(New York: Human Rights Watch, 1997)

PERÚ

La situación de los derechos humanos

Durante 1997, una serie de ataques a la autonomía de los órganos establecidos para la protección de los derechos constitucionales, a la independencia de la magistratura y a la libertad de prensa dejaron cada vez más claro el estilo autoritario del gobierno del Presidente Alberto Fujimori. En mayo, la mayoría en el Congreso partidaria de Fujimori desbarató el recientemente nombrado Tribunal Constitucional, al destituir a tres de sus miembros, una acción que provocó la renuncia del presidente del Tribunal en protesta. La acción parlamentaria fue la respuesta a una decisión de la corte que cuestionaba el derecho constitucional de Fujimori a presentarse a las elecciones presidenciales por tercera vez consecutiva. El gobierno retiró arbitrariamente la nacionalidad peruana al empresario de los medios de comunicación de origen israelí, Baruch Ivcher, y expropió sus acciones en la cadena de televisión de su propiedad tras la emisión de una entrevista a una agente de inteligencia del ejército, que había sido detenida y torturada por sus superiores. Existía la sospecha generalizada que el tenebroso Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cuyo jefe de hecho Vladimiro Montesinos es un asesor cercano al presidente, había ordenado una serie de ataques violentos a periodistas y políticos destacados, así como la vigilancia e intervención telefónica generalizada de personalidades políticas, como ministros del gobierno y un ex candidato a la presidencia. Aparecieron pruebas que demostraban que el escuadrón de la muerte del ejército llamado Grupo Colina, cuyos miembros habían sido puestos en libertad gracias a la ley de amnistía aprobada en junio de 1995, seguían visitando habitualmente la Comandancia General del Ejército en Lima.

La policía antiterrorista peruana siguió practicando la tortura, y se atribuyeron abusos graves a soldados destacados en áreas de operación de grupos terroristas. Aunque se habían presentado varios proyectos de ley ante el Congreso desde marzo de 1996, no hubo ningún avance en la adopción de la legislación tan necesaria para prevenir y sancionar la tortura. Las condiciones en las prisiones especiales destinadas a los acusados o condenados por delitos terroristas siguieron violando las normas internacionales. Cientos de presos inocentes que habían caído presa de los llamados tribunales "sin rostro" antiterroristas, que violaban los derechos a la defensa y a un juicio justo, siguieron encarcelados. Al publicarse este informe, el Presidente Fujimori había concedido la libertad a 310 presos inocentes condenados o procesados por estos tribunales, después que la Comisión Ad Hoc establecida en 1996 para revisar dichos casos recomendara su indulto. Finalmente, a mediados de octubre, en respuesta a las críticas contundentes a los tribunales por parte de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, el gobierno no renovó su mandato; lo que supuso desde ese momento que los acusados de terrorismo serían procesados por jueces ordinarios civiles. Los acusados del delito más grave de traición a la patria seguirían siendo juzgados por tribunales militares, pero la identidad de los jueces ya no se mantendría en el anonimato.

Los grupos terroristas, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), siguieron violando el derecho internacional humanitario, aunque el número de los abusos por parte de ambas organizaciones disminuyó a la par del nivel de actividad armada. El 17 de diciembre de 1996, la toma de cientos de rehenes por parte del MRTA en la residencia del Embajador de Japón en Lima constituyó una violación flagrante de las prohibiciones a la toma de rehenes contempladas por los Convenios de Ginebra. Tras liberar a cientos de rehenes, el MRTA retuvo a 72 --entre ellos ministros del gobierno, jueces y diplomáticos-- durante más de cuatro meses, hasta que el ejército y la policía tomaron la residencia y los liberaron el 22 de abril de 1997.

Dos miembros de las fuerzas de seguridad y un juez de la Corte Suprema, Carlos Giusti Acuña, murieron durante el rescate. Los soldados y la policía mataron a los catorce terroristas que ocupaban el edificio. El gobierno se negó a investigar las circunstancias que rodearon las muertes de los terroristas, con el fin de determinar si habían sido el resultado de un uso legítimo de la fuerza o si fueron asesinados después de entregarse o ser capturados.

