Antecedentes

Miembros de las comunidades católica y evangélica de Chiapas han sido víctimas de ataques, tanto por parte del gobierno como de ciudadanos particulares. Chiapas tiene una larga historia de no tolerar a la rama progresista de la Iglesia Católica, que durante los últimas treinta años ha estado dirigida por el Obispo Samuel Ruiz, ni a la floreciente comunidad religiosa evangélica, fundada en los treinta por el Instituto de Lingüística del Verano (Summer Institute of Linguistics, SIL).⁽¹⁷⁶⁾ De hecho, desde antes del cambio de siglo se viene culpando a la Iglesia Católica de la violencia y la rebelión en Chiapas.⁽¹⁷⁷⁾ Lo novedoso es que la naturaleza política de la actividad religiosa haya tenido un sentido más claro desde que el EZLN apareciera por primera vez públicamente en enero de 1994. Desde entonces se ha acusado a la Iglesia Católica de mucha de la violencia de la región, como de armar a los guerrilleros, mientras que las iglesias evangélicas han hecho grandes avances en la organización política de manera a defender sus intereses.

Sería incorrecto atribuir a la lucha entre católicos y evangélicos las tensiones religiosas de Chiapas, ya que las afiliaciones políticas, económicas y sociológicas que conducen a la violencia documentada en este informe traspasan los límites de lo religioso. No obstante, observadores in situ de los conflictos antes descritos han planteado la hipótesis que el gobierno estatal introduce intencionalmente cierto elemento religioso, en parte como método para limitar el poder la Iglesia Católica y, a la vez, para debilitar a los teólogos de la liberación de la región.⁽¹⁷⁸⁾

El discurso anticatólico suele acompañar a la violencia rural en Chiapas. Aunque puede que no siempre sean directamente los agentes del estado los que cometen los ataques contra la Iglesia Católica, los funcionarios hacen oídos sordos ante los mismos o, lo que es peor, los facilitan, como ocurrió cuando miembros de una comunidad rural en el municipio de Tila fueron llevados a la estación de policía por un grupo anticatólico, donde los retuvieron durante varias horas, como se expuso anteriormente. Las autoridades también han utilizado las estructuras del estado para atacar a católicos. Los ataques soterrados contra la Iglesia Católica son declaraciones fuertemente anticatólicas hechas por funcionarios electos nacionales y locales, quienes, sin ninguna base real, acusan a la Iglesia Católica de predicar la violencia y de armar a los guerrilleros del EZLN.

Miembros de las confesiones protestantes también han sido víctimas de la violencia del estado, cuyos oficiales se han quedado cruzados de brazos mientras miles de protestantes eran expulsados de sus comunidades, y se les prohibía el acceso a las escuelas locales a otros. En algunos casos, los responsables de las expulsiones fueron funcionarios del gobierno local; en otros, los culpables fueron ciudadanos particulares. Pero en ambas situaciones, el gobierno no ha procesado judicialmente a los agresores, ni siquiera en los casos en los que se presentaron denuncias oficiales. La Procuraduría General de Justicia del Estado se ha negado simplemente a tomar medidas, ofreciendo excusas tales como el peligro al que se enfrentarían sus representantes si intentaran investigar.

"Satanización" de la Iglesia Católica en Chiapas

En todo México, los sacerdotes han sido víctimas de ataques por su trabajo pastoral en materia de derechos humanos.⁽¹⁷⁹⁾ En todo caso estos ataques no han sido tan fuertes como en Chiapas, donde el trabajo de los grupos de derechos humanos supervisados por la Iglesia Católica han sido el centro de atracción de las críticas. Un buen ejemplo de lo anterior lo han constituido el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas," en San Cristóbal de las Casas y el Centro de Derechos Indígenas de Bachajón. Ambas organizaciones han documentado abusos de los derechos humanos, han entregado información a la prensa local e internacional y han presionado al gobierno para que acabe con las violaciones. El objetivo más fácil de identificar, aunque no el único, es el Obispo Samuel Ruiz, dominico y fundador del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas."

Sin embargo, no sólo está en tela de juicio el trabajo abierto en materia de derechos humanos que realiza el clero. Se identifica al ala progresista de la Iglesia Católica con la teología de la liberación, cuyos principios fundamentales suponen una amenaza para los intereses arraigados desde hace tiempo en el estado. Como lo describe el Padre Mardonio Morales, que ha trabajado durante más de treinta años en Chiapas, "El finquero era el intermediario entre el sacerdote y la gente, pero los finqueros los dominaban a través de la religión. Rompimos el esquema de centrar todo en el pueblo. Hacíamos más que tener ceremonias, reinterpretamos la palabra de Dios en luz de la realidad. Esto fue dinamita pura."⁽¹⁸⁰⁾ El papel de los catequistas, o trabajadores laicos de la Iglesia Católica, también ha atraído la atención hacia la iglesia, ya que tienden a ser los responsables dentro de las comunidades de "involucrar a las comunidades en diversas tareas colectivas: cooperativas, proyectos de educación, cursos de derechos humanos, etc.," según el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas."⁽¹⁸¹⁾

Nada simboliza mejor las tensiones entre los que ostentan el poder local y la Iglesia Católica que el nombre que esta última le dio al grupo de derechos humanos que fundó en San Cristóbal de las Casas. El nombre de Bartolomé de las Casas procede de un dominico que se convirtió en el obispo de la región en 1543 y que defendió los derechos de los indígenas y se opuso a la brutalidad de la colonización tanto por parte de los españoles como de la Iglesia Católica.⁽¹⁸²⁾ De hecho, la Iglesia Católica tuvo un papel importante al presionar al gobierno para que hubieran cambios sociales y políticos, como insinuaba el Obispo Ruiz en una carta pastoral del 11 de agosto de 1993, en la que escribía, "La falta de credibilidad de los procesos electorales para la transición política de 1994, viciados por el control que sobre ellos ejercen el Estado y su partido, pueden conducir a enfrentamientos y tensiones entre los actores políticos." Seguía diciendo, "Hay corrupción general entre las autoridades, y la justicia está al servicio del dinero y de la ideología política dominante."⁽¹⁸³⁾

