Estados Unidos siguió protagonizando un retroceso en materia de derechos humanos tanto en el propio país como en el extranjero durante el segundo año del gobierno del presidente Donald Trump. Con el partido republicano de Trump controlando el poder legislativo en 2018, su administración y el Congreso pudieron aprobar leyes, implementar regulaciones y aplicar políticas que violan o socavan los derechos humanos.

A pesar de que Trump manifestó que estaba a favor de hacer reformas mínimas, su gobierno frenó iniciativas destinadas a reducir la sobrepoblación en las cárceles de EE.UU., puso en práctica una serie de políticas contra la inmigración y tomó medidas para socavar un programa nacional de seguro de salud que ayuda a los estadounidenses a obtener atención médica asequible, incluida atención reproductiva para la mujer.

El gobierno de Trump también continuó ofreciendo su apoyo militar, financiero y diplomático a gobiernos abusivos en el extranjero. Aunque expresó su apoyo a algunas iniciativas internacionales dirigidas a sancionar a individuos y gobiernos que cometen abusos contra los derechos humanos, la política general de su gobierno obstaculizó la labor de las instituciones multilaterales y los organismos judiciales internacionales que buscan llevar a las personas responsables de violaciones flagrantes de los derechos humanos ante la justicia.

Condenas severas

Las cárceles y prisiones estatales y federales del país continúan albergando a más de 2 millones de personas, mientras otros 4,5 millones estaban en libertad condicional o bajo fianza. Las mujeres son la población penitenciaria de más rápido crecimiento en todo el país, con un incremento de más del 700 por ciento entre 1980 y 2016. Oklahoma encarcela a más mujeres per cápita que cualquier otro estado de EE.UU. En septiembre, Human Rights Watch documentó los daños permanentes que la prisión preventiva puede causar en las madres, muchas de las cuales simplemente no pueden pagar la fianza en ese estado.

El ex fiscal general de EE.UU. Jeff Sessions rescindió las políticas que ordenaban a los fiscales evitar presentar cargos que pudieran desencadenar largas sentencias mínimas obligatorias destinadas a reducir las disparidades raciales en el sistema federal. Sessions también anuló una directiva del Departamento de Justicia que otorgaba discreción a los fiscales federales para no procesar los delitos de marihuana en los 10 estados donde la marihuana ha sido legalizada para el consumo de adultos.

Millones de personas todavía no pueden votar debido a un mosaico de leyes de inhabilitación de  presidiarios en todo el país. Sin embargo, en noviembre, los votantes de Florida aprobaron una iniciativa electoral en las elecciones de mitad de período que restablecía el derecho a votar de 1,4 millones de residentes con condenas por delitos graves. La iniciativa fue una de las varias que los estados aprobaron para impulsar la reforma de la justicia penal, incluida una iniciativa en Colorado que eliminaba los epígrafes de la constitución estatal que permitían que los delincuentes condenados fueran obligados a trabajar en la cárcel sin paga ni restitución; una iniciativa en Florida, que permitía que las reformas en el proceso de condenas fueran retroactivas; una en Michigan que legalizaba la marihuana para uso recreativo; y otra en el estado de Washington que fortalecía la rendición de cuentas de la policía.

La pena de muerte sigue siendo legal en 30 estados. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, hasta mediados de noviembre habían sido ejecutadas 21 personas en ocho estados, todas en las regiones del sur y medio oeste del país. Hubo 11 ejecuciones en Texas. Todas menos una de estas ejecuciones fueron llevadas a cabo mediante inyección letal, la otra con silla eléctrica. Trump y otros funcionarios de su gobierno han exigido la pena de muerte para los traficantes de drogas.

Disparidades raciales, política de drogas y vigilancia policial

Las disparidades raciales impregnan todas las partes del sistema de justicia penal de EE.UU. Las personas afroamericanas constituyen el 13 por ciento de la población, pero cerca del 40 por ciento de las que están en la cárcel. Su tasa de encarcelamiento es cinco veces mayor que la de los blancos. Las personas afroamericanas consumen drogas ilegales a tasas similares que los blancos, pero son arrestados por delitos de drogas a tasas significativamente más altas.

