Aunque en México se debaten ahora reformas políticas, económicas y legales, no se ha puesto la atención necesaria a las violaciones de los derechos humanos que aún se cometen con impunidad. Si la Administración del Presidente Ernesto Zedillo quiere acabar con la tradición mexicana de abdicar de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el gobierno debe incluir claramente en su agenda de reformas la protección de los derechos humanos. Dicha atención es necesaria con urgencia sobre todo en las áreas rurales de México, donde el conflicto violento derivado de las diferencias políticas y religiosas, la insurgencia y la contrainsurgencia y las disputas sobre tierras y otras demandas comunitarias desembocan en violaciones de los derechos humanos graves y generalizadas.

Este informe examina el papel de las autoridades mexicanas y su responsabilidad por la violencia rural. En muchos casos, ciudadanos particulares, que no son funcionarios del gobierno, llevaron a cabo los asesinatos, secuestros, amenazas y expulsiones que se exponen en este informe. En otros casos, las autoridades gubernamentales mexicanas participaron directamente en los abusos. Sin embargo, incluso en los casos en los que sólo participaron ciudadanos particulares, los funcionarios facilitaron con frecuencia sus actos abusivos, no procesaron judicialmente a los responsables o dieron la impresión de haber utilizado el sistema judicial para lograr objetivos partidistas. Dado el conocimiento que las autoridades tienen de estos abusos, su responsabilidad de frenarlos y su obligación de detener a los agresores, la participación del gobierno en los ataques perpretados por ciudadanos privados no es ni más ni menos que una muestra de negligencia y complicidad voluntarias.

Este informe se concentra en el estado sureño de Chiapas, donde, desde principios de 1995, tan sólo la violencia en el conflictivo norte del estado ha forzado el desplazamiento de casi 4.000 personas y ha resultado en decenas de enfrentamientos con pérdidas de vidas. También analiza casos de los estados de Guerrero, Oaxaca y Sinaloa, ya que la violencia rural es un problema nacional, y las prácticas sistemáticas descubiertas en Chiapas se reproducen en todo el país. A nivel nacional, se pueden observar al menos cinco tipos de prácticas sistemáticas:

El gobierno del estado se niega a enfrentar a los intermediarios del poder a nivel local, conocidos como caciques, que apoyan al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el gobierno, incluso en los casos en que su influencia sobre el sistema policial y legal provoca abusos. Cuando los caciques políticos arman a civiles para que defiendan sus intereses, estos conflictos pueden tener consecuencias irreparables.

Las autoridades federales, estatales y locales suelen desmentir la existencia de problemas en materia de derechos humanos, incluso en los casos más flagrantes. Las escasas ocasiones en las que se han emprendido acciones contra funcionarios o partidarios del gobierno son excepciones que confirman la regla; demuestran que se pueden emprender acciones si existe la voluntad política, pero que dicha voluntad sólo se demuestra cuando se concentran en el problema intensas presiones locales, nacionales e internacionales.

La impunidad sigue siendo la regla general para los violadores de los derechos humanos y partidarios del gobierno. Esta regla se aplica a los actos violentos cometidos por ciudadanos particulares del área rural de México, así como a los funcionarios civiles y oficiales militares que han cometido abusos en nombre de la lucha contra la guerrilla.

Las acciones violentas no son del dominio exclusivo de los partidarios del PRI; los militantes del PRI también han padecido ataques por parte de sus opositores, como asesinatos y expulsiones. Human Rights Watch/Americas condena con la misma fuerza los abusos cometidos en nombre de cualquier agrupación política o religiosa. Sin embargo, las autoridades muestran una disposición a investigar estos hechos cuando se tratan de ataques contra miembros del PRI, aunque a veces cometen serias irregularidades en los procedimientos.

Los funcionarios judiciales federales y estatales no suelen cumplir con su responsabilidad de garantizar que las víctimas de la violencia rural tengan acceso efectivo a los recursos legales, ya sea cuando los agresores son funcionarios del gobierno o ciudadanos particulares.
 

