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Informe 2002
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La Situación de los Derechos Humanos

El conflicto armado se ha intensificado en Colombia mientras las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla han quedado estancadas. El gobierno de Andrés Pastrana fue lento en el desarrollo de un plan para la mejora de las garantías de derechos humanos. La guerrilla utilizó el territorio que le cedieron para promover la guerra en lugar de fortalecer las conversaciones de paz. Los grupos paramilitares que operan en algunas áreas con la tolerancia y el apoyo abierto de las Fuerzas Armadas continuaron masacrando civiles, cometiendo asesinatos selectivos y sembrando el terror. Además, la guerrilla desacató abiertamente el derecho internacional humanitario, al ejecutar y secuestrar a civiles, y llevar a cabo ataques indiscriminados. En todo el país, los colombianos huyeron de la violencia política con escasas posibilidades de encontrar refugio, alimentos y atención médica. En varias ocasiones, el conflicto cruzó las fronteras con Panamá, Brasil y Venezuela, lo que aumentó las tensiones en la región y provocó el diálogo sobre una futura intervención multilateral.

Entre los departamentos más peligrosos siguieron estando los de Antioquia, Meta, Santander y Bolívar. Las víctimas cubrieron todo el espectro de la sociedad colombiana. En 1999, los paramilitares fueron considerados responsables del 78 por ciento del total de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, según la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una organización de derechos humanos. A la guerrilla, por su parte, se le atribuyeron el 20 por ciento de estas violaciones. Las fuerzas gubernamentales estuvieron implicadas en el 2 por ciento de los casos.

Algunos funcionarios del Gobierno afirmaron que se habían cortado los vínculos de las Fuerzas Armadas con los grupos paramilitares y pusieron como ejemplo el bajo porcentaje de violaciones atribuidas a actuaciones individuales de las fuerzas gubernamentales. Sin embargo, el porcentaje no recoge los casos en que las Fuerzas Armadas asistieron en las atrocidades cometidas por paramilitares. De hecho, la cooperación entre unidades de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares seguía siendo común. Por ejemplo, los investigadores del Gobierno expusieron en detalle la colaboración directa entre la Cuarta Brigada, con sede en Medellín, y los paramilitares a las órdenes de Carlos Castaño. En varias ocasiones, los paramilitares mataron a los sospechosos de apoyar a la guerrilla y entregaron sus cuerpos al Ejército. Dentro de un proceso conocido como "legalización," el Ejército alegó que los muertos eran guerrilleros caídos en combate mientras que los paramilitares eran compensados con armamento militar.

La sede en Bogotá de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos informó en 1999 que, a pesar de la existencia de informes creíbles similares, el Gobierno no actuó enérgicamente para cortar los vínculos y perseguir a los paramilitares. "Entre los elementos que indican la falta de voluntad de combatir con eficacia a los grupos paramilitares es de destacar que la ubicación de muchos de sus sitios de concentración y de entrenamiento es de conocimiento público tanto de los pobladores como de las autoridades," señalaba en su informe.

El debate sobre los porcentajes también dejo fuera el asunto de la constante actividad delictiva de la inteligencia militar, que los investigadores del Gobierno relacionaron con una serie de asesinatos prominentes y amenazas de muerte, entre ellos el asesinato en agosto del humorista Jaime Garzón. Aunque se informó del desmantelamiento de la brigada que centralizaba la inteligencia militar en 1998, debido a crímenes de derechos humanos, los investigadores del Gobierno consideraban que algunos agentes de inteligencia continuaron amenazando, secuestrando y asesinando. Por ejemplo, en uno de entre al menos ocho casos, los investigadores relacionaron el secuestro en 1998 y asesinato posterior de un empresario israelí con oficiales de inteligencia de la XIII Brigada.

Los enfrentamientos armados fueron cada vez más confusos y prolongados, ya que los grupos atacaron, contraatacaron y se aliaron en campos de batalla situados en fincas, pueblos y ciudades, entre otros escenarios. Por ejemplo, el combate de varias semanas en junio entre los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) causó docenas de bajas civiles cerca de Juan José, Córdoba. El combate terminó finalmente con la intervención del Ejército para repeler a la guerrilla, ignorando a los paramilitares cuyo cuartel general se encontraba en las cercanías. El 22 de junio, cuando los soldados salían de un helicóptero de transporte, la guerrilla les emboscó y mató a 25 de ellos, algunos de los cuales fueron aparentemente ejecutados después de entregar sus armas.

