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Informe 2002
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La Situación de los Derechos Humanos

La detención de octubre de 1998 en Londres del ex gobernante militar de Chile, Augusto Pinochet, hizo renacer la esperanza para las víctimas de abusos a los derechos humanos en todo el mundo. El caso marcó un avance significativo en los esfuerzos para obtener justicia por atroces violaciones a los derechos humanos y produzco el desarrollo de iniciativas similares para perseguir a otros ex dictadores que disfrutaban de su retiro acomodados en la impunidad. El esfuerzo a largo plazo realizado por el equipo jurídico que encabezó el procesamiento y la disponibilidad de los mecanismos legales adecuados en España, que había solicitado la extradición de Pinochet desde el Reino Unido, puso de manifiesto la dificultad de emprender otros juicios. No obstante, la detención de Pinochet fue un espaldarazo para los activistas de derechos humanos de todo el mundo acostumbrados a considerar que la impunidad era la norma habitual. Aunque la mayoría de las democracias de la región siguieron estables, se produjeron violaciones a los derechos humanos en todo el continente, con el caso destacado de Colombia. Al mismo tiempo, surgieron nuevos obstáculos para los mecanismos internacionales de derechos humanos, a pesar de que el caso Pinochet había sentado un nuevo precedente.

Cabe destacar que la acción legal emprendida contra el general en España y el Reino Unido no produjo inestabilidad política en Chile. Los opositores a la iniciativa legal habían pronosticado nefastas consecuencias políticas si se avanzaba en el caso, en parte con la intención de presionar a los dos países europeos para que garantizaran el regreso de Pinochet a Chile sin enfrentarse al juicio en España. Sin embargo, a finales de octubre de 1999, Chile se preparaba sin sobresaltos para las elecciones presidenciales de diciembre mientras los jueces reabrían casos que llevaban largo tiempo archivados. Es más, según las encuestas de opinión, la mayoría de los chilenos estaban de acuerdo con que Pinochet rindiera cuentas por las violaciones a los derechos humanos que habían acompañado su golpe militar. Lo que dividía a la opinión pública chilena era si el ex general debía ser juzgado en Chile o en el extranjero.

Ningún país demostró mejor que Colombia que la existencia de un gobierno civil electo no conlleva necesariamente la protección a los derechos humanos. No sólo no existieron muestras de abatimiento del conflicto armado en el país, a pesar de una iniciativa importante de paz emprendida por el Presidente Andrés Pastrana, sino que las violaciones a los derechos humanos proliferaron con la intensificación de los combates. La guerrilla empleó el territorio que le había cedido el Gobierno para promover la guerra en lugar de dialogar por la paz. Los grupos paramilitares que operaban en ciertas áreas con la tolerancia y el apoyo abierto de las Fuerzas Armadas continuaron masacrando civiles, cometiendo asesinatos premeditados y sembrando el terror. La guerrilla también desacató abiertamente el derecho humanitario con el secuestro y la ejecución de civiles y los ataques indiscriminados. Algunos colombianos desesperados huyeron de la violencia en todo el país, con escasas posibilidades de encontrar refugio, alimentos o atención médica. Mientras tanto, Washington siguió adelante con sus planes de suministrar cantidades masivas de ayuda militar a Colombia.

En Perú, las debilidades de las instituciones políticas y judiciales del país contribuyeron a violaciones a los derechos humanos. La precariedad del sistema judicial y político, concebido en gran parte por Fujimori, permitieron que el Presidente ejerciera un control autoritario cada vez mayor. Durante el año, continuó preparando el terreno para su tercera candidatura en las elecciones presidenciales previstas para el 2000, aunque la legalidad de un tercer mandato seguía siendo dudosa. Las campañas de hostilidad e intimidación a medios de comunicación independientes, inspirada por el Gobierno, continuó paralizando la libre expresión de opiniones políticas, mientras que los jueces cuyas decisiones amenazaron los intereses del Gobierno siguieron expuestos a traslados repentinos a otros puestos. Cientos de peruanos condenados injustamente o pendientes de juicio por delitos terroristas permanecieron en prisiones de máxima seguridad sometidos a un régimen penitenciario sumamente duro. Aunque Fujimori había autorizado previamente el establecimiento de una Comisión Ad Hoc para la revisión de casos cuyo indulto se había recomendado, sólo concedió siete indultos entre los más de 50 casos que la comisión le presentó durante los primeros ocho meses de 1999.