Desde enero de 1994, las acciones frecuentes contra la Iglesia Católica se han producido dentro de un ambiente de acusaciones fomentado por políticos y medios de comunicación. Los medios de comunicación identificaron erróneamente al Subcomandante Marcos del EZLN con al menos cuatro diferentes sacerdotes, consolidando entre el público la idea de que la Iglesia Católica había promovido la guerra de guerrillas contra el estado.⁽¹⁸⁴⁾ El día que el EZLN se rebeló, el programa de noticias ECO, que forma parte de la cadena oficialista del gobierno Televisa, informó incorrectamente que el Subcomandante Marcos era el Padre Pablo Romo, que entonces era el director del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas."⁽¹⁸⁵⁾ El 8 de abril de 1994, otro medio de comunicación de Televisa, el diario Summa, identificó equivocadamente al Subcomandante Marcos como el Padre Gerónimo Hernández López, un jesuita que habían trabajado en Chiapas hasta 1992 pero que posteriormente fue trasladado a Campeche.⁽¹⁸⁶⁾ Por esa época, el diario propiedad de Televisa Ovaciones dijo que Marcos era en realidad el Padre Eugenio Maurer, un cura de sesenta y seis años que camina con ayuda de un bastón.⁽¹⁸⁷⁾ También se relacionó erróneamente con los rebeldes al Padre Joel Padrón.⁽¹⁸⁸⁾ Dichos ataques contra la Iglesia Católica siguieron en 1996.⁽¹⁸⁹⁾

Políticos nacionales y locales se han hecho eco de estas acusaciones. En julio de 1994, el General Ramón Mota Sánchez, a cargo del Comité de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, denunció que la Diócesis de San Cristóbal de las Casas había recibido dinero de agencias religiosas alemanas para comprar armas, organizar a campesinos y provocar el levantamiento de las comunidades pidiendo supuestas demandas de justicia social.⁽¹⁹⁰⁾ No se probaron estas acusaciones, ni se emprendieron acciones contra los grupos religiosos. En una entrevista con Human Rights Watch/Americas, el Congresista del estado de Chiapas Samuel Sánchez Sánchez, un miembro del PRI, acusó con frecuencia a la Iglesia Católica de inculcar ideologías violentas a las comunidades conocidas por sus claras divisiones entre el PRI y el PRD. "¿Porqué se da la violencia? Aquí hay que decirlo, bueno, la iglesia está jugando un papel muy importante, determinante, en la orientación de decir que hay que hacer estas acciones, que solamente así se puede conseguir las cosas."⁽¹⁹¹⁾ El Congresista Sánchez Sánchez afirmaba que tenía pruebas de que el Padre Heriberto Cruz había bendecido las armas en Jolnixtié, una comunidad especialmente convulsionada en el municipio de Tila, pero cuando le preguntamos qué tipo de pruebas sólo nos dijo, "La gente lo dice."⁽¹⁹²⁾

La dirección nacional del PRI ha acusado al Obispo Samuel Ruiz de la violencia de la región. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI se refirió en un boletín de prensa a diez municipios del estado, diciendo que, "Ninguno de estos municipios han permitido la entrada de sacerdotes pertenecientes a la Diócesis, y en un afán revanchista del obispo de la región, esté [sic] ha financiado el movimiento protestantista, que ha arrojado como saldo una secuela de muertos, heridos, desapariciones y expulsados."⁽¹⁹³⁾ El comunicado decía que la violencia empezó hace treinta años en la región, cuando el Obispo Ruiz llegó a Chiapas, y se inició cuando se expulsó de San Juan Chamula a un cura cuyos valores eran contrarios a los de la comunidad.⁽¹⁹⁴⁾

Dichas acusaciones tienen repercusiones a nivel muy local. En una reunión al aire libre con Human Rights Watch/Americas en El Limar, municipio de Tila, el líder de Paz y Justicia Diego Vásquez Pérez afirmó que el 17 de julio de 1996, el día que fue asesinado un simpatizante del PRI en Masojá Shucjá, el Obispo Coadjutor, Raúl Vera López, llegó a Jolnixtié y bendijo armas.⁽¹⁹⁵⁾ La violencia que sacude el norte de Chiapas también se ha teñido del discurso anticatólico, como sucedió con los ataques sucesivos en Nuevo Limar, descritos anteriormente. Cuando los investigadores de Human Rights Watch/Americas fueron detenidos en Miguel Alemán, los atacantes nos acusaron en tono amenazante de ser curas.