\Las fuerzas de seguridad no detuvieron las incursiones de los paramilitares ni de la guerrilla en ciudades donde se mató frecuentemente a civiles. Sin embargo, los soldados persiguieron a la guerrilla cuando se informó del ataque. Por el contrario, aunque los paramilitares con frecuencia anunciaron públicamente y con bastante antelación sus planes de ataque, las autoridades no sólo no intervinieron para detener los asesinatos, sino que muy pocas veces persiguieron a las unidades paramilitares, ni siquiera cuando permanecieron en la región después de masacrar a civiles.

Esta práctica sistemática se puso claramente de manifiesto en la frontera de Colombia con Venezuela. A pesar de los repetidos ataques de las ACCU iniciados en mayo de 1999, las autoridades no adoptaron medidas eficaces contra ellos. Por el contrario, hubo informaciones creíbles sobre la connivencia entre las fuerzas de seguridad y las ACCU, que se desplazaron libremente, pasando por bases militares, cuarteles policiales y retenes del Ejército.

Miles de civiles huyeron a Venezuela, donde las autoridades colombianas prometieron tomar medidas contra los paramilitares. No obstante, incluso cuando las familias preparaban su regreso, el líder de las ACCU Castaño reiteró sus amenazas de "limpiar" la región de guerrilleros. En agosto, una docena de masacres y varias decenas de asesinatos premeditados elevaron el saldo de muertes civiles a más de 150 personas.

El 1º de septiembre, el gobierno colombiano destituyó al General Alberto Bravo, Comandante de la Quinta Brigada y responsable militar de la región fronteriza, así como al jefe departamental de la Policía y al responsable regional del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el cuerpo de seguridad administrado por el Poder Ejecutivo de Colombia.

Los asesinatos paramilitares fueron descarnados por su salvajismo. En enero, por ejemplo, se informó de que los paramilitares sacaron por la fuerza a 25 feligreses de una iglesia en Playón de Orozco, Magdalena, y los acribillaron a balazos. Esa misma semana, las autoridades registraron más de un centenar de asesinatos atribuidos a los paramilitares, que mutilaron a algunas de las víctimas y arrojaron sus cuerpos a ríos para destruir las pruebas.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias transmitió al Gobierno de Colombia 50 nuevos casos de desapariciones ocurridas en 1998. Tuvieron lugar principalmente en el noroeste de Colombia y el departamento de Santander. La mayoría de los secuestros y detenciones que resultaron en desapariciones fueron llevados a cabo por grupos paramilitares. En unos cuantos casos, se responsabilizó al Ejército de la detención.

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General fue uno de los organismos oficiales más eficaces en el combate a los paramilitares. En 1999, la unidad informó de la detención de 161 personas acusadas de participar en actividades paramilitares. Estaban detenidos 75 miembros de las fuerzas de seguridad por su presunta implicación en crímenes de derechos humanos.

Sin embargo, el éxito se cobraba un precio cada vez más elevado. En 1998 y 1999, una docena de agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General fueron asesinados o se vieron obligados a renunciar a sus cargos por amenazas relativas a su trabajo sobre violaciones a los derechos humanos. Algunos fiscales se vieron obligados a abandonar sus puestos y buscar refugio en el extranjero debido a las amenazas provenientes, entre otros, de oficiales militares investigados por sus relaciones con los paramilitares.

En febrero, siete agentes del CTI fueron retenidos brevemente por las ACCU, que afirmó en un comunicado de prensa que los agentes estaban llevando a cabo una estrategia impuesta por los subversivos e institucionalizada ahora como parte de su estrategia general de toma del poder. El comunicado proseguía con amenazas de muerte a investigadores del Gobierno.

El Gobierno adoptó algunas medidas para purgar las Fuerzas Armadas de presuntos violadores de los derechos humanos. El 9 de abril, el Presidente Pastrana destituyó al Gral. Rito Alejo del Río y al Gral. Fernando Millán, ambos acusados de presunto apoyo a grupos paramilitares. Cuando se escribió este informe, la Fiscalía General continuaba con un caso contra Del Río por su presunto apoyo a los paramilitares que llevaron a cabo docenas de masacres y asesinatos selectivos en las regiones del Magdalena Medio y Urabá.

Sin embargo, un caso similar contra Millán se mantuvo bajo la jurisdicción de un tribunal militar. Teniendo en cuenta la práctica habitual en estos tribunales, era probable que el caso se saldara con impunidad. La Fiscalía General y la Procuraduría, que investiga las denuncias contra funcionarios del Gobierno, también hallaron pruebas que implicaban a soldados bajo las órdenes directas de Millán, así como a agentes de la Policía y del DAS en una masacre de 1998 en Barrancabermeja. La masacre había sido ejecutada por paramilitares que secuestraron y mataron a 32 personas, al parecer con la ayuda de los oficiales.

