Desde 1995 Human Rights Watch/Americas se encuentra examinando el fenómeno de la violencia rural en México. Luego de dos investigaciones de campo, el pasado 29 de abril de 1997, publicó un informe titulado Deberes incumplidos: responsabilidad gubernamental por la violencia rural en México. Dada la importancia del problema -- y el hecho que la violencia rural afecta al ejercicio cotidiano de los derechos humanos de tantos mexicanos -- se incorpora a esta edición nueva información sobre el tema y un análisis de la reacción del gobierno federal frente al informe.

Antes que nada es preciso subrayar que para Human Rights Watch/Americas, la violencia rural no consiste únicamente en actos brutales y sangrientos, como serían, por ejemplo, la expulsión violenta de miembros despreciados de una comunidad en Chiapas, asesinatos a sangre fría en Guerrero o desapariciones forzadas en Sinaloa. También forman parte de este fenómeno las amenazas, detenciones arbitrarias, impunidad y graves deficiencias de administración de la justicia. Se la puede describir como la imposición de la arbitrariedad sobre el imperio de la ley en el ámbito rural, porque todos estos factores se mezclan para crear un contexto en el que los responsables de actos violentos actúan con el beneplácito de las autoridades, saben que no tendrán que rendir cuentas de sus actos y cuentan con que las instituciones del estado podrán perseguir más eficazmente a las víctimas que a los victimarios.

Las causas que provocan hechos de violencia rural en México no son fáciles de identificar, pero indudablemente están vinculadas a conflictos locales, regionales y nacionales de carácter político, económico y religioso. Tampoco es posible entenderla como una cuestión exclusivamente ligada al partido de gobierno, es decir como actos cometidos solamente por partidarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de sus opositores. Este tipo de violencia también ha cobrado entre sus víctimas a priístas. A través de un estudio de casos, este informe logra desenredar los hilos de la violencia rural, examinando no sólo las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en incidentes específicos, sino también las prácticas generalizadas que contribuyen al contexto en el que éstos se producen. También se estudian las acciones y omisiones de las autoridades públicas que, tomadas en su conjunto, contribuyen al fenómeno de violencia rural.

El tema se analiza detallada y cuidadosamente y con el equilibrio que las circunstancias exigen, de forma tal que distingue las responsabilidades que corresponden a las diversas autoridades públicas involucradas en esta materia. Por ejemplo, Human Rights Watch/Americas responsabiliza claramente a las autoridades federales de no cumplir con su obligación de asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos en las zonas rurales, pero, en los casos que se citan, no se les acusa de haber participado directamente en estos actos violentos. En ocasiones se acusa a las autoridades policiales locales de haber participado directamente en actos violentos y en otras se les responsabiliza por no prevenir abusos cometidos por particulares. De igual modo, se denuncia a la autoridad judicial que, por no compartir los puntos de vista de la víctima, se olvida de una denuncia fundada o ciegamente persigue los supuestos delitos de su enemigo político, sin tomar en consideración pruebas contrarias que podrían exculparlo. El fundamento jurídico que explica la comisión de violaciones a los derechos humanos se encuentra en las obligaciones jurídicas internacionales que vinculan a México, materia que se examina detalladamente en el capítulo dos del informe.

Un denominador común que tienen los casos que aquí se documentan, es que las víctimas de violaciones a los derechos humanos no cuentan con la posibilidad real que sus quejas sean tratadas en forma equitativa por parte de las autoridades. De ahí surgen las recomendaciones que se formulan al final del primer capítulo del informe, en el sentido que las máximas autoridades judiciales tanto a nivel federal como estatal deben adoptar las medidas necesarias para asegurar que se aplique la ley objetivamente sin que medien intereses políticos ajenos a la justicia. Llegar a esta meta no es fácil, pero resulta imprescindible para desarrollar el estado de derecho en México.

Respuesta del gobierno federal frente a la violencia rural

El gobierno federal de México ha incorporado a su discurso oficial la retórica de derechos humanos. Sin embargo, hasta ahora no se ha evidenciado un compromiso real para solucionar o, a lo menos, mitigar este grave problema. Además, frente a la crítica internacional la actitud del gobierno se caracteriza por su rechazo a priori en lugar de asumir con claridad el compromiso de investigar exhaustivamente las violaciones a los derechos humanos que se documentan. Lo anterior se hizo evidente en el boletín oficial que publicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el mismo día que se lanzó este informe en abril pasado. Más adelante se reproduce el desmentido oficial del gobierno, junto a la respuesta de Human Rights Watch/Americas, que fue publicada íntegramente en el semanario Proceso.

