La piedra angular de los derechos humanos es el respeto a la dignidad inherente de todo ser humano y la inviolabilidad de la persona humana. Human Rights Watch se opone a la pena capital en todos los países y en todas las circunstancias, porque la dignidad inherente de la persona es incompatible con la pena de muerte. Esta forma de castigo es única en su crueldad y finalidad, y se encuentra inevitable y universalmente plagada de arbitrariedades, prejuicios y errores.
El 10 de octubre de 2011 es el noveno día Mundial contra la Pena de Muerte, y este año se conmemoran 35 años desde que Estados Unidos restableció la pena capital en 1976. En ese momento, 1,271 personas habían sido electrocutadas, fusiladas, ahorcadas, expuestas a gases, o condenadas a muerte por inyección letal. En septiembre, el estado de Georgia ejecutó Troy Davis, a pesar de la existencia de serias dudas sobre su culpabilidad. Texas ejecutó a su prisionero numero 475 desde 1976. Durante este tiempo Texas ha encabezado, con mucha ventaja, el mayor número de personas ejecutadas de cualquier estado de EE UU.
Los responsables de crímenes graves deben ser justa y debidamente llevados ante la justicia, y las víctimas de delitos y sus familiares deben tener acceso a los mecanismos de justicia y reparación. Sin embargo, cada vez más se reconoce en todo el mundo que la pena de muerte es un asalto fundamental sobre el derecho a la vida establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales de derechos humanos.
Personas inocentes han sido condenadas a muerte en Estados Unidos. Desde 1973, 138 presos han sido liberados de la pena capital en todo el país después de haber sido demostrada su inocencia por los delitos por los que habían sido condenados a morir. Algunos de ellos fueron puestos en libertad pocos días antes de la fecha programada para su ejecución. La falibilidad inherente de todos los sistemas de justicia penal asegura que incluso cuando se respeta cabalmente el debido proceso, es probable que personas inocentes sean ejecutadas. Debido a que una ejecución es irreversible, tales fallas en la administración de justicia no se pueden corregir.
La raza, la pobreza y la geografía están inexorablemente entrelazadas con la pena de muerte. Los acusados cuyas víctimas son de raza blanca tienen más probabilidades de ser condenados a muerte que aquellos cuyas víctimas eran miembros de un grupo minoritario. Los acusados pobres son generalmente representados por abogados nombrados por el gobierno, que a menudo no pueden defender adecuadamente a una persona ante la posibilidad de ejecución debido a que están sobrecargados de trabajo y mal remunerados. Los fiscales en ciertos condados son más propensos a buscar la pena de muerte que los de otras regiones del mismo estado. El accidente de la ubicación geográfica, y ningún otro aspecto de un delito en particular, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para el acusado.
Estados Unidos está cada vez más solo entre los países democráticos en su uso continuado de la pena de muerte. Al mantener la pena capital en un mundo que ha ido dando la espalda a esta práctica barbárica, Estados Unidos daña a su reputación, causa fricción con sus vecinos y aliados más cercanos, y socava sus esfuerzos por promover los derechos humanos en el país y en el extranjero.
Por todas estas razones, la pena de muerte es cada vez más rara en Estados Unidos. El número de ejecuciones y condenas a muerte anuales ha disminuido a la mitad en los últimos 10 años. Cuatro estados han abolido la pena de muerte en los últimos cuatro años, elevando el número total de estados que prohíben la pena capital a 16, más el Distrito de Columbia. La muerte como castigo es cada vez más inusual, ya que su crueldad intrínseca es cada vez más reconocida.
Human Rights Watch insta a todas las jurisdicciones en Estados Unidos de rechazar la pena de muerte, y al hacerlo, reafirmar los principios fundamentales de derechos humanos.
