinco estados. En junio, el gobierno federal creó la Secretaría Nacional para los Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia, que trabajó estrechamente con las ONG para desarrollar programas conjuntos y presionar para la aplicación de las medidas incluidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos. En Sâo Paulo, la Oficina de Derechos Humanos de la Policía siguió supervisando con firmeza los abusos policiales, lo que contribuyó a considerables reducciones de la violencia policial contra civiles. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de los Diputados siguió denunciando violaciones de los derechos humanos en todo Brasil, celebrando numerosas audiencias en varios lugares para exponer los abusos locales y ofrecer un foro de debate a los activistas locales, y también presionó a la Cámara y al Senado para que se aprobaran las leyes que hacían mucha falta en materia de derechos humanos. En Rio Grande do Sul, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Estatal Legislativa publicó su tercer "Informe Azul" anual, el catálogo más exhaustivo de violaciones de los derechos humanos en el estado. En todo el país, las asambleas estatales legislativas crearon comisiones de derechos humanos o fortalecieron las ya existentes; este fenómeno se reprodujo a nivel municipal. Con estas medidas, los agentes del gobierno reforzaron su relación con los miembros de las organizaciones no gubernamentales al asumir la responsabilidad importante de supervisar los derechos del ciudadano.

El Gobierno de Brasil participó en las negociaciones de Oslo para la elaboración de un tratado sobre minas explosivas. El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su intención de acudir a la conferencia de diciembre en Ottawa y firmar el tratado en esa ocasión. En marzo, Brasil emprendió una primera iniciativa hacia el reconocimiento de la ilegitimidad de la ocupación del Tímor Oriental, al enviar la primera delegación oficial desde la invasión de Indonesia en 1975 a la ex colonia portuguesa. En septiembre, Brasil recibió la visita del Premio Nobel José Ramos Horta. Durante su anterior visita a Brasil en noviembre de 1996, Ramos Horta fue recibido por el Presidente Cardoso.

La defensa de los derechos humanos

El Gobierno de Brasil no planteó obstáculos oficiales a la observación de los derechos humanos y Brasil siguió manteniendo una sociedad civil activa con organizaciones de derechos humanos, grupos religiosos, asociaciones cívicas y sindicatos. Además, en 1997 una serie de asambleas legislativas estatales y consejos municipales formaron comisiones de derechos humanos que desempeñaron un papel de supervisión cada vez más importante, junto a las comisiones gubernamentales ya existentes. En mayo, la asamblea legislativa del estado de Sâo Paulo estableció una Oficina de Derechos Humanos de la Policía, cuyo director había sido nombrado por decreto del gobernador en el pasado. En septiembre, la asamblea legislativa de Minas Gerais creó una oficina de derechos humanos inspirada en el modelo de Sâo Paulo.

Lamentablemente, esta tendencia no se reprodujo en todo el país. En muchas partes de Brasil, las autoridades siguieron oponiéndose a los observadores de derechos humanos. Activistas de derechos humanos en el estado nororiental de Rio Grande do Norte fueron sometidos a amenazas de muerte y demandas judiciales por sus valientes intentos de librar a la policía de los agentes violentos. Las amenazas de muerte fueron muy pocas veces objeto de investigaciones por parte de las autoridades pertinentes. A finales de 1996, empezó a circular en Rio Grande do Norte una lista con los nombres de diez activistas que promovían las investigaciones de policías corruptos y violentos. El primero en la lista, el abogado Nelson Nogueira, fue asesinado el 20 de octubre de 1996, y en mayo de 1997, a pesar de que existían considerables pruebas sobre la implicación de la policía en su asesinato, los fiscales federales cerraron la investigación del caso sin presentar ningún cargo.

Durante 1997, las autoridades de Rio de Janeiro respondieron a las críticas legítimas a la violencia policial con atacar a las fuentes. Esta agresividad se aplicó con Human Rights Watch tras la publicación de nuestro informe sobre brutalidad policial, así como con otros críticos locales y nacionales.

El papel de la comunidad internacional

La Unión Europea

En 1997, la Unión Europea financió a numerosas ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Brasil. Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) animaron a Brasil a que cumpliera las normas internacionales en materia de derechos humanos durante reuniones con funcionarios federales en Brasil y en viajes oficiales del gobierno a Europa. A finales del año, varios gobiernos manifestaron su interés en aportar instructores y financiación para un programa, dirigido por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de capacitación de la policía brasileña sobre métodos policiales que respeten los derechos humanos fundamentales. El programa de capacitación del CICR se sumará a los dos cursos que impartió en 1997 a representantes de la policía militar de cada uno de los 26 estados brasileños y el distrito federal. El Secretario Nacional de Derechos Humanos, José Gregori, buscó apoyo financiero de gobiernos de la UE para capacitación en derechos humanos de la policía durante varias visitas a Europa en 1997. Sin embargo, cuando se escribió este informe, no se había recibido la financiación para dichos programas.

Estados Unidos

En 1997, la asistencia directa estadounidense a Brasil fue relativamente pequeña. Para el año fiscal 1998, la administración solicitó 225.000 dólares para programas de capacitación dentro del Programa Internacional de Educación y Capacitación Militar (International Military Education and Training Program, IMET) y un millón de dólares para asistencia antidroga, así como 600.000 dólares destinados a las fuerzas policiales brasileñas. El Gobierno de los Estados Unidos ultimó sus planes para abrir una oficina del FBI en Brasil durante el año fiscal 1998 con el fin de combatir el narcotráfico, aunque, según la Embajada de los Estados Unidos, cuando se escribió este informe, no se había establecido un calendario fijo para las operaciones de esta oficina.

Durante 1997, el gobierno estadounidense patrocinó varias visitas a Estados Unidos de activistas de derechos humanos, jueces y fiscales a través de los programas de la administración de justicia y de los Servicios de Información de los Estados Unidos, así como visitas a Brasil de expertos en sentencias alternativas y la federalización de crímenes de derechos humanos, ambos temas estaban contenidos en el Programa Nacional de Derechos Humanos Brasileño. El capítulo sobre Brasil de los Informes por países sobre prácticas en materia de derechos humanos en 1996 reflejó con fidelidad los variados problemas de derechos humanos que enfrenta Brasil, así como los avances y retrocesos provocados por las políticas gubernamentales.

En octubre, el Presidente Clinton visitó Brasília, Sâo Paulo y Rio de Janeiro. En Brasília, Clinton se reunión con su homólogo Fernando Henrique Cardoso, así como con los presidentes de la Cámara de los Diputados y del Senado. Lamentablemente, el Presidente Clinton no mencionó públicamente el tema de los derechos humanos durante su viaje. PANORAMA GENERAL EN AMÉRICA LATINA REGRESAR AL PRINCIPIO

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