Según el Washington Post, hasta principios de octubre la policía había disparado y matado a 876 personas en EE.UU. De los muertos, cuya raza era conocida, el 22 por ciento eran afroamericanos. De las personas desarmadas asesinadas por la policía, el 39 por ciento eran afroamericanas. El Departamento de Justicia puso fin a los esfuerzos para investigar los departamentos de policía locales después de denuncias creíbles de que sistemáticamente cometían violaciones constitucionales. Algunos gobiernos estatales han asumido este papel de supervisión. Las disparidades raciales en el uso de la fuerza policial, arrestos, citaciones y detenciones rutinarias de tráfico continúan existiendo.

Menores en el sistema de justicia penal y juvenil

Según el Departamento de Justicia, la tasa de arrestos juveniles ha disminuido, pero persisten dramáticas disparidades raciales: los menores afroamericanos están representados de manera desproporcionada en todas las etapas, y en 37 estados, las tasas de encarcelamiento para los niños afroamericanos fueron más altas que para los blancos, según The Sentencing Project.

Según la ONG Citizens Committee for Children, aproximadamente 32.000 niños menores de 18 años están confinados anualmente en cárceles de adultos. Los 50 estados continúan procesando a algunos menores en tribunales penales para adultos. Aproximadamente 1.300 personas tienen condenas perpetuas sin libertad condicional por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años, según la organización Campaign for the Fair Sentencing of Youth.

En octubre, el Tribunal Supremo del estado de Washington dictaminó que las condenas a cadena perpetua sin libertad condicional por delitos cometidos con menos de 18 años violaban la constitución del estado. En total, 21 estados y el Distrito de Columbia ahora prohíben las sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional para menores. California aprobó una ley en octubre que pone fin a la condena de jóvenes de 14 y 15 años en tribunales de adultos. Y en abril, Nueva York puso fin a los juicios automáticos de jóvenes de 16 y 17 años en tribunales de adultos, a pesar de que los niños de estas edades, o menores, acusados ​​de delitos violentos, seguirán iniciando sus casos en un tribunal de adultos con la posibilidad de transferirlo al sistema juvenil.

Pobreza y justicia penal

Las personas con menos recursos acusadas de delitos a menudo son encarceladas porque los jueces exigen una fianza monetaria como condición para su puesta en libertad. Como consecuencia, personas sin condenas deben permanecer entre rejas durante largos períodos de tiempo en espera de su juicio y se producen numerosas declaraciones de culpabilidad coaccionadas. Está ganando fuerza un movimiento para reducir el uso de la fianza monetaria, pero muchos estados, incluido el de California, que aprobaron un proyecto de ley que eliminó la fianza monetaria en agosto, la están reemplazando con herramientas de evaluación de riesgo que podrían arraigar la discriminación y no reducirían las tasas de prisión preventiva.

Muchas jurisdicciones locales imponen tarifas y multas excesivas incluso por delitos menores. En caso de no pagarse, estas deudas pueden resultar en nuevos arrestos que alimentan un ciclo de encarcelamiento y una mayor pobreza. De manera similar, algunos estados privatizan los servicios de libertad condicional por delitos menores, lo cual penaliza a las personas pobres que cometen infracciones menores y provoca abusos.

En junio de 2018, el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la extrema pobreza y los derechos humanos emitió un informe que criticaba duramente a EE.UU. por sus políticas hacia los pobres.