Durante el año, no se informó de ninguna otra acción importante del MRTA. Aparentemente, las acciones de Sendero Luminoso disminuyeron durante la crisis de los rehenes, pero la organización siguió en activo, especialmente en Lima y en zonas remotas de los departamentos de San Martín, Ucayali, Cusco, Ayacucho y Huánuco. No se produjo ningún cambio fundamental en sus tácticas, que siguieron violando principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Según las organizaciones de derechos humanos peruanas, entre enero y agosto, la organización cometió 87 asesinatos selectivos, con 69 víctimas civiles. El 15 de mayo, fecha del 17º aniversario del inició de su lucha armada, Sendero Luminoso hizo estallar un coche bomba en las inmediaciones de una comandancia de policía en el área de Ate Vitarte, en Lima, donde varias personas resultaron heridas.

A finales de octubre y por primera vez en muchos años, las organizaciones de derechos humanos peruanas no habían registrado ningún caso de ejecuciones extrajudiciales o "desapariciones" por parte de las fuerzas armadas o la policía. Sin embargo, las fuerzas de seguridad siguieron recurriendo a la tortura durante los interrogatorios de presuntos terroristas. Un mes antes de la conclusión de la crisis de los rehenes, la 31ª División del Ejército Peruano detuvo a más de 40 campesinos en Alto Yurinaki en aldeas remotas de la provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, considerado el lugar de procedencia de una columna del MRTA. Las detenciones se produjeron tras la aparición de imágenes en un noticiero televisivo, en las que aparecían jóvenes con distintivos del MRTA entrenando en un campamento en la selva de la región. En un comunicado del ejército se acusaba a los campesinos; cuyos nombres, fotografías y presuntos alias aparecieron en la prensa; de pertenecer a una columna del MRTA que había planeado un ataque a la Base Contrasubversiva del Ejército de Villa Rica con la colaboración de delincuentes que se habían infiltrado en la base. Del 24 de febrero al 12 de marzo, los presuntos infiltrados, que habían sido previamente detenidos y torturados, acompañaron a los soldados por la región para identificar a residentes, que fueron detenidos, torturados y obligados a delatar a otros.

Durante la operación de Alto Yurinaki, el joven de 17 años Emerson Wistrecher Cánepa fue detenido a las 4:00 p.m. del 9 de marzo. Fue golpeado, colgado por los pies, pateado en el estómago y sumergido boca abajo en un tanque lleno de agua mezclada con detergente. La tortura se prolongó durante varios días, mientras los soldados le obligaban a acompañarles en busca de un presunto buzón de armas. Según residentes locales, el armamento presuntamente hallado había sido enterrado previamente en un hoyo en la tierra por el ejército. El 21 de marzo, Wistrecher fue entrevistado por el Canal 15 de televisión tras su puesta en libertad. Durante la entrevista se observaron las horribles heridas en sus muñecas producidas por los cables eléctricos con los que le habían atado. También se mostraba el cuarto trasero de una pequeña tienda de comestibles donde los soldados habían torturado a Wistrecher; en la habitación había una batería de automóvil utilizada para los electrochoques y un recipiente que todavía contenía agua con detergente. La policía antiterrorista puso en libertad a la mayoría de los detenidos al carecer de pruebas contra ellos, a pesar de que el ejército había anunciado con anterioridad su presunta culpabilidad. En una entrevista televisada el 30 de marzo, el Presidente Fujimori prometió investigar las denuncias de tortura, pero hasta donde sabemos, el Ministerio de Defensa no realizó ninguna investigación y los responsables de la tortura tampoco fueron detenidos o inculpados.

