(New York: Human Rights Watch, 1997)

MÉXICO

La situación de los derechos humanos

Aunque el gobierno mexicano mantuvo una atención retórica a los derechos humanos, las graves violaciones y la impunidad siguieron siendo habituales durante 1997. Las autoridades no resolvieron las violaciones de los derechos humanos derivadas de las graves tensiones rurales, el enfrentamiento del ejército con la guerrilla y la campaña tan necesaria, aunque mal diseñada, de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común. Una y otra vez, los funcionarios mexicanos se negaron a participar en un dialogo constructivo con organizaciones mexicanas e internacionales de derechos humanos, y prefirieron confundir o ignorar los asuntos de derechos humanos, en lugar de ofrecer soluciones viables a problemas bien documentados. Los protagonistas de muchos de los abusos fueron los sistemas policiales y legales mexicanos, que operaron con frecuencia en detrimento, en lugar de en apoyo, de los derechos humanos.

A pesar de las graves violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante el año, el país realizó avances importantes en materia de derechos políticos. El 6 de julio, los mexicanos votaron en elecciones municipales y parlamentarias, y emitieron sus votos en un plebiscito histórico tanto por sus procedimientos como sus resultados. Las elecciones representaron una consolidación importante del derecho de los mexicanos a ejercer sus libertades políticas. Los observadores mexicanos e internacionales coincidieron en que las irregularidades del proceso fueron mínimas, en contraste con elecciones anteriores. Las reformas electorales establecidas en los últimos años permitieron mayor libertad de voto; por ejemplo, por primera vez en su historia, el Instituto Federal Electoral (IFE) operó con independencia del gobierno y los funcionarios del IFE administraron con imparcialidad las elecciones en la mayoría del país. Sin embargo, en contraste con la tendencia generalizada, se produjeron graves irregularidades en Chiapas. Según la Alianza Cívica Chiapas (ACC), una delegación local de la alianza cívica federal, más de 150 casillas electorales fueron quemadas o robadas. Simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que inició un levantamiento armado en enero de 1994, y partidarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder, que se habían organizado en grupos armados en el norte de Chiapas, fueron los responsables de los ataques.

El resultado de las elecciones conmocionó la política mexicana, ya que el PRI perdió el control de la Cámara de los Diputados, la cámara baja del congreso mexicano, por primera vez desde la creación del partido, 70 años atrás. Los resultados de las elecciones también permitieron que líderes de la oposición asumieran puestos claves que habían sido ocupados hasta la fecha por miembros del PRI, como el de presidente de la Cámara de los Diputados o alcalde de Ciudad de México.

Aunque fue histórica, la votación aportó pocas esperanzas de mejoras inmediatas de la situación de los derechos humanos. Para que se produjeran dichas mejoras, el nuevo congreso tendría que ejercer de contrapeso a las acciones arbitrarias de un poder ejecutivo tradicionalmente autoritario. Por ejemplo, el congreso podría presionar a los gobernadores estatales para que pongan fin a la impunidad por las violaciones de los derechos humanos, establecer la responsabilidad de los abusos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y exigir que el ejecutivo tome medidas significativas para el cese de las violaciones de los derechos humanos y el enjuiciamiento de los responsables. Cuando se escribió este informe, todavía era muy pronto para saber si el congreso desempeñaría dicho papel.

Cabe reconocer, además del progreso que constituyeron las elecciones, que México tuvo una función importante como uno de los ocho países que lideraron la iniciativa diplomática de redacción de una convención que prohibiera las minas anti personales. Las negociaciones, iniciadas en octubre de 1996, en las que participaron finalmente ochenta y nueve países, condujeron a la firma en septiembre de una convención que prohibía totalmente el uso de minas anti personales.

