En 2020 quedaron al descubierto importantes deficiencias en materia de derechos humanos en Estados Unidos.
El impacto enormemente desproporcionado de la pandemia de Covid-19 en las comunidades negras, morenas y nativas americanas, además de las disparidades de larga data en los ámbitos de la salud, la educación y la situación económica, puso en evidencia los duraderos efectos de las leyes y políticas del pasado abiertamente racistas y los continuos obstáculos a la igualdad. El asesinato policial de George Floyd en mayo y una serie de otras muertes de personas negras causadas por la policía provocaron protestas masivas y mayoritariamente pacíficas, que en muchos casos fueron recibidas con brutalidad por los agentes de la ley locales y federales.
El gobierno del presidente Donald Trump continuó desmantelando el sistema de asilo de Estados Unidos, limitando el acceso de las mujeres a la atención médica, socavando las protecciones del consumidor contra prestamistas depredadores y cobradores de deudas abusivos, y debilitando las regulaciones que reducen la contaminación y abordan el cambio climático. Después de que los funcionarios electorales de EE.UU. contaran los votos para las elecciones presidenciales, que determinaron a Joe Biden como el presidente electo, Trump hizo acusaciones infundadas de fraude electoral.
En política exterior, EE.UU. actuó en varios frentes para socavar las instituciones multilaterales, incluso mediante el uso de sanciones para debilitar la Corte Penal Internacional. Ignoró el derecho internacional de los derechos humanos al asociarse con gobiernos abusivos, aunque sancionó a varias personas y gobiernos por vulnerar los derechos humanos.
Justicia racial
La pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto desproporcionado en las minorías raciales y étnicas, principalmente las comunidades negras, latinas y nativas americanas, que enfrentaron un mayor riesgo de infección, gravedad de la enfermedad y muerte por el virus, así como signifactivos impactos económicos. Estas disparidades están vinculadas a desigualdades de larga data en los resultados sanitarios y en el acceso a la atención médica, la educación, el empleo y la situación económica.
Algunas localidades y el estado de California reconocieron que estas disparidades están relacionadas con el legado de la esclavitud y evaluaron varias formas de reparación para abordarlas. En el ámbito federal, un proyecto de ley en el Congreso, nombrado HR 40 y que propone el establecimiento de una comisión para investigar el legado de la esclavitud y crear propuestas de reparación, había ganado hasta noviembre un impulso sin precedentes, con 170 copatrocinadores en la Cámara de Representantes y 20 copatrocinadores en el Senado.
En mayo, Human Rights Watch instó a las autoridades estatales y locales en Tulsa, Oklahoma, a proporcionar reparaciones a los descendientes y a los sobrevivientes restantes de la Masacre racial de Tulsa de 1921, en la que un grupo de alborotadores blancos mataron a varios cientos de personas negras y destruyeron un próspero vecindario de población negra.
Miles de personas de origen asiático denunciaron incidentes de ataques y discriminación racial después del estallido de la pandemia de Covid-19. El presidente Trump se refirió repetidamente al virus utilizando un lenguaje racista.
Pobreza e desigualdad
La pandemia de Covid-19 exacerbó la pobreza y la desigualdad en EE.UU. y afectó de manera desproporcionada a las comunidades negras, latinas y nativas americanas. La pandemia y las medidas de salud pública necesarias para frenar su propagación provocaron la pérdida de salarios o empleos, la reducción de la cobertura de salud y el acceso reducido a otros bienes y servicios esenciales. Las personas de color, en particular las mujeres y los inmigrantes, continuaron estando sobrerrepresentadas en trabajos de servicios de bajos salarios, agravando su vulnerabilidad. Muchas personas, particularmente en los sectores de la agricultura y la producción de alimentos, enfrentaron condiciones laborales inseguras que desencadenaron brotes.
