Delincuencia, violencia rural y el colapso del sistema de justicia mexicano

Las violaciones de los derechos humanos en el área rural son un problema nacional que abarca desde la detención arbitraria de presuntos guerrilleros en el sureño y empobrecido estado de Guerrero hasta la "desaparición" de presuntos delincuentes en el estado con prosperidad agrícola de Sinaloa, al norte de México. Algunos de estos abusos tienen una naturaleza política, pero otros se producen como respuesta a la delincuencia creciente.

Los casos que se destacan a continuación -- en los estados de Sinaloa, Guerrero, y Oaxaca -- son una muestra de la variedad a nivel nacional de las causas de las violaciones de los derechos humanos, pero tienen un denominador común: el sistema judicial no funciona adecuadamente. Esta también es la lección que se extrae de los casos de Chiapas que constituyen el grueso de este informe.

En varios de los casos expuestos en este informe, como la masacre de Aguas Blancas o el saqueo de los Chinchulines, fueron llevados ante la justicia ciertos funcionarios o simpatizantes del gobierno que cometieron violaciones de los derechos humanos. Estos casos demostraban tres características comunes: una violación flagrante de la ley; desmentidos oficiales, y las voces de indignación locales e internacionales pidiendo acciones. De hecho, hubo excepciones que demostraron la regla: se puede impartir justicia, pero hace falta la voluntad política. En demasiados casos, las violaciones se desmienten o no se castigan.

Poco después de instalarse en su actual cargo de Procurador General de la República en diciembre de 1996, Jorge Madrazo Cuéllar señaló,

En materia de justicia formal no puede sino reconocerse que a lo largo de las últimas dos décadas, por lo menos, se vinieron acumulando rezagos e insuficiencias a las que se han sumado nuevos elementos que la han exacerbado. Los desaciertos ministeriales y aún los delitos cometidos por servidores públicos con motivo de investigaciones relevantes, han contribuido grandemente a profundizar esa crisis que se externa en una notable pérdida de credibilidad social respecto de la tarea de procuración de justicia.⁽¹⁸⁾

Antes, cuando ordenó que todos los Policías Judiciales Federales se sometieran a una capacitación en materia de derechos humanos, Madrazo comentó, "El reto de superar la crisis de credibilidad en materia de procuración de justicia, empieza reordenando la casa."⁽¹⁹⁾

No será fácil conseguir este objetivo. Los problemas son complejos, y en ellos se mezclan intereses políticos locales con instituciones estatales o nacionales. Madrazo ha prometido procesar judicialmente a cualquier empleado de la Procuraduría General de la República que viole los derechos humanos. Aunque es una iniciativa positiva, es demasiado pronto para saber cuánto éxito puede alcanzar. Y dentro de lo positivas que puedan ser las iniciativas federales, también deben tomarse medidas para resolver los problemas a nivel estatal, ya que el sistema judicial estatal opera independientemente del sistema federal.

La falta de voluntad para acabar con los abusos y la impunidad es una parte esencial del sistema político de México. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), o sus antecesores, que han ocupado el palacio presidencial durante los últimos setenta años, ha utilizado un sistema complejo de coaptación y coerción para mantener el control. Este sistema corporativista gira en torno al mantenimiento de la autoridad política centralizada. El sistema de justicia ha mostrado una tendencia a funcionar sin problemas y con rapidez -- aunque no siempre de acuerdo a las normas de derechos humanos -- cuando se trata de castigar a opositores al gobierno, pero ha operado con lentitud, cuando lo ha hecho, cuando se trata de traer a capítulo a los simpatizantes del gobierno. Como resultado de esto, la negociación política, y no el recurso al sistema legal, ha sido el método de preferencia para la resolución de conflictos.