Luego que la SRE rechazara este informe, Human Rights Watch/Americas solicitó, en carta fechada 21 de mayo (ver anexo), que se explicaran algunos términos utilizados en el boletín oficial. La SRE, por ejemplo, intentó descalificar el informe sobre la base que los casos examinados habían sido "desahogados" o se encontraban "en vías de solucionarse." En este sentido, de acuerdo a la lógica de la SRE, un caso válido pero cerrado indebidamente por las autoridades podría considerarse "desahogado," y todos aquellos casos que aún permanecen impunes podrían calificarse como "en vías de solución." Sin embargo, para no distraerse en cuestiones retóricas, se le preguntó al gobierno por el número de personas que habrían sido procesadas y sancionadas por haber cometido violaciones a los derechos humanos en los casos citados en el informe. En respuesta, el 23 de mayo, la SRE envió una comunicación (ver anexo), que no hace referencia alguna a sanciones impuestas a agentes del estado por violaciones a los derechos humanos.

Human Rights Watch/Americas documentó en su informe, múltiples casos. Sin embargo, la SRE -- que dijo tener "abundante" información sobre los casos incluídos en el informe -- sólo hizo referencia a la expulsión de tres sacerdotes extranjeros, el sonado caso de Aguas Blancas en Guerrero, los Chinchulines de Chiapas y a la "desaparición" (presunta "desaparición," según la SRE) de dos hermanas en Sinaloa. En el anexo, se hacen algunas observaciones acerca de la carta del 23 de mayo.

La "desaparición" temporal de dos hermanas de la comunidad Estación Naranjo, en Sinaloa, muestra claramente la ligereza del análisis que suele hacer la SRE cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. En efecto, la nota del 23 de mayo señala que la "inclusión en el informe [del caso de las hermanas] es extemporáneo y los señalamientos que ahí se hacen no se ajustan a la verdad histórica y jurídica." Al respecto cabe señalar que Human Rights Watch/Americas investigó este caso en el lugar de los hechos mientras las dos hermanas Alvarado Bon se encontraban "desaparecidas." Se realizaron indagaciones en recintos de la policía local y se entrevistó a policías, familiares de las hermanas y a la representante en el lugar de la oficina auxiliar de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En una entrevista con un funcionario de la SRE en marzo de 1996, se solicitó información sobre este caso. La respuesta de abril del mismo año (ver anexo), se apartó tanto de la realidad que habíamos constatado directamente en el terreno, que fue necesario solicitar aclaraciones específicas en una comunicación fechada 30 de julio de 1996, donde se formularon 12 preguntas relacionadas al caso (ver anexo). La SRE hasta ahora no ha respondido.

La SRE, asimismo, reaccionó con vehemencia frente a la recomendación formulada en el informe a gobiernos extranjeros -- Estados Unidos y los estados miembros de la Unión Europea -- para que presionen a las autoridades mexicanas exigiendo resultados en materia de impunidad y violaciones a los derechos humanos. No se trata de que extranjeros fijen criterios ajenos a México para señalar cómo se debe manejar el tema de los derechos humanos. Lo que se persigue es la aplicación de criterios jurídicos universales que comprometen a México. Frente a tantas violaciones a estos principios jurídicos internacionales de derechos humanos, y la renuencia del gobierno a tratarlas seriamente, resulta imprescindible la presión internacional para mejorar la situación interna. La invocación de la soberanía por parte de México debe ser vista como una forma burda de intentar eludir sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos. De otro modo, las críticas internacionales en derechos humanos serían aceptadas y confrontadas seriamente.

Las Elecciones de Julio de 1997

Las elecciones de julio de 1997 fueron de suma importancia, no por el hecho que la oposición política ganara nuevos espacios. De hecho Human Rights Watch/Americas no tiene posición sobre el asunto, ni se pronuncia a favor o en contra de ningún partido político; lo que sí nos importa es que el proceso electoral refleje genuinamente la voluntad popular, permitiendo a los mexicanos ejercer libremente sus derechos políticos. En este sentido cabe felicitar al Instituto Federal Electoral (IFE) por los importantes progresos registrados en el proceso electoral, especialmente a nivel federal, que fueron posibles en primer lugar gracias a las reformas electorales impulsadas con anterioridad a los comicios de julio.

Es de esperar que el nuevo Congreso mexicano -- el primero desde la fundación del PRI que no estará bajo el control de este partido -- juegue un papel de mayor relevancia en la fiscalización del respeto a los derechos humanos. El Congreso, por ejemplo, podría solicitar a las autoridades federales que rindan cuentas sobre el estado de las investigaciones de importantes casos de violaciones a los derechos humanos. Como punto de partida, podría también examinar la eficacia de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que contienen importante información pero carecen de fuerza obligatoria. Por ejemplo, si la CNDH recomendó hace cinco años que se abriera una averiguación previa en un caso, el Congreso debería verificar si esta investigación se inició y, además, si fue resuelta satisfactoriamente.