Amenazas y ataques contra la Iglesia Católica

El 8 de marzo de 1994, lanzaron una amenaza de muerte a través de la ventana de las oficinas de la diócesis en San Cristóbal de las Casas. En el escrito llamaban al obispo "hijo de Satanás" y le advertían que, "Sus días están contados."⁽¹⁹⁶⁾ Después de dos manifestaciones en febrero frente a la clínica de Altamirano administrada por la Iglesia Católica, miembros de la comunidad pusieron ante el edificio guardias de veinticuatro horas: los guardias fueron arrestados y a uno de ellos, Manuel Sánchez, le vendaron los ojos y lo golpearon.⁽¹⁹⁷⁾ El 6 de junio de 1994, los jesuitas se vieron forzados a evacuar la curia en Ciudad de México después de recibir tres amenazas de bomba. Las amenazas fueron recibidas el día que tres sacerdotes habían sido llamados a declarar por la demanda presentada por los jesuitas contra el diario Summa, que había publicado una información falsa en la que relacionaba a un jesuita con el EZLN.⁽¹⁹⁸⁾ El 19 de febrero de 1995, miembros del desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Ocosingo gritaron "Muerte al obispo" cada vez que pasaron por delante de la iglesia.⁽¹⁹⁹⁾ Al día siguiente, unos 400 manifestantes se reunieron frente a la diócesis de San Cristóbal y lanzaron huevos y sillas contra las oficinas. La policía se quedó en las cercanías y observó mientras se producían peleas a puñetazos.⁽²⁰⁰⁾

En el municipio de Chicomuselo, las guardias blancas siguieron hostigando sin cesar a miembros de la iglesia durante 1995, como se expuso anteriormente. Se informó que habían redactado una lista de miembros de la diócesis a los que planeaban asesinar. Cuando, en enero de 1995, una delegación mixta parlamentaria visitó Chicomuselo se encontraron con cinco hombres armados con AK-47 apostados frente a la iglesia. Los hombres dijeron pertenecer a la Policía Judicial Estatal, pero no pudieron mostrar ninguna identificación y parecían visiblemente nerviosos cuando les preguntaron.⁽²⁰¹⁾ Unos cincuenta rancheros y pequeños terratenientes sellaron la puerta de la iglesia el 29 de enero para impedir que el párroco local, Miguel Angel de Alba Cruz, celebrara misa los domingos.

También han sido habituales los ataques físicos, como el intento de incendiar, el 29 de diciembre de 1996, la Iglesia de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas. Los bomberos extinguieron las llamas antes que se produjeran daños graves.⁽²⁰²⁾ Este no fue el único ataque. El 27 de noviembre de 1994, y de nuevo el 26 de enero del año siguiente, lanzaron bombas dentro de la iglesia del municipio de Tila,⁽²⁰³⁾ el mismo edificio que fue tomado posteriormente por la policía y en el que instalaron una estación de policía. El 26 de enero de 1996, en las cercanías de Ocosingo, tres hombres armados y con pasamontañas golpearon a la Hermana Norberta López García, una monja dominica que trabaja con la diócesis del Obispo Ruiz. También golpearon a los dos niños que la acompañaban.⁽²⁰⁴⁾

Cuando el gobierno mexicano inició una ofensiva contra el EZLN en febrero de 1995, entre sus objetivos se encontraba la Iglesia Católica en Chiapas. La ofensiva se puso en marcha cuando un presunto informante del gobierno dijo que el Obispo Ruiz había suministrado armas al EZLN.⁽²⁰⁵⁾ La policía arrestó a trabajadores católicos laicos e intentó a arrestar, el 12 de febrero en Teopisca, al Padre Javier Ruiz Velasco.⁽²⁰⁶⁾ El 15 de febrero, policías con una orden de registro se presentaron en la Iglesia San Jacinto de Polonia y en la casa parroquial buscando armas, y no encontraron nada.⁽²⁰⁷⁾

El sistema de justicia contra la Iglesia Católica

Durante 1995, una serie de enfrentamientos entre simpatizantes del PRI y del PRD en el Ejido Emiliano Zapata, municipio de Tumbalá, resultaron finalmente con la acusación oficial del gobierno contra cuatro sacerdotes, a los que los funcionarios acusaron de inspirar, organizar y armar al EZLN y de llevar a cabo ataques contra el PRI en el ejido. Entre marzo y mayo, activistas del PRD y del PRI se enfrentaron en el ejido, con el resultado de varias muertes y la expulsión de cientos de residentes de la comunidad.⁽²⁰⁸⁾ Aunque había dos bandos en la violencia, un resumen del caso redactado por el gobierno a finales de 1995 culpaba solamente a miembros del PRD.⁽²⁰⁹⁾

El 4 de mayo de 1995 tuvo lugar un enfrentamiento especialmente grave. Según testigos que declararon ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, los curas lideraron a los atacantes del PRD, quienes tomaron a cincuenta personas como rehenes durante varios días, según los documentos del caso del gobierno contra los sacerdotes. Según un documento de la corte sobre el caso, la víctima Anita Montejo Velasco testificó que, después del ataque a las casas de las víctimas:

Como somos religión presbiteriano nos querían convencer para que no siguiéramos con nuestra religión y nos fuéramos con ellos los católicos y que mirábamos cuando llegaban al templo sacerdotes con armas y que se los daban a los cuidadores y que les decían que no salieran que no fueran a ninguna parte porque si no les iban a tirar con sus armas, y que llegaban curas altos güeros y que les decían que se tenían que ir con los zapatistas pero como nosotros no queríamos nos pegaban...[sic]⁽²¹⁰⁾

Según el testimonio, los raptores violaron a Anita Montejo Velasco y a Adela Méndez Alvaro.

Según el fiscal estatal, el 10 de mayo, después de ganarse la confianza de sus raptores, varias de las víctimas escaparon. El 21 de junio, seis semanas después, las víctimas que escaparon se presentaron ante el fiscal. Según los documentos de la corte, ese mismo día el fiscal investigó la escena del delito desde un helicóptero, sin aterrizar en ningún momento para inspeccionar el lugar de los ataques.⁽²¹¹⁾ Antes de pasadas veinticinco horas, estaba terminado el documento de diecisiete páginas y el caso se había trasladado al juez, que emitió las órdenes de arresto.⁽²¹²⁾ Treinta y una personas del ejido y cuatro sacerdotes que trabajaban en el estado fueron acusados de rebelión y secuestro. A otros se les acusó de violación.