Hoy en día en México, los cambios profundos políticos y económicos están en la orden del día, lo que está haciendo tambalearse las mismas bases de la sociedad corporativista del país.⁽²⁰⁾ Como resultado de esto, se ha ido dando cada vez más libertad a los cabecillas del poder regional, conocidos como caciques, para que se defiendan ellos mismos.⁽²¹⁾ En el área rural esta realidad es más evidente que en ninguna otra parte. Mientras México se debate para introducir reformas democráticas, cabe esperar mayores violaciones de los derechos humanos producto de las acciones de caciques luchando por mantener sus privilegios. Puede que cada vez se recurra más a métodos al margen de la ley para enfrentar los peligros políticos, como una oposición bien organizada, o las serias amenazas criminales, como los secuestros. Es irónico, como lo demuestran los casos expuestos en este informe, que suelan ser las instituciones y las personas encargadas de hacer respetar la ley los que actúan al margen de la ley. Esta tensión se agravará con las crecientes demandas políticas fruto de una organización mayor de la oposición y la retórica del gobierno federal en apoyo de la democracia.

Violaciones de los derechos humanos e impunidad en el estado de Guerrero

La violencia rural en Guerrero se ganó las primeras páginas de la prensa internacional después de que la policía abriera fuego contra campesinos en Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca Benítez, el 28 de junio de 1995, matando a diecisiete e hiriendo a veintitrés de ellos.⁽²²⁾ Aunque este es el caso más conocido de los últimos años, los conflictos políticos, las drogas, y la delincuencia ha desembocado en violencia durante años en Guerrero.

En la masacre de Aguas Blancas, se demostró que las autoridades estatales habían inventado pruebas de un enfrentamiento armado y habían manipulado un video tomado por la policía, por inverosímil que parezca, de la propia masacre. Finalmente, las autoridades suspendieron a los oficiales responsables de la acción policial que condujo a la masacre, se encarceló a oficiales de medio y bajo rango, y el gobernador del estado renunció al cargo.

Tras recibir intensas presiones nacionales e internacionales, en marzo de 1996, el Presidente Zedillo solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revisara el caso de Aguas Blancas. En su informe sobre el caso, la Suprema Corte señaló que "es bien sabido que para mantener una mentira hay que seguir mintiendo," criticando claramente el intento por parte del gobierno estatal de encubrir la responsabilidad gubernamental por la masacre.⁽²³⁾ "Es pertinente destacar lo absurdo de las declaraciones de los funcionarios del Gobierno del Estado, en su afán desmedido de encubrir, engañar y proteger [a sí mismos]."⁽²⁴⁾

La Suprema Corte concluyó que, en lugar de cumplir con sus responsabilidades en este caso, el gobierno estatal "como grupúsculo detentador del poder que había que conservar aun cuando ello implicara ocultar la verdad y proteger a los responsables de los hechos."⁽²⁵⁾ La Corte decidió que los miembros de más alto rango del gobierno estatal de la época eran responsables de la masacre, lo que incluía a Rubén Figueroa Alcocer, Gobernador; José Rubén Robles Catalán, ex Secretario General de Gobierno; y Antonio Alcocer Salazar, ex Procurador General de Justicia.⁽²⁶⁾ No se emprendió ninguna acción penal contra ellos ni antes ni después de la publicación de la decisión de la Suprema Corte.

La masacre de Aguas Blancas era la continuación de una larga historia de violencia rural e impunidad en Guerrero. De hecho, un oficial de policía, señalado por el CNDH como responsable de la masacre de Aguas Blancas, había estado en el servicio activo a pesar de que el CNDH había informado anteriormente de su participación en otro enfrentamiento violento con manifestantes nueve meses antes. El Mayor Manuel Moreno, director general de operaciones de la Policía de Seguridad Pública de Guerrero, había supervisado en septiembre de 1994 la ofensiva contra manifestantes en la capital del estado, Chilpancingo lo que provocó que la CNDH recomendara su suspensión a la espera de una investigación judicial.⁽²⁷⁾ Más de un año después, no se habían ejecutado las órdenes de arresto emitidas contra los agentes bajo el mando de Moreno.⁽²⁸⁾ Hasta después de la masacre de Aguas Blancas no se emprendió ninguna acción contra Moreno.