Los agentes de inteligencia del ejército también torturaron a una de sus miembros, a la que habían detenido bajo sospecha de haber filtrado información a la prensa sobre planes secretos del ejército para intimidar a periodistas críticos del gobierno. El 6 de abril, "Contrapunto," un programa del Canal 2 de televisión, emitió una entrevista espeluznante con la agente de 36 años Leonor La Rosa Bustamante, a la que habían filmado en secreto en su habitación en el Hospital Militar de Lima. En las imágenes se apreciaban quemaduras graves y cicatrices en las uñas de su mano derecha, y su incapacidad para caminar sin asistencia. La Rosa, una agente en activo del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), un departamento del SIN, dijo que había sido detenida por el SIE durante cinco días en enero en el sótano de la Comandancia General del Ejército Peruano, conocido como el "Pentagonito," y que los agentes del SIE le habían golpeado y torturado con electricidad. La Rosa ingresó en el Hospital Militar con heridas en la cabeza. Cuando salió del hospital estuvo 15 días de baja por convalecencia. El 11 de febrero, cuando regresó al trabajo, sus superiores la volvieron a detener y se la llevaron de nuevo al sótano, donde la interrogaron y torturaron durante una semana. El 19 de febrero, tras sufrir una hemorragia a causa de los golpes, ingresó de nuevo en el Hospital Militar, donde padeció un fallo respiratorio. La Rosa dijo a los periodistas del Canal 2 y congresistas, que la visitaron en el hospital, que sus interrogadores sospechaban que había filtrado información a la prensa sobre los planes secretos de la inteligencia militar de poner una bomba en un canal de televisión y de intimidar a periodistas y defensores de los derechos humanos muy conocidos, como el famoso presentador de televisión César Hildebrandt y el abogado Heriberto Benítez.

El 9 de mayo, un tribunal militar condenó al jefe del SIE, Carlos Sánchez Noriega, y a tres de sus subordinados por la tortura de La Rosa, y los sentenció a ocho años de prisión. Los procedimientos se llevaron a cabo de conformidad con los procesos sumarios militares y se mantuvieron en secreto, lo que hizo imposible que las personas ajenas al ejército pudieran evaluar las pruebas o la posible implicación de oficiales de alto rango. En agosto, la Corte Suprema resolvió un conflicto jurisdiccional sobre el caso en favor de la competencia militar. Una corte civil también estaba investigando el casi y había ordenado el registro de los centros de detención del SIE. La decisión de la Corte Suprema se adelantó al registro y posible apertura del sumario.

Al parecer, la relación entre los objetivos de la campaña de intimidación del SIE era su participación en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos. Benítez, un destacado abogado de derechos humanos, representaba al General retirado Rodolfo Robles Espinoza, que había tenido que adelantar su retiro tras revelar públicamente la participación del escuadrón de la muerte del ejército, el Grupo Colina, en ejecuciones extrajudiciales y "desapariciones" en 1992. Los miembros del escuadrón de la muerte habían sido encarcelados acusados de violaciones de los derechos humanos, pero fueron puestos en libertad tras la promulgación de una amnistía en junio de 1995. Desde su regreso del exilio en Argentina, Robles había recibido varias amenazas anónimas. El 26 de noviembre de 1996, agentes de inteligencia del ejército le golpearon y secuestraron en represalia por haber denunciado que el Grupo Colina era el responsable del atentado con bomba de octubre anterior contra el transmisor de Global Televisión, un canal que había criticado al gobierno. A principios de diciembre, el ejército puso en libertad a Robles, después que las protestas nacionales e internacionales obligaran al gobierno a aprobar una amnistía en su caso. Sin embargo, siguió el hostigamiento contra Robles y su familia. El 26 de marzo de 1997, cuatro hombres sin identificar intentaron secuestrar al hijo de Robles, Jaime Robles Montoya, que conducía el vehículo de su padre en ese momento. Leonor La Rosa declaró que había visto con frecuencia a miembros del Grupo Colina en la Comandancia General del Ejército, lo que demostraba con más claridad que los principales beneficiarios de la amnistía de 1995 seguían en el servicio activo.

En el reportaje de Canal 2 sobre Leonor La Rosa también aparecía una investigación sobre la "desaparición" de Mariella Lucy Barreto Riofano, también agente del SIE y amiga de La Rosa. En el reportaje se revelaba que un cadáver desmembrado hallado dentro de bolsas de plástico al borde de una carretera en el norte de Lima el 23 de marzo correspondía a Barreto, y que ésta había sido la amante del Capitán Martín Santiago Rivas, ex jefe del Grupo Colina. En febrero, el periódico La República había informado que Barreto también estaba siendo investigada por el SIE en relación a la información sobre actividades de inteligencia filtradas a la prensa. Cuando se escribió este informe, los responsables del asesinato seguían en libertad.