Como se explica con más detalle a continuación, Perú también adoptó medidas sin precedentes desafiando la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A diferencia de Perú, donde la debilidad de los sistemas político y judicial era el resultado de un plan político preconcebido, en Haití, la debilidad de las instituciones democráticas-y la subsiguiente vulnerabilidad de los derechos humanos-condujo al caos político. Las luchas internas en el partido gobernante de Haití paralizaron aún más al Gobierno, en el que reinaba la confusión desde la dimisión de junio de 1997 del Primer Ministro Rosny Smarth. La crisis política del país se agravó en enero de 1999, cuando el Presidente René Préval disolvió súbitamente el Parlamento y designó a un nuevo primer ministro y un gabinete ministerial. La violencia política y los asesinatos por parte de la policía-cuyos niveles no llegaban ni de cerca a los alcanzados durante los gobiernos militares-aumentaron con la cercanía de las elecciones previstas para diciembre de 1999. El sistema de justicia siguió siendo claramente disfuncional, incapaz de procesar a la floreciente población carcelaria de Haití, la gran mayoría de la cual estaba compuesta de presos preventivos, y de establecer un baluarte contra las violaciones a los derechos humanos.

La violencia policial alcanzó niveles inquietantes en Haití, tras haber disminuido durante dos años consecutivos. Además de algunas aparentes ejecuciones extrajudiciales, la Policía Nacional de Haití estuvo presuntamente implicada en los primeros casos de desaparición forzada desde el final del régimen militar. En Guatemala y Haití, las dramáticas deficiencias policiales llevaron a los ciudadanos de a pie a administrar su propia cruda forma de justicia mediante linchamientos de presuntos delincuentes.

En Venezuela, la victoria electoral en diciembre de 1998 del ex teniente coronel del Ejército Hugo Chávez planteó pronósticos inciertos para los derechos humanos y la democracia. Chávez había liderado un golpe de Estado frustrado en 1992, pasado por la cárcel y regresado como el reformador político que encabezaba la cruzada para extirpar del país los problemas bien documentados de corrupción, mala gestión política y pobreza. En abril, se formó una asamblea constituyente encargada de redactar una nueva constitución, que declaró en estado de emergencia los sistemas político, legislativo y judicial, y asumió una autoridad extraordinaria para intervenir. La asamblea prohibió a los congresistas elegidos democráticamente que se reunieran o ejercieran su autoridad. Chávez permitió finalmente que el Congreso asumiera algunas de sus funciones y el país recuperó la estabilidad cuando estaba al borde del caos. Algunos problemas endémicos de derechos humanos, tales como las detenciones arbitrarias, disminuyeron drásticamente gracias a la política del gobierno de Chávez de suspender las redadas policiales en barrios pobres. No obstante, persistieron las terribles condiciones penitenciarias y la violencia policial, que incluía la comisión de ejecuciones extrajudiciales.

Cuba siguió siendo la gran excepción a los gobiernos electos de la región, mientras Fidel Castro celebraba en enero su 40º aniversario en el poder sin ningún indicio de que iba a soltar las riendas del país. La condena en marzo de cuatro disidentes a penas de tres años y medio a cinco años de prisión fue un claro recordatorio de la intolerancia del Gobierno a las críticas. La apertura política que acompañó la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba en enero de 1998 no sobrevivió más de un año. Las leyes cubanas continuaron prohibiendo el ejercicio de derechos básicos, entre ellos la libertad de expresión y asociación, y la injerencia del Gobierno en los tribunales socavó el derecho a un juicio justo.

En general, las democracias de la región demostraron dificultades para manejar los asuntos policiales y judiciales respetando al mismo tiempo los derechos humanos. Los problemas de seguridad pública siguieron siendo prioritarios entre la opinión pública mientras las fuerzas policiales no lograban proteger a poblaciones hastiadas por la delincuencia. Los funcionarios y los aspirantes a políticos no dudaron en sacrificar los derechos humanos como la causa del aumento de la delincuencia, en lugar de examinar sus verdaderas causas: impunidad de poderosos delincuentes, persistencia de la pobreza desesperada y corrupción e ineficacia de los tribunales y la policía. En Argentina, funcionarios del Gobierno y aspirantes al puesto compitieron justificando la brutalidad sin límites para combatir la delincuencia. El Vicepresidente Carlos Ruckauf, candidato del gobernante Partido Justicialista a Gobernador de la provincia de Buenos Aires, instó imprudentemente a la policía a que "matara a asesinos" y "disparara a delincuentes," mientras que su contrincante independiente Luis Patti advirtió que si los presuntos delincuentes "querían que se respetaran sus derechos, debían marcharse a Costa Rica." Estos comentarios fueron especialmente incendiarios en el contexto del aumento de la violencia policial contra civiles, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