El aumento de la protección contra el desempleo y los pagos directos en los paquetes de ayuda que el Congreso aprobó frenó significativamente el crecimiento de la tasa de pobreza. Sin embargo, muchas protecciones expiraron en julio y agosto. Los proyectos de ley de ayuda carecían de protección para quienes no podían pagar facturas o costos de atención médica, y excluían a ciertos trabajadores, incluidos los inmigrantes.
El gobierno continuó socavando las protecciones del consumidor contra prestamistas y cobradores de deudas abusivos. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor eliminó una regla que buscaba impedir que los pequeños prestamistas, incluidos los llamados “prestamistas de día de pago”, cobren tasas de interés exorbitantes.
El electorado de California aprobó una iniciativa por votación patrocinada por empresas de aplicaciones digitales que despoja a repartidores y conductores de servicios para compartir auto del salario mínimo, la licencia por enfermedad pagada y otras protecciones laborales fundamentales proporcionadas por una ley estatal aprobada en 2019. Esto sienta un peligroso precedente para los derechos de los trabajadores en EE.UU. y el resto del mundo.
Sistema legal penal
Los asesinatos policiales de George Floyd y Breonna Taylor y los disparos contra Jacob Blake provocaron protestas masivas para reivindicar la rendición de cuentas policial, la reducción del alcance y el poder de la policía, la eliminación de multas y tarifas judiciales exorbitantes y mayor inversión en las comunidades negras.
En lugar de abordar los problemas de pobreza o salud que contribuyen a la delincuencia, muchas jurisdicciones de EE.UU. insistieron en una vigilancia policial agresiva en comunidades pobres y minoritarias, alimentando un círculo vicioso de encarcelamiento y violencia policial.
Si bien ningún organismo gubernamental rastrea las muertes causadas por la policía, la base de datos del Washington Post ha documentado alrededor de 1.000 asesinatos por tiroteos en cada uno de los últimos cinco años, revelando importantes disparidades raciales.
Personas negras reportaron haber sido sometidas a muchas formas de abuso policial, incluyendo el uso de la fuerza no letal, las detenciones y los arrestos arbitrarios y acoso, a tasas mucho más altas que las personas blancas. La policía sometió a las personas nativas americanas a vulneraciones similares de sus derechos y las mató a tasas aún más altas que a las personas negras.
EE.UU. continúa teniendo la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. En 2020, había aproximadamente 2,3 millones de personas encarceladas. Hay alrededor de 10 millones de ingresos en las cárceles cada año. Según los datos de 2017-18, alrededor del 4,4 por ciento de la población adulta de EE.UU. estaba en libertad condicional o bajo fianza. En agosto, Human Rights Watch informó que las violaciones de la libertad condicional y la libertad bajo fianza están aumentando la población en las cárceles y los centros penitenciarios. Muchas personas en el sistema jurídico penal continúan enfrentando multas y tarifas exorbitantes, así como prohibiciones para acceder a la asistencia pública, la vivienda pública y el derecho al voto.
Si bien las tasas relativas de encarcelamiento en el país han disminuido de manera constante durante la última década, las personas negras, y en menor medida las latinas, siguen teniendo mayores probabilidades de ser encarceladas que las blancas.
Algunos de los peores brotes de Covid-19 en el país tuvieron lugar en las cárceles y las prisiones, con más de 169.286 positivos por coronavirus y al menos 1.363 muertes hasta noviembre. Algunas cárceles carecían de las medidas adecuadas de seguridad y salud. Algunas jurisdicciones tomaron medidas para liberar a las personas o limitar la afluencia de nuevos presos, pero pocas instituciones hicieron reducciones suficientes para limitar la propagación del Covid-19.
En el momento de redacción de este informe, cinco estados de EE.UU. habían ejecutado a un total de siete hombres en 2020; el gobierno federal había ejecutado hasta noviembre a ocho más, las primeras condenas a muerte ejecutadas por el gobierno federal desde 2003. Colorado se unió a otros 21 estados para abolir la pena de muerte. Otros tres estados han impuesto moratorias en los últimos años.
