(New York: Human Rights Watch, 1997)

REPÚBLICA DOMINICANA

La situación de los derechos humanos

El gobierno dominicano cometió violaciones graves de los derechos humanos durante el primer año de la presidencia de Leonel Fernández Reyna. La policía y los miembros de las fuerzas armadas hicieron uso de una fuerza excesiva contra presuntos delincuentes, presos y personas que participaron en manifestaciones públicas pacíficas, violando además con regularidad los derechos del debido proceso. Los presos dominicanos, particularmente los menores, tuvieron que soportar unas condiciones de vida deplorables, y aproximadamente el 85 por ciento de los detenidos sigue esperando juicio, muchos de ellos después de largos períodos de tiempo.

El 23 de febrero, en respuesta a los disturbios en la prisión de Azua, la policía asesinó aparentemente a sangre fría a tres jóvenes desarmados. Según se informó, dos tenientes de policía, uno llamado Méndez y otro conocido como "Gomera", pusieron en fila contra un muro interior de la prisión a los jóvenes de diecisiete años Roberto Rafael Corporán, José Ignacio Payano Núñez y José Paredes Gutiérrez, y les dispararon repetidamente con escopetas, asesinándolos mientras otros reclusos suplicaban por las vidas de los tres jóvenes. El gobierno abrió una investigación, cuya conclusión inicial fue que se había disparado contra los tres jóvenes cuando éstos intentaban escapar de la prisión. En el momento de redactar este informe, aún no han sido publicadas las conclusiones definitivas de la investigación.

El 18 de noviembre de 1996, un grupo compuesto por al menos cien policías dominicanos que portaban numerosas armas, entró en un asentamiento situado a las afueras de Santo Domingo y conocido como "El Café", con el fin de desalojar a aproximadamente 600 familias. La policía disparó sus armas y lanzó gases lacrimógenos, hiriendo al menos a diez residentes. Según se informó, uno de los policías disparó contra Alfredo d'Oleo Encarnación, matándolo, cuando éste se encontraba de pie y desarmado en el patio de su casa. En el momento de redactar este informe, el gobierno no ha finalizado todavía la investigación del incidente ocurrido en "El Café".

Empleando una fuerza excesiva, las fuerzas de seguridad dominicanas asesinaron a más de treinta personas el año pasado. La policía y los militares implicados en tiroteos alegaron a menudo en su defensa que dispararon una vez se había disparado contra ellos, pero los testimonios contradijeron con frecuencia estas declaraciones. Entre estos casos figura el del 7 de marzo, relacionado al sargento de las fuerzas armadas Roberto Reyes Familia. Mientras conducía su motocicleta por Santo Domingo, un vehículo le dio un golpe de refilón al sargento. Reyes Familia disparó contra el vehículo, matando a Antonio Santos Caraballo. El 26 de septiembre, la policía alegó defensa propia en relación con las muertes de dos presuntos delincuentes en la región de Capotillo en Santo Domingo, pero, según parece, los allí presentes vieron cómo la policía disparó contra los sospechosos después de que éstos dejaran sus armas en el suelo. En mayo, en una redada contra la droga realizada en Capotillo, la policía vio cómo José Ramírez aparentemente se tragaba un paquete de cocaína "crack." Al golpearle la policía con sus armas, Ramírez empezó a echar espuma por la boca y perdió el conocimiento. La policía abandonó a Ramírez en el lugar de los hechos, muriendo éste tres horas más tarde, cuando unos vecinos lo llevaban al hospital. Aunque la causa inmediata de la muerte de Ramírez no fue establecido, la policía utilizó una fuerza excesiva al golpearlo y se comportó de manera negligente al no proporcionarle asistencia médica.