A pesar de que sí se produjeron los ataques en el Ejido Emiliano Zapata, el hecho de que se incluyera a los curas entre los acusados parece estar concebido para justificar legalmente de algún modo las acciones contra los sacerdotes, ya que ni siquiera les ofrecieron las mínimas garantías del debido proceso antes de la expulsión de tres sacerdotes extranjeros. El gobierno, que tras recoger el testimonio de los testigos actuó a una velocidad que no lo caracteriza, detuvo a tres curas extranjeros: Rodolfo Izal Elorza, de España; Loren Riebe, de Estados Unidos y Jorge Alberto Barón Guitein, de Argentina. Según una declaración de la Secretaría de Gobernación, los sacerdotes "participaron durante su estancia en el estado de Chiapas, en diversas actividades ilícitas y otras no autorizadas" y fueron objeto de "numerosas denuncias."⁽²¹³⁾ Resultó que terminaron por acusarles de inmiscuirse en la política mexicana, dirigir invasiones de tierras y de comprar y vender armas,⁽²¹⁴⁾ pero nunca les permitieron rebatir los cargos. En su lugar, los despacharon a Ciudad de México, los pusieron en un avión y los mandaron fuera del país. Al Padre Barón le vendaron los ojos y lo llevaron al aeropuerto de Chiapas en la parte de atrás de una camioneta pickup.⁽²¹⁵⁾ El Padre Reibe fue trasladado de Chiapas a Ciudad de México sin informarle de los cargos presentados contra él.⁽²¹⁶⁾

Human Rights Watch/Americas reconoce que México presentó reservas a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que otorgan a los extranjeros el derecho a un proceso judicial antes de su expulsión, como se expuso anteriormente, pero considera la expulsión sumaria de extranjeros por parte del gobierno una afrenta contra las normas internacionales en materia de derechos humanos.

El gobierno tomó medidas adicionales para disminuir la presencia de la Iglesia Católica en Chiapas. El 15 de septiembre de 1995, el Gobierno de México negó la entrada al país al Padre John Nadolny, el cura que había visitado Lote Ocho después de los asesinatos, como se expuso anteriormente. Sirviéndose de un tecnicismo de inmigración, se informó que no había informado a los funcionarios pertinentes de un cambio de dirección y que estaba utilizando un visado de turista para entrar en el país.⁽²¹⁷⁾ La Iglesia Católica ha insistido que el Padre Nadolny había informado al gobierno de su cambio de dirección y que devolvió el visado de turista cuando se dio cuenta de que se lo habían emitido por error.⁽²¹⁸⁾ El gobierno también presionó a la Iglesia Católica para que expulsara a otros curas de Chiapas.⁽²¹⁹⁾

En marzo de 1997, el gobierno estatal actuó de nuevo contra sacerdotes católicos, violando flagrantemente los derechos humanos. El 8 de marzo, la Policía Judicial del Estado y la Policía de Seguridad del Estado, operando sin orden de arresto, detuvieron a cuatro hombres en la ciudad de Palenque, en un municipio del noroeste con el mismo nombre: Gerónimo Alberto Hernández López y José Luis Gonzalo Rosas Morales, ambos curas jesuitas, y Ramón Parcero Martínez y Francisco González Gutiérrez, miembros de la organización campesina Xi'Nich.⁽²²⁰⁾ La policía golpeó a tres de los detenidos y se negó a informarles de por qué habían sido detenidos. Los oficiales negaron a los detenidos acceso a un abogado durante veinte horas, violando así las leyes de Chiapas. En 1994, como se expuso anteriormente, una publicación pro gubernamental había acusado erróneamente al Padre Hernández de ser el Subcomandante Marcos del EZLN.

Desde el principio, los funcionarios del gobierno negaron que los detenidos hubieran sido víctimas de violaciones de los derechos humanos.⁽²²¹⁾

El 10 de marzo, se acusó a los hombres de participar en un asesinato y en crímenes contra la paz, mientras que el Padre Hernández fue acusado también de posesión ilegal de un arma.⁽²²²⁾ Después de presentar los cargos, los fiscales entregaron el caso a un juez para que decidiera si se debía juzgar a los hombres. Los cargos eran fruto de un ataque del 7 de marzo en el que fueron asesinados dos oficiales de policía y heridos otros cinco después de expulsar a activistas de los ranchos locales que habían ocupado.⁽²²³⁾ Según PRODH, que formaba parte del equipo de abogados defensores, las pruebas contra los cuatro hombres consistían en el testimonio de cinco oficiales de policía, que alegaban haber visto a los cuatro hombres en el lugar del ataque y la acusación de haber visto la camioneta del Padre Hernández en la escena de los enfrentamientos. La policía dijo que el Padre Hernández llevaba una pistola cuando le arrestaron.⁽²²⁴⁾

Según PRODH, las pruebas eran dudosas desde el principio. Mientras que el 10 de marzo los cinco oficiales de policía declararon ante los investigadores que podían identificar a los cuatro hombres como participantes en el ataque del 7 de marzo; el 8 de marzo, los mismos oficiales habían testificado que no podían identificar a sus atacantes pero que finalmente reconocieron a los cuatro hombres detenidos porque habían estado presentes cuando la policía expulsó a la gente de las fincas.⁽²²⁵⁾ Además, según testigos entrevistados por la defensa, el Padre Hernández fue detenido cuando iba en su camioneta, por lo que no podía haberla dejado en el lugar de los ataques del 7 de marzo.⁽²²⁶⁾ Finalmente, el arma que según dijeron estaba en posesión del Padre Hernández fue descrita por las autoridades como la misma arma confiscada por la policía en un caso de 1986 y que debería haber estado bajo la custodia de las autoridades judiciales estatales cuando la "encontraron" en manos del sacerdote.⁽²²⁷⁾

El 13 de marzo, un juez decretó que el estado no había presentado suficientes pruebas para justificar un procedimiento contra los cuatro hombres detenidos. Ordenó que fueran puestos en libertad.