El gobierno debe aprovechar la oportunidad que se le presenta dentro de su agenda de reformas para aplicar medidas significativas para acabar con las violaciones de los derechos humanos y promover el estado de derecho. Es probable que la inestabilidad provoque más violencia si el estado no reacciona adecuadamente de acuerdo a las normas de derechos humanos. Además, el gobierno corre el riesgo de alienar aún más a los ciudadanos que ya tienen poca fe en que las instituciones gubernamentales puedan mediar con éxito y pacíficamente en sus conflictos. Los problemas en materia de derechos humanos que se exponen en este informe no siempre se prestan a soluciones fáciles, pero los esfuerzos del gobierno para resolverlos explicará mucho de la seriedad de su preocupación por los derechos humanos.

Violencia rural en Chiapas

Este informe analiza casos de tres subregiones del estado de Chiapas, fuera de la zona de operación de los rebeldes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El conflicto armado, que estalló el 1º de enero de 1994, ha agravado las tensiones en todo el estado, pero las violaciones de los derechos humanos que aquí se exponen no corresponden exclusivamente a la contrainsurgencia. De hecho, la violencia rural ha sido menos intensa en el área de enfrentamiento del gobierno y el EZLN. En cambio, la aparición del EZLN cambió dinámicas políticas tradicionales, forzando al estado y a las autoridades federales a ceder espacio político a la guerrilla y a sus simpatizantes. Mientras los campesinos ocupaban fincas y edificios municipales, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la oposición ganaba elecciones locales, se iban redefiniendo las líneas de batalla del poder político.

Ningún factor aislado es suficiente para explicar por qué se produjeron la violencia y las violaciones de derechos humanos que se exponen en este informe. En su origen solían encontrarse motivos políticos, religiosos, de tierras y contrainsurgencia, pero, con frecuencia, el conflicto fue el producto de más de uno de estos elementos. Según la investigación in situ de Human Rights Watch/Americas existe la posibilidad inquietante de que, mientras que algunas personas dentro del gobierno estatal dedican su energía a negociar soluciones a los conflictos comunidad por comunidad, otros funcionarios del gobierno están sacando provecho o manipulando los conflictos para promover sus propios objetivos políticos o contrainsurgentes, o para que las autoridades desvíen su atención de los poderosos terratenientes.

Durante décadas, "guardias blancas" han operado en Chiapas. Estos pistoleros a sueldo, pagados por caciques, protegen la propiedad privada y la maquinaria política controlada por el PRI. A diferencia de un grupo de seguridad privada oficial, no se responsabilizan de sus acciones. De hecho, el gobierno de Chiapas niega su existencia, a pesar de que existen pruebas concluyentes de que siguen activos y que en ocasiones actúan coordinados con la policía. Al consentir tan claramente las acciones violentas de las guardias blancas, y al no procesar judicialmente a los responsables, las autoridades se convierten en cómplices de estos abusos.

Sin embargo, en Chiapas ha aparecido un nuevo tipo de grupo armado, diferente de las guardias blancas por su formación, visibilidad, y agenda. Son grupos de civiles reunidos en organizaciones de base campesina que emplean la violencia para retener o conseguir poder político o económico. Nos referimos a estas bandas como "grupos armados" porque utilizan armas en algunos de sus ataques violentos. Sin embargo, parece que la mayoría de los miembros de estos grupos no están armados o entrenados para manejar armas.

En 1995, inició sus actividades una organización con el nombre Paz y Justicia, expulsando de comunidades rurales a rivales del PRI y realizando otros ataques, como el control de la circulación de sus enemigos por carreteras públicas. Sin embargo, a diferencia de las guardias blancas, que rinden pleitesía a las elites económicas y políticas y cuyas víctimas suelen proceder de la población indígena privada de derechos, tanto los miembros como las víctimas de Paz y Justicia proceden del mismo sector de la sociedad: el grupo étnico Ch'ol afectado por la pobreza estatal.