También en México, líderes políticos, empresariales e incluso religiosos hablaron en contra de los defensores de los derechos humanos, achacando a las garantías de derechos humanos el agravamiento de la delincuencia al proteger a delincuentes en detrimento de los ciudadanos respetuosos de la ley. Un candidato que obtuvo el puesto de gobernador promovió un eslogan en su campaña de mano dura contra la delincuencia proclamando que "los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas." En este contexto, el gobierno federal de México aprobó en febrero y marzo reformas constitucionales que debilitarían las protecciones a los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia. Los cambios del procedimiento legal mexicano para recurrir las acciones de las autoridades, conocido como amparo, ampliarían las circunstancias en las que podrían llevarse adelante los procesamientos a pesar de la violación de las garantías del debido proceso. Una vez aprobadas por la mayoría de los estados mexicanos, las reformas facilitarían asimismo que los agentes del Ministerio Público obtuvieran órdenes de arresto al disminuir la carga de las pruebas necesarias.

En México, muchas violaciones a los derechos humanos estaban agravadas por la respuesta inadecuada de agentes del Ministerio Público y jueces frente a los abusos cometidos contra los inculpados penalmente. Mientras los primeros fabricaban pruebas o hacían oídos sordos a los abusos de policías y soldados, los segundos buscaba vías para condenar a los acusados ignorando estos problemas. El principio de "inmediatez procesal" fue un elemento clave para que los jueces pudieran proceder de ese modo. Mientras que en la mayoría de los países la inmediatez procesal significa que las declaraciones hechas ante el juez son más creíbles que cualquier otro testimonio, en México se interpretaba que las primeras declaraciones eran más dignas de crédito. Esto condujo a que se concediera más peso a las declaraciones realizadas durante la detención policial, obtenidas con frecuencia mediante tortura, y se pusiera en duda las retractaciones posteriores ante los jueces.

Los niveles de asesinatos de civiles por parte de la policía continuaron siendo elevados en las principales ciudades de Brasil, aunque algunas áreas mostraron una mejora. La policía de Río de Janeiro mató a menos civiles tras el nombramiento de un nuevo jefe de seguridad y la creación de la defensoría del pueblo. Sin embargo, en el estado de São Paulo, las cifras del primer trimestre de 1999 anunciaban que la violencia policial aumentaría por tercer año consecutivo. Mientras tanto, el fracaso de varios procesamientos prominentes de policías por casos de brutalidad extrema no auguraban nada bueno para el establecimiento de la responsabilidad por dichos crímenes.

El Presidente de Perú, Alberto Fujimori, el gobernante civil electo más autoritario de la región, demostró su desacato a las normas internacionales de derechos humanos al anunciar, a finales de mayo, que su gobierno no cumpliría una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La corte, un organismo judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA), habían ordenado a Perú que ofreciera un juicio justo a dos chilenos que habían sido condenados por "traición," un delito agravado de terrorismo en Perú, por los tribunales militares sin rostro. La corte falló que en el juicio sumario a que fueron sometidos los chilenos se violaron numerosas disposiciones sobre el debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dos semanas después, la Corte Suprema de Perú declaró que no aplicaría un fallo similar de la corte relativo a una peruana a la que un tribunal militar sin rostro había negado garantías básicas del juicio justo. Los fallos de la Corte Interamericana son legalmente vinculantes, por lo que el anuncio de Fujimori suponía un desacato directo al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Aunque otros gobiernos han retrasado la aplicación de fallos dictados por la corte, ninguno se había negado a acatarlos antes.