En este caso, el sistema de justicia funcionó como debe para poner en libertad a cuatro hombres contra los que se habían presentado pruebas aparentemente falsas. No obstante, el caso también subraya ejemplos en los que las violaciones de los derechos humanos se derivan del mal uso del sistema legal. El arresto no ordenado y arbitrario, y el hecho de negarse a informar a los detenidos de los motivos de su detención, así como los malos tratos físicos que padecieron, son una violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos.

Las actuaciones del estado, basadas al parecer en pruebas falsas, también alimentaron las alegaciones infundadas, promovidas por Paz y Justicia entre otros, de que la Iglesia Católica dirige las acciones armadas de grupos campesinos. De hecho, las detenciones fueron citadas públicamente por al menos un ranchero como "prueba" de que la Iglesia Católica está involucrada en acciones delictivas.⁽²²⁸⁾

El gobierno mexicano ha contribuido a la creación de un ambiente de hostilidad hacia la Iglesia Católica, al no investigar los casos de manera apropiada. En varios casos, como la expulsión de sacerdotes católicos y la detención de dos curas en Palenque, el estado ha tomado medidas agresivas o ilegales contra miembros de la Iglesia Católica. Es más, en varios casos, grupos armados que actuaron con el consentimiento tácito o explícito de funcionarios estatales -- como guardias blancas en Chicomuselo, Paz y Justicia en Nuevo Limar y los Chinchulines en Bachajón -- atacaron físicamente iglesias en acciones más amplias.

Ataques contra los evangélicos

Aunque sigue siendo predominantemente católica, la población mexicana se está convirtiendo cada vez más al protestantismo evangélico. Según la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (CONFRATERNICE), que engloba a setenta y cuatro diferentes iglesias evangélicas de México, se estima que nada menos que veinte millones de mexicanos pertenecen a las iglesias evangélicas.⁽²²⁹⁾ La Agencia Central de Inteligencia estadounidense situaba la cifra en poco más de cinco millones y medio en 1995.⁽²³⁰⁾ Las confesiones pentecostalistas, que acaparan el 70 por ciento de las casi 4.000 iglesias evangélicas registradas en México, están creciendo tres veces más rápido que la población general.⁽²³¹⁾ Según el presidente de CONFRATERNICE, Arturo Farela, en Chiapas cerca de 1.000.000 de personas o más del 25 por ciento de la población son evangélicos.⁽²³²⁾

Aunque los conflictos entre católicos y evangélicos han conducido a la violencia y expulsiones dentro del estado, muchos de los conflictos también tienen orígenes políticos o económicos. En un informe especial sobre el tema, la CNDH documentó la expulsión de unos 15.000 evangélicos de sus comunidades, dentro de 132 casos ocurridos entre 1966 y 1993.⁽²³³⁾ El informe concluía que en general las expulsiones pueden clasificarse en tres categorías: "religiosas," "políticas" y "socioeconómicas."⁽²³⁴⁾ La CNDH concluyó que había base para la hipótesis de que las personas consideradas "conflictivas" eran expulsadas, entre ellos los católicos "modernos," los miembros de los partidos políticos de oposición y de organizaciones campesinas independientes. La CNDH determinó que, en los lugares en que existe el voto comunitario para expulsar a personas, no pueden servirse de la toma de decisiones tradicional comunitaria para justificar la violación del derecho fundamental a elegir la propia religión.⁽²³⁵⁾

Con frecuencia aparecen las estructuras de poder tradicionales en las comunidades. Al referirse a México en un estudio sobre el protestantismo en Latinoamérica, David Martin señalaba, "En lo que atañe a las áreas rurales suelen ser los pentecostalistas los que plantean el núcleo de la resistencia contra el poder combinado de los caciques mestizos y el clero mestizo."⁽²³⁶⁾ Los mestizos son los que tienen sangre combinada española e indígena. Según el antropólogo e historiador Jan Rus, en la mayoría de las comunidades de los Altos de Chiapas los ladinos, o no indígenas, ayudaron a los dirigentes comunitarios a "conseguir camiones, y convertirse en distribuidores de soda y cerveza. A cambio, los que recibieron estos favores garantizaron a los mayoristas el acceso exclusivo a los comercios de la comunidad, e hicieron oídos sordos cuando los "coyotes" -- astutos comerciantes de materias primas -- pesaban de menos los productos que compraban a los miembros de la comunidad."⁽²³⁷⁾ A nivel nacional, muchas iglesias evangélicas no han ocultado su intención de involucrarse en el proceso político, como oposición al PRI.⁽²³⁸⁾

El municipio de San Juan Chamula es el centro del crecimiento evangélico en Chiapas. Desde 1974, residentes locales han obligado a salir del área a al menos 15.000 evangélicos, aunque un 15 por cierto de ellos han retornado en los últimos años.⁽²³⁹⁾

Las expulsiones suelen concretarse en decenas o cientos de familias expulsadas de una comunidad, sus casas quemadas y sus pertenencias saquedas o destruidas. Los atacantes suelen ser autoridades municipales. Como en años anteriores, la economía ha agravado el conflicto religioso, ya que los protestantes se desentienden de las ceremonias católicas que suponen una fuente importante de ingresos para los que suministran alcohol a esos eventos.

