(New York: Human Rights Watch, 1997)

HAITI

La situación de los derechos humanos

El esfuerzo llevado a cabo por Haití el año pasado para establecer un gobierno democrático sólido resultó afectado por culpa del clima de confusión política. Las elecciones llevadas a cabo en el mes de abril fueron cuestionadas; no se anunciaron los resultados provisionales hasta agosto. Asimismo, el Consejo Electoral Provisional estuvo marcado por la controversia. Por otro lado, el Primer Ministro Rosny Smarth se renunció en junio y, en el momento de redactar este informe, el gobierno no había logrado aún ponerse de acuerdo sobre su sucesor. Consciente de que la situación de seguridad en Haití seguía siendo provisoria, las Naciones Unidas amplió seis meses más--hasta el 30 de noviembre de 1997-- el mandato de las fuerzas de paz y de los asesores de policía civil de la Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití (UNTMIH, en sus iniciales inglesas).

A pesar de estos altibajos, la opinión pública siguió clamando justicia regularmente, mediante manifestaciones que recordaban los aniversarios de asesinatos políticos. El gobierno, sin embargo, fracasó en asignar los recursos necesarios a la lucha contra la impunidad. Sólo la Policía Nacional Haitiana (PNH) demostró su voluntad en disciplinar y despedir a los que violaban los derechos humanos dentro de sus filas. Pero las violaciones de derechos humanos por parte de la PNH persistieron, dado que los tribunales haitianos sólo impusieron sanciones penales mínimas a los agentes de policía implicados, o les absolvieron simple y llanamente de sus cargos. Los agentes golpearon a detenidos, mataron a sospechosos criminales--entre otros--con un uso excesivo de fuerza, y realizaron asimismo, aunque en menor número de casos que en 1996, ejecuciones extrajudiciales.

El 4 de noviembre de 1996, agentes de la PNH mataron a cinco hombres en la zona de Delmas en Puerto Príncipe. Según se informó, los agentes de la PNH ejecutaron a uno de los hombres después de haberle puesto las esposas, aparentemente asesinando a dos más utilizando fuerza excesiva y a los otros dos en circunstancias poco claras. En julio de 1997, la Inspectoría General (IG) de la PNH, un cuerpo policial de disciplina interna, había despedido a resultas de este incidente a siete agentes, quienes fueron más tarde juzgados y absueltos. La Misión Civil Internacional en Haití de la O.N.U. y de la Organización de los Estados Americanos calculó que, desde enero hasta agosto de 1997, la policía había asesinado con un uso excesivo de fuerza a veinte sospechosos criminales, y, según se dio a conocer, ejecutado extrajudicialmente a tres personas en ese mismo período, una de los cuales murió después que la policía le diera una fuerte paliza.

La policía haitiana golpeó a menudo a los detenidos, tanto en las áreas urbanas, donde los crímenes violentos contribuyeron a generar violencia y frustración entre los agentes, como en provincias. En agosto, siete policías propinaron una paliza a Chena Pierre Martial, un diputado de Trou-du-Nord, después que, según se informó, éste incitara los celos de uno de los agentes. La IG despidió más tarde a los siete agentes. En septiembre, la policía de Cayes detuvo a Yvon Chéry, el director de una emisora local, golpeándolo y manteniéndolo detenido toda la noche porque, según se informó, les había molestado que Chéry discutiese con ellos el día anterior acerca de una supuesta infracción de tráfico. La policía mantuvo arrestados regularmente a los detenidos en los calabozos policiales por un plazo de tiempo superior al máximo de cuarenta y ocho horas prescrito por la ley.

La policía abusó de su autoridad al involucrarse en actividades delictivas y violentas, entre la que se incluyen el asesinato y el tráfico de drogas. El 20 de mayo, el agente de la PNH Antoine Bien Aimée, mató a su primo, Eddy Bien Aimée, e hirió a otro primo suyo, Luckner Bien Aimée, según parece por una discusión sin importancia. A finales de julio, varios agentes de Jéremie, en el departamento de Grande Anse, fueron detenidos por robo a mano armada en la zona de Delmas en Puerto Príncipe. El jefe del departamento de Grande Anse de la PNH, Fritz Jean, que había proporcionado el vehículo utilizado en el robo, violó el procedimiento policial al ordenar que liberaran a tres de los agentes detenidos, presuntos cómplices suyos. En el momento de redactar este informe, Jean sigue ocupando su cargo, y ni él ni ninguno de los demás agentes de la PNH ha tenido que enfrentarse a un juicio por este incidente. El 2 de octubre, cuando estaba fuera de servicio, el agente de la PNH Jude Merzy abrió fuego hacia una multitud a la salida de un partido de fútbol en Grand Goâve, matando a un hombre e hiriendo a varios más.