Fujimori empeoró el asunto posteriormente al anunciar que Perú iba a retirar su reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana, una medida sin precedentes desde el establecimiento de la corte en 1979. La corte se había convertido en el último recurso para las víctimas de derechos humanos peruanas, dada la persistente injerencia gubernamental en la judicatura peruana y las leyes de amnistía que impedían la responsabilidad por previas violaciones a los derechos humanos.

Mientras el gobierno de Fujimori desafiaba abiertamente la autoridad de la corte, en varios países del Caribe continuó el movimiento para la ampliación del uso de la pena de muerte, lo que socavaba la adhesión regional a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Trinidad y Tobago ahorcó a diez condenados por asesinato en junio y julio, lo que incluyó una serie de ejecuciones prominentes por la condena de nueve presuntos pandilleros a la horca. Al llevar a cabo seis de las ejecuciones de 1999, Trinidad y Tobago ignoró un mandamiento judicial dictado en 1998 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenando al país que paralizara las ejecuciones hasta que la corte hubiera revisado detenidamente los casos. Santa Lucía, Bahamas, Antigua y Barbuda, y Guyana dijeron que iban a imitar la práctica, alegando que los ahorcamientos eran necesarios para reducir el aumento vertiginoso de las tasas de delincuencia. A pesar de la presión internacional y los esfuerzos de los defensores de los derechos humanos, el respaldo regional a la pena capital siguió siendo fuerte, con un índice de aprobación de cerca del 70 por ciento en Trinidad y Tobago y del 88 por ciento en Barbados. Cuando se escribió este informe, las estadísticas oficiales sobre asesinatos en el Caribe no indicaban que el aumento reciente de las ejecuciones hubiera disuadido a los criminales violentos.

Los intentos de eliminar las trabas para el uso de la pena de muerte-entre ellas las protecciones jurídicas internacionales para los condenados a muerte-revelaron un marcado desprecio a las normas internacionales entre los gobiernos del Caribe. A finales de 1998, Guyana enmendó su ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para que los condenados a muerte no pudieran someter sus casos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La medida se adoptó después de que el comité recomendara la puesta en libertad de dos condenados a muerte a causa de las violaciones del debido proceso que habían padecido. Jamaica y Trinidad y Tobago anunciaron su intención de retirar su reconocimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una decisión que habría eliminado efectivamente recursos importantes para las personas de estos países que quisieran emplear el sistema interamericano de derechos humanos para hacer respetar sus derechos. Mientras tanto, frustrados ante los intentos del Reino Unido de reducir el uso de la pena de muerte en las ex colonias, varios gobiernos caribeños tenían previsto sustituir al Comité Asesor de la Corona (Privy Council), un panel de jueces lores con sede en Londres que ejerce de máximo tribunal de la región, por una recién creada Corte Caribeña de Justicia. La inauguración del nuevo organismo judicial, que ya había sido tildado de "corte de la horca" por sus detractores, estaba prevista para octubre del 2000.

Ampliación de la Jurisdicción Universal

El caso Pinochet supuso una ampliación importante de la jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad. En este sentido, la decisión de noviembre de 1998 de la Cámara de los Lores londinense de que los jefes de Estado no tenían derecho a inmunidad por crímenes atroces, tales como el asesinato y la tortura, sentó un importante precedente legal en el ámbito internacional. La jurisdicción universal es especialmente útil para países donde las graves divisiones internas limitan las posibilidades de administrar justicia a poderosos delincuentes dentro de las fronteras nacionales.

En el caso Pinochet, por ejemplo, la jurisdicción universal ofrece la posibilidad de que el juicio se celebre en un tribunal verdaderamente independiente de la autoridad que el ex jefe militar podría ejercer en Chile, donde continúa teniendo una tremenda influencia sobre las aún poderosas Fuerzas Armadas.

Aunque Chile se ha negado a colaborar con el magistrado español Baltasar Garzón en el caso Pinochet, su historial de cooperación con la iniciativa para el establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) ha sido notable. El 11 de septiembre de 1998, fecha del 25º aniversario del golpe militar que llevó al poder a Pinochet, Chile firmó el Tratado de Roma para el Establecimiento de una Corte Penal Internacional. Los funcionarios chilenos dijeron que la propia experiencia del país contribuía al entusiasmo de su gobierno para sumarse al proyecto de la CPI. Cuando se escribió este informe, se estaba debatiendo en el Congreso de Chile una proyecto de ley para ratificar el tratado.