Sin embargo, a nivel interno, los funcionarios mexicanos se tomaron mucho menos en serio los numerosos y graves problemas de derechos humanos que necesitaban atención urgente. En el México rural, la violencia continuó con toda su fuerza. En abril, Human Rights Watch/Americas publicó sus conclusiones sobre la situación en los estados de Chiapas, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca. Una característica habitual de la mayoría de la violencia rural era la utilización deficiente de las estructuras de gobierno -- procuradurías, la policía y los tribunales -- con el fin de arrasar a los presuntos opositores u opositores reales al partido en el gobierno, lo que consolidó entre las víctimas la idea que el sistema de justicia no podía mediar con eficacia ni rapidez en los conflictos comunitarios derivados de diferencias políticas, rivalidades económicas o discordia religiosa. Por ejemplo, en Chiapas, Human Rights Watch/Americas informó que mientras los responsables de muchos de los asesinatos, secuestros, amenazas y expulsiones del México rural eran ciudadanos particulares; los agentes del gobierno solían facilitar dichos abusos, no procesaban a los responsables o utilizaban aparentemente el sistema para lograr sus objetivos partidistas. Es más, en muchos casos, los funcionarios participaron directamente en los abusos.

Estos problemas mantuvieron su gravedad durante el año. En el norte de Chiapas, los conflictos comunitarios siguieron resultando en expulsiones y asesinatos. Por ejemplo, Juan López Jiménez, un líder de la organización armada partidaria del PRI, Paz y Justicia, fue asesinado el 15 de junio en el municipio de Sabanilla. Dentro de lo que pareció un acto de represalia, cuatro miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la oposición fueron asesinados el 22 y 23 de junio.

Como quedó claro por este incidente, la violencia de la región no provenía de un sólo bando. Sin embargo, apareció una práctica sistemática por la cual los ministerios públicos y la policía solía hacer oídos sordos a los abusos cometidos por simpatizantes del gobierno, mientras procesaban implacablemente los presuntos actos de violencia cometidos por opositores reales o supuestos del gobierno. A partir de mayo, los funcionarios estatales de Chiapas emprendieron una iniciativa positiva y pusieron en libertad a por lo menos doce personas que habían sido encarceladas injustamente en circunstancias como las antes mencionadas. Los detenidos habían iniciado una huelga de hambre en noviembre de 1996 para que el gobierno se viera forzado a revisar sus casos. Cuando se escribió este informe, otras personas que alegaban estar detenidas injustamente seguían en prisión.

También se siguieron produciendo violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del enfrentamiento con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que había hecho su primera aparición en junio de 1996. En el estado de Guerrero, organizaciones de derechos humanos documentaron una serie de abusos cometidos por el ejército y la policía, en su afán de combatir a la guerrilla. Un informe de julio de 1997 del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (PRODH) exponía una práctica sistemática de abusos por parte del ejército que consistía en "allanamientos de morada, detenciones arbitrarias, torturas físicas, retenciones de personas más allá del plazo legal, amenazas de muerte, incomunicaciones en cuarteles militares, así como torturas psicológicas que incluyen simulacros de ejecución y otras agresiones." La práctica habitual era vendar los ojos a los detenidos, mantenerlos incomunicados durante períodos que oscilaban entre varias horas y varios días, torturarlos, interrogarlos en relación al EPR y ponerlos en libertad o entregarlos a la fiscalía. Por ejemplo, el 27 de diciembre de 1996, hombres sin identificar sacaron de su casa, en el municipio de Olinalá, a Magencio Abad Zeferino Domínguez y lo interrogaron en relación al EPR. Según un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollán, Zeferino tuvo los ojos vendados durante toda la detención y fue sometido a tortura con ahogamiento y electrochoques. Sus secuestradores lo trasladaron a varios lugares. En uno de los centros donde estuvo detenido, Zeferino se encontró con Luis Gonzaga Lara, otro residente de Olinalá que había sido secuestrado el 27 de diciembre e interrogado en relación al EPR. Los hombres sin identificar que interrogaron a Gonzaga le dijeron, "Ya ves, porque no quisiste decir quién había pintado las letras," -- refiriéndose a un incidente ocurrido una semana antes, cuando los soldados le detuvieron arbitrariamente y le interrogaron en relación a una consigna política pintada en el muro de su casa. Por lo tanto, cabía suponer que los secuestros de Gonzaga y Zeferino del 27 de diciembre habían sido llevados a cabo por las fuerzas de seguridad. Finalmente, los dos hombres fueron puestos en libertad.