Por otro lado, la Fiscalía General suspendió en mayo al General Jaime Humberto Uscátegui, Comandante de la Segunda División, por asistir a los paramilitares en la masacre de la vereda de Mapiripán, Meta, en 1997. Este oficial se enfrentaba también a juicio por la masacre de Puerto Elvira en 1997 y la de San Carlos de Guaroa en 1998. En octubre, el Gral. Uscátegui renunció a su puesto. La detención de Uscátegui estuvo precedida por el arresto en marzo del Teniente Coronel Lino Sánchez Prado, que ayudó presuntamente a los paramilitares a llegar a la vereda. Cuando se produjo la masacre, Sánchez estaba al mando de la Brigada Móvil Nº 2.

Otros miembros de las fuerzas de seguridad vinculados por los investigadores del Gobierno con graves violaciones siguieron en el servicio activo, entre ellos dos sargentos acusados de matar al Senador Manuel Cepeda en 1994. Los suboficiales, que trabajaban para la inteligencia militar, actuaron bajo las órdenes del Comandante de la Novena Brigada, el General Rodolfo Herrera Luna, que falleció de un ataque cardíaco en 1996.

Una reforma del código penal militar, largamente apoyada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como medio para tratar la impunidad, no llegó a satisfacer las demandas de fortalecimiento de la responsabilidad, al no dejar claro cómo se procesarían los casos de oficiales militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en el artículo 3 del código sólo se citaban tres delitos-genocidio, tortura y desaparición forzada-como violaciones a los derechos humanos que debían ser juzgadas por tribunales civiles. Se dejaba fuera la violación más común atribuida a las fuerzas de seguridad colombianas, la ejecución extrajudicial. Los delitos se definían en el código conforme a "convenciones y tratados ratificados por Colombia," lo que complicaba aún más el asunto. Aunque Colombia había ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura, ni siquiera había firmado la convención de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra las desapariciones forzadas, lo que posibilitaba la manipulación jurídica de estos cargos contra agentes de las fuerzas de seguridad. Otro proyecto de ley para tipificar el delito de desaparición forzada no recibió adecuado apoyo gubernamental y fue abandonado.

A pesar del nuevo código, la legislación vigente y las decisiones judiciales que ordenaban que los delitos de derechos humanos fueran juzgados por tribunales civiles, las Fuerzas Armadas continuaron disputando y con frecuencia obteniendo la jurisdicción. Los casos relacionados con oficiales de alto rango, entre ellos el del General Uscátegui, siguieron siendo trasladados a tribunales militares, donde la impunidad era de esperar.

Por su parte, las FARC continuaron violando flagrantemente las leyes humanitarias. En febrero, militantes de las FARC capturaron y ejecutaron a tres estadounidenses que habían visitado una comunidad indígena U'wa en el nordeste de Colombia. Con la intención aparente de despistar a los investigadores, los guerrilleros trasladaron a Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Lahe'ean'e Gay a Venezuela, donde los ejecutaron. Tras admitir su participación, las FARC afirmaron que someterían a juicio a los responsables, una medida protestada por Human Rights Watch dado que la guerrilla no podía garantizar el debido proceso.

Posteriormente, las FARC anunciaron que podría ser castigado el guerrillero que, según afirmaron, dirigía la unidad que llevó a cabo las ejecuciones. Sin embargo, las transcripciones de conversaciones radiofónicas de las FARC interceptadas por el Ejército de Colombia y entregadas a la prensa apuntaban que los asesinatos no habían sido responsabilidad de guerrilleros de bajo rango, sino que habían sido ordenados por Germán Briceño Suárez, alias "Grannobles", uno de los comandantes superiores de las FARC que seguía en su puesto.

Las FARC parecían desinteresadas en la paz y suspendieron las conversaciones en varias ocasiones hasta finales de año. Mientras tanto, en el área que les cedió el Gobierno, las FARC llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales de al menos once civiles que consideraron sospechosos de varios delitos. En 1999, las FARC utilizaron repetidas veces cilindros de gas como bombas, un arma con la que es imposible apuntar adecuadamente y que causó con frecuencia bajas civiles.

La Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN) también continuó cometiendo graves violaciones a las leyes humanitarias. El 18 de octubre de 1998, poco después de la medianoche, militantes de la UC-ELN hicieron explotar parte de la conducción de Oleoducto Central S.A. (OCENSA) cerca de Machuca, Antioquia. Según las investigaciones oficiales, en seis minutos el petroleo y el gas derramado como resultado de la explosión bajó por una pendiente, cruzó el río Pocuné y llegó a la población en la otra orilla. Allí, muchos habitantes se servían de hogueras para iluminarse y cocinar. La combinación prendió en llamas que atraparon a 64 hogares y las familias que dormían en ellos. Fallecieron 73 personas, entre ellas 36 niños. Algunos de los muertos sólo pudieron ser identificados por medio de registros odontológicos dado que sus cuerpos estaban totalmente calcinados. Otras 64 personas resultaron gravemente heridas.

Semanas después del derrame, la UC-ELN admitió finalmente su responsabilidad por medio de una entrevista de prensa con Nicolás Bautista, que afirmó sin aportar pruebas que la UC-ELN había investigado el caso y "castigado" a los responsables. Sin embargo, varios meses después, el líder del ELN Antonio García "reconoció" simplemente el error e insistió en que era suficiente con que las unidades tuvieran más cuidado..

En 1999, el grupo continuó plantando explosivos en oleoductos cercanos a poblaciones civiles. En mayo, la Fiscalía General dictó una orden de arresto del comandante de la UC-ELN Luis Guillermo Roldán Posada como presunto responsable que la unidad que ejecutó el ataque de Machuca.

En negociaciones fallidas con el Gobierno en 1998, la UC-ELN hizo varios pronunciamientos sobre las leyes humanitarias que sirvieron sobre todo para demostrar lo poco que el grupo las respeta. En relación con la toma de rehenes, por ejemplo, la UC-ELN se comprometió a cesar los secuestros de civiles-que ya eran ilegales bajo cualquier circunstancia-a condición de que sus necesidades financieras se vieran satisfechas "por otros medios," y afirmaron que harían una excepción con los ancianos, las embarazadas y los niños.

Sin embargo, al año siguiente, la organización armada violó incluso esta exigua promesa, a veces de modo espectacular. El 12 de abril, el grupo secuestró a 41 pasajeros y personal de a bordo de un vuelo de Avianca, inaugurando la táctica de secuestros masivos de civiles en Colombia. Un mes después, la UC-ELN capturó a más de 140 feligreses de una iglesia de Cali. Ante la persecución de las autoridades, la UC-ELN liberó a unos 80 rehenes, pero retuvo al menos dos niños y rehenes por los que podrían pagar fuertes recompensas. Un guardaespaldas de uno de los feligreses fue muerto a tiros cuando plantó resistencia.

Meses después, la UC-ELN se disculpó no por el secuestro en si, sino por no haber esperado a la conclusión de la misa para llevarlo a cabo. Tan sólo en abril, mayo y junio, las estimaciones de la Policía apuntaban a un aumento del 217 por ciento en el ritmo de los secuestros por parte de la UC-ELN, con 463 personas secuestradas al final de ese período.

Uno de los resultados de las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario siguió siendo el desplazamiento masivo. Según el Grupo de Apoyo a Desplazados (GAD), una alianza de organizaciones de derechos humanos, religiosas y de ayuda humanitaria, cerca de 1,5 millones de colombianos habían sido desplazados por la violencia política desde 1985. En un informe de 1999, la Consultora para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), un grupo que estudió el desplazamiento forzado, se concluía que el desplazamiento había alcanzado su cota más alta en la historia en 1998: unos 308.000 colombianos se vieron obligados a huir, un aumento del 20 por ciento con respecto al año anterior. Según la CODHES, por cada asesinato político en 1998, unas 78 personas tuvieron que huir.

Lejos de mejorar, el desplazamiento forzado se intensificó en algunas regiones en 1999, lo que convirtió a Colombia en el tercer país del mundo en número de personas desplazadas, después de Sudán y Angola. Mientras el Gobierno se movilizaba para ayudar a miles de colombianos cuyos hogares habían sido devastados por el terremoto de enero en Armenia, Quindío, la mayoría de las familias de desplazados forzados continuaron viviendo en la sombra, subsistiendo con sus propios recursos escasos.

Venezuela incumplió reiteradamente sus obligaciones internacionales de proteger a los refugiados de conformidad con la Convención de los Refugiados de 1951, y calificó a los colombianos de "desplazados en tránsito" en lugar de refugiados. Algunos refugiados informaron de haber sido intimidados para que regresaran a Colombia a pesar de sus temores bien fundados a la continua persecución por parte de los paramilitares.