Durante 1999, creció el apoyo a la CPI en la región. Los delegados participaron cada vez más activamente en las negociaciones de las sesiones de la Comisión Preparatoria para la redacción de las reglas de procedimiento y prueba, y se integraron en el llamado Grupo de Ideas Afines para la promoción de la pronta ratificación del Tratado de Roma. En marzo, Trinidad y Tobago se convirtió en el primer país de la región que ratificó el tratado. Además de en Chile, se había hecho avances para la ratificación en Argentina, Bolivia y Venezuela.

La Defensa de los Derechos Humanos

En toda la región, un red creciente de organizaciones de derechos humanos, grupos vecinales y asociaciones religiosas trabajaron para proteger los derechos humanos con muy pocos obstáculos impuestos por gobiernos u otras fuerzas interesadas en silenciar las críticas en materia de derechos humanos. Cuba y Colombia fueron las excepciones más destacadas. En otros países, como Chile, México y Perú, los observadores fueron amenazados. En toda la región, Cuba fue el único país cuyas restricciones a los observadores internacionales fueron más duras que en México.

En Cuba, las personas y organizaciones relativamente escasas dedicadas a la promoción de los derechos humanos se vieron obligadas a pasar sumamente desapercibidas para poder seguir existiendo. El procesamiento y condena constantes de defensores de la reforma pacífica establecieron claramente los límites dentro del marco político para el trabajo de derechos humanos en Cuba. El gobierno cubano sentenció a cuatro líderes del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna a hasta cinco años de cárcel en marzo. Los dirigentes llevaban en prisión provisional desde 1997, cuando el grupo publicó un documento en el que se analizaba la economía, la estructura política y el historial de derechos humanos de Cuba.

Como ha sido lamentablemente el caso en años anteriores, la cruda realidad colombiana para los defensores de los derechos humanos se tradujo en amenazas, intimidación y asesinatos. Durante los primeros nueve meses del año, dos defensores de los derechos humanos, Julio González y Everardo de Jesús Puerta, fueron asesinados y docenas de otros fueron amenazados. Dos académicos que trabajaban en favor de los derechos humanos fueron también asesinados. Las amenazas obligaron a varios grupos de derechos humanos a cerrar sus puertas. Además, las fuerzas del líder paramilitar Carlos Castaño tomaron como rehenes a cuatro observadores de los derechos humanos y a la Senadora Piedad Córdoba, una enérgica defensora de los derechos humanos, con la intención de forzar al Gobierno a negociar con el grupo. Los cinco fueron liberados ilesos posteriormente. Docenas de defensores de los derechos humanos recibieron amenazas de muerte.

Aunque el gobierno colombiano prometió aportar cuatro millones de dólares para apoyar a los grupos de derechos humanos, el dinero se materializó lentamente, más despacio de lo prometido y con frecuencia de manera fugaz. Los fondos iban destinados a medidas tales como la instalación de ventanas blindadas en las oficinas de organizaciones de derechos humanos, radios, taxis y protección policial.

En Guatemala, la situación de los observadores de derechos humanos siguió siendo funesta mientras el Presidente Álvaro Arzú no demostraba siquiera un apoyo retórico a su trabajo en medio de amenazas de muerte y actos de intimidación frecuentes. En una acción imprudente dado el ambiente de amenaza en que operaban estos observadores, Arzú aprovechó la ocasión de la sesión anual de la Asamblea General de la OEA para arremeter contra organizaciones no identificadas de derechos humanos calificándolas de "instrumentos solapados de política exterior." Mientras tanto, el asesinato en abril de 1998 del Obispo Juan José Gerardi, fundador de la principal oficina de derechos humanos de la Iglesia Católica en Guatemala, continuó teniendo repercusiones nefastas cuando cada uno de los testigos importantes, y finalmente el representante del Ministerio Público, Celvin Galindo, se vieron obligados a huir del país debido a las amenazas. Cuando se escribió este informe, nadie estaba detenido en relación con el asesinato.

En Haití, el famoso defensor de los derechos humanos Pierre Espérance fue disparado en la rodilla y el hombro por pistoleros a bordo de un vehículo, mientras la violencia política se agudizaba. En Brasil, los defensores de los derechos humanos fueron víctimas de hostigamientos y amenazas. Un testigo en el caso del asesinato en 1996 del abogado de derechos humanos, Gilson Nogueira, fue asesinado mientras se celebraba el juicio. Se amenazó de muerte a activistas en Perú y en México, así como en Chile, donde los que defendían abiertamente el procesamiento de Pinochet fueron objeto de repetidas amenazas.