Incidentes de crímenes de odio

Durante una semana en octubre, varios hombres que defendían puntos de vista de la extrema derecha y de la supremacía blanca presuntamente cometieron tres actos violentos independientes: uno llevó a cabo un tiroteo masivo en una sinagoga de Pittsburgh, que acabó con la vida de 11 fieles e hirió a muchos más; otro envió bombas mortales a destacados políticos demócratas; y otro disparó a dos afroamericanos en una tienda de comestibles de Louisville, matando a ambos. Múltiples organizaciones y el gobierno, que utilizan diferentes metodologías para recopilar distintos tipos de información sobre crímenes de odio, aseguran haber registrado un aumento en el número de incidentes motivados por el odio frente a años anteriores.

Derechos de ciudadanos extranjeros

Más de 2.500 familias fueron separadas por la fuerza en la frontera de EE.UU. conforme los padres que viajaban con niños se convertían en blanco del gobierno de Trump para procesarlos penalmente. Como parte de esta política, incluso niños con discapacidad se vieron separados de sus familias, como el caso de una niña de 10 años con síndrome de Down que fue separada de su madre.

Aunque una corte federal y una enorme protesta pública pusieron fin a las separaciones en masa a fines de junio, las reunificaciones de cientos de familias sufrieron meses de retraso. Según los medios de comunicación, las familias continuaron siendo separadas a más pequeña escala después de que Trump emitió una orden ejecutiva que supuestamente acababa con la práctica. Parece ser que muchas de estas separaciones continuas estaban basadas en alegaciones imprecisas o infundadas contra los padres de que habían cometido irregularidades o violaciones menores. El auge en los procesos penales por entrada ilegal al país continuó. Los profesionales especializados en la salud mental advirtieron que es muy probable que la separación cause traumas, tanto inmediatos como a largo plazo.

Cientos de padres fueron deportados por separado de sus hijos, incluidos muchos cuyas solicitudes de asilo fueron indebidamente desestimadas por agentes fronterizos de EE.UU. Una resolución administrativa de junio del ex fiscal general Jeff Sessions trató de restringir el acceso al asilo a los migrantes que alegasen ser blanco de persecución por parte de actores no estatales, como las víctimas de violencia doméstica y de pandillas. En noviembre, el gobierno emitió una norma final provisoria que prohíbe que los inmigrantes que ingresan entre puertos de entrada accedan al asilo, en violación de las leyes estadounidenses e internacionales; fue temporalmente bloqueada por un juez federal. Una protesta pacífica de migrantes el 26 de noviembre que solicitaban asilo en la frontera entre México y EE.UU. terminó con agentes fronterizos estadounidenses lanzando proyectiles de gas lacrimógeno contra los migrantes, incluidos niños pequeños.

La Corte Suprema de EE.UU. confirmó una orden ejecutiva emitida por Trump que prohibía viajar a EE.UU. desde varios países predominantemente musulmanes, lo que Human Rights Watch y quienes impugnaron la prohibición calificaron como discriminatorio. El gobierno también anunció que el Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS), expiraría para casi 400.000 inmigrantes profundamente arraigados provenientes de Sudán, Haití, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Nepal entre finales de 2018 hasta principios de 2020, poniéndolos en riesgo de deportación y separación de su hogar y familia. Las detenciones y deportaciones de personas indocumentadas arrestadas en el interior de EE.UU., principalmente a través de un contacto mínimo con el sistema de justicia penal o en redadas a gran escala en lugares de trabajo, siguieron aumentando, sin tener en cuenta sus derechos al hogar y la familia.

Las autoridades de inmigración trataron de detener a más personas, incluso de poblaciones vulnerables como los niños y las mujeres embarazadas, en el ya desbordante sistema de detención de inmigrantes. Las autoridades migratorias intentaron eliminar los límites legales a la detención de niños en familias para que pudiera ser indefinida. De las 15 muertes recientes de inmigrantes detenidos, Human Rights Watch descubrió que ocho estaban relacionadas con una atención médica deficiente.

