(Washington, DC) – Maryland podría convertirse en el sexto estado de Estados Unidos que anule la pena de muerte en los últimos seis años, sin embargo este castigo aún podría aplicarse a cinco presos que fueron condenados a la pena capital en el estado, señaló hoy Human Rights Watch.
El 15 de marzo de 2013, la Cámara de Representantes de Maryland aprobó una ley que había sido sancionada el 6 de marzo en el Senado del estado, dicha medida, sustituye la pena capital con la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La norma pasará al despacho del gobernador Martin O’Malley, quien se ha opuesto enérgicamente a la pena de muerte y es uno de los impulsores del proyecto. Sin embargo, el proyecto de ley no afecta en forma directa a los cinco reclusos que aún esperan una fecha para su ejecución en Maryland, de modo que corresponde ahora a O’Malley la potestad de conmutar sus penas.
“El rechazo a la pena de muerte refuerza la tendencia en todo el país a erradicar este castigo cruel y cada vez más inusual”, afirmó Antonio Ginatta, director de incidencia del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “El gobernador O’Malley debería demostrar su compromiso con la nueva ley conmutando la pena de muerte impuesta a estos cinco hombres que esperan el momento de su ejecución”.
La derogación de la pena de muerte que, según se prevé, tendrá lugar en Maryland es una señal del fuerte impulso que ha cobrado la tendencia abolicionista en Estados Unidos, indicó Human Rights Watch. Desde 2007, la pena de muerte ha sido eliminada en Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México e Illinois. Una vez que Maryland se sume a este grupo, serán 18 los estados, además del Distrito de Columbia, que habrán rechazado la pena de muerte. En varios otros estados, las legislaturas están tratando proyectos de ley que proponen derogar esta pena. Por otra parte, en los últimos años la pena de muerte ha sido aplicada de manera más esporádica: se han registrado un total de 43 ejecuciones en todo el país durante 2011 y también en 2012, a diferencia de las 85 ejecuciones ocurridas en 2000.
Human Rights Watch se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias y considera que se trata de un castigo por naturaleza cruel e inhumano. A su vez, la pena de muerte es una medida indefectiblemente arbitraria, errada y asociada con disparidad racial.
En Maryland, al igual que en numerosos estados de Estados Unidos, la aplicación de la pena de muerte ha estado marcada por una profunda disparidad racial y rotundas diferencias entre las distintas jurisdicciones, expresó Human Rights Watch. Por ejemplo, las personas que son condenadas por delitos en el condado de Baltimore tienen muchas más probabilidades de recibir la pena de muerte que quienes delinquen en la ciudad vecina de Baltimore. Cinco de los cuatro hombres que están a la espera de que se programe su ejecución en Maryland son personas afroamericanas cuyas víctimas eran caucásicas.
Dado que el proyecto abolicionista no prevé ninguna disposición respecto de los cinco hombres condenados a pena de muerte, es posible que sean ejecutados una vez agotados todos los recursos de apelación. La constitución de Maryland reconoce al gobernador la potestad de conmutar penas. O’Malley debería procurar que la pena de muerte nunca más se aplique en Maryland conmutando inmediatamente la condena impuesta a los cinco internos que serían ejecutados, indicó Human Rights Watch.
Contrario a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual es parte Estados Unidos, el proyecto de ley no reconoce un efecto retroactivo a la derogación de la pena de muerte. Los gobiernos de todos los estados están obligados a cumplir las disposiciones del Pacto, que establece que si una ley prevé la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello, aun si el delito se cometió con anterioridad a dicha reducción. Cuando ratificó el Pacto en 1992, Estados Unidos incluyó una reserva según la cual no adoptaría esta disposición, y argumentó en este sentido que “el derecho estadounidense habitualmente aplica al infractor la pena vigente al momento en que se cometió el delito”.
“Maryland está en camino de dejar en el pasado la pena de muerte”, opinó Ginatta. “El resto de los estados de Estados Unidos deberían hacer lo mismo y erradicar este castigo cruel”.