La investigación in situ de Human Rights Watch/Americas confirmó la existencia generalizada de acciones violentas de Paz y Justicia. Por ejemplo, Paz y Justicia secuestró a simpatizantes del PRD en Nuevo Limar, municipio de Tila, en septiembre de 1995 y los llevó ante la policía. En lugar de emprender acciones contra los agresores, que habían secuestrado a los simpatizantes del PRD, la policía retuvo a las víctimas durante varias horas, mientras que el ejército interrogaba a uno de ellos al que acusaba de pertenecer a la guerrilla, y los puso en libertad sin cargos. El fiscal local no emprendió ninguna acción cuando los miembros del PRD presentaron una denuncia. Posteriormente, en agosto de 1996, miembros de Paz y Justicia de las comunidades vecinas se reunieron en Nuevo Limar para expulsar a las mismas personas atacadas anteriormente, lo que obligó a seis familias que habían apoyado al PRD a huir y buscar refugio en el municipio vecino de Salto de Agua.

Miembros de Paz y Justicia de la comunidad cercana de Miguel Alemán han mantenido sitiada la comunidad vecina de Masojá Shucjá desde junio de 1996, impidiendo a sus residentes la entrada o salida. En julio de 1996, residentes de Miguel Alemán sacaron de sus vehículos a tres hombres de Masojá Shucjá cuando pasaban por Miguel Alemán, a pesar de que los hombres se habían unido a un convoy policial y militar buscando protección. Uno de los hombres sigue "desaparecido." Los otros dos fueron llevados por la policía a un cuartel cercano, donde, casi inmediatamente, aparecieron simpatizantes del PRI para denunciar su presunta participación en un caso de asesinato que no guardaba relación y en el que no se había mencionado antes a los hermanos. En el mejor de los casos, este hecho demuestra la velocidad asombrosa con la que funciona el sistema legal contra personas percibidas como opositores al PRI; y en el peor de los casos, demuestra cómo los simpatizantes del PRI manipulan el sistema con facilidad.

Dado que Paz y Justicia controlaba la carretera entre Miguel Alemán y Masojá Shucjá, Human Rights Watch/Americas sólo viajó a Masojá Shucjá después de obtener el apoyo del gobierno estatal para hacerlo. Mientras que nuestro equipo de investigación recolectaba testimonios, el general del ejército al mando de la base cercana en aquel entonces desplegó a sus tropas por toda la comunidad, intimidando a los testigos. Después de nuestra salida de Masojá Shucjá, nuestra delegación fue detenida por miembros de Paz y Justicia, a pesar de nuestra escolta policial. Nos acosaron y amenazaron, y rajaron una rueda de nuestro vehículo. Sólo nos permitieron seguir después de que un funcionario de alto rango del gobierno, acompañado por el presidente municipal, se presentaran para negociar nuestra puesta en libertad.

Los líderes de Paz y Justicia explican que se formaron porque el estado era incapaz de frenar la avalancha de lo que ellos consideraban representantes de los rebeldes del EZLN -- la Iglesia Católica progresista con sede en San Cristóbal de las Casas, el PRD, y muchos de los grupos compuestos por indígenas que han ido aumentando su fuerza desde los setenta. En consonancia con los testimonios de víctimas de ataques reunidos por Human Rights Watch/Americas, los líderes estatales del PRI explicaron que Paz y Justicia coordina las acciones de miembros de varias comunidades para defenderse de sus enemigos. Sin embargo, insisten en que sólo actúan en defensa propia.

Los conflictos en el norte de Chiapas no provienen sólo de un bando, y los miembros y simpatizantes del PRI tienen motivos para temer por su seguridad. Human Rights Watch/Americas entrevistó a partidarios del PRI que fueron forzados a huir de sus comunidades y cuyos amigos y familiares fueron asesinados. Aunque la violencia que padecieron es real, su explicación sobre quién realizó los ataques -- la Iglesia Católica y el PRD -- no coincide con la información reunida por Human Rights Watch/Americas. Aunque está claro que algún grupo o individuos persiguen a miembros del PRI, no descubrimos ninguna evidencia de conexiones institucionales con organizaciones sociales vinculadas a la Iglesia Católica o el PRD.