El destino de casi 800.000 jóvenes inmigrantes con permisos de trabajo y protección contra la deportación en virtud de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) siguió siendo incierto, conforme continuaban las impugnaciones ante los tribunales en torno a la decisión del gobierno de 2017 de revocar el programa. Los cambios reglamentarios propuestos a la definición de “carga pública” en virtud de la ley de inmigración de EE.UU. amenazaron con interrumpir programas esenciales de salud pública y programas de prestaciones que apoyan a niños con ciudadanía estadounidense con padres no ciudadanos.

Derecho a la salud

Hasta la fecha, los intentos en el Congreso de revocar la Ley para la Atención de la Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), una legislación que ha ampliado en gran medida el acceso a la atención médica para millones de estadounidenses, han fracasado. Sin embargo, una reforma tributaria eliminó las sanciones individuales del mandato por no participar en el programa requerido por la ley. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que esto podría dejar a 13 millones de personas sin seguro de salud. Además, el programa Medicaid, los subsidios para seguros privados, las protecciones contra la discriminación para lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) y otros elementos clave de la ACA siguieron siendo vulnerables a la acción reguladora del gobierno a nivel federal y estatal, lo que amenaza con restringir el acceso a la atención médica. Muchos estados con apoyo federal han impuesto requisitos de trabajo, pruebas de drogas y otros obstáculos para la elegibilidad a Medicaid para personas de bajos ingresos.

En 2017, un récord de 72.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas. La respuesta del gobierno de Trump a la persistente crisis fue cada vez más punitiva, aumentando las sanciones penales por la venta y la distribución de fentanilo. En muchos estados, las leyes penales bloquean la expansión de intervenciones de salud pública probadas, como los programas de intercambio de jeringas y las salas de consumo supervisadas, que reducen la transmisión de enfermedades infecciosas y previenen la sobredosis. El acceso reducido al programa Medicaid amenaza con hacer que el tratamiento de drogas quede fuera del alcance de millones de estadounidenses.

Derechos de las personas mayores

Human Rights Watch reportó en febrero de 2018 que los asilos de ancianos en EE.UU. administran medicamentos antipsicóticos a los residentes con demencia para controlar su comportamiento, a menudo sin su consentimiento. Esta práctica abusiva sigue siendo generalizada y puede equivaler a un trato cruel, inhumano o degradante.

Derechos de las mujeres y las niñas

Las revelaciones relacionadas con el acoso sexual y la conducta indebida por parte de hombres de alto perfil continuaron haciéndose públicas a medida que el movimiento #MeToo se expandía de forma viral, poniendo en evidencia los abusos sufridos por las mujeres en el trabajo y los lugares públicos. El Senado confirmó a Brett Kavanaugh para un asiento en el Tribunal Supremo de EE.UU., un cargo vitalicio, sin investigar a fondo las denuncias creíbles de agresión sexual y otros aspectos de sus antecedentes, sobre los cuales Human Rights Watch expresó una grave preocupación.

El Congreso aprobó una ley en 2017 que facilita a los estados restringir las subvenciones al programa Título X mediante la creación de requisitos de elegibilidad que podrían excluir a ciertos proveedores de planificación familiar, como Planned Parenthood. Título X es un programa nacional de planificación familiar que financia los servicios a más de 4 millones de estadounidenses. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) propuso una regla de “mordaza” en mayo para impedir que los médicos que reciben fondos del Título X brinden a las mujeres la gama completa de opciones de embarazo y eliminar el requisito de que los médicos proporcionen información objetiva y neutral a las mujeres embarazadas. HHS recibió más de medio millón de comentarios en respuesta a la notificación de elaboración de normas. En el momento de redactar este informe, todavía no se había emitido una regla definitiva.

En 2017, el HHS emitió una regla que exime a casi cualquier empleador que alegue objeciones religiosas o morales al control de la natalidad del mandato de la ACA que le obliga a proporcionar cobertura anticonceptiva como parte de los planes de seguro de salud para sus empleados. En marzo de 2018, propuso otra norma que ampliaría dramáticamente la capacidad de los proveedores de atención médica para rechazar a pacientes debido a objeciones religiosas o morales, incluidas mujeres en busca de servicios de salud reproductiva y lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero. En el momento de redactar este informe, la regla no había sido finalizada.