La violencia política ha seguido desde la masacre de Aguas Blancas. Por ejemplo, Tlacoachistlahuaca, un municipio del sur del estado de Guerrero, ha padecido una serie de asesinatos con motivación aparentemente política, y su correspondiente impunidad, producto de un conflicto electoral. El 23 de mayo de 1995, simpatizantes del PRD sacaron a la fuerza de su oficina al presidente municipal, Armando Ramos Brito, y tomaron el edificio municipal hasta el 16 de diciembre de ese año,⁽²⁹⁾ alegando que ya habían soportado bastante del liderazgo autoritario y caciquil de Ramos Brito.

El 25 de noviembre de 1995, miembros de la toma presentaron una denuncia ante la Agencia Auxiliar del Ministerio Público en Tlacoachistlahuaca.⁽³⁰⁾ En su declaración, el miembro del PRD Ignacio García Muñiz ofrecía detalles sobre nueve incidentes en los que activistas del PRD habían sido amenazados de muerte tras la toma del edificio municipal. La declaración incluía las fechas y las circunstancias de los incidentes y los nombres de los acusados.⁽³¹⁾ Según el activista del PRD Lauro García Vásquez, que participó en la toma del ayuntamiento, no se emprendió ninguna acción tras la denuncias.⁽³²⁾

Ocho personas que el PRD identifica como militantes del partido, muchos de los cuales participaron en la toma, habían sido asesinadas antes de la denuncia presentada el 25 de noviembre. Tres fueron asesinados después de presentada la denuncia. El gobierno sólo ha emitido una orden de arresto en uno de los casos, relacionado con el asesinato de Rey Flores Hernández, de la comunidad La Trinidad, el 18 de junio de 1995. En abril de 1996, activistas del PRD se encontraron con el acusado, lo secuestraron a él y ocho personas que lo acompañaban, y los entregaron a la policía después de retenerlos ilegalmente.⁽³³⁾ El acusado, Francisco Mendoza Hernández, fue puesto en libertad sin cargos posteriormente.

Las autoridades judiciales, desde la Procuraduría General de Justicia del Estado hasta la Oficina Auxiliar de la Procuraduría General de la República con sede en Tlacoachistlahuaca, se quejan de que los testigos no han cooperado. "No han querido apoyarnos," dijo a Human Rights Watch/Americas el Procurador General Antonio Hernández, quejándose de que los activistas del PRD que habían prometido presentar a testigos en puntos designados para ser entrevistados. Los activistas del PRD alegan que no les corresponde a ellos hacer el trabajo de la Oficina de la Procuraduría General. Una revisión de documentos de casos de varios asesinatos demostró que como mucho se había hecho una investigación parcial, pero que, con frecuencia, todavía quedaba por hacer el trabajo preliminar.⁽³⁴⁾ Cuando se imprimió este informe, no se había detenido a nadie por ninguno de los asesinatos.

Según los grupos de derechos humanos mexicanos, desde la aparición del EPR en junio de 1996, el ejército y las autoridades civiles han acosado a organizaciones consideradas vinculadas al EPR, lo que ha desembocado en una caza de brujas que según han dicho los grupos de derechos humanos mexicanos se caracteriza por una serie de abusos, "como detenciones arbitrarias, cateos ilegales, hostigamiento, tortura, secuestros, y un clima general de inseguridad y terror en algunas comunidades."⁽³⁵⁾

Estación Naranjo, estado de Sinaloa: Violaciones de los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia

También la policía suele incumplir las leyes en nombre de la lucha contra la delincuencia. En regiones rurales del estado de Sinaloa, por ejemplo, Human Rights Watch/Americas documentó la "desaparición" temporal de dos mujeres acusadas de haber participado en un secuestro. Según la familia de las víctimas, antes del ataque del 28 de febrero de 1996 su casa había estado bajo vigilancia por personas en vehículos sin identificación durante varios días. Cerca de la tres de la madrugada, hombres que se identificaron como miembros de la Policía Judicial Estatal despertaron a los miembros de la familia y los obligaron a entregar a las hermanas Margarita y Berta Alicia Alvarado Bon. "Entraron cinco hombres en la casa," dijo a Human Rights Watch/Americas Alejandra Alvarado Bon, una tercera hermana. "Nos preguntaron a todos nuestros nombres, y entonces se llevaron a Berta y a Margarita, que ni siquiera tuvieron tiempo de ponerse los zapatos."⁽³⁶⁾ Se llevaron a las hermanas en un Suburban gris con placas del vecino estado de Sonora.