Las elecciones libres y periódicas son una condición necesaria e imprescindible para mejorar la situación interna en materia de derechos humanos, pero por sí solas insuficientes. Esperamos que se inicie un proceso de largo alcance dirigido a erradicar la impunidad reinante y en el que las autoridades electas actúen con mayor responsabilidad. Pero en el corto y mediano plazo, habrá que enfrentar los serios problemas de derechos humanos ya institucionalizados en México.

Graves hechos de violencia e irregularidades electorales en Chiapas constituyeron, aparentemente, una excepción al desarrollo positivo que tuvo el proceso electoral en muchos otros lugares del territorio nacional. Esta violencia fue atribuida principalmente a simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y también a grupos priístas. En Chiapas, Alianza Cívica logró documentar más que 150 casillas quemadas o robadas en una jornada electoral calificada como violenta:

En Chiapas la jornada electoral fue excepcional por la cantidad y gravedad de los incidentes que se presentaron, siendo los más relevantes la quema de papelería electoral y el impedimento de la instalación de aproximadamente 160 casillas, además de seguirse presentando irregularidades como la inducción del voto (ll.6% de las casillas observadas).⁽¹⁾

Chiapas

Desde la fecha de publicación inicial de este informe, los niveles de violencia rural en Chiapas, estado al que se le dio especial atención, se han mantenido. En junio, por ejemplo, un nuevo brote de violencia en el Municipio de Sabanilla dejó un saldo de por lo menos cinco muertos. Aparentemente se produjeron serios hechos de violencia entre Paz y Justicia -- grupo armado que apoya al PRI, al cual se dedica especial atención en este informe --, y partidarios del PRD. El 15 de junio, fue asesinado Juan López Jiménez, líder de Paz y Justicia. En lo que parece ser represalias, los días 22 y 23 del mismo mes, fueron asesinados cuatro personas del PRD, incluyendo un joven de 15 años.⁽²⁾

No obstante lo anterior, Human Rights Watch/Americas reconoce que varios de los detenidos en cuestionadas circunstancias, que fueron mencionados en la versión original del informe, salieron en libertad en mayo pasado. En dicha publicación se dio amplia cobertura, por ejemplo, a la detención, en el norte de Chiapas, de varias personas acusadas de haber cometido diversos delitos pero cuyos casos parecían estar motivados políticamente. Human Rights Watch/Americas se entrevistó con varios de los acusados en la Prisión de Cerro Hueco, y se examinaron documentos judiciales relacionados a algunos de los procesos penales. En mayo de 1997, a raíz de la revisión hecha por el poder judicial estatal, se ordenó la liberación sin cargos de por lo menos 12 personas, incluyendo a los hermanos Artemio y Alfredo Ramírez Torres, cuyos casos recibieron particular atención en el informe de Human Rights Watch/Americas. En efecto, en el mencionado informe se denuncia que "una revisión del expediente del caso indica que los hermanos Ramírez Torres fueron chivos expiatorios." Después de la liberación de este primer grupo de detenidos, el proceso de revisión por parte del poder judicial se paralizó. Muchos más quedan detenidos.

El propósito de este informe

Con la publicación de la presente edición, Human Rights Watch/Americas espera enfocar la atención pública no sólo en el costo humano que cobra la violencia rural -- tema que por desgracia ha recibido amplia cobertura en la prensa nacional e internacional -- sino también en las estructuras gubernamentales que la facilitan, aspecto fundamental del fenómeno que recibe mucho menos atención.

Human Rights Watch/Americas tiene el convencimiento que sólo con un análisis detenido de la grave realidad de violaciones a los derechos humanos en el campo mexicano, se podrá exigir a las autoridades que asignen la prioridad requerida a este problema, para que las prácticas violatorias a los derechos humanos sean frenadas, sancionadas y corregidas.

1. Alianza Cívica Chiapas, boletín de prensa, 10 de julio de 1997.

2. Sergio Stahl y Teresa del Riego, "Un niño fue asesinado a balazos en un río del norte de Chiapas," La Crónica del Hoy, 26 de junio de 1997; "Tres muertos, saldo de emboscadas en Chiapas," El Financiero, 26 de junio de 1997; Elio Henríquez, "Sigue la violencia en Chiapas; por lo menos 4 muertos," La Jornada, 26 de junio de 1997.

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RESUMEN Y RECOMENDACIONES

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