Según se informó, la policía torturó a varios detenidos el pasado año. El 27 de enero, la policía detuvo a Ramón Vizcaino y a su esposa Rosie Cuevas en Vicente Noble, llevándolos al palacio general de la policía nacional en Santo Domingo. En tres ocasiones en dos días, agentes del departamento de robos golpearon a Vizcaino utilizando un bate de béisbol y agarrándole por los testículos, mientras insistían en que admitiera haber colaborado en un plan de fuga de la prisión Monte Plata. La policía lo tuvo después encerrado más de un mes, sin proporcionarle tratamiento médico alguno para las lesiones --entre ellas una hernia-- causadas por las palizas. La policía aparentemente torturó también a varios sospechosos colgándolos de las esposas o de empulgueras durante largos períodos de tiempo y negándoles alimentos, agua y el uso de los aseos.

La policía dominicana regularmente hacía caso omiso de las garantías del proceso judicial debido, tales como el derecho a un abogado y el respeto del límite de cuarenta y ocho horas de detención en las cárceles policiales. Asimismo, la policía detuvo arbitrariamente como rehenes a familiares de presuntos delincuentes para inducir a éstos a entregarse. Así, durante el mes de julio, mantenían detenida tres días a Ramona Pozo, la septuagenaria madre de Ramón Pozo, hasta que éste se entregó a la policía en Haina.

Las autoridades dominicanas hicieron uso de una fuerza excesiva en varias manifestaciones públicas. El 24 de abril, una manifestación pacífica que conmemoraba la invasión norteamericana en 1965 de la República Dominicana, se vio interrumpida por unos tiros procedentes de un microbús de la Marina. Los tiros de los marinos alcanzaron a Joseliu Perdomo en la parte posterior de la pierna e hirieron a varios manifestantes más. En junio, la policía abrió fuego hacia una multitud que se manifestaba de forma pacífica en Santo Domingo contra una subida de las tarifas telefónicas, provocando lesiones por ráfagas de escopeta a Araceli Pensón y Virtudes Alvarez, e hiriendo a varias personas más.

Posteriormente ese mismo año, la policía cometió graves violaciones de los derechos humanos en respuesta a las protestas a escala nacional por los continuos apagones. Según parece, la policía detuvo el 22 de octubre a Damian Edis Paredes, que estaba manifestándose en Santo Domingo. Le propinaron una fuerte paliza y lo ejecutaron a continuación con varios tiros, uno de ellos en la boca. El mismo día, la policía utilizó aparentemente una fuerza excesiva al lanzar numerosos botes de gases lacrimógenos en una manifestación, lo que provocó la muerte por asfixia de la adolescente de trece años Marlene Vargas Santana, que se encontraba en su casa cercana al lugar de los hechos. Por otro lado, cientos de activistas dominicanos fueron detenidos arbitrariamente en un aparente intento del gobierno por dejar las calles limpias de agitadores antes de la huelga nacional prevista para noviembre.

Las prisiones sufrieron un hacinamiento extremo debido al volumen de casos penales pendientes. En 1997, el 85 por ciento de la población penitenciaria dominicana--compuesta por aproximadamente 12.000 presos--nunca había sido sometida a juicio. Los presos tenían que luchar a diario por conseguir alimentos suficientes y un sitio para dormir, vivían en condiciones peligrosas e inmundas, y no recibían la atención médica necesaria. Las autoridades policiales y militares encargadas de controlar las prisiones nacionales no recibieron formación especializada alguna. Estas condiciones difíciles provocaron motines en varias prisiones. El 5 de junio, los presos de la prisión de Mao se amotinaron en protesta por las malas condiciones y la corrupción, que aparentemente incluía también la venta de celdas de enfermería a presos sanos por cantidades de hasta 3.000 pesos (231 dólares estadounidenses). Tras varios días de negociaciones, la policía tomó la cárcel por asalto, hiriendo a decenas de presos. El joven de dieciséis años Jorge Santiago Contreras fue alcanzado así por una ráfaga de escopeta, cuando se encontraba encerrado y desarmado en una celda de aislamiento. Otro joven de diecisiete años, Edward Moisés Peña, recibió un tiro en la espalda.