Esa noche, Alejandra Alvarado Bon buscó en vano a sus hermanas en la estación de policía local. Al día siguiente, presentó una denuncia ante la agencia auxiliar de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los policías entrevistados por Human Rights Watch/Americas afirmaron que habían ido en busca de las mujeres. "Intentamos encontrar a las mujeres secuestradas," insistió uno de los agentes.⁽³⁷⁾

El 4 de marzo, la agente auxiliar de la Procuraduría General de Justicia del Estado, entrevistada por Human Rights Watch/Americas, señaló que no había podido reunir información sobre el caso porque los familiares no se habían presentado ante ella y carecía de un vehículo para trasladarse a la casa de las hermanas desaparecidas,⁽³⁸⁾ una excusa sin fundamento ya que las hermanas viven a cinco minutos a pie de la oficina de la agente. Sin embargo, Cervantes sí afirmó que la policía no tenía bajo su custodia a las hermanas. Según Alejandra Alvarado Bon, la agente auxiliar faltó constantemente de su oficina cuando los familiares intentaron ponerse en contacto con ella.

El 6 de marzo, cuando aparecieron las noticias de la "desaparición" en los periódicos locales, la Policía Judicial del Estado admitió que había detenido a las hermanas y las entregó a la Policía Estatal de Sonora, que estaba investigando un secuestro.

Según la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, que entrevistó a Berta Alicia Alvarado Bon después de su puesta en libertad, se llevaron a las hermanas a un hotel donde las interrogaron sobre un secuestro reciente. Las trasladaron a una residencia privada, donde las retuvieron el 28 y 29 de febrero y el 1 y 2 de marzo. Margarita Alvarado Bon fue golpeada. La acusaban de estar relacionada con el secuestro, mientras que pusieron en libertad a su hermana.

En respuesta a preguntas planteadas por Human Rights Watch/Americas, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que las mujeres no habían sido "desaparecidas" y que se había seguido el procedimiento legal adecuado en el arresto.⁽³⁹⁾ La secretaría no respondió a las preguntas que siguieron por parte de Human Rights Watch/Americas relativas a las irregularidades flagrantes y a los abusos cometidos durante la detención, como la retención incomunicada de las mujeres, las amenazas y los golpes a Margarita Alvarado Bon, y la reclusión de las mujeres en un hotel y una residencia privada en lugar de en instalaciones gubernamentales.⁽⁴⁰⁾

Violencia rural en el estado de Oaxaca

Como en el caso de Guerrero, la violencia en el estado de Oaxaca ha sido una preocupación grave durante muchos años. Según un informe publicado por el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez," La violencia en Oaxaca, los conflictos políticos y religiosos, la presencia creciente del ejército desde que el EZLN lanzara sus primeras ofensivas públicas -- en principio para prevenir una expansión del grupo hacia el norte -- y el narcotráfico son factores que conducen a violaciones de los derechos humanos en el área.⁽⁴¹⁾ Según los grupos de derechos humanos locales, desde que se publicó el informe en agosto de 1996, el EPR se hizo activo en Oaxaca, conduciendo a nuevos problemas, como la detención arbitraria y tortura de presuntos miembros del grupo guerrillero.