Un estudio de la CNDH de las expulsiones concluía,

En un principio, cuando los expulsados presentaban sus denuncias, generalmente las autoridades competentes del Estado se negaban incluso a recibirlas. Sin embargo, desde finales de 1993, los agentes del Ministerio Público del Estado comenzaron a recibir tales denuncias. En el segundo semestre de 1993, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas recibió 54 denuncias presentados por los expulsados de los distintos parajes del Municipio de San Juan Chamula, Chiapas, la mayoría de ellos por profesar una religión distinta a la religión católica tradicional de las comunidades.⁽²⁴⁰⁾

Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado dijo a la CNDH en 1993 que no se había ocupado de los casos por el peligro que suponía presentarse en San Juan Chamula.⁽²⁴¹⁾ En diciembre del mismo año, le dijeron a la CNDH que no se habían ocupado de los casos porque, "el marco jurídico vigente resulta insuficiente para alcanzar un arreglo entre las partes."⁽²⁴²⁾ En cinco de los cincuenta y cuatro casos que finalmente inició la Procuraduría General de Justicia del Estado, la mayoría de los denunciantes acusaron a las autoridades municipales de llevar a cabo las expulsiones y de cometer otros delitos como "privación ilegal de libertad, despojo, allanamiento de morada, abuso de autoridad, lesiones, daño en propiedad ajena, robo, amenazas, desalojo en grado de tentativa, extorsión y allanamiento de morada."⁽²⁴³⁾ El informe concluía, "Finalmente, con base en la información arrojada por los quejosos, respecto del estado que guardan las averiguaciones previas y la información proporcionada por las propias autoridades, se puede presumir que la Procuraduría General del Estado de Chiapas ha incurrido, al menos, en: dilación, vicios en el procedimiento y denegación de justicia."⁽²⁴⁴⁾

Seiscientas personas desplazados internos regresaron a San Juan Chamula en 1994. Desde entonces no se han producido nuevas expulsiones, pero perduran otros problemas. Desde julio de 1993, unos doscientos niños en edad escolar no pudieron asistir a clase, debido a su afiliación religiosa, en las comunidades de Arbenza I, Arbenza II, Mil Polenta, Cruz Chot, Pilalchén, Pozo, Bautista Chico y Bautista Grande.⁽²⁴⁵⁾ Habían sido expulsado de sus casas el 6 de julio de 1993, regresaron antes de iniciado el año escolar de 1994, pero no les permitieron asistir a clase en 1994, 1995 ni 1996.⁽²⁴⁶⁾ En 1997, los niños volvieron a clases en todas las comunidades excepto en Arbenza I, pero no se ha tomado ninguna medida contra los funcionarios responsables del trato discriminatorio a los estudiantes.⁽²⁴⁷⁾

Como sucede en todo el estado, la violencia no sólo tiene una cara. Según los líderes evangélicos, desde 1994, se han producido al menos siete enfrentamientos armados entre evangélicos y católicos.⁽²⁴⁸⁾ El 5 de julio de 1994, evangélicos secuestraron al presidente municipal de San Juan Chamula, López Ruiz. El 9 de julio de 1996, Enrique Lunes Patishtán, el presidente municipal de San Juan Chamula que sustituyó a López Ruiz, recibió un disparo en la cabeza y murió.⁽²⁴⁹⁾

176. Jan Rus y Robert Wasserstrom, "Evangelization and Political Control: the SIL in Mexico" (Evangelización y control político: el SIL en México), International Working Group on Indigenous Affairs, 1981, pág. 166.

177. En 1911, durante una lucha por el poder político entre residentes de San Cristóbal de las Casas y de Tuxla Gutiérrez, los segundos acusaron a la Iglesia Católica de fomentar el conflicto y de reclutar a residentes de San Juan Chamula para que lucharan contra Tuxla Gutiérrez. Ver, Thomas Louis Benjamin, El camino a Leviatán.

178. Ni Paz Ni Justicia, pág. 38.

179. Desde el 7 de agosto de 1994, empezaron a aparecer carteles con amenazas en los muros de al menos cinco residencias de los jesuitas en Ciudad de México. "En El Salvador: miles de indios murieron antes que los jesuitas: los responsables de la masacre," decían los carteles.

"En México, los jesuitas morirán primero." Tan sólo en 1996, fueron amenazados al menos cuatro grupos de derechos humanos relacionados con la Iglesia Católica: PRODH, en Ciudad de México; la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), en Chihuahua, estado de Chihuahua; CEDIAC, en Bachajón, estado de Chiapas; y el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, en el estado de Oaxaca.

180. Entrevista de Human Rights Watch/Americas en Bachajón, 24 de agosto de 1996.

181. Ni Paz Ni Justicia, pág. 34.

182. Gustavo Gutiérrez, Las Casas: In Search of the Poor of Jesus Christ (Las Casas: en busca de los pobres de Jesucristo) (Maryknoll, New York: Orbis, 1993), págs. 382-390; George W. Grayson, The Church in Contemporary Mexico (La Iglesia en el México contemporáneo), pág. 2.

183. Rosa Rojas, Chiapas: la paz violenta (Ciudad de México: Ediciones La Jornada, 1995), págs. 98-99.

184. Posteriormente, el gobierno identificó oficialmente al Subcomandante Marcos como Rafael Guillén, que no es un sacerdote.

185. Mike Tangeman, "Mexican Jesuits Deny Rebel Commander is One of Theirs" (Los jesuitas mexicanos desmienten que el comandante rebelde sea uno de ellos), Catholic News Service, 12 de abril de 1994.

186. Ibíd.

187. Mike Tangeman, "Jesuits Join to Fight Intimidation Campaign in Mexico" (Los jesuitas se unen para luchar contra la campaña de intimidación en México), Catholic News Service, 12 de abril de 1994.