La atención del Gobierno de Colombia a los desplazados siguió siendo esporádica y exigua, y las familias que huían de la violencia política continuaron padeciendo el hambre, las enfermedades y las malas condiciones de alojamiento. Aunque el Gobierno firmó varios acuerdos para ofrecer ayuda, las promesas casi nunca se cumplieron. Esto constituía un incumplimiento de la Ley 387, aprobada en 1998 para ofrecer ayuda a los desplazados.

En algunos casos, las familias desplazados permanecieron en campamentos mal construidos durante más de dos años. Por ejemplo, en Quibdó, capital del departamento del Chocó, las familias desplazadas vivían en una miseria sin paralelo en Colombia, obligadas a utilizar la calle como su única letrina.

El fin de los llamados tribunales sin rostro de Colombia estaba previsto legalmente para julio de 1999. Sin embargo, durante una sesión de última hora del Senado, las medidas que promovieron constantes violaciones del debido proceso se conservaron en la ley con la creación de los llamados tribunales especializados. Entre dichas medidas se encontraban el constante anonimato de los fiscales y testigos, y las estrictas restricciones del derecho de los acusados a rebatir el testimonio aportado por la fiscalía. En 1998, investigaciones disciplinarias por parte de la Fiscalía General demostraron que funcionarios de los tribunales sin rostro habían "clonado" testimonios, permitiendo que un sólo testigo secreto se presentara como varias personas para ofrecer pruebas.

Las minas continuaron siendo un problema en Colombia y fueron empleadas tanto por las fuerzas gubernamentales como por la guerrilla. La mayoría de las bajas civiles fueron campesinos o ganaderos que trabajaban en áreas rurales mientras que las bajas militares fueron resultado del combate o de heridas sufridas durante las patrullas.

Colombia todavía no ha ratificado el Tratado de Prohibición de las Minas, aunque estaba en marcha el proceso de ratificación. No obstante, varios oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de Colombia señalaron que la ratificación podría ser imposible hasta que el conflicto se haya resuelto. El Ministerio de Defensa afirmó que había iniciado un cambio de su doctrina y manuales de entrenamiento para tener en cuenta el tratado de las minas. Estaba desarrollando asimismo el mecanismo de desminado nacional y buscando métodos alternativos para proteger la infraestructura.

El Comandante del Ejército, el General Fernando Tapias, se comprometió a retirar unas 20.000 minas antipersona que el Ejército había plantado para proteger la infraestructura militar y de comunicación del país. Todos los principales grupos guerrilleros continuaron empleando y fabricando las llamadas minas quiebrapatas. La mayoría de estas minas eran de fabricación casera, estaban compuestas de materiales baratos y fáciles de encontrar, y tenían varias formas.

La población carcelaria de Colombia, bajo la responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), continuó padeciendo los efectos del hacinamiento, ya que el número de presos excedía en un 40 por ciento la capacidad de las prisiones.

La Defensa de los Derechos Humanos

La defensa de los derechos humanos siguió siendo una tarea peligrosa en Colombia. "No existe absolutamente ninguna seguridad para realizar trabajo de derechos humanos," informó un observador internacional haciéndose eco de la opinión de muchos colombianos.

En los primeros nueve meses de 1999, dos defensores de los derechos humanos fueron muertos y docenas de ellos amenazados. Dos académicos que trabajaban en favor de los derechos humanos también fueron asesinados. El 31 de enero, Julio González y Everardo de Jesús Puerta, que trabajaban con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), fueron asesinados a tiros por presuntos paramilitares, después de ser sacados a la fuerza de un autobús público en el que se dirigían a Antioquia. Las amenazas posteriores obligaron al CSPP a suspender sus actividades durante meses.

Días antes, cuatro empleados del Instituto Popular de Capacitación (IPC) fueron secuestrados por "Las Terrazas," una banda de Medellín de asesinos profesionales que, según los investigadores, Castaño había contratado para llevar a cabo secuestros y asesinatos políticos. Posteriormente, Castaño dijo que seguiría atacando a los llamados "parasubversivos" que trabajaban en organizaciones de derechos humanos. Aunque todos ellos fueron liberados posteriormente, Castaño continuó enviando a los sicarios de Las Terrazas a la caza de defensores de los derechos humanos, entre ellos la Senadora Piedad Córdoba, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que fue secuestrada con la intención de obligar al Gobierno a mantener conversaciones oficiales de paz con el grupo. Todos fueron liberados ilesos. La Senadora Córdoba huyó después de Colombia debido a las constantes amenazas de muerte.