Las organizaciones de derechos humanos atribuyeron al SIN otros ataques contra periodistas y políticos de la oposición, aunque el gobierno insistió que eran obra de delincuentes comunes. El 19 de marzo en Lima, pistoleros sin identificar secuestraron y golpearon a los tres ocupantes de un vehículo todo terreno propiedad de Javier Díez Canseco, un congresista de Izquierda Unidad, conocido en Perú por sus campañas en defensa de los derechos humanos, y que había sido víctima de amenazas de muerte y ataques en el pasado. En el vehículo, además del conductor, viajaban Patricia Valdez, una defensora de derechos humanos argentina, y el guardaespaldas de Díez Canseco, que resultó herido en la pierna. Los atacantes les golpearon y amenazaron antes de dejarles; el vehículo fue encontrado posteriormente totalmente calcinado al borde la carretera. Poco después de la medianoche del 1º de abril, cuatro hombres fuertemente armados secuestraron a Blanca Rosales, redactora jefe de La República, en las cercanías de las oficinas del periódico, cuando se dirigía a casa junto a un colega, Juan de la Puente. Los hombres golpearon y amenazaron a Rosales pero, como sucedió con los ocupantes del vehículo de Díez Canseco, la dejaron escapar posteriormente. La República, un periódico de oposición de centro izquierda, llevaba años haciendo campaña contra el SIN y el Grupo Colina. En junio, César Hilderbrandt, presentador del programa de televisión En Persona, reclamó al Ministerio del Interior que garantizara la seguridad de su familia, después de que aparecieran en su programa revelaciones de La Rosa sobre un plan de diciembre de 1996 del SIE para asesinarle; también recibió una llamada telefónica en la que amenazaban a su hijo. Días después de que esta información se hiciera pública, tres hombres armados con aspecto militar se introdujeron por la fuerza en una casa y atacaron a un equipo de filmación de En Persona que se disponía a grabar una entrevista. Una semana después, tres hombres armados asaltaron y golpearon en una calle de Lima al periodista Luis Angeles Laynes, editor político del popular periódico Ojo, cuyo personal había recibido previamente amenazas telefónicas.

Mientras que estos ataques quedaron en el anonimato y el gobierno negó tener responsabilidad, denunció abiertamente a otros periodistas y propietarios de medios de comunicación que habían publicado revelaciones poco favorables, e iniciaron procesamientos selectivos contra ellos por presuntas deudas fiscales. El principal objetivo fue Baruch Ivcher, un magnate de los medios de comunicación de origen israelí y accionista mayoritario del canal 2 de televisión, en el que había aparecido la entrevista explosiva con La Rosa. En los días posteriores a esa entrevista, helicópteros sobrevolaron el canal e investigadores de la policía se presentaron en el mismo para reunir información sobre una presunta evasión de impuestos. El Capitán Julio Salas, el oficial de policía a cargo de la investigación fiscal, declaró posteriormente que un superior le había dicho que la investigación había sido ordenada por el SIN. Cuando se aparecieron las críticas contra el intento de hostigamiento a Ivcher, el gobierno paralizó la investigación y desmintió públicamente su existencia. Salas, que se había negado a cumplir las órdenes de desmentir su participación en la investigación, fue amenazado e intimidado por sus superiores, y asaltantes desconocidos asaltaron a su esposa en la calle en dos ocasiones. El 23 de mayo, el ejército emitió un comunicado en el que denunciaba a Ivcher, que se había refugiado en Miami, por intentar aparentemente dañar el prestigio de las fuerzas armadas. A este comunicado le siguió una orden de arresto contra él por parte de las autoridades judiciales militares. El gobierno introdujo entonces una reforma inesperada de las leyes de inmigración y advirtió a los peruanos nacionalizados que corrían el riesgo de perder su nacionalidad si participaban en actos de traición a la patria. El 13 de julio, se revocó la nacionalidad de Ivcher, por presuntas irregularidades en su solicitud de ciudadanía, que había sido concedida hacía 13 años y nunca había sido cuestionada. Esta acción violaba la Constitución del Perú (Artículo 2:21), que declara que ninguna persona puede ser desprovista de su nacionalidad, así como los tratados internaciones ratificados por Perú.