188. Mike Tangeman, "Mexican Jesuits."

189. El 19 de enero de 1996, el periódico chiapaneco Expreso Chiapas informó de que tres sacerdotes enviados por el Obispo Samuel Ruiz al municipio de Salto de Agua estaban haciendo proselitismo del EZLN, proponiendo que se tomaran las tierras de los pequeños propietarios. El artículo, que citaba a un funcionario del PRI, señalaba que catequistas de san Cristóbal de las Casas iban a encargarse de la tarea. Leonel Durante López, "Acciones de sacerdotes extranjeros en el estado," Expreso Chiapas, 19 de enero de 1996.

190. Mike Tangeman, "Diocese, German Embassy Deny Church Funds Used for Guerrillas" (Diócesis, Embajada de Alemania desmienten que los fondos de las iglesia se destinaran a la guerrilla), Catholic News Service, 11 de julio de 1994. Los grupos religiosos mencionados eran Adventiat, Misereor, y el Comité Católico Alemán contra el Hambre y por el Desarrollo.

191. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con Samuel Sánchez Sánchez, Tuxla Gutiérrez, Chiapas, 2 de septiembre de 1996.

192. Ibíd.

193. Partido Revolucionario Institucional, Comité Ejecutivo Nacional, Comunicado de Prensa nº 271-96, 4 de julio de 1996, pág. 2.

194. Ibíd.

195. Entrevista de Human Rights Watch/Americas en El Limar, 29 de agosto de 1996.

196. Mike Tangeman, "Mexican Bishop Threatened Following Peace Mediation" (Obispo mexicano amenazado tras mediar la paz), Catholic News Service, 10 de marzo de 1994.

197. Mary Durran, "Church-Run Health Clinic Target of Demonstrations, Harassment" (Clínica de salud administrada por la iglesia objeto de protestas, hostigamiento), Catholic News Service, 16 de mayo de 1994.

198. Mike Tangeman, "Jesuits Join..."

199. Mike Tangeman, "Mob Protests in Front of Cathedral, Demands Bishop's Resignation" (Grupo protesta frente a la catedral, exigen la renuncia del obispo), Catholic News Service, 20 de febrero de 1995.

200. Ibíd.

201. Grupo Plural por la Paz, Tercer Informe, 17 de enero de 1995.

202. Comunicado de prensa del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas," 29 de diciembre de 1996.

203. Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas," "The Other Enclosure" (El otro recinto), recibido vía correo electrónico.

204. Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez," Servicio Diario de Información de Derechos Humanos, 27-29 de enero de 1996. Este boletín de correo electrónico cita a La Jornada del 27 de enero de 1996.

205. Ver Human Rights Watch/Americas, "Torture and Other Abuses During the 1995 Crackdown on Alleged Zapatistas" (Torturas y otros abusos durante la ofensiva de 1995 contra presuntos zapatistas), febrero de 1996. Más de una docena de personas detenidas durante la ofensiva fueron puestas en libertad sin cargos posteriormente.

206. Mike Tangeman, "Prelates Support Bishop Against Charges of Involvement with Rebels" (Prelados apoyan al obispo contra las acusaciones de estar relacionado con los rebeldes), Catholic News Service, 13 de febrero de 1995.

207. Mike Tangeman, "Police Search Chiapas Parish for Rebel Weapons" (Policía registra parroquia de Chiapas en busca de armas de los rebeldes), Catholic News Service, 16 de febrero de 1995.

208. Candelaria Rodríguez, "5 asesinatos y 54 secuestros desde abril en Zapata," La Jornada, 10 de mayo de 1995; Coordinación de Organismos no Gubernamentales por la Paz, Chiapas: Situación de los Derechos Humanos (San Cristóbal de las Casas: Coordinación de Organismos no Gubernamentales por la Paz, 1996), pág. 33; Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas," "Preliminary Report on Human Rights in Chiapas from February 9 to April 9, 1995" (Informe preliminar sobre derechos humanos en Chiapas del 9 de febrero al 9 de abril de 1995), pág. 17; y Procuraduría General de Justicia del Estado, "Informe sobre actuaciones de la Procuraduría General de Justicia en Tila, Tumbalá, Salto de Agua y Jaltenango la Paz," septiembre de 1995, págs. 3-4.

209. Procuraduría General de Justicia del Estado, "Informe sobre actuaciones de la Procuraduría General de Justicia en Tila, Tumbalá, Salto de Agua y Jaltenango la Paz," septiembre de 1995, páginas sin numerar.

210. Sentencia Definitiva en la Causa Penal 61/996, Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas, 27 de junio de 1996, pág. 4.

211. Ibíd., pág. 9.

212. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con el abogado defensor Miguel Angel de los Santos, San Cristóbal de las Casas, 31 de agosto de 1996.

213. Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas," "Detención y expulsión de tres sacerdotes de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas," 22 de junio de 1995.

214. Anthony DePalma, "Rising Church-State Tensions Threaten Mexico Talks" (Tensiones crecientes entre iglesia y estado ponen en peligro las conversaciones en México), New York Times, 29 de septiembre de 1995.

215. Mike Tangeman, "Deported Priests Were Denied Rights, Church Official Says" (Según un oficial de la iglesia, se negaron derechos a los curas deportados), Catholic News Service, 26 de junio de 1995.

216. Barb Fraze, "U.S. Priest Tells of 'Cops-and-Robbers' Deportation" (Sacerdote estadounidense habla sobre una deportación de "policías y ladrones"), Catholic News Service, 27 de junio de 1995.

217. Mike Tangeman, "Foreign-born Priests, Nuns Says Mexican Government Wages Vendetta" (Sacerdotes nacidos en el extranjero, las monjas dicen que el gobierno mexicano quiere venganza), Catholic News Service, 25 de septiembre de 1995; y Mike Tangeman, "Mexico Reported to Want Five More Church Workers Out Of the Country" (Se dice que Mexico quiere sacar del país a cinco trabajadores de la iglesia más), Catholic News Service, 25 de septiembre de 1995.