Justo al sur del área de actividad de Paz y Justicia, Human Rights Watch/Americas comprobó las actividades de los Chinchulines, un grupo de simpatizantes de la línea dura del PRI de San Gerónimo de Bachajón, un amplio ejido, o comunidad colectiva, en el municipio de Chilón. El grupo promovía la agenda política del PRI, al menos a nivel local y estatal, mientras que servía a sus propios intereses económicos. Durante años no se ha prestado atención a los abusos cometidos por los Chinchulines, denunciados por un grupo local de derechos humanos patrocinado por la Iglesia Católica.

En mayo de 1996, los Chinchulines se lanzaron a las calles, atacando a opositores y la Iglesia Católica y provocando que cerca de un centenar de residentes se refugiaran en el municipio de Tuxla Gutiérrez, la capital del estado. Asesinaron a tiros a dos hombres, incendiaron edificios de la Iglesia Católica y quemaron casas. Después del ataque, el grupo asumió un papel de seguridad, patrullando las calles y hasta manteniendo un control de carretera a la entrada del municipio de Chilón. El congreso estatal, controlado por el PRI, canceló la financiación del municipio controlado por el PRD alegando que el presidente municipal era el autor intelectual de los ataques contra los Chinchulines. El estado arrestó a los hombres acusados de estar detrás de los ataques de los Chinchulines sólo después de intensas denuncias locales, nacionales e internacionales. Meses más tarde, después de lograr debilitar el gobierno municipal, el congreso restauró la financiación del municipio; el presidente municipal ni siquiera fue interrogado por las autoridades judiciales en relación a las acusaciones que fueron utilizadas para cancelar los fondos.

Al igual que en el norte de Chiapas, el conflicto en el municipio de Chilón no provenía sólo de un bando. El ataque de los Chinchulines fue desencadenado por el asesinato de un jefe del grupo, que había acosado a los vencedores del PRD en las elecciones para autoridades del ejido poco antes del enfrentamiento de mayo de 1996.

Finalmente, este informe expone la violencia en el municipio de Venustiano Carranza, al sureste de Chilón. Allí, los tradicionales conflictos de tierras han desembocado en confrontaciones armadas entre partidos rivales, pero la policía y los fiscales sólo han actuado contra los opositores al PRI. En julio de 1996, la policía y los miembros de un grupo del PRI operaron en conjunto para arrestar a opositores al PRI, lo que provocó la muerte de un hombre y la detención arbitraria de otros.

Aunque muchos de los conflictos que se exponen aquí están basados en luchas por el poder político, existe la presencia de un elemento claramente religioso en muchos de los casos. El tema aislado de la religión no es suficiente para explicar por qué se persigue a ciertos miembros de una comunidad religiosa. De hecho, se identifica tanto a muchos católicos como protestantes por su oposición a las antiguas estructuras del poder político, lo que plantea una amenaza para el privilegio político y los beneficios económicos asociados con éste. Sin embargo la relación entre política y religión en Chiapas varía según la región, lo que no permite identificar un patrón claro a nivel estatal sobre a qué grupos religiosos corresponde el apoyo de cada partido.

Los ataques contra la Iglesia Católica se basan en el papel político que se percibe que desempeña la Iglesia Católica, y no están motivados por la persecución de seguidores de una religión impopular. El catolicismo progresista del obispo católico de la región, Samuel Ruiz, ha provocado durante décadas un conflicto con los que ostentan el poder, aunque se agudizaron los conflictos después de enero de 1994. Paz y Justicia critica a la Iglesia Católica, acusando a sacerdotes de armar a los opositores al PRI y de promover invasiones de tierras, un punto de vista compartido por algunos funcionarios del gobierno estatal. El resultado ha sido una serie de amenazas y ataques contra el clero y trabajadores católicos laicos, ataques físicos a propiedades de la Iglesia Católica, y la expulsión de México de sacerdotes extranjeros considerados por el gobierno como demasiado radicales.