El Congreso de EE.UU. no ha aprobado más reformas legislativas desde la Ley de los Primeros Pasos de 2018. Su implementación tuvo resultados mixtos. Si bien se redujeron las condenas a varios miles de personas, el gobierno con frecuencia se opuso a las reducciones para las condenas por cocaína en crack. Los abogados criticaron los programas para obtener créditos para la liberación como inadecuados. Una herramienta de evaluación de riesgos utilizada como filtro de elegibilidad para la liberación podría crear disparidades raciales y podría ser manipulada para evitar la liberación anticipada.
En un día cualquiera, en EE.UU. hay casi medio millón de personas recluidas en cárceles locales a la espera de ser juzgadas. El encarcelamiento previo al juicio presiona a muchas personas a declararse culpables independientemente de su culpabilidad real y a contraer deudas para pagar una fianza. Muchas jurisdicciones han reemplazado o complementado la fianza económica con herramientas de evaluación de riesgos basadas en algoritmos, que no necesariamente reducen las tasas de encarcelamiento y en cambio consolidan el sesgo racial.
Los votantes de California rechazaron una ley que abolía la fianza económica, pero requería que los tribunales usaran herramientas de evaluación de riesgos en las decisiones de encarcelamiento previo al juicio. Nueva York implementó una reforma previa al juicio sin estas herramientas, lo que resultó en reducciones sustanciales en la población de prisión preventiva.
Menores en los sistemas de justicia penal y juvenil
Los arrestos de niños y niñas menores de 18 años por delitos violentos se han reducido en más del 50 por ciento en los últimos 20 años, y el número de menores encarcelados ha disminuido en un 60 por ciento desde 2000. Sin embargo, persisten marcadas disparidades raciales y étnicas. Los jóvenes de color constituyen aproximadamente un tercio de los adolescentes menores de 18 años, pero dos tercios de los jóvenes encarcelados en EE.UU.
Un movimiento para promover alternativas al encarcelamiento para menores que cometen ciertos delitos está reduciendo las tasas de encarcelamiento juvenil en California, Hawái, Kentucky, Georgia, Florida, Mississippi y Texas.
Vermont, Michigan y Nueva York también aumentaron la edad en la que las personas pueden ser juzgadas en un tribunal de menores. Aun así, todos los estados del país tienen leyes que permiten o requieren que los menores acusados de delitos graves sean procesados como adultos. Desde 2009, 22 estados han reducido sus disposiciones de transferencia a tribunales de adultos.
Más de 200.000 personas estaban en los registros de delincuentes sexuales por delitos cometidos cuando eran menores de edad, según un informe de Juvenile Law Center. Muchos tuvieron que registrarse obligatoriamente, a veces de por vida, por actos como el exhibicionismo, el envío de mensajes con contenido sexual (sexting) o mantener relaciones sexuales consensuadas siendo adolescentes.
Política de drogas
Los votantes aprobaron la primera iniciativa de consulta popular del país para ampliar el acceso al tratamiento de drogas basado en evidencia y apoyar y despenalizar la posesión de todas las drogas para consumo personal en Oregón. En Arizona, Mississippi, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur se aprobaron iniciativas electorales que legalizan la marihuana para uso médico o por adultos, lo que eleva el total de estados que legalizan la marihuana para consumo adulto a 15 y la marihuana medicinal a 36. La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó la Ley de Oportunidad de Reinversión y Eliminación de Antecedentes Penales de la Marihuana (Ley MORE), un proyecto de ley que, de ser aprobado, pondría fin a la prohibición federal de la marihuana.