Dichos abusos también se produjeron en el estado de Oaxaca, otra región de actividad del EPR. En Loxichas, las organizaciones de derechos humanos contabilizaron gran número de detenciones arbitrarias, "desapariciones" temporales e incidentes de tortura realizados en operaciones conjuntas de la policía y el ejército. La ofensiva contra la guerrilla se inició en agosto de 1996, tras un ataque del EPR en la región, que formaba parte de un serie de atentados coordinados en varios estados; y seguía en marcha cuando se escribió este informe. Por ejemplo, el 4 de agosto, la policía del estado de Oaxaca detuvo y vendó los ojos a Juanario Crispín Almaraz Silva, de San Agustín Loxicha. Según el Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco Vitoria," lo golpearon con dureza, le interrogaron en relación al EPR y lo trasladaron a una prisión de Ciudad de México. Al día siguiente, fue puesto en libertad sin cargos. Celerino Jiménez Almaraz no tuvo la misma suerte. El 24 de abril, la policía le hirió cuando entró por la fuerza en su casa de San Mateo Río Hondo. Según su esposa, Jiménez intentó escapar, a pesar de estar herido en la pierna. Su cadáver fue hallado dos días después; la policía dijo que había muerto en un tiroteo.

Los funcionarios del gobierno también participaron en graves violaciones disfrazadas con la aparente promoción de la lucha gubernamental contra el narcotráfico. En mayo, los funcionarios del gobierno hicieron gala de este tipo de conducta tras el robo de media tonelada de cocaína en la Oficina de la Procuraduría General de la República (PGR) de San Luis Río Colorado, estado de Sonora. La droga había sido confiscada a narcotraficantes. El 27 de mayo, agentes de la unidad especial antidroga de la policía detuvieron a Alberto Gómez García, uno de los sospechosos del robo, lo mantuvieron incomunicado y lo trasladaron a varios lugares de México, torturándolo por asfixia y con electrochoques. El 3 de junio, los fiscales federales anunciaron que habían detenido a Gómez en aplicación de un "arraigo," por el que no se encarcela al detenido pero se le retiene en un lugar designado. Finalmente, el 22 de junio, la familia de Gómez pudo visitarle en el Hotel Edison de Ciudad de México, donde estaba detenido en cumplimiento del arraigo. En septiembre, la PGR informó a Human Rights Watch que la Visitaduría General y la Contraloría Interna de la Procuraduría estaban investigando las denuncias de tortura e irregularidades procesales.

Las organizaciones de derechos humanos también documentaron el problema creciente de las "desapariciones" en el norte de México, relacionadas al parecer con el narcotráfico. PRODH registró al menos 16 desapariciones en el estado de Sinaloa, entre junio de 1996 y agosto de 1997. En muchos de los casos, no estaba claro si las víctimas habían sido detenidas por la policía o el ejército; o, en el caso que dichos funcionarios fueran los autores de los hechos, si las autoridades estaban operando con el objetivo general de luchar contra el narcotráfico, o estaban trabajando para un narcotraficante que intentaba debilitar a una banda rival. Por ejemplo, Rómulo Rico Urrea, estaba desparecido desde septiembre de 1996. En marzo, un reportaje del New York Times presentaba pruebas de las relaciones entre los secuestradores de Rico Urrea y el General Jesús Gutiérrez Rebollo, que había sido nombrado jefe de la lucha antidroga mexicana en diciembre de 1996; y destituido y encarcelado posteriormente por estar en la nómina de narcotraficantes. En octubre, el mismo periódico informó que se había notificado la "desaparición" de más de 50 personas en Chihuahua, la mayoría tras ser detenidas por la policía.

En México, la tortura siguió siendo un problema grave en los casos de presuntos guerrilleros y en las detenciones relacionadas con la delincuencia común. En su tercer informe periódico presentado ante el Comité Contra la Tortura (CCT) de las Naciones Unidas, el Gobierno de México ofreció una descripción excesivamente formal del problema de la tortura en México y se concentró en las reformas y disposiciones legales diseñadas para combatir la tortura, mientras dejaba de lado la ineficacia de estas medidas. En abril, el CCT concluyó que algunas de las reformas legales e iniciativas de educación adoptadas por el gobierno eran positivas, pero criticó con dureza la "profunda dicotomía" existente entre las estructuras legales y administrativas, y la práctica sistemática constante de la tortura en el país. Las organizaciones de derechos humanos mexicanas reunieron documentación detallada sobre la tortura en preparación de la visita de agosto de Nigel Rodley, el Relator Especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas. La visita de Rodley a México, la primera como Relator de las Naciones Unidas, se produjo tras haber estado varios años solicitando permiso al gobierno mexicano para realizar dicho viaje.