La gran población protestante del estado también ha padecido ataques por parte de ciudadanos independientes y políticos locales. Desde principios de los setenta se han expulsado al menos a 15.000 protestantes de sus casas en San Juan Chamula, con la participación en las expulsiones de funcionarios locales y la indiferencia del gobierno estatal. En los últimos años, la violencia contra los protestantes ha disminuido, aunque no desaparecido, pero existen otros problemas, como la prohibición de asistir a la escuela a cientos de niños protestantes. Autoridades judiciales del estado no han progresado en la investigación de los casos en los que las víctimas son protestantes.

La reacción del estado de Chiapas a la violencia

En muchos casos de violencia rural, el gobierno de Chiapas no garantizó los recursos judiciales adecuados a los que lo solicitaron, violando así el derecho internacional que imponen al estado la obligación positiva de garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción tengan acceso a recursos legales efectivos. Es más, este informe expone varios casos inquietantes en los que las autoridades estatales de Chiapas se valieron del sistema legal para castigar a sus opositores reales o presuntos, violando las normas internacionales relativas a los procesos judiciales justos. Human Rights Watch/Americas está profundamente preocupada por el hecho de que en muchos de los casos en los que se probaron dichos problemas, parece que las autoridades actuaron con motivaciones políticas o religiosas, lo que podría indicar una práctica sistemática de aplicación discriminatoria de la justicia.

Human Rights Watch/Americas investigó independientemente varios casos en los que opositores reales o imaginarios del PRI fueron encarcelados, y descubrió pruebas de graves problemas: los dos hombres de Masojá Shucjá que fueron sacados de sus vehículos y terminaron encarcelados por asesinato, al parecer para calmar a una masa descontrolada; un hombre de Jolnixtié, municipio de Tila, detenido arbitrariamente por soldados en una comunidad donde habían sido asesinados simpatizantes del PRI; y un caso en el que al parecer las autoridades estaban tan ansiosas de actuar contra sacerdotes extranjeros y locales que poco después de conseguir acusaciones contra ellos sobrevolaron la presunta escena del crimen en un helicóptero para cumplir con su deber de inspeccionar el lugar, y al día siguiente expulsaron al clero extranjero, sin ni siquiera las mínimas garantías del debido proceso. Cuando se imprimió este informe, funcionarios estatales detuvieron a cuatro hombres en Palenque, dos de ellos sacerdotes jesuitas, les negaron las garantías fundamentales del debido proceso, y los acusaron de asesinato. Un juez los puso en libertad varios días más tarde al decretar que los fiscales no habían presentado suficientes pruebas contra los acusados. Mientras que el incidente demostraba que la corte actuó de manera adecuada en este caso, también subrayaba el hecho de que los fiscales habían violado los derechos humanos al detener a los hombres y presentar cargos contra ellos sin otro motivo aparente que no fuera un deseo de castigarles por a sus presuntas creencias políticas.

El PRD ha puesto como condición para iniciar negociaciones con el PRI sobre la violencia regional que se revisen judicialmente los casos de al menos diecinueve detenidos de Chilón y del norte de Chiapas. Según el PRD, los detenidos fueron encarcelados sin tener la oportunidad de presentar pruebas exculpatorias. En noviembre de 1996, dentro de una iniciativa positiva, el gobierno estatal aceptó investigar estos casos. En la primera serie de revisiones, descubrió información que condujo a la libertad de al menos cinco hombres.

Human Rights Watch/Americas recibe con entusiasmo la voluntad del gobierno estatal de revisar los casos de personas que pueden haber sido encarceladas por error. Sin embargo, la revisión se produjo como resultado de la presión política por parte de presos en huelga de hambre, y no de un proceso judicial claramente definido e igualmente accesible para todos. Aunque los casos que aquí se exponen indican que es necesaria la voluntad política para que México se enfrente adecuadamente a su problema en materia de derechos humanos, el objetivo debería ser que el sistema de justicia mexicano funcionara sin problemas cuando se trate de proteger los derechos humanos, sin que sean necesarias las presiones para que se ejerza este deber legal.