En 1999, el Fiscal General de Colombia formuló oficialmente cargos contra Castaño por ordenar el asesinato en 1998 de Jesús María Valle, Presidente del Comité de Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez" en Antioquia. Los sicarios de Las Terrazas habían ejecutado presuntamente el asesinato. La Fiscalía detuvo asimismo a varios asesinos acusados de matar al abogado de derechos humanos Eduardo Umaña, en su apartamento en Bogotá en 1998. No obstante, seguía sin identificarse a las personas que habían ordenado el asesinato.

Varias organizaciones de derechos humanos cesaron sus actividades debido a las amenazas, entre ellas un grupo de familias y sobrevivientes de la matanza de Trujillo de principios de los noventa. La Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo (AFAVIT) sufrieron repetidas amenazas y más de 50 de sus miembros obtuvieron asilo político en Canadá, en 1999. Al menos otra treintena de activistas se vieron obligada a abandonar el país en 1998 y 1999.

La vigilancia de algunos grupos fue manifiesta y agresiva. Un grupo informó que estaban filmando sus oficinas desde el 12º piso de un hotel vecino, lo que provocó que instalaran ventanas a prueba de bala. Los teléfonos fueron intervenidos y los interlocutores podían escuchar a los agentes comiendo, pasando las páginas del periódico y escuchando música. Varios responsables de oficinas informaron de que sus llamadas habían sido bloqueadas, cortadas o desviadas a teléfonos en cuarteles militares. Un grupo descubrió que una falsa organización no gubernamental creada por las Fuerzas Armadas estaba vigilando sus actividades, y había cundido el temor a que el Ejército y los paramilitares hubieran infiltrado a agentes en sus oficinas para vigilar los movimientos de líderes clave.

El gobierno del Presidente Pastrana asignó cuatro millones de dólares a la protección de los defensores de los derechos humanos en 1999, pero la aportación se materializó lentamente, más despacio de lo prometido y con frecuencia de manera fugaz, incluido el dinero destinado a medidas tan necesarias como ventanas blindadas, radios, taxis y protección policial de las oficinas.

El Papel de la Comunidad Internacional

La Organización de Naciones Unidas

La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bogotá continuó sus operaciones, recopilando información, reuniéndose periódicamente con funcionarios del Gobierno, grupos de derechos humanos y víctimas de abusos, y fomentando el aumento de las protecciones a los derechos humanos. Durante el año, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Mary Robinson realizó dos declaraciones contundentes sobre Colombia. Otros altos funcionarios de la ONU visitaron asimismo Colombia en 1999. Francis Deng, representante del Secretario General en relación con el asunto de las personas internamente desplazadas, regresó a Colombia en mayo para hacer seguimiento de una visita de 1994 provocada por un aumento del fenómeno. Aunque Deng dijo que el Gobierno había hecho algunos avances sobre el reconocimiento de la población desplazada, señaló que el desplazamiento forzado había aumentado drásticamente y que el Gobierno todavía no había adoptado las medidas necesarias para impedir nuevos desplazamientos y atender a los miles de colombianos desplazados.

También en mayo, Olara A. Otunnu, representante especial del Secretario General sobre el asunto de los niños y el conflicto armado, realizó una gira por Colombia durante la cual no sólo se reunió con funcionarios del Gobierno y organizaciones dedicadas a la infancia, sino también con las FARC. Otunnu subrayó el impacto de la guerra sobre los niños, algunos de los cuales habían sido reclutados a la fuerza por la guerrilla o los paramilitares. Aunque Otunnu anunció tras su visita que las FARC habían aceptado cesar el reclutamiento de niños menores de 15 años, la organización lo desmintió rápidamente y afirmó que seguirían "aceptando" a niños que deciden unirse a las filas de la guerrilla.

En abril, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU dedicó un día a debatir la situación en Colombia, la segunda vez que se concentraba especialmente en el país y una muestra de la gravedad de los problemas de derechos humanos en Colombia.

La Unión Europea

La Unión Europea (UE) siguió promoviendo una solución pacífica para el conflicto colombiano que incluyera el respeto a los derechos humanos. En varias ocasiones, la UE condenó públicamente las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por todas las partes en conflicto. En una resolución de marzo del Parlamento Europeo se destacaba las constantes amenazas contra defensores de los derechos humanos y se apelaba a las autoridades colombianas para que protegieran y apoyaran su trabajo.