Durante 1997, los asuntos relacionados con la seguridad pública siguieron exigiendo la atención de los encargados de tomar las decisiones políticas en México, al seguir aumentando la delincuencia común y organizada. El Presidente Zedillo señaló en su Tercer Informe de Gobierno del 1º de Septiembre que "Hoy, la más grave preocupación de los ciudadanos es la inseguridad pública." También lamentó que gran parte de la inseguridad fuera el resultado del hecho que en México "se sigue temiendo tanto a quien comete un delito como a quienes deben perseguirlo, porque con frecuencia encubren o toleran los actos ilícitos." Ciudad de México destacó como el lugar donde los problemas de seguridad -- y las violaciones de los derechos humanos derivadas de operaciones policiales -- fueron más acuciantes. En la capital, las técnicas desarrolladas para combatir la delincuencia estaban basadas en la violación de las libertades civiles, como la libertad de movimientos y el debido proceso. La policía acordonó calles y barrios completos, detuvo a los presentes y, una vez hechas las detenciones, puso en libertad a los que no consideró sospechosos. El 8 de septiembre, los abusos derivados de esta estrategia de lucha contra la delincuencia alcanzaron una dimensión trágica cuando, tras responder a una denuncia de robo en el distrito de Buenos Aires, un agente de policía fue asesinado durante un aparente tiroteo con los sospechosos. Los cadáveres de tres personas, que según testigos habían sido detenidas por la policía, fueron hallados al día siguiente. El 30 de septiembre, fueron hallados los cuerpos de otras tres personas detenidas por hombres vestidos de civil y desaparecidas desde el 8 de septiembre. En octubre, la policía detuvo al menos 24 agentes de policía, uno de ellos acusado de homicidio calificado. Tras el incidente, las autoridades disolvieron el Grupo Especial Disuasivo "Jaguares," el cuerpo policial de Ciudad de México al que pertenecía el agente acusado de homicidio calificado. Cuando se escribió este informe, no estaba claro hasta qué nivel de la cadena de mando llegarían las investigaciones.

Mientras la policía emprendía acciones con una dureza sin precedentes para combatir la delincuencia, cada vez más periodistas eran víctimas de hostigamientos, ataques físicos y hasta asesinatos. Durante 1997, pistoleros asesinaron al menos dos periodistas, Jesús Bueno León, del semanario 7 Días del estado de Guerrero, y Benjamín Flores Guerrero, del diario La Prensa del estado de Sonora. Antes del asesinato, Bueno había escrito que creía que funcionarios estatales planeaban asesinarlo en represalia por sus artículos. En el caso de Flores Guerrero, las autoridades estatales detuvieron a dos hombres acusados de cometer el asesinato a instancias de un presunto narcotraficante.

Durante el año, también se produjeron otros ataques físicos contra periodistas. Por ejemplo, en dos incidentes distintos, atacantes sin identificar secuestraron a dos reporteros del diario Reforma. El 5 de septiembre, tras entrevistar a familiares de funcionarios de la PGR acusados de narcotráfico, Daniel Lizárraga fue conducido en un taxi por la ciudad por hombres que lo interrogaron en relación a las entrevistas y le amenazaron para que dejara de informar sobre el tema. Antes de liberar a Lizárraga, los atacantes le robaron documentos relacionados con su artículo, entre ellos las notas de la entrevista. Sólo unos días antes, el 25 de agosto, atacantes habían secuestrado, golpeado y amenazado al reportero de Reforma David Vicenteño, que estaba informando sobre la "desaparición" de un agente de policía de Ciudad de México. El 13 de septiembre, hombres vestidos de civil secuestraron a René Osorio, un reportero del programa Hechos de la TV Azteca. Los atacantes torturaron al periodista con una bolsa de plástico sobre su cabeza y le amenazaron de muerte. Le advirtieron que tanto él como su jefe, el presentador Javier Alatorre, debían dejar de criticar las operaciones policiales en Ciudad de México. La TV Azteca había emitido recientemente un reportaje que mostraba a ladrones armados conversando con agentes de policía tras cometer un delito. Al día siguiente, el reportero de Hechos Ernesto Madrid fue víctima de un ataque similar. El 17 de septiembre, un reportero del diario El Universal, que había informado sobre los mismos incidentes aparecidos en Hechos, fue golpeado.