Sin embargo, la posesión de drogas para consumo personal sigue siendo de lejos el delito que desencadena más arrestos en EE.UU. Estas detenciones están marcadas por fuertes disparidades raciales, a pesar de que las personas reportan tasas similares de consumo en todos los grupos raciales: según un informe de 2020 de la American Civil Liberties Union, en 2018, las personas negras tenían 3,64 veces más probabilidades de ser arrestadas por posesión de marihuana que las personas blancas.
En los meses posteriores a la declaración de una emergencia nacional de salud pública en respuesta a la pandemia de Covid-19, EE. UU. experimentó un aumento en las sobredosis por drogas que ya registraban niveles alarmantes, aproximadamente un 17 por ciento más que en 2019, según un estudio. El acceso a la naloxona, el fármaco de reversión de sobredosis, ha aumentado en los últimos años, pero las leyes sobre drogas son un obstáculo para los servicios de reducción de daños que salvan vidas en muchos estados, y muchas personas que la necesitan no tienen acceso a tratamientos basados en la evidencia para el trastorno por uso de sustancias.
Derechos de ciudadanos extranjeros
El gobierno continuó atacando los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo. Los retornos de solicitantes de asilo no mexicanos a México para esperar las adjudicaciones de asilo de EE.UU. en virtud de los “Protocolos de Protección a Migrantes” continuaron con una disminución sustancial de abril a julio, exponiendo a decenas de miles de personas, entre ellas numerosos menores de edad, a condiciones precarias y peligrosas y denegando audiencias imparciales.
Human Rights Watch identificó 138 casos de salvadoreños que fueron asesinados después de ser deportados a El Salvador desde EE.UU. desde 2013, lo que ilustra el enorme costo de carecer de procesos de protección adecuados en el país. La administración de Trump amplió los procedimientos de deportación por la vía rápida para las familias en la frontera y envió a solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños a Guatemala bajo el problemático Acuerdo de Cooperación de Asilo. Human Rights Watch informó sobre cómo las restricciones estadounidenses sobre el acceso al asilo perjudican a las personas LGBT que huyen de la persecución, incluida la violencia sexual, en El Salvador, Guatemala y Honduras.
A medida que aumentaron los casos de Covid-19 en marzo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron una orden de cierre de las fronteras terrestres, haciendo caso omiso a las opiniones de funcionarios de salud pública de la CDC de que esa medida no estaba justificada. Como consecuencia, más de 330.000 personas fueron expulsadas a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, incluidos menores de edad, sin que se determinara su elegibilidad para el asilo u otras protecciones.
A lo largo del año, el gobierno propuso una serie de regulaciones para restringir severamente la elegibilidad para el asilo y otras formas de protección.
Los funcionarios estadounidenses suspendieron algunas formas de aplicación de la ley de inmigración durante la pandemia, pero continuaron las deportaciones de inmigrantes detenidos en EE.UU., pese al riesgo de propagar el virus a nivel mundial.
Las muertes en centros de detención de inmigrantes en EE.UU. se dispararon a un récord de 15 años, con al menos ocho muertes relacionadas con el Covid-19. En abril, Human Rights Watch informó sobre la ampliación de los sistemas de detención desde 2017 en instalaciones de gestión privada donde las personas que carecen de ciudadanía estadounidense son blanco de amenazas y uso de la fuerza, violaciones del debido proceso y condiciones insalubres y de hacinamiento. Aunque algunas fueron liberadas en respuesta a la pandemia, en noviembre, más de 7.000 personas habían contraído Covid-19 estando detenidas.
Un juez federal dictaminó en junio que el gobierno de EE.UU. incumplía un acuerdo de conciliación que limitaba la detención de menores de edad en condiciones similares a las de una prisión a 20 días. En septiembre, un informante presentó denuncias de negligencia médica y abuso por parte de un médico que trabajaba con un centro de detención de inmigrantes en el estado de Georgia; investigaciones posteriores revelaron casos de histerectomías y otros procedimientos ginecológicos realizados sin consentimiento informado. Los legisladores pidieron una investigación completa.