En 1999, la comisión aprobó la financiación de iniciativas para la promoción de comunidades de paz en Colombia y ayudar a los desplazados forzados. La agencia humanitaria de la comisión aportó un paquete de ayuda por valor de 6,6 millones de euros (7 millones de dólares) para personas desplazadas internamente a consecuencia de la violencia y los terremotos.

Estados Unidos

Estados Unidos prestó más atención a Colombia en 1999, instigado en parte por el temor a que el Presidente Pastrana estuviera perdiendo el control. En 1999, fueron más que nunca los altos diplomáticos, delegaciones del Congreso, funcionarios de la CIA y oficiales militares que visitaron Colombia.

Una clave del cambio de política fue el argumento, adelantado por el Comando Sur de Estados Unidos (U.S. Southern Command, SOUTHCOM), que supervisaba las actividades y la asistencia militar estadounidense en Suramérica, de que los guerrilleros eran "narcotraficantes" y objetivos legítimos de la guerra contra las drogas. Este argumento fue apoyado por personas influyentes en el Departamento de Estado, el Congreso y el mundo de la política. En palabras del General Charles Wilhelm, Comandante del SOUTCOM, "la conexión entre los insurgentes y los narcotraficantes se ha demostrado muy claramente."

Los críticos señalaron serios inconvenientes con el concepto de "narcoguerrilla." Se enfatizaba demasiado su participación en el narcotráfico, la cual consistía esencialmente en cobrar impuestos sobre la producción a cambio de protección armada, y no la venta de narcóticos; y se obviaba la igualmente evidente y en ocasiones más directa e intensa participación de otros grupos, principalmente de los paramilitares. El hecho de que Estados Unidos se concentrara en la asistencia militar y no en el apoyo a instituciones civiles colombianas amenazó con convertir a algunos funcionarios estadounidenses en apologistas del historial de derechos humanos del Ejército. Aunque se mantuvo la importancia de los asuntos relacionados con los derechos humanos y el apoyo a las iniciativas de paz, éstos fueron quedando cada vez más en un segundo plano dentro de la política estadounidense.

El concepto de "narcoguerrilla" sustentó un drástico aumento del apoyo y la ayuda a las Fuerzas Armadas de Colombia. En julio, el asesor sobre drogas de la Casa Blanca, el General Barry McCaffrey, dirigió una carta a la Secretaria de Estado Madeleine Albright lineando un programa de asistencia de emergencia con el que doblaría la ayuda a casi 600 millones de dólares, la mayoría de ellos destinados al Ejército de Colombia. Según la legislación de Estados Unidos, la asistencia en materia de seguridad continuaría siendo administrada conforme a las condiciones de derechos humanos establecidas por la Enmienda Leahy, parte de la Ley Presupuestaria de Operaciones en el Extranjero (Foreign Operations Appropiations Act). A mediados de 1999, Estados Unidos había revisado el historial de derechos humanos y aprobado ayuda para la Armada, la Fuerza Aérea y cinco unidades del Ejército de Colombia, además de para un batallón antidroga con 930 soldados recién creado, la primera de tres unidades militares de este tipo previstas. El principal objetivo de la brigada, según los funcionarios estadounidenses, era recuperar territorio controlado por la guerrilla.

Se aprobó la ayuda estadounidense a dos unidades del Ejército, la XIIª y XXIVª Brigadas, a la espera del traslado fuera de cada una ellas de un oficial implicado en violaciones a los derechos humanos estando destacados en otras unidades del Ejército. Aunque los funcionarios estadounidenses parecían estar de acuerdo con que el simple traslado de los oficiales que cometen presuntas violaciones fuera de las unidades aprobadas no satisfaría los requisitos de la Enmienda Leahy de "medidas efectivas," alegaron que se mantendría la financiación si los oficiales acusados de cometer abusos, cuando servían en otras unidades, eran transferidos a otros puestos. Human Rights Watch protestó la idea de que este tipo de traslado satisficiera la legislación estadounidense, cuyo objetivo era la promoción de la responsabilidad. En general, muchos de los métodos empleados por Estados Unidos para investigar a unidades de las fuerzas de seguridad colombianas siguieron siendo secretos, lo que supuso un obstáculo para evaluar el éxito de la ley. Funcionarios de Estados Unidos dijeron a Human Rights Watch que no tenían conocimiento de ningún caso en el que la aplicación de la Enmienda Leahy hubiera conducido a la adopción de "medidas efectivas" para investigar denuncias de abusos.

