Nuevas revelaciones sobre simulacros de ahogamiento, otras torturas con agua y abusos en prisiones clandestinas
6 de Septiembre de 2012

No solo Estados Unidos entregó sin reparos a los enemigos de Gadafi, sino que supuestamente la CIA primero habría torturado a varias de estas personas. La magnitud de los abusos cometidos por el gobierno de Bush parece ser mucho mayor de lo admitido en un principio, y pone de manifiesto la importancia de iniciar una investigación exhaustiva sobre lo sucedido.

Laura Pitter, asesora sobre lucha contra el terrorismo

(Washington, DC) – Durante la presidencia de Bush, el Gobierno de Estados Unidos torturó a opositores de Muamar Gadafi y luego los trasladó a Libia sabiendo que allí sufrirían maltratos, según señalan ex detenidos y documentos de la CIA y el Servicio Secreto del Reino Unido que fueron revelados recientemente, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. Un ex detenido manifestó haber sido sometido a simulacros de ahogamiento, y otro describió torturas similares con agua, lo cual contradice la afirmación de funcionarios del gobierno de Bush de que solamente tres hombres que estuvieron detenidos bajo custodia estadounidense habían sido sometidos a estas prácticas.

El informe de 154 páginas, “Delivered into Enemy Hands: US-Led Abuse and Rendition of Opponents to Gaddafi’s Libya” (“Entregados al enemigo: EE. UU. permite el abuso y la entrega extrajudicial a Libia de opositores al gobierno de Gadafi”), se elaboró a partir de entrevistas efectuadas en Libia a 14 ex detenidos, casi todos miembros de un grupo armado islamista que durante 20 años intentó derrocar a Gadafi. Numerosos miembros de esta facción, denominada Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL), se unieron a los rebeldes que lucharon contra Gadafi con el respaldo de la OTAN durante el conflicto en 2011. Algunas de las personas que fueron entregadas extrajudicialmente y habrían sido torturadas mientras se encontraban a disposición de las autoridades de Estados Unidos ahora ocupan puestos influyentes y cargos políticos clave en el país.

“No solo Estados Unidos entregó sin reparos a los enemigos de Gadafi, sino que supuestamente la CIA primero habría torturado a varias de estas personas”, indicó Laura Pitter, asesora sobre lucha contra el terrorismo de Human Rights Watch y autora del informe. “La magnitud de los abusos cometidos por el gobierno de Bush parece ser mucho mayor de lo admitido en un principio, y pone de manifiesto la importancia de iniciar una investigación exhaustiva sobre lo sucedido”.

El informe también se basó en documentos –algunos de los cuales se han dando a conocer recientemente – que Human Rights Watch encontró abandonados en la oficina del ex jefe de inteligencia de Libia Musa Kusa el 3 de septiembre de 2011, tras la toma de Trípoli por las fuerzas rebeldes.

Las entrevistas y los documentos indican que, luego de los ataques del 11 de septiembre de 2011 en Estados Unidos, el gobierno de este país, con ayuda del Reino Unido (RU) y varios países de Medio Oriente, África y Asia, arrestó y encarceló a miembros del GICL que vivían fuera de Libia sin acusarlos de ningún delito concreto, para luego entregarlos extrajudicialmente al gobierno libio.

El informe también se refiere a los graves abusos que habrían sufrido cinco ex miembros del GICL en dos centros de detención que Estados Unidos mantenía en Afganistán, muy posiblemente administrados por la CIA. Estos relatos incluyen nuevas denuncias sobre prácticas de simulacros de ahogamiento y otras torturas con agua. Los detalles de estas historias coinciden con otros testimonios directos obtenidos de personas que estuvieron en esos mismos establecimientos administrados por las autoridades estadounidenses.