Derechos humanos y la salud
En el momento de redacción de este informe, EE.UU. era el país con más casos y muertes por Covid-19. Trump y otros funcionarios del gobierno difundieron desinformación sobre el virus.
EE.UU. ha hecho que las pruebas por coronavirus sean en gran parte gratuitas, pero los estados pasan apuros para aumentar la capacidad de realización de pruebas. Millones de personas carecen de seguro de salud y no pueden acceder a una atención médica asequible. Los costos de los tratamientos pueden haber obligado a muchas personas a renunciar a atención médica adecuada o enfrentar la ruina financiera.
Las tasas de personas sin seguro médico en EE.UU. estaban al alza antes de la pandemia, incluidas casi 10 millones de mujeres sin cobertura. La pérdida de empleo relacionada con la crisis del Covid-19 probablemente haya aumentado drásticamente esta cifra, con un impacto desproporcionado en las mujeres.
El personal sanitario tuvo que lidiar con una grave escasez de equipos de protección.
Derechos al voto
Las respuestas de los funcionarios electorales a la pandemia de Covid-19 afectaron seriamente el acceso de algunas personas a votar en las elecciones primarias, pero este acceso mejoró en las elecciones generales de noviembre. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que las personas con condenas penales en Florida tenían que pagar las multas impuestas antes de poder votar. Conforme los medios de comunicación previeron que Biden había ganado las elecciones presidenciales, el presidente Trump hizo acusaciones infundadas de fraude electoral y presentó demandas desafiando los procesos electorales de ciertos estados.
Derecho a la educación
Las escuelas estuvieron cerradas en algún momento en los 50 estados en respuesta a la pandemia. Mientras estuvieron cerradas, muchas pasaron al aprendizaje digital, pero uno de cada cinco niños estadounidenses en edad escolar no tiene acceso a una computadora o Internet de alta velocidad en casa. Varios estudios advirtieron que el cierre de escuelas ampliaría las desigualdades raciales y económicas en la educación, con un impacto particularmente significativo en los niños con discapacidad.
Derechos humanos y el medio ambiente
La administración de Trump debilitó los estándares de emisión de automóviles y calidad del aire, y suspendió muchos requisitos para el monitoreo ambiental.
Las granjas estadounidenses continúan usando más de 70 pesticidas que están prohibidos o en proceso de completa eliminación en la Unión Europea, Brasil o China, lo que pone en riesgo la salud de los trabajadores agrícolas y las comunidades cercanas.
La contaminación del aire producto de la industria, el transporte y los incendios forestales, que están aumentando debido al cambio climático, continuó afectando a las personas en EE.UU., en particular a las comunidades de color. Un estudio de la Universidad de Harvard sugirió que las personas con Covid-19 tienen más probabilidades de morir si están expuestas a altos niveles de contaminación del aire.
Algunas comunidades, especialmente los nativos americanos que viven en reservas, padecieron la pandemia de Covid-19 sin acceso adecuado al agua. Detroit no restableció el servicio de agua a los hogares, en su mayoría de bajos recursos, a los que les había cortado el suministro antes de la pandemia. We the People of Detroit, una organización comprometida con la investigación comunitaria, descubrió en julio que los códigos postales con más cortes de agua estaban correlacionados con una mayor tasa de casos de Covid-19.
Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo. Trump retiró a EE.UU. del Acuerdo de París, que entró en vigor el 4 de noviembre. Biden prometió volver a unirse al acuerdo en su primer día en el cargo.
Los fenómenos meteorológicos extremos aumentaron en frecuencia e intensidad en parte debido al cambio climático y tuvieron un impacto desproporcionado en comunidades ya marginadas. El verano de 2020 fue uno de los más cálidos documentados hasta el momento. Algunos gobiernos locales advirtieron sobre las enfermedades y la mortalidad relacionadas con el calor pero la mayoría de los planes excluían a las mujeres embarazadas, que son más vulnerables al estrés por calor. El parto prematuro también está relacionado con el calor. Las mujeres negras, que ya sufren tasas más altas de parto prematuro, son especialmente vulnerables.