Los periodistas mexicanos y los corresponsales extranjeros destacados en el país también siguieron enfrentándose a hostigamientos en forma de demandas penales por difamación, las cuales, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) con sede en Nueva York, conllevaban una posible condena máxima de 11 meses de cárcel. Entre los periodistas demandados por difamación se encontraban Ninfa Deandar, redactora jefe del diario El Mañana de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, que fue víctima de amenazas de muerte, y Sam Dillon y Craig Pyes del New York Times. Se amenazó a otros periodistas con acciones judiciales si no se presentaban a declarar ante los fiscales en relación a informaciones publicadas en sus periódicos.

En lo referente a los derechos laborales, los mexicanos siguieron padeciendo violaciones derivadas de la aplicación poco estricta de las normas laborales por parte del gobierno, y de las estructuras legales que impedían la organización de sindicatos independientes. Por ejemplo, Human Rights Watch documentó como el gobierno dejó de aplicar las leyes contra la discriminación en las fábricas manufactureras de exportación, conocidas como maquiladoras, y la tendencia pro gubernamental de los tribunales laborales federales. En 1996 y 1997, Human Rights Watch presentó denuncias relacionadas con estos problemas ante la Oficina Administrativa Nacional de Estados Unidos (OAN de los EE.UU.) [Ver El papel de la comunidad internacional]. La OAN de los EE.UU. fue creada por el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), más conocido como el acuerdo paralelo sobre los derechos laborales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), para encargarse de dichos temas. Los sindicalistas también padecieron amenazas, ataques físicos y represalias por su labor sindical.

En junio, una decisión importante del tribunal de apelaciones revistió la esperanza de que serían eliminadas ciertas restricciones legales a la libertad sindical, que llevaban vigentes muchos años en México. En base a un recurso presentado por el Sindicato Unico de Trabajadores de la Secretaría de Pesca (SUTSP) -- el sindicato representado por Human Rights Watch ante la OAN de Estados Unidos en uno de los casos antes mencionados -- un tribunal decretó que las disposiciones de la ley del trabajo que prohibían la existencia de más de un sindicato en una entidad del gobierno, como una secretaría, eran inconstitucionales. A pesar de que la decisión supuso un éxito importante para los defensores de la libertad sindical, no quedó claro el impacto que tendría, ya que la ley federal del trabajo no definía los derechos de un segundo sindicato minoritario en un organismo federal, y la decisión de junio no solucionó el vacío legal. Hasta que las leyes mexicanas estipulen los derechos de los sindicatos minoritarios -- como el derecho a recibir cuotas sindicales y el derecho de sus dirigentes a disfrutar licencia para las actividades sindicales oficiales -- la formación de más de un sindicato en organismos federales no tendrá mucho sentido. De hecho, aunque la decisión de el tribunal concedía al SUTSP el derecho a coexistir con otro sindicato pro gubernamental dentro de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), el SUTSP no pudo operar como un sindicato. Cuando se escribió este informe, SUTSP había recurrido a los tribunales para que se definieran sus derechos.

La defensa de los derechos humanos

El gobierno mexicano siguió reaccionando con vehemencia contra la presión internacional en materia de derechos humanos, rechazando informes bien fundados de derechos humanos e incluso expulsando a observadores extranjeros de derechos humanos. Como había ocurrido en años anteriores, las organizaciones de derechos humanos mexicanas fueron víctimas de amenazas y ataques graves durante 1997.

Los grupos de derechos humanos relacionados con la Iglesia siguieron siendo atacados en todo México. A finales de 1996, en Ciudad de México, disminuyeron las amenazas de muerte a los miembros y colaboradores del PRODH, pero en mayo, después de que el Centro asistiera a extranjeros amenazados de expulsión, hombres armados se presentaron en el exterior de las oficinas de la organización en Ciudad de México. Los hombres mantenían vigilada la oficina durante una semana. Tras una serie de amenazas de muerte a miembros del PRODH en 1996, algunas de las cuales fueron entregadas por escrito y en mano en la oficina de Ciudad de México, las autoridades instalaron un circuito cerrado de televisión en la entrada de las oficinas del PRODH y dieron órdenes a la policía de patrullar en las cercanías del edificio donde operaba la organización. Sin embargo, las investigaciones judiciales de las amenazas no dieron resultado, ya que las autoridades no siguieron las pistas ofrecidas por el PRODH.

La Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC) de Chihuahua fue amenazada de nuevo en enero; le dijeron al secretario y fundador de la organización que dejara el trabajo o lo matarían. COSYDDHAC había recibido amenazas similares durante 1996. El 15 de febrero, en una época de presión creciente contra los miembros del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas," un grupo de investigadores del Centro fue atacado y emboscado en Sabanilla, cuando intentaba salir del municio. Aunque se habían desplazado a esta conflictiva municipio para reunir información, los investigadores decidieron abandonar su tarea al descubrir que la policía no estaba dispuesta a prestarles ayuda; cuando salían de la comunidad, hombres armados los detuvieron en la carretera y abrieron fuego cuando intentaron retroceder con sus vehículos. José Montero, un miembro del Centro, resultó herido en el brazo.

También en Chiapas, la Coordinadora de Organismos No Gubernamentales por la Paz (CONPAZ) fue atacada de nuevo. El 7 de octubre y 4 de noviembre de 1996, y el 9 de febrero de 1997, atacantes sin identificar intentaron sin éxito incendiar las oficinas de la Coordinadora. El 7 de noviembre de 1996, un miembro de Chiltak, uno de los grupos de la CONPAZ, recibió amenazas de muerte anónimas en las que se nombraban a varias personas incluidas en una lista negra. Posteriormente, el 7 de mayo de 1997, el director de Chiltak, Gerardo González, recibió amenazas de muerte telefónicas.

El gobierno demostró su desdén por el trabajo informativo de las organizaciones internacionales de derechos humanos al rechazar la información y los informes de varias de éstas, entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Por ejemplo, el día de la publicación del informe de Human Rights Watch sobre violencia rural, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que afirmaba la preocupación del gobierno por los derechos humanos y acusaba a Human Rights Watch de "pretende[r] con su informe parcial y poco objetivo, distorsionar la situación real de los derechos humanos en los Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa." El comunicado, típico de la retórica insustancial del gobierno en materia de derechos humanos, rechazaba el informe por tratar "presuntas violaciones que se encuentran ya desahogadas o en vías de resolverse."

Cuando Human Rights Watch puso en entredicho las acusaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló tres casos considerados resueltos o en vías de resolución. En el informe sobre violencia rural, Human Rights Watch había constatado la detención de los responsables en dos de los casos señalados por el gobierno. Sin embargo, de las decenas de incidentes mencionados en el informe, la Secretaría de Relaciones Exteriores no señaló un sólo caso en el que hubiera sido enjuiciado un funcionario del gobierno por haber cometido una violación de los derechos humanos.

El gobierno reiteró su rechazo a participar en un dialogo serio en materia de derechos humanos en septiembre, cuando altas autoridades del gobierno se negaron a reunirse con una delegación encabezada por el Secretario General de Amnistía Internacional, Pierre Sané. Tras este incidente y una situación igualmente controversial con organizaciones de derechos humanos francesas, el gobierno anunció la creación de la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internaciones de México en Materia de Derechos Humanos. Cuando se escribió este informe, la comisión no había iniciado todavía la tarea de coordinación de las acciones destinadas a garantizar el cumplimiento de estas obligaciones por parte de México.

Sin embargo, las autoridades mexicanas no se limitaron, en su afán de restringir la observación de los derechos humanos, a emitir comunicados insustanciales y cerrar la puerta al dialogo. En abril, el gobierno expulsó a Vilma Núñez y Benjamín Cuéllar de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, FIDH) con sede en París, y a Georgeanne Potter del Comité de Servicio Universalista Unitario (Unitarian Universalist Service Committee) con sede en Boston. Posteriormente, las autoridades presentaron sus disculpas a Potter y le comunicaron que tenía permiso para regresar al país. También en abril, funcionarios presionaron a doce europeos laborando para la paz para que salieran del país debido a su participación en una marcha de protesta en Chiapas. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México también intentó limitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con la excusa de mejorar los procedimientos de la Comisión, México presionó para que se realizaran cambios que habrían eviscerado el organismo. Según las propuestas mexicanas, las oficinas gubernamentales encargadas de los derechos humanos--en lugar de las organizaciones no gubernamentales--serían el canal principal para la presentación de casos ante la Comisión, los informes de la Comisión serían confidenciales y, según el asesor legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, los que presentaran casos ante la comisión no podrían pertenecer a "un tercer país o un organismo internacional que esté alejado de la realidad histórica y cultural mexicana." No se adoptaron las propuestas del gobierno mexicano.