Las debilidades del sistema judicial, la extendida corrupción y los traslados de detenidos lejos de sus casas hicieron que se asistiera a sorprendentes parodias de la justicia, impidiendo que la mayoría de los presos tuviera un legítimo acceso a los abogados y tribunales. Veintenas de detenidos estuvieron meses y años en las prisiones dominicanas sin ser juzgados ni declarados culpables de delito alguno. Entre los presos confinados en prisiones dominicanas por un período de tiempo excepcionalmente largo y todavía pendientes de juicio, se encontraban los siguientes: Zenóm Ramírez Ogando, detenido en 1987 y nunca condenado (su juicio por homicidio continuaba en fase de investigación); Rafael Sosa Félix, detenido sin ser juzgado desde abril de 1991; Marino de la Rosa Beltrén, detenido en 1991 sin cargos; y Valentín Almonte y Almonte, detenido en marzo de 1994 y cuyo expediente se había perdido. Los presos condenados tenían que hacer frente, por su parte, a otros obstáculos adicionales. Así, aunque un tribunal ordenó la puesta en libertad de Rafael Orlando Camino Guerrero el 26 de abril de 1991, una vez cumplida su condena de noventa días en La Victoria por pintar un coche robado, en agosto de 1997 las autoridades aún no lo habían liberado. Ramón de la Rosa Peguero fue condenado en marzo de 1995 a seis meses de cárcel en La Victoria y a una multa de 1.500 pesos (115 dólares). Cumplió su condena en septiembre de 1995 y pagó la multa, pero en el momento de redactar este informe, continúa a la espera de una orden judicial que lo ponga en libertad.

Las autoridades dominicanas no lograron ofrecer una atención adecuada a los menores, que constituyen la población más vulnerable del sistema penitenciario. Violando la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, tratado ratificado por la República Dominicana, el gobierno encerró a cientos de menores, tanto presos preventivos como condenados, en prisiones para adultos, sin proporcionarles protección, enseñanza o rehabilitación suficiente. El llamado centro gubernamental de evaluación de menores, Casa Albergue, fue escenario de graves abusos, entre los que se incluye el suceso de noviembre de 1996 que resultó en la muerte de Juan Pablo Medina y Ricardo Torres, al negarse la policía a sacar a dichos jóvenes de sus celdas a pesar de que se había incendiado un colchón en ese área del centro. En mayo de 1997, la policía del centro se enfadó con el joven de diecisiete años Carlos de la Cruz Severino a raíz de una discusión. Seis agentes lo apalearon con bates de béisbol, golpeándole --entre otras partes del cuerpo-- en el cuello y los genitales. Los abusos a menores detenidos demostró el fracaso total del gobierno por poner en vigor, desde 1994, un nuevo código para menores.

La aprobación en febrero de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar se tradujo en unas cuantas condenas a final de año. Dicha ley aumentó las sanciones previstas para los delitos de violencia doméstica y mejoró las garantías procesales para las víctimas de violencia familiar.

Los haitianos siguieron sufriendo tratamiento discriminatorio por parte del gobierno dominicano. En 1997, más de 21.000 haitianos fueron expulsados. Las fuerzas armadas dominicanas realizaron una campaña particularmente intensa en febrero y marzo, durante la cual los soldados, en ciertas ocasiones, violaron los derechos del debido proceso legal, golpearon a los detenidos, y no les dejaron notificar su expulsión a los miembros de su familia. Asimismo, las autoridades dominicanas deportaron a varios dominicanos, ignorando los documentos que acreditaban su ciudadanía. El 23 de septiembre, soldados dominicanos detuvieron en Santo Domingo a Manuel Antonio Esteban Fermín, ciudadano dominicano, y lo expulsaron a Malpasse en Haití. Según se informó, un capitán de las fuerzas aéreas que dirigía la operación destruyó el documento nacional de identidad de Esteban Fermín, expulsándolo por el color oscuro de su piel. En decenas de casos, funcionarios del gobierno denegaron el derecho constitucional a la ciudadanía de que gozan los niños nacidos en la República Dominicana de padres haitianos. En marzo, Telma Reyes, funcionaria civil en Sabana Grande de Boya, justificó la denegación de la ciudadanía a diez niños de origen haitiano alegando que había recibido órdenes de las autoridades de inmigración en ese sentido. Añadió que, en su opinión, concederle la ciudadanía a esos niños ponía en peligro la pureza de la patria. En el momento de redactar este informe, el gobierno dominicano no había presentado aún su informe al Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación Racial. Este informe debía haberse presentado en mayo, y el comité consideró que se había tardado excesivamente. La última vez que el gobierno dominicano, que está obligado a presentar informes al comité cada dos años, cumplió con esta exigencia fue en 1990.