Derechos de las mujeres y las niñas
La falta de acceso a una atención sanitaria adecuada contribuye a tasas más altas de muerte materna y por cáncer de cuello uterino que en países comparables. Human Rights Watch documentó en 2020 cómo Alabama no brinda a los jóvenes la información necesaria sobre salud sexual y reproductiva y no logra persuadir al público para que se vacune contra el virus del papiloma humano (VPH), que previene varios tipos de cáncer, incluido el cáncer de cuello uterino. Las tasas de vacunación en todo Alabama siguen siendo bajas en un estado con una de las tasas más altas de muertes por cáncer de cuello uterino prevenibles en el país, siendo las mujeres negras las que tienen más probabilidades de morir.
El gobierno de Trump continuó limitando el acceso a la atención médica de las mujeres. Desde que entró en vigor la “Ley Mordaza” en 2019, que prohíbe que los médicos que reciben fondos federales de planificación familiar (Título X) brinden información a las mujeres sobre la gama completa de opciones disponibles en caso de embarazo, la capacidad de atender a pacientes en la red Título X se ha reducido a la mitad. En julio, la Corte Suprema ratificó las reglas que permiten a los empleadores optar por no incluir cobertura anticonceptiva en los planes de seguro médico de los empleados alegando objeciones religiosas o morales.
Algunos estados, como Ohio y Texas, utilizaron la pandemia como excusa para restringir aún más el acceso al aborto. En julio, entró en vigor una ley en Florida que requiere que cualquier persona menor de 18 años obtenga el consentimiento de un padre o tutor legal antes de un aborto.
Derechos de las personas mayores
Más del 40 por ciento de las muertes por Covid-19 informadas por los estados en EE.UU., pero solo el 8 por ciento del total de casos, se produjeron entre personas que vivían en instituciones de atención a largo plazo. Los operadores de residencias de ancianos presionaron a los gobiernos estatal y federal para que les concedieran una amplia inmunidad legal. Los problemas de control de infecciones de larga data en los centros de cuidados y la reducción de la supervisión pública de las residencias de ancianos durante la crisis de Covid-19 pusieron a las personas mayores, ya vulnerables de por sí, en mayor riesgo.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) anunciaron una política de “no visitas” para todos los centros de cuidados en respuesta a la pandemia, con excepciones limitadas para las visitas en casos terminales, impidiendo que más de 1,5 millones de personas mayores pudieran ver a sus familias y amigos. Dichos visitantes complementan la atención del personal, abogan en nombre de los residentes y brindan un apoyo emocional esencial. CMS actualizó la guía en septiembre para permitir visitas en algunas circunstancias, aunque los protocolos variaron ampliamente entre estados.
Orientación sexual e identidad de género
En junio, el Tribunal Supremo dictaminó que una ley federal que prohíbe la discriminación sexual en el empleo también prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
A pesar de la sentencia, la administración de Trump intentó revertir las protecciones de salud y vivienda para las personas transgénero. Más de una decena de estados también evaluaron proyectos de ley que restringen el cuidado de la afirmación de género para niños, poniendo en riesgo su salud y sus derechos. Al menos 28 personas transgénero fueron asesinadas en EE.UU. en 2020.
El Congreso no volvió a autorizar la Ley de Violencia contra las Mujeres, que incluye disposiciones para las sobrevivientes de violencia LGBT, ni aprobó la Ley de Igualdad, que prohibiría la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
Libertad de expresión y reunión
El presidente Trump continuó atacando a los medios de comunicación que cuestionasen las políticas de su administración. Después de que Twitter colocara una etiqueta de verificación de hechos en los tuits de Trump, el presidente emitió un decreto ejecutivo para eliminar las protecciones legales de las plataformas de redes sociales, un ataque contra la libertad de expresión en línea a nivel mundial.