Estos ex detenidos relataron haber sido encadenados desnudos contra la pared –a veces con pañales– en celdas totalmente oscuras y sin ventanas durante semanas o meses; obligados a mantener posiciones forzadas durante períodos prolongados con el propósito de causar dolor físico y estrés; encerrados en espacios minúsculos; golpeados y arrojados con violencia contra las paredes; impedidos de salir al aire libre durante casi cinco meses sin que se les permitiera asearse; y privados del sueño mediante la exposición constante a música occidental a un volumen ensordecedor.

“Durante tres meses, primero fui interrogado continuamente y luego todos los días me aplicaban un tipo de tortura distinto. A veces usaban agua, otras no... A veces me desnudaban y otras me dejaban vestido”, contó Khalid al-Sharif, quien afirmó haber permanecido detenido durante dos años en dos centros de detención estadounidenses distintos en Afganistán que presuntamente estaban bajo la administración de la CIA. Al-Sharif es ahora jefe de la Guardia Nacional de Libia. Una de sus responsabilidades es brindar seguridad a establecimientos donde se encuentran recluidos algunos de los presos más importantes para Libia.

Hasta ahora, muchos de los relatos ofrecidos por los detenidos libios que se exponen en el informe de Human Rights Watch no habían sido documentados, debido a que la mayoría de estas personas que fueron enviadas de regreso a Libia permanecieron encarceladas en ese país hasta el año pasado, cuando fueron liberadas en el marco de las revueltas civiles en Libia. Y el Gobierno de Estados Unidos no se ha mostrado dispuesto a dar a conocer detalles de los centros de detención secretos de la CIA. Según aseveran algunos ex detenidos, los documentos de la CIA encontrados en Libia y algunos memorandos del gobierno estadounidense que fueron desclasificados han aportado información nueva sobre las prácticas de detención estadounidenses empleadas durante el gobierno de Bush, pero también pusieron de manifiesto el gran caudal de información que aún continúa siendo confidencial.

Pese a las pruebas abrumadoras que señalan que se cometieron numerosos abusos sistemáticos contra detenidos que estaban a disposición de las autoridades estadounidenses desde los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos aún no ha llevado ante la justicia a ningún funcionario jerárquico responsable. Solamente se han aplicado sanciones contra unos pocos militares de bajo rango.

El 30 de agosto de 2012, el fiscal general de Estados Unidos Eric Holder anunció que la única investigación penal iniciada por el Departamento de Justicia sobre supuestos abusos contra personas bajo custodia de la CIA, impulsada por el fiscal especial John Durham, se concluiría sin que ninguna persona fuera acusada. El 30 de junio de 2011, Holder ya había limitado el alcance de la investigación de Durham, acotando la indagación original sobre las 101 personas que supuestamente han estado bajo custodia de la CIA a los casos de tan sólo dos personas.

En ambos casos, los detenidos habían muerto, uno de ellos en Afganistán y el otro en Irak. La investigación se vio limitada en el sentido de que solamente tuvo en cuenta abusos que excedieron aquellos que había autorizado el gobierno de Bush. No pudo examinar actos de tortura, como simulacros de ahogamiento y otros malos tratos que habían sido aprobados por abogados del gobierno de Bush, aun si los actos implicaron una violación de la legislación interna y el derecho internacional.

“Las historias de ciudadanos libios detenidos por Estados Unidos que luego fueron enviados a Libia demuestran que los abusos contra detenidos, incluidos aquellos maltratos que no fueron autorizados específicamente por funcionarios del gobierno de Bush, tuvieron una magnitud alarmante”, expresó Pitter. “Al dar por concluida la investigación impulsada por Durham, sin que se acusara a ningún responsable, se transmite el mensaje de que se continuarán tolerando abusos como los sufridos por los detenidos libios”.

La Comisión Especial de Inteligencia del Senado (Senate Select Committee on Intelligence, SSCI) ha dedicado tres años a investigar el programa de detención e interrogatorios de la CIA y habría concluido un informe al respecto. Human Rights Watch instó a la SSCI a difundir su informe sin demora, censurando la menor cantidad de datos posibles, y recomendó que una comisión independiente y no partidaria investigara todos los aspectos de la política estadounidense relacionados con el trato impartido a personas detenidas.