La impunidad frente a violaciones de derechos humanos continuó el año pasado. Aunque la policía dominicana despidió entre agosto y septiembre de 1997 a más de un centenar de agentes por crímenes y violaciones de derechos humanos, intentando purgar la institución, fueron pocos los responsables de violaciones de derechos humanos llevados a juicio por los tribunales nacionales. El caso de la "desaparición" en 1994 del profesor universitario Dr. Narciso González Medina continuó abierto, pero el gobierno no logró aclarar responsabilidad por el hecho y no detuvo a ningún sospechoso. Al publicarse este informe, el caso sigue pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como nota positiva, el gobierno denegó la petición de que fuera la corte militar y no la civil la que juzgara al general retirado Salvador Lluberas Montás, conocido también como "Chinino", por el asesinato en 1975 del periodista Orlando Martínez.

El proceso transparente de selección de los magistrados de la Corte Suprema culminó en agosto con el juramento de un nuevo tribunal, con la esperanza de que esto le daría un aire nuevo y profesional a un sistema legal decrépito. Pero este paso adelante fue contrarrestado por la decisión del presidente en septiembre de despedir a Guillermo Moreno, el respetado fiscal del Distrito Nacional en Santo Domingo, que había adoptado una posición firme contra aquéllos que violan los derechos humanos.

La defensa de los derechos humanos

Bajo el gobierno del presidente Fernández, los defensores dominicanos de derechos humanos trabajaron con mayor libertad de la que habían disfrutado con gobiernos anteriores, cuando la intimidación policial y las amenazas telefónicas anónimas eran la regla general. Sin embargo, varios defensores de derechos humanos se quejaron de haber sido sometidos en octubre y noviembre a una estricta vigilancia policial, justo antes de la huelga nacional prevista. A primeros de noviembre, Danilo de la Cruz, un miembro del Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH) a quien la policía había disparado en 1996, informó que le estaban siguiendo agentes de policía. Virgilio Almánzar, el presidente de CDDH, estaba también bajo vigilancia policial. El 3 de noviembre de 1997, dos agentes de policía siguieron a sus dos hijos de cinco y nueve años hasta el colegio. Por otro lado, aunque el gobierno facilitó en cierto modo el acceso a las prisiones y centros de detención de menores, este acceso continuó siendo, en ciertas ocasiones, excesivamente restringido. El gobierno dominicano demostró, sin embargo, su plena colaboración con la visita de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Organización de los Estados Americanos

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de los Estados Americanos, llevó a cabo durante cuatro días del mes de junio una investigación sobre derechos humanos en la República Dominicana. La delegación de la CIDH examinó asuntos muy amplios relacionados con los derechos humanos y puso fin a su misión publicando un detallado comunicado de prensa en el que se señalaban las deficiencias existentes en materia de derechos humanos y se proponían medidas concretas para su mejora. Al publicarse este informe, los miembros de la Comisión no habían finalizado el informe sobre su visita.

Después de una audiencia celebrada en octubre, el caso de la "desaparición" de Narciso González continuaba pendiente ante la CIDH a finales de año. PANORAMA GENERAL EN AMÉRICA LATINA REGRESAR AL PRINCIPIO

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