Las fuerzas del orden locales en varias jurisdicciones reaccionaron con fuerza excesiva hacia las personas que protestaban por la violencia policial.
El presidente Trump tomó medidas agresivas contra los manifestantes que exigían justicia racial. Ordenó que la policía federal retirara a los manifestantes pacíficos de un parque junto a la Casa Blanca para facilitar su comparecencia para fotografías en una iglesia cercana. En contra de los deseos de los funcionarios locales, su administración envió oficiales federales a Portland, a pesar de las dudas sobre su autoridad para imponer medidas de aplicación de la ley. A continuación hubo denuncias por uso de fuerza excesiva y otros casos de conducta indebida.
Seguridad nacional
En octubre, las autoridades estatales y federales acusaron a 14 hombres vinculados a movimientos de extrema derecha de conspirar para secuestrar a la gobernadora de Michigan y derrocar el gobierno estatal debido a las restricciones relacionadas con el Covid-19. Los hombres se habían planteado secuestrar también al gobernador de Virginia por la misma razón, dijo el FBI. Ese mismo mes, el Departamento de Seguridad Nacional identificó a los supremacistas blancos, además de la interferencia cibernética y otras formas de interferencia electoral por parte de China, Irán y Rusia, entre las principales amenazas que enfrenta EE.UU.
También en octubre, un tribunal federal acusó a dos sospechosos del Estado Islámico (ISIS) de participar en la tortura y el asesinato de periodistas y trabajadores humanitarios estadounidenses. El Reino Unido compartió información clave sobre los dos hombres después de que EE.UU. acordara no solicitar la pena de muerte.
EE.UU. informó haber completado las repatriaciones de todos los ciudadanos detenidos como sospechosos de ISIS y familiares en Siria e Irak, lo que sitúa el total en 27.
En enero, los psicólogos James Mitchell y John Bruce Jessen, creadores de las técnicas de “interrogatorio mejorado” de la Agencia Central de Inteligencia posteriores al 11 de septiembre de 2001, defendieron el uso de la tortura en decenas de detenidos en su primer testimonio público sobre el programa ilegal. Los dos expertos testificaron en las audiencias de la comisión militar previas al juicio en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo a cinco hombres acusados de conspiradores en los ataques del 11 de septiembre. Los siguientes procedimientos se pospusieron hasta al menos 2021 debido al Covid-19 y las renuncias consecutivas de dos jueces que presidían el caso. Persiste la preocupación por las condiciones carcelarias y el acceso a la asesoría legal para los 40 detenidos que aún se encuentran recluidos en Guantánamo, la mayoría sin cargos.
Política exterior
Estados Unidos siguió desvinculándose de las instituciones multilaterales.
El gobierno tomó una acción sin precedentes en junio al emitir un decreto ejecutivo que autoriza la congelación de activos y la prohibición de entrada de familiares contra funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) y otras personas que los asisten; en septiembre designó a dos funcionarios de la CPI para imponerles sanciones. En julio, EE.UU. tomó medidas para retirarse de la Organización Mundial de la Salud.
Esto se produjo después de su retirada anterior del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la decisión de poner fin a la financiación estadounidense para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
La Comisión de Derechos Inalienables del Departamento de Estado de EE.UU., un organismo establecido en 2019 para “reevaluar” los compromisos de EE.UU. con los derechos humanos internacionales, publicó un informe en agosto en el que abogaba por un enfoque jerárquico de los derechos humanos y relegaba el aborto y la igualdad en el matrimonio a “controversias sociales y políticas divisivas”.