Al parecer, el gobierno estatal está actuando de manera contradictoria cuando se trata de resolver la violencia en el norte de Chiapas. Mientras que la complicidad y la negligencia han evitado que los funcionarios estatales emprendieran acciones contra sus simpatizantes violentos, simultáneamente, el gobierno estatal ha emprendido iniciativas para negociar pactos de no agresión y el retorno de las personas desplazadas internas de muchas comunidades, a la vez que suministra apoyo material a las zonas en conflicto. De hecho, desde principios de 1995, han retornado unas 2.000 personas. Sin embargo, líderes tanto del PRI como del PRD critican al gobierno por no haber resuelto los problemas subyacentes que provocaron las expulsiones.

Problemas regionales, prácticas sistemáticas nacionales

Si el gobierno desea promover un mayor respeto a los derechos humanos, se debe prestar atención urgente a la violencia y a la respuesta gubernamental ante ésta en todo el país. Por este motivo, Human Rights Watch/Americas incluye en este informe casos de los estados de Guerrero, Oaxaca, y Sinaloa.

Este informe también presenta información basada en una investigación de campo en el estado de Guerrero, en la que descubrimos que la impunidad sigue siendo un problema grave en los casos en que se ataca a opositores al PRI. El informe analiza una serie de asesinatos recientes de miembros del PRD en el municipio de Tlacoachistlahuaca, y concluye que el gobierno estatal no ha emprendido acciones adecuadas para resolver los casos.

En junio de 1996, las tensiones aumentaron intensamente en Guerrero, cuando un nuevo grupo guerrillero bien armado apareció públicamente por primera vez en Aguas Blancas, el escenario de una masacre policial de campesinos en 1995. Dos meses después, el grupo -- el Ejército Popular Revolucionario (EPR) -- llevó a cabo ataques coordinados en seis estados. En todo Guerrero, el ejército respondió instalando controles de carretera y presionando a la población civil para obtener información sobre cualquier persona considerada sospechosa. Por su parte, los fiscales empezaron a enfocarse en las organizaciones campesinas de base consideradas conectadas con el EPR. Con frecuencia se ha detenido a activistas, y, según se informa, pueden haber sido torturados. Estos problemas también se han reproducido en otros estado mexicanos donde actúa el EPR, sobre todo en Oaxaca.

La solución al problema de la violencia de México no es respaldar a un gobierno central fuerte y represivo. Las violaciones de los derechos humanos que corresponden a ese tipo de sistema ya se han puesto demasiado en evidencia. En su lugar, los gobiernos federal y estatales de México deben rechazar la política habitual basada en las relaciones abusivas con los jefes del poder local, garantizar la neutralidad política en la aplicación de la justicia, y procesar judicialmente a los violadores de los derechos humanos. De hecho, aunque muchos de los abusos que aquí se exponen corresponden a la jurisdicción de los estados, el derecho internacional hace responsables a los gobiernos nacionales de sistemas federales como el de México del respeto a los derechos humanos en los estados que componen el sistema federal.

Hay que reconocer que el Presidente Zedillo ha admitido las deficiencias del estado de derecho en México, así como lo han hecho el actual Procurador General de la República y su antecesores. Sin embargo, traducir reconocimiento en corrección, supondrá que el gobierno emprenda iniciativas sin ambigüedades a todos los niveles para cumplir ese objetivo.

Al principio

Recomendaciones

Al Gobierno Federal de México:

El gobierno mexicano debe adoptar políticas agresivas para poner freno a las violaciones de los derechos humanos en el área rural de México, incluso en los casos que corresponden a la jurisdicción de los estados. Se deben identificar las violaciones dentro de los estados y los funcionarios federales deben condenarlas públicamente, además de alentar a sus homólogos estatales para que emprendan las acciones adecuadas para acabar con los abusos y castigar a los responsables.

