(Washington, DC) – Connecticut está por convertirse en el quinto estado de Estados Unidos en abolir la pena capital en los últimos cinco años, en una clara señal de que el movimiento contra la pena de muerte cobra cada vez mayor impulso, señaló hoy Human Rights Watch.
El 11 de abril de 2012, la Cámara de Representantes de Connecticut votó a favor de la abolición de la pena de muerte, después de que el Senado del estado votara en el mismo sentido el 5 de abril. El proyecto pasará ahora al gobernador Dan Malloy, quien emitió un comunicado tras la votación de la Cámara de Representantes donde anunciaba su intención de promulgar la ley.
“La muerte como castigo avalado por el gobierno no sólo es una medida intrínsecamente cruel, sino que es cada vez menos común”, afirmó Antonio Ginatta, director de Incidencia del Programa sobre Estados Unidos Human de Rights Watch. “La legislatura de Connecticut está haciendo historia, ubicando al estado en la dirección correcta”.
Desde 2007, la pena de muerte ha sido eliminada en Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México e Illinois. Con la incorporación de Connecticut, serán 17 los estados que habrán rechazado la pena capital dentro de Estados Unidos. De los estados donde esta pena sigue vigente, 13 no la han aplicado durante al menos cinco años. También en California y Maryland se está cuestionado este castigo.
La decisión de Connecticut de derogar la pena de muerte no tiene efectos retroactivos, de modo que esta pena aún podría aplicarse a las 11 personas que ya han sido condenadas en el estado. La aplicación no retroactiva de la norma es incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece en su artículo 15 que si la ley dispone la imposición de un castigo más leve, todo delincuente deberá beneficiarse de ello, aun si el delito se cometió con anterioridad a dicha reducción. Sin embargo, cuando Estados Unidos ratificó el Pacto en 1992, incluyó una reserva según la cual no adoptaría esta disposición, y argumentó que “el derecho estadounidense habitualmente aplica al infractor la pena vigente al momento en que se cometió el delito”.
Human Rights Watch se opone a la pena capital en todos los casos, por considerar que la dignidad inherente de las personas es irreconciliable con la pena de muerte, en tanto constituye una forma de castigo única por su crueldad y su carácter irreversible. Se trata de un castigo absoluta e indefectiblemente arbitrario, errado y que responde sólo a prejuicios. La pena de muerte es ampliamente rechazada por democracias de todo el mundo donde se respetan los derechos, incluidos los 47 estados miembros del Consejo de Europa.
“Connecticut ya ha avanzado para dejar en el pasado la pena de muerte”, afirmó Ginatta. “La siguiente medida que debería adoptar es dar efectos retroactivos a la derogación”.