El papel de la comunidad internacional

La Unión Europea

En octubre de 1996, México y la Unión Europea (UE) decidieron iniciar las conversaciones oficiales sobre un acuerdo comercial, político y de cooperación. En junio, México y la Comisión Europea, encargada de negociar los términos de los acuerdos con países fuera del sistema europeo, llegaron a un acuerdo provisional, pero el pacto fue rechazado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea al no incluir la entera cláusula de derechos humanos de la UE. México había logrado eliminar de la clausula las referencias a su política nacional en materia de derechos humanos. En julio, México aceptó la inclusión en el acuerdo de la clausula de derechos humanos en su totalidad.

En julio, aunque su intento de limitar la clausula de derechos humanos de la Unión Europea no había tenido éxito, México logró bloquear una ayuda de la UE por valor de 340.000 dólares estadounidenses a la Academia Mexicana de Derechos Humanos, para su labor de observación de las elecciones en Ciudad de México. El gobierno mexicano alegó que los europeos no tenían competencia para financiar a una organización no gubernamental sin el consentimiento del gobierno, y afirmaron que los europeos no debían interferir en los procesos electorales nacionales. En abril, una iniciativa presentada por el partido en el poder ante la Cámara de los Diputados tenía la finalidad de prohibir la financiación con dinero extranjero de los observadores electorales mexicanos. La propuesta se retiró ante las críticas generalizadas.

Estados Unidos

Siguiendo una tendencia iniciada años atrás, Estados Unidos aumentó su apoyo público a las organizaciones de derechos humanos mexicanas, lo que supuso una contribución importante a la comunidad de derechos humanos del país. En mayo, durante su visita a México, la Secretaria de Estado Madeleine Albright se reunió con representantes de organizaciones de derechos humanos, y la Embajada de Estados Unidos en México mantuvo un estrecho contacto con dichas organizaciones. El gobierno estadounidense tomó otra iniciativa positiva sin precedentes, al enviar una misión del Departamento de Estado a México para estudiar en exclusiva los asuntos de derechos humanos. La misión, encabezada por el funcionario adjunto al Asistente a la Secretaria de Estado, Steven Coffey, se realizó con motivo de las objeciones del gobierno mexicano al informe anual en materia de derechos humanos del Departamento de Estado, publicado en febrero. El informe profundo del Departamento de Estado recogía con fidelidad los principales problemas en México y concluía que "entre los principales abusos se encontraban ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones ilegales y arbitrarias, malas condiciones penitenciarias, registros ilegales, violencia contra las mujeres, discriminación contra las mujeres y las personas indígenas, algunas limitaciones a los derechos del trabajador, y trabajo infantil generalizado en la agricultura y el sector de la economía informal."

Aunque el informe sobre la situación de los derechos humanos estableció claramente los problemas de México en este sentido, y que el Departamento de Estado demostró su firmeza al apoyar a la comunidad de derechos humanos mexicana; esto no significaba que el gobierno estadounidense estuviera dispuesto a presionar a México para que mejorara su situación en materia de derechos humanos. La política estadounidense en relación a México en este aspecto fundamental fue consistente con la de años anteriores: la atención se concentró en los delicados problemas bilaterales relativos al comercio, la economía, las drogas y la inmigración; dejando de lado las preocupaciones en materia de derechos humanos.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos siguió examinando dos casos sobre derechos del trabajador presentados de conformidad con el ACLAN. El 27 de enero, la OAN, dentro del Departamento, emitió un informe sobre un caso relacionado con el SUTSP; que Human Rights Watch, el Fondo Internacional de los Derechos del Trabajador (International Labor Rights Fund, IRLF) y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) habían presentado en junio de 1996. En la demanda se demostraba que el SUTSP no había podido ejercer su derecho a la libertad sindical desde principios de 1995, y que ningún organismo del gobierno mexicano aplicaba efectivamente las leyes relativas a la libertad sindical. Los funcionarios del SEMARNAP--la Secretaría del Medio Ambiente en la que estaba organizado el SUTSP--se negaron a reconocer el sindicato, incluso después de que fuera reconocido legalmente como tal. Cuando se escribió este informe, el problema seguía vigente.