Las defensorías oficiales de los derechos humanos en algunas áreas gozaron de gran credibilidad debido a su trabajo independiente y diligente en defensa de los derechos humanos. Entre ellas se encontraba la Defensoría del Pueblo de Perú, encabezada por Jorge Santistevan, y las comisiones de derechos humanos establecidas por las legislaturas estatales, municipales y federales de Brasil. Estas comisiones investigaron las denuncias de abusos a los derechos humanos, supervisaron la conducta de los agentes estatales y denunciaron públicamente los abusos con una independencia notable.

El Papel de la Comunidad Internacional

La Organización de Estados Americanos

Los mecanismos para la protección de los derechos humanos de la OEA recibieron un espaldarazo en diciembre de 1998, cuando México y Brasil aceptaron oficialmente la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, este importante acontecimiento se vio ensombrecido durante el año por la posición recalcitrante frente a la corte del presidente peruano Alberto Fujimori. Las reacciones públicas de los gobiernos de la región fueron silenciadas, lo que añadió más potencial para debilitar el sistema a la decisión de Perú.

Tras recibir la notificación oficial de que Perú tenía la intención de retirar su reconocimiento de la jurisdicción de la corte, el Secretario General de la OEA, César Gaviria, hizo una declaración en la que no repudiaba claramente la decisión. En cambio, alabó las políticas antiterroristas del gobierno peruano que eran precisamente el objeto del caso judicial contra el que Perú había reaccionado. Sin embargo, emitió posteriormente una enérgica condena de la medida, calificando de "paso atrás" la intención de retirar el reconocimiento de la jurisdicción de la corte y dijo que la superación del problema de que Perú no acatara las sentencias de la corte era aún más urgente.

La propia OEA no estableció ninguna sanción para la conducta de Perú, aunque, dentro del contexto del Consejo Permanente de la OEA, varios países expresaron su descontento.

En septiembre, la Corte Interamericana declaró inadmisible la decisión de Perú, por lo que la corte podía continuar conociendo casos contra Perú independientemente de las acciones de Fujimori. La corte concluyó: "No existe en la Convención Americana norma alguna que expresamente faculte a los Estados Partes a retirar su declaración de aceptación de la competencia de la Corte."

Estados Unidos

En el transcurso de 1999, el conflicto armado en Colombia fue recibiendo cada vez más atención de los políticos estadounidenses hasta convertirse en la principal crisis de la política exterior de Estados Unidos en la región. Durante el año, Colombia recibió más visitas que nunca antes en su historia de diplomáticos, delegaciones del Congreso, funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y oficiales militares estadounidenses. Los temas de la ayuda a Colombia y las violaciones a los derechos humanos figuraban directamente en la agenda. Los republicanos en el Congreso y el gobierno del Presidente Bill Clinton, un demócrata, debatieron la mejor manera de sostener al gobierno colombiano dentro del marco de la llamada Enmienda Leahy, que condiciona la ayuda antidroga estadounidense al historial de derechos humanos de las unidades previstas para la asistencia.

El debate sobre Colombia se vio ensombrecido por la vinculación de los guerrilleros de izquierda con el narcotráfico, cuando el Mando Sur de Estados Unidos afirmó que los guerrilleros eran "narcotraficantes" y por lo tanto objetivos legítimos de la guerra contra las drogas. Este punto de vista, aunque exagerado, fue aceptado mayoritariamente por sectores influyentes dentro del Departamento de Estado y el Congreso. Aunque demostró ser un concepto conveniente para racionalizar la política, esta afirmación no tomaba en cuenta el papel con frecuencia más importante desempeñado por otros grupos en el narcotráfico, entre ellos los paramilitares de extrema derecha dedicados a combatir a la guerrilla.