Minutos antes de la aparición del decreto de reforma en la gaceta oficial, el canal de televisión de Ivcher, Canal 2, había emitido los resultados de una investigación con el propósito de demostrar que el SIN había intervenido los teléfonos de al menos 197 empresarios, políticos y personalidades públicas; como el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Tudela, y el ex secretario general de las Naciones Unidas y candidato presidencial de la oposición, Javier Pérez de Cuéllar. El Presidente Fujimori, el Primer Ministro Adolfo Pandolfi y el jefe del SIN, Julio Salazar Monroe, negaron categóricamente las informaciones. Afirmaron que los responsables eran ciudadanos particulares que podían haber obtenido fácilmente el equipo de intervención telefónica necesario. Sin embargo, expertos en comunicaciones señalaron que la venta de equipo de intervención estaba limitada a las agencias gubernamentales, mientras la investigación televisiva revelaba que el gobierno peruano había renovado su equipo de vigilancia electrónica en 1994.

Cambio 90-Nueva Mayoría (C90-NM), el partido de Fujimori, intentó debilitar por varios medios la función fundamental de organismos constitucionales autónomos establecidos para salvaguardar los derechos individuales y el estado de derecho. En mayo, la mayoría parlamentaria de C90-NM destituyó a tres miembros del Tribunal Constitucional por supuestas infracciones constitucionales. Los tres jueces habían decretado la inaplicabilidad de una ley aprobada por Fujimori, que le permitía presentarse por tercera vez consecutiva en las elecciones presidenciales del año 2000. El Artículo 112 de la Constitución no permite un tercer término presidencial consecutivo, pero la ley impugnada había hecho una interpretación de este artículo según la cual no se tenían en cuenta los años en el cargo anteriores a la promulgación de la Constitución de 1993. Los congresistas partidarios de Fujimori alegaron que la decisión se había tomado sin el quórum del Tribunal, aunque cuatro de los siete miembros no estuvieron de acuerdo. Las destituciones desencadenaron protestas en todo el país y provocaron fuertes críticas por parte de la magistratura, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, así como la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes de la destitución, una de los jueces, Delia Revoredo, fue sometida a investigaciones por parte de un juzgado de Callao por la importación de un vehículo, que formaba parte de un caso cerrado desde mucho tiempo atrás, y denunció que su casa había estado vigilada.

Las medidas emprendidas para la reforma de la magistratura, que había sido drásticamente purgada tras el golpe de Fujimori de 1992, fueron el objeto de duras críticas por parte de los políticos, la opinión pública y los propios jueces; al quedar cada vez más claro que su finalidad era afianzar el control del sistema judicial por parte del ejecutivo. Una encuesta realizada en agosto reveló que menos de uno de cada cinco habitantes de Lima confiaba en el sistema judicial, y los propios jueces denunciaron la situación de inseguridad tras una ola de destituciones por parte de la Comisión Ejecutiva del Organismo Judicial, cuyo presidente, el ex Capitán de la Marina José Dellepiane, fue nombrado por el gobierno en 1996 para revisar los tribunales. Cinco años después de la drástica intervención de Fujimori en la magistratura, 80 por ciento de los jueces de Perú seguían ocupando un puesto provisional, y esta inestabilidad en sus cargos los hacía considerablemente vulnerables a la presión procedente del poder ejecutivo. El director del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), responsable de capacitar a los jueces, estimaba el CNM tardaría entre tres y cuatro años en ocupar todos los puestos vacantes con jueces permanentes. Mientras tanto, las comisiones establecidas en 1996 para coordinar la reestructuración de los tribunales y del Ministerio Público fueron criticadas por su ineficacia, así como por estar encabezadas por personas leales a Fujimori designadas por el gobierno. En agosto, miembros del Congreso tanto partidarios de gobierno como de la oposición presentaron nuevos proyectos de ley para la reestructuración de la reforma judicial, como un proyecto controvertido destinado a reducir los requisitos académicos de los jueces con el fin de acelerar los nuevos nombramientos. Como resultado de la intervención de Fujimori, a la ineficacia tradicional de los tribunales se ha sumado una creciente sumisión al poder ejecutivo.