La IG disciplinó a docenas de agentes por violaciones de los derechos humanos y otros abusos, enviando más de treinta casos ante los tribunales de justicia en 1997. En septiembre, la IG había despedido a más de 160 agentes por infracciones graves de los reglamentos policiales, tales como crímenes y violaciones de los derechos humanos. La IG se ganó el odio de sus compañeros policías con su labor, y los inspectores tuvieron que tomar medidas extra de seguridad ante las frecuentes amenazas de uso de violencia dirigidas contra ellos, algunas de las cuales fueron hechas directamente por policías acusados de cometer abusos, y con las que les instaban a cesar en sus investigaciones o retirar las denuncias. Los tribunales haitianos no supieron sin embargo estar a la altura de los progresos realizados por la IG. La mayoría de los casos penales de abusos policiales remitidos a los tribunales por la IG, que abarcaban desde simples agresiones hasta homicidios, no fueron llevados a juicio o se vieron afectados por irregularidades.

Los puntos débiles del sistema judicial y la aparente falta de voluntad gubernamental hicieron asimismo imposible el procesamiento por violaciones de los derechos humanos ocurridas bajo las dictaduras militares haitianas. La creación por el Ministerio de Justicia en noviembre de 1996 de la Unidad Penal Nacional (Unité Pénale Nationale, UPENA), para ayudar en los procesos de derechos humanos, fracasó en febrero de 1997 cuando la Unidad quebró por falta de financiamiento. El gobierno no reservó fondo alguno para indemnizar a las víctimas por la muerte de miembros de su familia o por lesiones graves producto de la violencia militar. La Unidad de Investigaciones Especiales, un equipo formado a finales de 1995 con apoyo internacional, encargado de investigar los delitos por motivos políticos, obtuvo escasos resultados. El gobierno haitiano hizo poco por desafiar la negativa del gobierno de los Estados Unidos de devolver miles de documentos comprometedores tomados de las fuerzas armadas haitianas y del grupo paramilitar Frente para el Avance y el Progreso de Haití (Front pour l'Avancement et le Progrès d'Haïti, FRAPH). El FRAPH fue responsable de atrocidades cometidas contra los derechos humanos bajo el gobierno militar que dirigió Haití de 1991 a 1994, y según se informó, fue fundado con la ayuda de la CIA. La Agencia de Abogados Internacionales (International Lawyer's Bureau), un equipo especial de acusación respaldado por el Ministerio de Justicia, y que se centraba en dos casos, destacó por haber hecho progresos hacia la celebración de juicios sobre derechos humanos.

La agencia de abogados continuó con los preparativos de los juicios a los acusados por la masacre en diciembre de 1993 de al menos treinta residentes de Cité Soleil y por la masacre en 1994 de al menos quince personas en Raboteau, cerca de Gonaïves, cometidas ambas por soldados haitianos y miembros del FRAPH. Más de veinte acusados, entre los que se incluían oficiales del ejército, estaban detenidos por el caso Raboteau, aunque uno de ellos logró escapar en marzo. El gobierno de los Estados Unidos puso impedimentos para que se avanzara en los casos Raboteau y Cité Soleil, al no presentar documentos en los que se detallaban sus propias investigaciones sobre cada caso. Las autoridades estadounidenses, entre las que se incluía el embajador William Swing, habían dirigido esas investigaciones poco después de producirse dichos incidentes. En junio, el Departamento de Estado de EE.UU. rechazó la solicitud de Haití de que le fuera enviado urgentemente todo el material relacionado con el caso Cité Soleil y, en octubre, se denegó la solicitud hecha en marzo para el envío urgente del material del caso Raboteau.