En enero, el gobierno de Trump canceló una política para destruir todas las minas terrestres antipersonales. La administración continuó consolidando y expandiendo la implementación de su peligrosa iteración de la “Regla de mordaza global” y omitió la identidad de género y la orientación sexual en un borrador de política sobre género de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
EE.UU. admitió a 11.814 refugiados en el año fiscal 2020, una disminución del 85 por ciento de los 85.000 admitidos en 2016. En octubre, el gobierno de Trump fijó el límite más bajo de reasentamiento de refugiados en EE.UU. registrado hasta ahora: 15.000, para el año fiscal 2021.
El presidente Trump continuó elogiando a líderes autoritarios y su administración siguió brindando asistencia militar y aprobando la venta de armas a Estados con malos historiales en materia de derechos humanos. La administración también continuó apoyando la guerra de la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen a pesar de las numerosas violaciones de las leyes de guerra, y procuró una venta de armas por US$478 millones a Arabia Saudita a pesar de dos votaciones bipartidistas en el Congreso para restringir la venta de armas.
EE.UU. impuso sanciones a los responsables de violaciones graves de derechos humanos y corrupción, incluidos funcionarios en Guinea Ecuatorial, Uganda y Sudán del Sur; funcionarios gubernamentales, agencias estatales y empresas de China y Hong Kong; así como 39 sirios, entre ellos Bashar Al-Assad.
El Congreso aprobó una legislación que pone de relieve las preocupaciones de derechos humanos en China y Hong Kong, pero algunas respuestas de la administración –incluida la restricción de visas para periodistas chinos, el aumento del escrutinio de los estudiantes de China y los esfuerzos para prohibir las solicitudes de las empresas tecnológicas chinas— plantearon preocupaciones de derechos humanos. EE.UU. firmó un acuerdo con los talibanes sobre los términos para la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. El acuerdo no abordó las preocupaciones de derechos humanos, pero EE.UU. presionó para una mayor inclusión de las mujeres y la sociedad civil en la delegación del gobierno afgano para las negociaciones con los talibanes que comenzaron en septiembre. EE.UU. no presionó públicamente al gobierno afgano sobre sus abusos.
En América Latina, el gobierno se centró en las vulneraciones graves de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero no examinó los abusos en países aliados, como Brasil, Colombia, El Salvador y México.
En Oriente Medio, la administración presentó en enero un plan para formalizar la anexión israelí de gran parte de la Cisjordania ocupada y ayudó a negociar acuerdos para normalizar las relaciones de Israel con los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin en septiembre.
Mientras tanto, Estados Unidos adoptó un enfoque cada vez más hostil hacia Irán. En enero, EE.UU. mató a Qassem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en un ataque con drones en Irak; posteriormente, el presidente Trump tuiteó que las represalias de Irán se enfrentarían apuntando a sitios culturales iraníes, lo que constituiría un crimen de guerra.
En septiembre, tras la negativa del Consejo de Seguridad de la ONU a renovar un embargo de armas que expiró en octubre como parte del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), EE.UU. argumentó que podría volver a imponer las sanciones de la ONU. Otros miembros permanentes del Consejo y partes del JCPOA, así como el Secretario General de la ONU, se negaron a aceptar la posición de EE.UU. ya que se había retirado del acuerdo.
En África, EE.UU. se centró en normalizar las relaciones con el gobierno de transición de Sudán y eliminó a Sudán de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo. Supuestamente a cambio, Sudán inició un proceso de normalización de relaciones con Israel. EE.UU. continuó su actividad militar en Somalia, realizando decenas de ataques aéreos, algunos de los cuales resultaron en aparentes bajas civiles que no fueron investigadas ni reconocidas adecuadamente.
En mayo, el Departamento de Defensa publicó su tercer informe anual sobre víctimas civiles, documentando los daños a civiles causados por determinadas actividades militares estadounidenses y estimando 132 muertes o heridos civiles en 2019, un cálculo significativamente más bajo que el de organizaciones no gubernamentales. El informe también enumera el número de acusaciones de daños a civiles que se habían recibido, concluyendo que solo una fracción de las acusaciones eran “verosímiles”.