Algunos estados tomaron medidas para proteger o ampliar proactivamente las salvaguardias para la salud de las mujeres. Sin embargo, varios estados adoptaron leyes altamente restrictivas sobre el aborto y la salud reproductiva. Dos estados, Delaware y Nueva Jersey, prohibieron en 2018 cualquier tipo de matrimonio antes de los 18 años, a pesar de que el matrimonio infantil sigue siendo legal en los 48 estados restantes.

Orientación sexual e identidad de género

El Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció planes para revertir una norma federal que aclara que la prohibición de la discriminación por razones de sexo de la Ley para la Atención de la Salud Asequible (ACA) incluye la discriminación basada en la identidad de género.

En 2018, Oklahoma, Kansas y Carolina del Sur promulgaron leyes que permiten a los proveedores de adopción y cuidado de acogida temporal alegar una objeción religiosa para negarse a asignar a niños a personas LGBT. Una disposición similar se agregó a un proyecto de ley de asignaciones en la Cámara de Representantes de EE.UU., pero no se convirtió en ley.

En el momento de redacción de este informe, 19 estados contaban con leyes que prohíben expresamente la discriminación en base a la orientación sexual como en la identidad de género en el trabajo, la vivienda y las instalaciones públicas. Wisconsin y Nueva York prohíben la discriminación por orientación sexual pero no por identidad de género, y Utah sólo prohíbe la discriminación en el trabajo y la vivienda. Michigan, Nueva York y Pensilvania interpretan que su prohibición legal de la discriminación sexual incluye la discriminación basada en la orientación sexual y/o la identidad de género.

Seguridad nacional

En marzo, el Senado de EE.UU. confirmó a Gina Haspel como directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En 2002, Haspel dirigió un centro de detención de la CIA en Tailandia, donde supervisó prácticas de tortura, y en 2005 defendió, y ayudó a destruir, pruebas en video de las torturas llevadas a cabo por la CIA.

EE.UU. está asistiendo a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en sus funciones de dirigir y proteger sus centros de detención en el norte de Siria, donde permanecían detenidos casi 600 hombres de 47 países acusados ​​de ser combatientes o miembros del Estado Islámico (ISIS). En el momento de redactar este informe, EE.UU. también había transferido al menos a ocho detenidos de la custodia de las FDS al Líbano, siete a Macedonia y otros ciudadanos extranjeros a Irak. Un ciudadano con doble nacionalidad de EE.UU. y Arabia Saudita estuvo bajo custodia de EE.UU. durante más de un año hasta octubre, cuando EE.UU. finalmente fue presionado a través de un litigio para liberarlo. Los medios de comunicación informaron que EE.UU. también estaba considerando transferir a cientos más de la custodia de las FDS a Irak, Túnez y otros países para su detención. No estaba claro qué tipo de proceso de salvaguardia contra el abuso proporcionaba EE.UU. a los detenidos transferidos, pero estas transferencias suscitaron preocupaciones de que los detenidos podían sufrir torturas o juicios injustos, y no tener la oportunidad de impugnar sus transferencias antes de que ocurran.

Supuestamente EE.UU. también estaba considerando transferir a dos detenidos que las FDS estaba reteniendo en el norte de Siria al centro de detención de la Bahía de Guantánamo. Los hombres, ambos británicos y presuntos miembros del ISIS a quienes se les retiró la ciudadanía británica, fueron acusados ​​de matar a ciudadanos estadounidenses, entre otros, en territorio sirio que, en su momento, estuvo en poder del ISIS.