Varios de los casos sobre derechos humanos que fueron llevados a juicio se malograron debido a lo que parecía ser corrupción o a la incompetencia del fiscal. A finales de julio, Adrien Saint Julien, ex comandante militar en Marchand Dessalines, una comunidad cercana a St. Marc, fue juzgado por los asesinatos en 1992 de Loukens Pierre y Antoine Pauleus. En el juicio, el fiscal no logró presentar pruebas cruciales y el juez permitió que los miembros del jurado hablaran con el abogado defensor. Además, un miembro del jurado abandonó el juicio antes de su conclusión, desvirtuando así potencialmente el resultado del mismo. A pesar de todo ello, el juez autorizó la deliberación del jurado y Saint Julien fue absuelto. Aunque existían otras demandas penales contra Saint Julien, las autoridades lo dejaron en libertad poco después del juicio. El 15 de septiembre, el ex soldado Thélusmé Jean-Gilles fue absuelto en Jacmel por el asesinato en octubre de 1993 de Marie Délène Nicolas, una partidaria local del entonces expulsado Presidente Jean-Bertrand Aristide, después de que la acusación omitiera presentar de forma negligente elementos esenciales del caso. El 19 de septiembre, un ex jefe de sección (chef de section, un auxiliar militar en una ciudad pequeña), Baguidy Calixdé, acusado del asesinato en Leogane en 1994 de Pachino Dord, supuesto partidario de Aristide, fue llevado a juicio en Jacmel a pesar de que se celebraba un día nacional de luto por las víctimas de un accidente de barco. Los funcionarios judiciales no notificaron a los testigos y a la familia de la víctima que el juicio iba a celebrarse de todas formas. El juez permitió además que el juicio siguiera adelante a pesar de las acusaciones de que la familia del procesado lo había sobornado. Como ningún testigo pudo prestar declaración, el fiscal solicitó que se retiraran los cargos, a lo que el tribunal accedió, liberando a Calixdé.

A medida que la confianza pública en la policía y el sistema judicial se venía abajo, prosiguió la violencia en Haití, con varias muertes cada mes de personas sospechadas de haber cometido algún crimen a manos de multitudes enfadadas. A mediados de septiembre, residentes de la comunidad rural de Sevrin en el sudoeste del país, asesinaron a machetazos a Louinor Jean-Louis y a su esposa, Vesta Jeune, después de acusarlos de participar en un ritual de brujería que provocó la muerte de un bebé.

El fracaso judicial en respetar el debido proceso y juzgar casos antiguos llevó a que más del ochenta por ciento de la población reclusa de Haití se encontrara en situación de prisión preventiva, a menudo por períodos de tiempo excesivos. Así, en agosto de 1997, varias reclusas de la prisión Fuerte Nacional y varios reclusos de la Fortaleza Nacional llevaban encerrados más de dos años sin haber sido sometidos a juicio, y más de veinticuatro niños seguían pendientes de juicio después de estar más de dieciséis meses en Fortaleza Nacional. A mediados de agosto, los tribunales haitianos ordenaron que fueran liberados varios partidarios de Movilización para el Desarrollo Nacional (Mobilisation pour le Développement National, MDN) por falta de pruebas. Habían sido detenidos en 1996 por presuntas amenazas a la seguridad del Estado. Unos cuantos presos permanecieron detenidos acusados de impago de deudas, lo que infringe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por Haití.

La Administración Penitenciaria Nacional (Administration Pénitentiaire Nationale, APENA), mejoró en algo las condiciones penitenciarias, proporcionando a los presos instalaciones más limpias y una mejor alimentación. A pesar de ello, las condiciones generales en las hacinadas prisiones haitianas continúan malas. Salieron a la luz unas cuantas denuncias de palizas propinadas por los guardias de APENA, pero no prosperaron debido a la falta de un procedimiento transparente para disciplinar al personal de dicho organismo. El hacinamiento impidió la necesaria separación de los presos de acuerdo con su edad y status legal. Cabe destacar como especialmente preocupante la concentración de más de setenta menores de sexo masculino, entre los que se encontraban presos condenados y preventivos, en dos celdas de la Fortaleza Nacional, lo que contribuyó a múltiples violaciones de los presos más jóvenes y débiles por parte de sus compañeros reclusos más fuertes y mayores. Las autoridades penitenciarias admitieron que no disponían de otras instalaciones para poder aislar a las víctimas de sus agresores. En las prisiones provinciales, eran pocos los menores que estaban con adultos.