“El gobierno estadounidense continúa exigiendo acertadamente que distintos países, entre ellos Libia, Siria y Bahréin, se encarguen de asegurar que los funcionarios responsables de graves violaciones de derechos humanos como torturas rindan cuentas por sus acciones”, señaló Pitter. “Estos pedidos serían mucho más persuasivos si, al mismo tiempo, no se sustrajera de la acción de la justicia a ex funcionarios estadounidenses que autorizaron torturas.

Desde la caída del gobierno de Gadafi, varios diplomáticos estadounidenses y miembros del Congreso se han reunido con personas que anteriormente estuvieron detenidas bajo custodia de la CIA en Libia, y Estados Unidos ha apoyado los esfuerzos del gobierno y la sociedad civil de Libia para dejar atrás el pasado autoritario del país. Human Rights Watch instó al gobierno estadounidense a reconocer que tuvo participación en abusos cometidos en el pasado y colaboró para que Gadafi pudiera detener a opositores exiliados. Asimismo, le recomendó que ofreciera reparación a las víctimas y juzgara a quienes presuntamente torturaron a estas personas mientras estaban bajo custodia estadounidense.

Otro caso ya conocido sobre el cual Human Rights Watch reveló nuevos datos es el de Ibn al-Sheikh al-Libi. El gobierno de Bush había ayudado a justificar la invasión a Irak en 2003 tomando como base las declaraciones efectuadas por al-Libi durante el período en que sufrió abusos y maltrato bajo custodia de la CIA. La CIA ha admitido que estas declaraciones no eran confiables. Años más tarde, Estados Unidos entregó a al-Libi en forma extraordinaria a Libia, donde murió en prisión en mayo de 2009. Los relatos de otros presos que estuvieron detenidos junto con al-Libi en Afganistán y Libia, la información aportada por sus familiares y las fotografías que pudo ver Human Rights Watch y que habrían sido tomadas el día de su muerte aportan alguna información sobre el trato que recibió y las circunstancias de su muerte que, según aseveran las autoridades libias, habría sido un suicidio.

Muchos de los documentos que Human Rights Watch descubrió en Libia también indican que existió un alto grado de cooperación entre el gobierno de Gadafi en Libia, Estados Unidos y el Reino Unido para llevar a cabo las entregas extraordinarias analizadas en el informe.

Estados Unidos es el país que tuvo una participación más activa en la extradición irregular de personas a Libia. Sin embargo, otros países, especialmente el Reino Unido, también tuvieron intervención en estos procedimientos, pese a que sus gobiernos sabían y reconocían que la tortura era una práctica común durante el gobierno de Gadafi. Entre los países que, según se ha denunciado, estarían involucrados en entregas extraordinarias cabe mencionar a Afganistán, Chad, China y Hong Kong, Malasia, Mali, Mauritania, Marruecos, los Países Bajos, Pakistán, Sudán, Tailandia y el Reino Unido. Los entrevistados afirmaron que funcionarios de algunos de estos países también habrían cometido abusos contra ellos antes de enviarlos de regreso a Libia.

Las normas del derecho internacional que son vinculantes para Estados Unidos y otros países prohíben la tortura y otros malos tratos en cualquier circunstancia, y no permiten que se traslade a personas a países donde existe un riesgo grave de que sufran torturas o sean perseguidas.

“La intervención de numerosos países en los abusos cometidos contra enemigos de Gadafi sugiere que el alcance del programa de detención e interrogatorios de Estados Unidos se extendió mucho más allá de lo que se supo en un primer momento”, indicó Pitter. “Estados Unidos y otros gobiernos que brindaron asistencia para que se cometieran abusos contra detenidos deberían rendir cuentas y explicar claramente cuál fue su rol”.