Un acontecimiento inquietante ilustró los problemas antes mencionados: La Corte Suprema resolvió los conflictos entre las cortes civiles y los tribunales militares relativos a la aplicabilidad de garantías constitucionales, tales como recursos de hábeas corpus, en favor de la competencia militar. Cuando el Fiscal de la Nación, Miguel Aljovín Swayne, ordenó que se iniciaran acciones legales contra el Consejo Superior de Justicia Militar (CSJM) por incumplimiento de tres diferentes recursos de hábeas corpus admitidos por la Sala Superior Especializada en Derecho Público de Lima, el presidente del CSJM anunció una acusación constitucional contra Aljovín. El CSJM también presentó una demanda disciplinaria contra los jueces de la Sala de Lima que habían admitido los recursos de hábeas corpus. En junio, una comisión de la Corte Suprema destituyó sumariamente a los jueces de apelaciones Sergio Salas Villalobos, Elizabeth Roxana MacRae Thays y Juan Cancio Castillo Velásquez. Uno de los casos pendientes ante la Sala Superior de la que fueron destituidos consistía en un recurso de amparo presentado por Baruch Ivcher, por la decisión de privarle de sus nacionalidad peruana.

La Corte Suprema también desestimó la acusación del Fiscal de la Nación contra el CSJM, alegando que las autoridades militares podían dejar de cumplir cualquier recurso de hábeas corpus que fuera "ilegal." En cambio, ordenó el procesamiento de los tres jueces de apelaciones por prevaricato. La comisión que tomó estas decisiones estaba compuesta por jueces provisionales sin cargo, que por lo tanto eran vulnerables a los presiones del ejército y el ejecutivo. El 4 de septiembre, la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público decidió no procesar a los tres jueces.

En julio, el entonces Ministro del Interior, Carlos Saucedo, emitió la orden sorprendente de procesar a la juez Elba Greta Minaya Calle, del 37º Juzgado Penal de Lima, por terrorismo y otros delitos, debido a que la juez Minaya había admitido un recurso de hábeas corpus contra la Policía Nacional. Debido a las críticas generalizadas, se retiraron los cargos de terrorismo. Pero cuando se escribió este informe, seguían abiertos los procedimientos disciplinarios contra la juez Minaya, respetada en general por su independencia e integridad.

El Congreso prolongó hasta febrero de 1998 el mandato de la comisión ad hoc establecida en 1996 para revisar los casos de presos acusados o condenados injustamente de terrorismo. Al publicarse este informe, el Presidente Fujimori había puesto en libertad a 310 presos inocentes por recomendación de la comisión, pero otros cientos seguían encarcelados. Cuando se escribió este informe, el gobierno seguía negando el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a las prisiones de máxima seguridad, que había suspendido durante la crisis de los rehenes. Las visitas del CICR, que no publica sus conclusiones sino que las comunica en privado al gobierno, resultaron eficaces para reducir la incidencia de los malos tratos a detenidos, como la tortura y las desapariciones forzadas. El mantenimiento de esta negativa subrayaba el desdén del gobierno por los derechos de los detenidos acusados de terrorismo o traición a la patria. Las condiciones en las prisiones de máxima seguridad siguieron siendo sumamente duras. En abril y agosto, 161 presos de máxima seguridad encarcelados por delitos terroristas fueron trasladados a la nueva prisión en Challapalco, situada a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar en los Andes peruanos, donde las temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados bajo cero. Estas condiciones constituían un grave riesgo para la salud, y la lejanía del lugar suponía que los presos estaban prácticamente aislados del mundo exterior, una violación de las normas internacionales.

En junio, el gobierno introdujo nuevos reglamentos penitenciarios para los presos acusados o condenados por delitos "terroristas," que podrían suponer una mejora de las peores características del régimen penitenciario. Los presos podrían recibir visitas familiares semanales, en lugar de mensuales, y sus hijos podrían visitarles todas las semanas, en lugar de cada tres meses. Los beneficios se obtendrían por medio de buena conducta; pero los nuevos presos, sin importar el delito que hubieran cometido, seguirían teniendo que pasar un año sometidos al régimen más duro, encerrados en sus celdas y saliendo al exterior durante sólo una hora al día.