218. Mike Tangeman, "Mexico Reported to Want Five More Church Workers Out Of the Country," Catholic News Service, 25 de septiembre de 1995.

219. El 18 de septiembre de 1995, el gobierno pidió al Obispo Ruiz que mandara a su casa a dos sacerdotes y tres monjas franceses que trabajaban en Chiapas, o que si no se enfrentarían a la posibilidad de ser arrestados o deportados. Ver Mike Tangeman, "Foreign-born Priests, Nuns Says Mexican Government Wages Vendetta," Catholic News Service, 25 de septiembre de 1995; y Mike Tangeman, "Mexico Reported to Want Five More Church Workers Out Of the Country," Catholic News Service, 25 de septiembre de 1995; y Art Babych, "Mexico Rejects Canadian Priest Expulsion Appeal" (Mexico rechaza recurso contra expulsión de sacerdote canadiense), Catholic News Service, 30 de enero de 1996.

220. Entrevista telefónica de Human Rights Watch/Americas con Rafael Alvarez, Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez," 9 de marzo de 1997.

221. Entrevista telefónica de Human Rights Watch/Americas con Rafael Rodríguez, secretario adjunto de asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación federal, 9 de marzo de 1997. El Procurador General de Justicia de Chiapas, Jorge Enrique Hernández, reiteró esta opinión en una conferencia de prensa celebrada el 10 de marzo de 1997. Ver, Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez," Servicio Diario de Información de Derechos Humanos en México, 10 de marzo de 1997.

222. Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez," Servicio Diario de Información de Derechos Humanos en México, 12 de marzo de 1997.

223. "2 policías muertos -- Cinco más heridos," La República en Chiapas, 9 de marzo de 1997.

224. Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez," Servicio Diario de Información de Derechos Humanos en México, 12 de marzo de 1997.

225. Ibíd.

226. Entrevista telefónica de Human Rights Watch/Americas con el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez," 11 de marzo de 1997.

227. Servicio Diario de Información de Derechos Humanos en México, 12 de marzo de 1997.

228. "El clero involucrado," La República en Chiapas, 10 de marzo de 1997.

229. Rodrigo Vera, "Millones de evangélicos activos ganan las calles, plazas, almas... y liquidan el monopolio católico de la religión," Proceso, 6 de mayo de 1996, pág. 23.

230. CIA World Factbook 1995, disponible en el internet en http://www.odci.gov//cia/publications/95fact/mx.html.

231. Rodrigo Vera, "Millones de evangélicos..."

232. Entrevista telefónica de Human Rights Watch/Americas con el Dr. Arturo Farela Gutiérrez, CONFRATERNICE, 25 de julio de 1996. El censo mexicano de 1995 determinó que la población total de Chiapas era 3,584.786 habitantes. Ver, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), disponible en el internet en http://www.inegi.gob.mex/homepara/estadistica/sociodem/poblacion/pob-1.html.

233. Comisión Nacional de Derechos Humanos, El problema de las expulsiones en las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas y los derechos humanos (México, D.F.: Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1995), págs. 29, 39-46.

234. Ibíd., págs. 31-32.

235. Ibíd., pág. 97.

236. David Martin, Tongues of Fire: The Explosion of Protestantism in Latin America (Lenguas de fuego: La explosión del protestantismo en Latinoamérica) (Cambridge, MA: Basil Blackwell, 1990), pág. 97. (Traducción de HRW/Americas).

237. En San Juan Chamula, la juxtaposición de religión y economía provocó lo que se conoció como la Guerra del Posh, una lucha entre líderes indígenas y funcionarios ladinos por la producción y venta de alcohol, llamado posh en tzoltil. Los líderes indígenas locales consiguieron arrebatarles el control a los ladinos relacionando estrechamente religión y posh. Ver Jan Rus, "The 'Comunidad Revolucionario Institucional': The Subversion of Native Government in Highland Chiapas, 1936-1968" (La "Comunidad Revolucionario Institucional": La subversión del gobierno nativo en los Altos de Chiapas, 1936-1968), en Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent, Everyday Forms of State Formation: Revolution in the Negociation of Rule in Modern Mexico (Formas diarias de formación del estado: Revolución en la negociación de las normas en el México moderno) (Durham: Duke University Press, 1994), págs. 292-294. (Traducción de HRW/Americas).

238. Este fenómeno se reproduce en Chiapas a pesar de que en ciertas partes del estado, como Tila, los miembros de confesiones protestantes se identifican como simpatizantes del PRI. El presidente de CONFRATERNICE, Arturo Farela, considera que el PRI es el "mayor demonio de México," y habla de impulsar un partido político evangélico que participe en las elecciones de 1997. Entrevista de Human Rights Watch/Americas en Ciudad de México, 19 de agosto de 1996.

239. Howard LaFranchi, "Mexican Evangelicals Find Grace with Catholics" (Evangélicos mexicanos se congracian con católicos), Christian Science Monitor, 26 de junio de 1996, pág. 6.

240. Comisión Nacional de Derechos Humanos, El problema de las expulsiones en las comunidades indígenas, pág. 60.

241. Ibíd.

242. Ibíd.

243. Ibíd., pág. 61.

244. Ibíd., pág. 62.

245. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con Esdras Alonzo, presidente de la Alianza de Pastores de los Altos de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 31 de agosto de 1996.

246. Ibíd.

247. Entrevista telefónica de Human Rights Watch/Americas con el Dr. Arturo Farela, CONFRATERNICE, 20 de febrero de 1997.

248. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con Esdras Alonzo.

249. Patricia Sotelo, "Acusa a Samuel Ruiz de promover violencia," Reforma, 15 de julio de 1996.

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CAPÍTULO VI

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