A finales de 1996, los Minnesota Advocates for Human Rights y la Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights publicaron un informe sobre Oaxaca, en el que concluían que,

Las violaciones de los derechos humanos invaden Oaxaca de varias maneras. Por ejemplo, se viola el derecho a la vida de los oaxaqueños con una frecuencia preocupante. Tanto los gobiernos estatal como nacional han reaccionado sobre todo con ignorancia y negligencia. Rara vez los agentes encargados de hacer cumplir la ley llevan a juicio a los asesinos.⁽⁴²⁾

Las manos de los agentes de las fuerzas de seguridad estatales y federales, incluidos la policía estatal y el ejército, también están manchadas de graves violaciones de los derechos humanos. Los agentes del estado son responsables de numerosas ejecuciones arbitrarias, actos de tortura, y otros malos tratos. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también tienen una tendencia destacada a arrestar arbitrariamente a individuos en Oaxaca.⁽⁴³⁾

Minnesota Advocates for Human Rights y Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights se dedicaron a analizar casos ilustrativos, como la "desaparición" y asesinato de cuatro hombres de Ranchería Las Cruces, en el Ejido San Miguel Chimalapa. Policías de Seguridad Pública uniformados detuvieron a los hombres el 1 de noviembre de 1994. Dos semanas más tarde, encontraron los cadáveres de las víctimas, que tenían una bala en la cabeza y en el corazón. A pesar de que las pruebas relacionaban a oficiales concretos con las armas utilizadas para asesinar a los hombres, no se habían emitido órdenes de arresto en julio de 1996.⁽⁴⁴⁾ El informe también documenta casos de violaciones de los derechos humanos cometidas en nombre de la lucha contra la delincuencia común. Por ejemplo, el 27 de junio de 1996, la policía detuvo y torturó a Luis Arturo Tiburcio Lázaro, al que acusaban del robo de un vehículo.⁽⁴⁵⁾

Según el informe de PRODH, los funcionarios del gobierno también han limitado la libertad religiosa, al emprender acciones brutales y flagrantemente ilegales contra los no católicos, como en el caso de Chiapas. PRODH informaba, "Son comunes los casos de presidentes municipales con cargo de ministro religioso; se obliga a los comuneros no católicos a renunciar a su religión y a tomar cargos religiosos; se les castiga con multas económicas, suspensión de servicios y encarcelamiento. En los casos extremos se destruyen sus propiedades, se expulsan o asesinan."⁽⁴⁶⁾

La aparición del EPR ha agravado las tensiones rurales. Amnistía Internacional ha informado de varios casos de detenciones ilegales y tortura en Oaxaca, como el siguiente:

En una ocasión, a primeras horas de la tarde del 4 de septiembre [1996], varios miembros de la Policía Estatal de Oaxaca, el ejército mexicano y la Policía Judicial Federal, hicieron una redada en la casa de Evaristo Peralta, un miembro del CDIP [Comité de Defensa de los Intereses del Pueblo] en la ciudad de Miahutlán, Oaxaca. Lo golpearon brutalmente, le vendaron los ojos, y se lo llevaron en una camioneta a un destino desconocido. Durante su detención le interrogaron sobre el EPR y le amenazaron de muerte si no cooperaba, antes de poner en libertad sin cargos a las 2 p.m. del día siguiente.⁽⁴⁷⁾

El 17 de septiembre de 1996, hombres desconocidos secuestraron al periodista Razhy González, lo retuvieron durante dos días, y le golpearon mientras le interrogaban sobre una conferencia de prensa secreta del EPR a la que había asistido.⁽⁴⁸⁾ González, editor del semanario Contrapunto, informó que, teniendo el cuenta el modo en que sus raptores le secuestraron, registraron, e interrogaron, cree que los atacantes eran funcionarios de seguridad gubernamentales.⁽⁴⁹⁾

18. Discurso de Jorge Madrazo Cuéllar, 5 de febrero de 1997.

19. Discurso de Jorge Madrazo Cuéllar, 3 de febrero de 1997.

20. Los políticos han negociado cambios del sistema político diseñados para ampliar la participación, lo que marca una separación decisiva de los orígenes autocráticos del país. Como

resultado de las reformas, en Ciudad de México se va a elegir a un alcalde por primera vez en julio de 1997. También se han producido reformas económicas de gran alcance. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en los últimos años el gobierno ha privatizado más de 950 compañías propiedad del estado.