La defensa de los derechos humanos

La Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH), que desempeñó un papel importante para llamar la atención pública sobre las violaciones de los derechos humanos, sufrió hostigamientos, como vigilancia persistente y amenazas de muerte anónimas. Las amenazas estaban relacionadas con la asistencia de APRODEH a los jueces atacados y al capitán de policía Julio Salas. El 14 de agosto, el personal de APRODEH recibió cinco amenazas telefónicas en las que preguntaron por la juez Minaya, les insultaron y les amenazaron con hacerles "desaparecer." Esa misma tarde, un Volkwagen negro siguió al vehículo de Minaya hasta las oficinas de APRODEH en Lima. Cuando el personal de APRODEH cuestionó al conductor, éste confirmó que estaba siguiendo a la juez. El 4 de septiembre, un hombre se presentó en la oficina afirmando que traía un mensaje de la juez Minaya en un sobre. La carta era una advertencia anónima al director de APRODEH, Francisco Soberón, diciéndole que no se metiera en el caso del capitán de policía Julio Salas, y acusando tanto a Salas como a Soberón de aceptar un soborno de 30.000 dólares por parte de Baruch Ivcher. "Dejá de meterte en lo que no te importa y es más estás advertido, hijo de perra," decía la carta. La misma persona dejó otra carta en la casa de María Jesús García Sánchez, la compañera sentimental de Salas, en la que se acusaba a Salas de traición y se amenazaba con matarle "como perro." Al día siguiente, Soberón, María Jesús García, el abogado de Salas, el Dr. Miro Toledo, y Sofía Macher, secretaria ejecutiva de la prestigiosa organización de derechos humanos no gubernamental que aglutina a varios grupos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) celebraron una rueda de prensa para denunciar las amenazas. Dos horas después, cada uno de ellos recibió una llamada de amenaza de una mujer que ella misma iba a matar a María Jesús García. Esta última había recibido tres mensajes en su beeper de una persona que, haciéndose pasar por Soberón, la convocaba a una reunión urgente. El papel de la comunidad internacional

Estados Unidos

En 1996, el embajador de Estados Unidos en Lima, Dennis Jett, desempeñó un papel más destacado, en comparación a las prácticas de la embajada en años anteriores, en asuntos relacionados con los derechos humanos y las libertades civiles; lo que constituyó una separación gratificante en relación a la diplomacia callada que hemos criticado en el pasado. Es posible que las intervenciones oportunas de Jett hayan contribuido a evitar el empeoramiento de una situación ya deteriorada. Jett se pronunció en al menos seis ocasiones sobre cuestiones de derechos humanos, entre ellas la tortura, la libertad de prensa, el debido proceso en los juicios antiterroristas y la independencia judicial. Por ejemplo, el 9 de abril, Jett le dijo a los periodistas, que le preguntaron sobre el caso La Rosa, que una investigación inmediata podría mejorar la imagen internacional de Perú. Un mes después, oficiales de la justicia militar anunciaron que los tribunales habían condenado a cuatro oficiales a ocho años de prisión, una reacción de rapidez sin precedentes. El embajador definió la destitución de los tres jueces del Tribunal Constitucional como un retroceso en el proceso de consolidación de la democracia peruana. En el caso de Ivcher, el vocero del Departamento de Estado, Nicholas Burns, acusó al gobierno de privarle de su nacionalidad por motivos políticos y señaló que esa acción planteaba cuestiones fundamentales sobre las libertades de prensa y de expresión.

Aunque estas declaraciones afectaron escasamente al gobierno peruano, sirvieron para establecer el tono de las relaciones entre Perú y Estados Unidos, y recordaron a las autoridades peruanas que Estados Unidos no se quedaría callado en asuntos de derechos humanos a cambio de cooperación en otros ámbitos, como la política económica y la lucha antidroga.

Sin embargo, el papel de Estados Unidos en Perú se vio ensombrecido por la constante ambigüedad en relación a sus vínculos con Vladimiro Montesinos, el jefe de hecho del SIN. En Perú se considera en general que Montesinos, del que se dice que había trabajado para la Agencia Central de Inteligencia, disfruta del apoyo de Washington, algo que Estados Unidos no intentó desmentir. Es más, se informó de que Washington mantiene un programa encubierto de asistencia al SIN para la lucha antidroga. Esta relación aparente con una unidad muy involucrada en actividades antidemocráticas socava el impacto de las declaraciones públicas realizadas por Jett y el Departamento de Estado.

La Unión Europea

El 22 de julio, el Parlamento Europeo emitió una resolución firme instando al gobierno de Fujimori a reponer en sus cargos a los magistrados del Tribunal Constitucional que habían sido destituidos por el Congreso; a garantizar la libertad de expresión y a abolir la práctica de la tortura. PANORAMA GENERAL EN AMÉRICA LATINA REGRESAR AL PRINCIPIO

Copyright Human Rights Watch 2000, 350 Fifth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10118 Estados Unidos