En julio, el asesor sobre drogas de la Casa Blanca, el general retirado Barry McCaffrey, lineó una propuesta para doblar la ayuda a Colombia hasta alcanzar los 600 millones de dólares, la mayoría de ellos para el Ejército de Colombia. A mediados de 1999, Estados Unidos había revisado los historiales de derechos humanos y aprobado la asistencia a la Armada, la Fuerza Aérea, cinco unidades del Ejército y un nuevo batallón antinarcóticos colombianos. Sin embargo, el hecho de que Estados Unidos se concentrara en la asistencia militar y no en el apoyo a instituciones civiles colombianas amenazó con convertir a algunos funcionarios estadounidenses en apologistas del historial de derechos humanos del Ejército. Los asuntos relacionados con los derechos humanos y el apoyo a las iniciativas de paz fueron quedando cada vez más en un segundo plano dentro de la política estadounidense. En general, los métodos empleados por Estados Unidos para seleccionar a las fuerzas de seguridad colombianas siguieron siendo confidenciales y constituyeron un obstáculo para evaluar el éxito de la ley estadounidense relativa a la ayuda y los derechos humanos.

Las preocupaciones de la política estadounidense parecían basadas en la premisa de que invertir dinero en el esfuerzo antidroga como método para combatir a la guerrilla de izquierda adelantaría la llegada de la paz y la estabilidad en Colombia. Sin embargo, la premisa no tuvo en cuenta la protección constante que el Ejército otorgaba a violadores a los derechos humanos y su apoyo y tolerancia de los paramilitares. Cuando el General McCaffrey visitó Colombia, Estados Unidos ya había empezado a compartir información confidencial de inteligencia sobre la guerrilla con el Ejército de Colombia. Aunque el Departamento de Estado dijo que había recibido "garantías explícitas" de que esta información de inteligencia "sólo se emplearía para los fines previstos y no sería compartida con ningún grupo ajeno a las operaciones," no se ofreció ninguna explicación sobre los mecanismos utilizados por Estados Unidos para garantizar que la información no llegara a los paramilitares. En el pasado, el Ejército de Colombia había entregado información de inteligencia a paramilitares, que la utilizaron para cometer atrocidades.

Durante 1999, Estados Unidos se vio también obligado a su pesar a concentrarse en asuntos relacionados con el procesamiento de Augusto Pinochet. La Casa Blanca fue parca en palabras cuando Pinochet fue detenido en Londres, pero cuando la petición de extradición española cobró relevancia en Europa, el vocero del Departamento de Estado, James Rubin, se precipitó en defensa de Chile y pidió que se permitiera al país buscar un equilibrio entre reconciliación y justicia en sus propios términos. En esencia, esto significaba que Estados Unidos apoyaba la decisión de Chile de lograr el regreso de Pinochet a Chile sin posibilidades reales de ser juzgado en su país.

Las autoridades del gobierno estadounidense reaccionaron en primera instancia con lentitud a una petición oficial de España de documentación sobre violaciones a los derechos humanos en Chile, presentada de conformidad con los términos de un Tratado Bilateral de Asistencia Legal Mutua. En febrero, el gobierno de Clinton solicitó a las agencias estadounidenses que desclasificaran y hicieran públicos dichos documentos. En junio, se publicaron unos 5.300 documentos que revelaban el grado de conocimiento que Estados Unidos tuvo en su momento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el gobierno de Pinochet. Los documentos confirmaban asimismo la inconsistencia entre lo que el gobierno de Estados Unidos sabía y lo que decía y hacía en relación con los casos de derechos humanos de esa época. Además, los documentos respaldaban las afirmaciones realizadas por defensores de los derechos humanos de que Pinochet era el responsable directo de la policía secreta, a la cual se le atribuyen la mayoría de los abusos cometidos durante el régimen militar.

En octubre se hizo público un segundo lote con más de un millar de documentos que revelaba más detalles sobre lo que Estados Unidos sabía. Entre los documentos desclasificados, un memorándum de 1976 del Departamento de Estado merecía especial atención dado que demostraba que los servicios de inteligencia de Estados Unidos podían haber estado vinculados con el asesinato del ciudadano estadounidense Charles Horman, que fue asesinado por las fuerzas de seguridad después del golpe. "Existen algunas pruebas circunstanciales que sugieren que los servicios de inteligencia estadounidenses podrían haber desempeñado un papel desafortunado en la muerte de Horman. En el mejor de los casos, se limitaron a ofrecer o confirmar información que contribuyó a provocar su asesinato por el gobierno de Chile. En el peor, los servicios de inteligencia de Estados Unidos tenían conocimiento de que el gobierno de Chile se tomaba bastante en serio a Horman y los funcionarios estadounidenses no adoptaron medidas para prevenir el resultado lógico de la paranoia del gobierno."

En septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió una rogatoria a la Corte Suprema pidiendo su cooperación con la investigación estadounidense del atentado con carro bomba en Washington, D.C., contra Orlando Letelier, ex ministro en el gobierno de Salvador Allende, derrocado por los militares, y contra la ciudadana de Estados Unidos Ronni Karpen Moffitt.

Desde la detención de Pinochet en Londres, la política oficial de Estados Unidos ha consistido en insistir en que era un asunto entre el Reino Unido, España y Chile. Esta neutralidad equivocada presuponía erróneamente que la promoción general de la justicia y el procesamiento de un hombre, responsable en última instancia de la muerte de ciudadanos estadounidenses y de un atentado terrorista en Washington, no eran importantes para Estados Unidos.

El Trabajo de Human Rights Watch

La División de las Américas de Human Rights Watch continuó concentrando su trabajo en un grupo prioritario de países e hizo suyo el asunto del procesamiento de Pinochet. Produjimos nuevos informes sobre Brasil, Chile, Cuba y México, y realizamos un seguimiento de los asuntos planteados en publicaciones de años anteriores.

Junto con los departamentos jurídico y de planificación y estrategia de Human Rights Watch, la División de las Américas desarrollo informes legales que fueron presentados en Londres para respaldar la detención y extradición de Pinochet. Con la venia de la Cámara de los Lores, Human Rights Watch sometió tres documentos sobre el caso. Al mismo tiempo, trabajamos para obtener el mayor apoyo posible al procesamiento en Chile, Estados Unidos, España y el Reino Unido, mediante la elaboración de múltiples documentos informativos y jurídicos.

En noviembre de 1998, la división publicó Los Límites de la Tolerancia: Libertad de Expresión y el Debate Público en Chile. En el informe, publicado en inglés y castellano, se exponía en detalle el perdurable legado de restricciones a la libertad de expresión tras el régimen militar en Chile. En la publicación se concluía que el país no había hecho compatibles sus leyes con las normas internacionales de derechos humanos y seguía aplicando leyes en perjuicio de esas normas.

En diciembre, publicamos O Brasil Atrás das grades (Behind Bars in Brazil), un análisis de las estremecedoras condiciones penitenciarias en las prisiones, las cárceles y los centros de detención policiales de Brasil, que contaba con la población carcelaria más grande de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo. El hacinamiento, los motines, la toma de rehenes y los asesinatos forman parte de la crisis penitenciaria, pero el Gobierno no ha instituido reformas para remediar el problema.

Como colofón a un trimestre jalonado de publicaciones de informes, en enero, publicamos Abuso y Desamparo: Tortura, Desaparición Forzada y Ejecución Extrajudicial en México. En el documento, publicado en inglés y en castellano, se expone en detalle cómo en el sistema de impartición de justicia de México; que engloba a la policía, el Ministerio Público y los jueces; no se aplican las leyes de derechos humanos en los procesamientos, exacerbando de este modo los graves problemas de derechos humanos del país.

Las violaciones a los derechos humanos en Cuba fueron objeto de un análisis exhaustivo en el informe de junio La Maquinaria Represiva de Cuba: Los Derechos Humanos Cuarenta Años Después de la Revolución. En el informe, que fue publicado en inglés y castellano, se explicaban en detalle las maneras en que las leyes cubanas limitan los derechos humanos y cómo las autoridades reprimen en la práctica la libertad de expresión, asociación y asamblea, y aplastan la disidencia.

En octubre de 1999, publicamos Cuando los Tiranos Tiemblan: El Caso Pinochet, un análisis de las consecuencias de la detención del ex dictador chileno y su importancia actual y futura para el derecho internacional.

A la publicación de estos informes siguió una intensa campaña de cabildeo destinada a impulsar procesos de reforma para la promoción de los derechos humanos. En Colombia, Chile, Guatemala, México y Panamá, el Director Ejecutivo de la División de las Américas se reunió con altos funcionarios del Gobierno para insistir en nuestras preocupaciones. Durante el año, enviamos asimismo docenas de cartas planteando estas preocupaciones a funcionarios gubernamentales de toda la región.


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(en portugués)

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