21. El término "cacique" se utiliza en México para referirse a personas que ejercen una influencia extrema sobre la política y la economía de una región. Aunque no son necesariamente funcionarios del gobierno electos o nombrados, utilizan su poder para influir en su favor en las estructuras del gobierno.

22. Para mayor información sobre la masacre, véase Minnesota Advocates for Human Rights, "Massacre in Mexico: Killings and Cover-up in the State of Guerrero," December 1995, y Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 104/95, en Gaceta 61, agosto de 1995.

23. "Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veintitrés de abril de mil novecientos noventa y seis," Suprema Corte de Justicia de la Nación, Expediente 3/96, 23 de abril de 1996, pág. 107.

24. Ibíd., pág. 108.

25. Ibíd., pág. 125.

26. Ibíd., pág. 152.

27. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 32/95, en Gaceta No. 55, pág. 262.

28. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe Anual, 1996, pág. 488. En la más reciente revisión disponible del caso , el CNDH no señalaba porqué no se habían ejecutado las órdenes de arresto.

29. Philip True, "Guerrero Has Become a State of War" (Guerrero se ha convertido en un estado de guerra), San Antonio Express-News, 22 de octubre de 1995, pág. 1.

30. La Procuraduría General de la República mantiene oficinas regionales del Ministerio Público, el cual tiene la responsabilidad dentro de la Procuraduría General de la República de investigar los delitos y de formular los cargos. Las oficinas regionales supervisan a las oficinas auxiliares.

31. Acta Ministerial No. 13, Agencia Auxiliar del Ministerio Público, Tlacoachistlahuaca, 27 de noviembre de 1995.

32. Entrevista de Human Rights Watch/Americas en Ometepec, Guerrero, 5 de septiembre de 1996.

33. Entrevista de Human Rights Watch con AG, 4 de septiembre de 1996.

34. Esta era la situación de los casos ABAS/02008/995, ABAS/02/158/995, ABAS/02/259/995, ABAS/06/004/995.

35. Carta de los grupos de derechos humanos a Mireille Roccatti, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 6 de febrero de 1997. La carta estaba firmada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria," el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro," el Centro de Estudios Sociales y Culturales "Antonio Montesinos," el Movimiento Ciudadano por la Democracia, la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todos," la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, entre otros.

36. Entrevista de Human Rights Watch/Americas en Estación Naranjo, Sinaloa, 4 de marzo de 1996.

37. Entrevista de Human Rights Watch/Americas, 4 de marzo de 1996.

38. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con Griselda Cervantes, 4 de marzo 1996.

39. Carta de Miguel Angel González Félix, asesor legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch/Americas, 2 de abril de 1996.

40. Carta de José Miguel Vivanco a Miguel Angel González Félix, 30 de julio de 1996.

41. Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez," La violencia en Oaxaca (Ciudad de México: Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez," 1996).

42. Minnesota Advocates for Human Rights and Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights, The Rule of Lawlessness in Mexico: Human Rights Violations in the State of Oaxaca (La norma de la falta de ley en México: Violaciones de los derechos humanos en el estado de Oaxaca), noviembre de 1996, págs. 2-3. (Traducción de HRW).

43. Ibid., pág. 3. (Traducción de HRW).

44. Ibíd., págs. 22-23.

45. Ibíd., págs. 23-24.

46. La violencia en Oaxaca, p. 25. (Traducción de HRW).

47. Amnistía Internacional, Acción Urgente, Indice de AI: AMR 41/55/96, 6 de septiembre de 1996. Amnistía Internacional también informó del secuestro, el 22 de octubre de 1996, de Manuel Ramírez y de Fermín Oseguera, que fueron encontrados el 1 de noviembre en Nochixtlán, con las manos atadas; dijeron que habían sido torturados e interrogados en relación al EPR. Ver Acción Urgente, Indice de AI AMR 41/77/96, 19 de noviembre de 1996. (Traducción de HRW).

48. Julia Preston, "Mexico Confronts Rebels With Limited Crackdown" (México controla a los rebeldes con una ofensiva limitada), The New York Times, 16 de octubre de 1996.

49. Ibíd.

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CAPÍTULO IV

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