Estados Unidos también señaló a las llamadas narcoguerrillas como una amenaza para la estabilidad regional. En la reunión anual de la OEA en enero, Estados Unidos propuso la creación de una fuerza multinacional capaz de intervenir en la región si la democracia "estaba en peligro." Aunque la propuesta, que muchos consideraron directamente relacionada con los temores de Estados Unidos sobre la estabilidad de Colombia, no prosperó, los países vecinos movilizaron tropas para reforzar sus fronteras con Colombia.

Cuando McCaffrey viajó a Colombia en julio, Estados Unidos había empezado también a compartir información confidencial de inteligencia sobre la guerrilla con las Fuerzas Armadas de Colombia, lo que suponía una mayor involucración en la guerra. Aunque el tipo de inteligencia compartida fue descrita inicialmente como información recopilada en "áreas de tráfico" desde marzo de 1999, parecía claro que Estados Unidos había entregado al Ejército de Colombia información que fue empleada para repeler a las FARC durante un ataque cerca de la capital en julio.

De hecho, el territorio que podía considerarse "área de tráfico" en Colombia era tan amplio que las limitaciones expresadas carecían claramente de sentido. El accidente del 23 de julio de la aeronave de espionaje del Ejército de Estados Unidos, RC-7B DeHavilland, cuando sobrevolaba el departamento de Putumayo y que se saldó con la muerte de cinco oficiales estadounidenses y dos colombianos, subrayó el rápido incremento de la participación de Estados Unidos.

El vocero del Departamento de Estado, James Rubin, afirmó que Estados Unidos había recibido "garantías explícitas" de que esta información de inteligencia "sólo se emplearía para los fines previstos y no sería compartida con ningún grupo ajeno a las operaciones." Sin embargo, el mecanismo de supervisión de unas fuerzas armadas cuyo agentes de inteligencia eran famosos por sus abusos y pasar habitualmente información a paramilitares, que después la utilizaban para llevar a cabo atrocidades, quedó sin explicación. En 1999, no existían condiciones de derechos humanos para la entrega de inteligencia, como las existentes en el caso de la asistencia en materia de seguridad.

También aumentó el habitual despliegue de fuerzas especiales estadounidenses en Colombia, de 24 en 1998 a la treintena prevista para 1999. Boinas Verdes del Ejército, soldados de la Unidad Especial de Guerra de la Armada y otras tropas de élite de Estados Unidos recibieron entrenamiento en zonas consideradas de guerra, como los departamentos de Caquetá y Vichada.

En su informe de derechos humanos de 1998 sobre Colombia, el Departamento de Estado concluyó que "miembros de las fuerzas de seguridad colaboraron con [paramilitares]." El informe proseguía: "las fuerzas gubernamentales continuaron cometiendo numerosos abusos graves, entre ellos ejecuciones extrajudiciales... Las autoridades rara vez llevaron ante la justicia a agentes de las fuerzas de seguridad y la policía acusados de delitos de derechos humanos."

Durante una visita a Colombia en abril, Harold Koh, Subsecretario de Estado para la democracia, el trabajo y los derechos humanos, pronunció un discurso contundente instando a Colombia a que mejorara su situación cortando los vínculos entre las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares, y capturando al líder paramilitar Carlos Castaño, sin cesar en su intento hasta que Castaño estuviera "entre rejas. Creemos que ha llegado el momento de emprender acciones de fuerza."

Por primera vez, parte de la ayuda estadounidense se destinó a asistir a colombianos desplazados por la guerra. Estados Unidos aumentó asimismo la ayuda a proyectos relacionados con los derechos humanos, entre ellos la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General, para la mejora de sus labores de seguridad y recopilación de pruebas. La ayuda también sirvió para apoyar un proyecto de reunión de información de la Vicepresidencia de Colombia.

En el primer encuentro hasta ahora, representantes del Departamento de Estado se reunieron con las FARC en Costa Rica, en diciembre de 1998, y conversaron entre otras cosas sobre la práctica de secuestrar a civiles, entre ellos misioneros estadounidenses cuyo paradero seguía sin conocerse. El Congresista William Delahunt (demócrata por Massachusetts), miembro del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso, y personal adscrito a otros miembros del Congreso se reunieron también con las FARC durante una visita a Colombia en junio.

En septiembre, con la esperanza de conjurar la crisis, el Presidente Pastrana presentó un plan destinado a salvar a Colombia del conflicto agravado, para el que solicitaba a Estados Unidos y a otros países que contribuyeran a un programa de 3.500 millones de dólares para atender el problema del narcotráfico, las dificultades económicas y ayudar a las Fuerzas Armadas.


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