El 6 de octubre, según informaciones, tres guardias de APENA que estaban fuera de servicio abatieron a tiros a Louis Emilio Passe, un diputado del Congreso de Dame Marie. Este murió pocos días después. En el momento de redactar este informe, uno de los guardias de APENA se encuentra bajo arresto, mientras que los otros dos permanecen en libertad.

La defensa de los derechos humanos

Haití no puso obstáculos en 1997 a la observación de los derechos humanos por parte de organismos independientes. La Oficina de Protección del Ciudadano (Office de la Protection du Citoyen, defensor del pueblo en materia de derechos humanos) recibió a principios de año fondos para su puesta en marcha, pero en el momento de redactar este informe, el gobierno no le ha asignado aún fondos operacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una breve visita a Haití en agosto para investigar el tiroteo contra uno de sus miembros, el ex ministro de Justicia haitiano Jean-Joseph Exumé. Aparentemente, el comisario fue víctima de un intento de robo de su coche.

El papel de la Comunidad Internacional

Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos

Las Naciones Unidas mantuvieron la presencia de sus fuerzas de paz en Haití el pasado año, estando el personal de la UNTMIH formado por cincuenta militares y doscientos cincuenta policías civiles. En vista de la retirada prevista de las fuerzas de la O.N.U., Canadá prometió mantener 700 tropas en Haití hasta final de año y, en el momento de redactar este informe, aproximadamente 500 tropas de la Misión del Grupo de Ayuda de EE.UU. (U.S. Support Group Mission) permanecen en Haití. El personal reducido de la Misión Civil Internacional de la O.N.U./OEA, que llevó a cabo funciones de observación electoral por un breve período de tiempo en el mes de abril, prevé continuar hasta fin de año con su discreta actividad de observación de los derechos humanos y formación de grupos locales.

Estados Unidos

El gobierno norteamericano rechazó de nuevo devolver al gobierno haitiano las aproximadamente 160.000 páginas de documentos y demás material tomados de los cuarteles generales del FRAPH y las fuerzas armadas haitianas en 1994. Los Estados Unidos siguieron insistiendo en que los documentos sólo serían devueltos una vez que se hubiesen suprimido de ellos los nombres de los ciudadanos norteamericanos, persiguiendo aparentemente con ello el objetivo ilegítimo de encubrir la complicidad estadounidense en los asesinatos políticos y demás abusos y, en concreto, el papel jugado por los servicios de inteligencia norteamericanos con el gobierno militar y el FRAPH. El embajador Swing declaró que su gobierno había eliminado ya, de 113 páginas de la documentación, la información que identificaba a ciudadanos estadounidenses. Esta negativa a devolver lo que es propiedad de Haití a los fiscales haitianos, junto con la falta de presentación por parte del gobierno norteamericano de los detalles de sus propias investigaciones sobre las masacres de Cité Soleil y Raboteau, supuso una obstrucción a la justicia para las víctimas haitianas de violaciones de los derechos humanos.

En agosto, el Departamento de Estado intervino para impedir que se deportara al líder del FRAPH, Emmanuel Constant, que había recibido regularmente pagos de la CIA mientras se encontraba al frente de la organización paramilitar. Alegando que la vuelta de Constant a Haití podría ser fuente de inestabilidad y representar una carga para el sistema judicial, el Departamento de Estado permitió que permaneciera en Nueva York con un permiso de trabajo. Esta decisión mantuvo a Constant fuera del alcance de los fiscales haitianos, a pesar de las garantías ofrecidas por los más altos cargos de Haití de que sería sometido a un juicio justo.

La negativa de EE.UU. a cooperar en la lucha de Haití contra la impunidad dañó seriamente su credibilidad. En un plano más positivo, el Programa de Asistencia Legal respaldado por los EE.UU. sirvió para representar a presos haitianos, lo que se tradujo según se dio a conocer en 3.000 excarcelaciones.

En junio, el Senado aprobó la enmienda DeWine, por la que se deniegan visados norteamericanos a todos aquellos que, de forma verosímil, sean sospechosos de haber cometido u ordenado asesinatos políticos en Haití. Si este proyecto, en debate en el momento de redactar este informe, pasara a ser ley, el Departamento de Estado debería elevar un informe anual al Congreso de conformidad con lo estipulado. PANORAMA GENERAL EN AMÉRICA LATINA REGRESAR AL PRINCIPIO

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