Dado que el gobierno estatal de Chiapas ha demostrado su falta de voluntad de reconocer las consecuencias en materia de derechos humanos de las acciones de los grupos armados dentro del estado, el gobierno federal debe convocar a una fuerza de tarea independiente que investigue las violaciones de los derechos humanos cometidas en el área rural de Chiapas. La fuerza de tarea debe recibir instrucciones para concentrarse en métodos que sirvan de modelo para un enfoque similar a nivel federal que pueda aplicarse a las violaciones de los derechos humanos en el área rural dentro de otros estados. Este grupo debe realizar su tarea públicamente.

El Gobierno de México debe procesar judicialmente a los violadores de los derechos humanos, acabando así con la práctica sistemática de la impunidad.

El gobierno debe tratar el asunto del EPR con respeto estricto a la ley. El gobierno debe realizar una investigación exhaustiva de las denuncias presentadas por organizaciones de derechos humanos locales sobre la comisión sistemática de abusos que se han producido en nombre de la lucha contra el grupo armado. Human Rights Watch/Americas reconoce la función legítima del gobierno mexicano en el combate contra la insurrección armada, pero señala que dichas tareas deben llevarse a cabo de acuerdo a las leyes humanitarias.

El gobierno federal debe retirar sus reservas a los tratados internacionales en materia de derechos humanos relativas a la expulsión de extranjeros sin el debido proceso.

La Cámara de Diputados de México debe reunir información sobre las violaciones de los derechos humanos en el área rural de México y debe valerse de su autoridad para sancionar a los funcionarios del gobierno responsables de abusos. Por ejemplo, la información reunida por la Cámara de Diputados durante el viaje de investigación al norte del estado de Chiapas en octubre de 1995 debe publicarse y utilizarse para responsabilizar al gobierno estatal de las violaciones de los derechos humanos en la región.
 

El gobierno estatal debe apoyar el programa de reconciliación de su Secretaría de Gobierno con acciones que demuestren la aplicación imparcial de la justicia y la utilización imparcial de las fuerzas de seguridad. Se deben emprender acciones para garantizar que los representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado circulen libremente por todas las comunidades conflictivas reuniendo testimonios sobre violaciones de los derechos humanos e iniciando rápidamente investigaciones, sin importar la afiliación política o religiosa de las víctimas.

El Gobierno de Chiapas debe condenar públicamente a los civiles armados que participan en la violencia con motivos políticos o religiosos, como las guardias blancas, Paz y Justicia, los Chinchulines, y los miembros de grupos de oposición.

El Gobierno de Chiapas debe emprender acciones legales apropiadas contra los miembros de Paz y Justicia que han cometido crímenes violentos. Debe llevarse a cabo un estudio de la posible naturaleza delictiva de la organización, teniendo en cuenta la existencia de pruebas significativas que sugieren que las actividades del grupo están coordinadas y diseñadas para atacar a opositores al PRI.

El Gobierno de Chiapas debe emprender acciones legales contra los oficiales de policía que toleraron o facilitaron la participación de las guardias blancas en acciones policiales contra manifestantes en Chicomuselo, Palenque, y otros municipios en 1994 y 1995. Del mismo modo, el gobierno debe emprender acciones administrativas o penales adecuadas contra los funcionarios que han contribuido a que se retrasen injustificadamente los procesos judiciales contra estos oficiales de policía.

Los funcionarios estatales deben emprender una investigación sobre la existencia potencial de discriminación política o religiosa en la aplicación de la justicia. Se debe castigar de acuerdo a las leyes a cualquier persona culpable de un mal comportamiento profesional.

Human Rights Watch/Americas respalda a los funcionarios estatales en su política de revisión de detenciones cuestionables en Chiapas. Deben emprenderse acciones administrativas o penales contra los fiscales que hayan actuado impropiamente durante la reunión de pruebas y la presentación de cargos penales, que hayan actuado con parcialidad contra miembros de partidos de oposición al PRI, o que hayan violado otros preceptos del debido proceso.