Los demandantes del caso del SUTSP también alegaron que ciertas partes de las leyes laborales federales mexicanas violaban las normas relativas a la libertad sindical, y por lo tanto el ACLAN, al establecer que sólo podía existir un sindicato en un organismo federal, como una secretaría; y que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) no era imparcial, como exigía el ACLAN. Los demandantes instaron a la OAN de Estados Unidos a que revisara el cumplimiento por parte de México de sus leyes laborales, en vistas de las normas tanto nacionales como internacionales.

En su informe de enero de 1997, la OAN de Estados Unidos solicitó al Departamento de Trabajo estadounidense que analizara, junto a su homólogo mexicano, el asunto de cómo estaban relacionadas las leyes del trabajo mexicanas con las normas internacionales laborales, pero no solicitó que se tomara ninguna medida relativa al problema directamente relacionado con el caso del SUTSP. Por medio de un mecanismo denominado "consultas ministeriales," los dos países decidieron celebrar un seminario sobre tratados internacionales y sistemas constitucionales en Estados Unidos, México y Canadá. El largo y exhaustivo proceso de recogida de información emprendido por la OAN de Estados Unidos en el caso del SUTSP, que incluyo las audiencias públicas de diciembre de 1996, demostró ser un método importante para concentrar la atención de la opinión pública en los problemas graves de México en materia de derechos del trabajador. Sin embargo, cuando se escribió este informe, el proceso no había dado como resultado la realización de ninguna acción concreta destinada a resolver estos problemas. De hecho, el informe de enero de la OAN de EE.UU. no incluyó en su análisis mucha de la información bien fundada presentada por los demandantes. Por ejemplo, la OAN de Estados Unidos citó las victorias del SUTSP en los tribunales de apelaciones para concluir que no se había producido ninguna violación de la libertad sindical, y afirmó que los tribunales habían restituido el derecho a la libertad sindical del SUTSP. Sin embargo, la OAN de EE.UU. no tuvo en cuenta al tomar su decisión las pruebas que demostraban que, a pesar de las victorias en los tribunales, los miembros del sindicato nunca pudieron ejercer sus derechos, ya que ningún funcionario del gobierno se lo permitió. Asimismo, la OAN de Estados Unidos declaró que no había existido parcialidad por parte de los tribunales laborales en el caso del SUTSP, pero no se refirió directamente las denuncias de los demandantes. Por ejemplo, como prueba de la imparcialidad del tribunal, la OAN de EE.UU. señaló los éxitos del SUTSP al apelar las decisiones de los tribunales laborales, a pesar de que la capacidad de apelar una decisión no reflejaba sobre la conducta del tribunal cuya decisión había sido apelada. Es más, la OAN de Estados Unidos concluyó que, dada su estructura, el tribunal podría parecer parcial en algunos de los casos que procesaba; pero, a pesar de ello, decidió que no debían tomarse medidas adicionales en relación al tema de la imparcialidad, incluso teniendo en cuenta que el ACLAN exigía que los tribunales laborales fueran totalmente imparciales.

En el segundo caso procesado por la OAN de EE.UU. durante 1997, Human Rights Watch, el IRLF y la ANAD acusaban al gobierno mexicano de no aplicar sus leyes contra la discriminación, al permitir que se realizaran pruebas de embarazo obligatorias en el momento de contratar a mujeres en las maquiladoras. En la demanda también se alegaba que las víctimas de dicha discriminación no tenía una posibilidad real de recurrir a los tribunales laborales. La demanda fue presentada en mayo, y la OAN decidió admitir a trámite el caso e inició un proceso de recogida de información relacionada con el caso que se prolongó durante meses. El gobierno mexicano respondió a la demanda afirmando que las pruebas de embarazo no constituían una violación de las leyes mexicanas ni del derecho internacional. Cuando se escribió este informe, la OAN de Estados Unidos seguía reuniendo información relacionada con los temas planteados por los demandantes. En octubre, la OAN de EE.UU. anunció que el 19 de noviembre se celebrarían las audiencias públicas sobre el caso.

La OAN de Estados Unidos revisó brevemente un tercer caso, que fue posteriormente retirado por los demandantes. PANORAMA GENERAL EN AMÉRICA LATINA REGRESAR AL PRINCIPIO

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