El Gobierno de Chiapas debe investigar las actividades de los destacamentos locales de la Policía de Seguridad Pública -- incluyendo, pero no limitándose, a los de los municipios de Tila, Chilón y Venustiano Carranza -- de manera de documentar los casos en los que la policía actuó impropiamente para facilitar los abusos cometidos por grupos armados civiles. Se deben emprender acciones administrativas o penales adecuadas contra los oficiales culpables de mal comportamiento.

El Gobierno de Chiapas debe garantizar la inmediata restauración del derecho a la libre circulación en las comunidades sitiadas actualmente por Paz y Justicia, como Masojá Shucjá en el municipio de Tila. Se deben emprender acciones legales contra los civiles responsables de impedir el ejercicio del derecho a la libre circulación y contra los funcionarios que no han garantizado el respeto a este derecho.

Los funcionarios judiciales del estado deben investigar los casos de protestantes expulsados de sus comunidades o a los que se prohibió asistir a la escuela, procesando judicialmente a los que se demuestre que son responsables de estos abusos. Los funcionarios culpables de no haber actuado adecuadamente para procesar judicialmente los casos deben ser objeto de las sanciones administrativas o penales adecuadas.

Human Rights Watch/Americas requiere que todos los partidos políticos impartan a sus seguidores directivas claras, contundentes y públicas aclarando que el uso de la violencia no será tolerado o apoyado. Deben realizarse investigaciones internas dentro de todos los partidos políticos para encontrar y disciplinar a los promotores y participantes en acciones violentas.
 

El gobierno de Estados Unidos debe adoptar las medidas políticas y diplomáticas necesarias para persuadir a las autoridades mexicanas que acaben con la impunidad en México, con especial atención en las zonas rurales a las que se refiere este informe.

Mientras que los gobiernos de Estados Unidos y México establecen mayores relaciones entre los oficiales encargados de hacer cumplir la ley, Estados Unidos debe utilizar su influencia cada vez mayor para garantizar que México se dedique activamente a la eliminación de los problemas en materia de derechos humanos. Estados Unidos debe condicionar su ayuda a México en materia de seguridad a que existan objetivos concretos de derechos humanos en relación a la investigación y procesamiento judicial de los violadores de derechos humanos.

Los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y del Departamento de Estado deben seguir extendiendo sus contactos a las organizaciones de derechos humanos mexicanas, lo que ha contribuido a apoyar el movimiento de derechos humanos en México.

Hasta que el ejército mexicano investigue adecuadamente las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el combate con el EZLN en enero de 1994, y procese judicialmente a los responsables, el gobierno de Estados Unidos debe retirar toda la ayuda al ejército mexicano, incluido el suministro de helicópteros.
 

El Consejo de la Unión Europea debe investigar el historial en materia de derechos humanos de México cuando negocie con México un nuevo acuerdo político, de cooperación y comercial. El Consejo debe adoptar una resolución requiriendo que el gobierno mexicano garantice que los gobiernos federal y estatales procesan judicialmente con contundencia a los violadores de los derechos humanos.

Durante las negociaciones con México sobre el nuevo acuerdo de cooperación, la Comisión Europea debe otorgar prominencia a las preocupaciones en materia de derechos humanos en México. Los representantes de la Comisión Europea en México deben coordinarse con los estados miembros de la Unión Europea con este objetivo. La Comisión debe seguir apoyando a las organizaciones locales no gubernamentales de derechos humanos. Con este fin, la comisión debe nombrar a un funcionario encargado de asuntos de derechos humanos dentro de su delegación permanente en México.

Teniendo en cuenta la consistente práctica sistemática de violaciones de los derechos humanos en México, instamos al Parlamento Europeo a que solicite a la Comisión Europea la presentación de un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en México. Además, el Parlamento Europeo debe supervisar las negociaciones de un acuerdo político, de cooperación y comercial entre el Consejo de la Unión Europea y México, subrayando la necesidad de que México emprenda iniciativas concretas para aumentar el respeto a los derechos humanos.