EE.UU. mantiene encarcelados sin cargos a 31 hombres por tiempo indefinido en Guantánamo, los cuales llevan allí 12 años o más. También continuó procesando a siete hombres por delitos terroristas, incluidos los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra EE.UU., en el sistema de comisiones militares de Guantánamo, que no cumple con las normas internacionales de garantías procesales y que ha estado plagado de problemas de procedimiento y años de demora. También mantiene encarcelados a dos hombres que ya han sido condenados por las comisiones.

Tras informes de los medios de que las fuerzas estadounidenses interrogaron a detenidos en cárceles secretas dirigidas por fuerzas extranjeras en Yemen, que habían torturado a los detenidos, y estaban basados en informes similares de 2017, EE.UU. promulgó una ley que exige al Secretario de Defensa de EE.UU. determinar si las fuerzas estadounidenses o sus aliados de la coalición en Yemen violaron las leyes de guerra o las leyes estadounidenses que prohíben la provisión de asistencia estadounidense a fuerzas extranjeras que cometen violaciones graves de derechos humanos.

Vigilancia y protección de datos

En enero, el Congreso volvió a autorizar el artículo 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior (Foreign Intelligence Surveillance Act), una ley que permite la vigilancia sin orden judicial de personas y entidades extranjeras fuera de EE.UU., así como la captura y registro de las comunicaciones de estadounidenses en el proceso.

En enero, Human Rights Watch informó que las autoridades de EE.UU. podrían retener y encubrir ​​detalles de cómo obtuvieron información y pruebas utilizadas en las causas penales de acusados, ocultando deliberadamente sus orígenes al utilizar formas alternativas de obtener la misma información, una práctica conocida como “construcción paralela”.

El director de Inteligencia Nacional informó en mayo que la cantidad de registros de llamadas telefónicas que las autoridades de inteligencia recopilan en virtud de la Ley Patriótica de EE.UU. se más que triplicó en 2017, a más de 534 millones. El mes siguiente, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) reveló que estaba eliminando el equivalente a años de estos registros tras recibir datos que “no estaba autorizada a recopilar”.

El Congreso adoptó la Ley de Aclaración del Uso Legítimo de los Datos en el Extranjero (CLOUD, por sus siglas en inglés y conocida como “Ley Nube” en español), que permite a los gobiernos extranjeros autorizados exigir datos a las empresas estadounidenses en virtud de normas de derechos humanos débiles e incompletas. En el momento de redactar este informe, EE.UU. estaba negociando un acuerdo con el Reino Unido conforme a la ley, lo que permitiría al Reino Unido exigir datos a EE.UU. de acuerdo con normas menos estrictas a las exigidas por la Constitución estadounidense. El Reino Unido luego podría pasar estos datos de vuelta a EE.UU., lo que permitiría a las autoridades evadir las leyes nacionales de privacidad.

En un avance positivo, el Tribunal Supremo decidió en el caso Carpenter vs. Estados Unidos que la policía necesita una orden judicial para acceder a datos históricos extensos de posición de teléfonos móviles, que revelan los movimientos en el pasado de una persona, una información potencialmente muy sensible. Sin embargo, la evolución de la tecnología ha creado nuevos riesgos de derechos, como lo demuestran las revelaciones sobre la comercialización de tecnología de reconocimiento facial por parte de Amazon a los departamentos de policía. En EE.UU., las garantías legales para los datos personales en poder de las empresas siguieron siendo insuficientes, como puso en evidencia el acceso masivo de la firma de análisis de datos Cambridge Analytica a los datos de los usuarios de Facebook.

Libertad de expresión y asamblea

El presidente Trump continuó lanzando ataques públicos contra los medios de comunicación durante todo 2018, incluso caracterizando a “un gran porcentaje de los medios” como “el enemigo del pueblo”. Sus comentarios llevaron a cientos de medios a publicar una defensa conjunta y coordinada de la libertad de prensa en agosto. Los periodistas también sufrieron actos de violencia y amenazas mortales, incluido el tiroteo de cinco empleados de un periódico de Annapolis, Maryland, en junio.

Varios esfuerzos policiales por monitorear a manifestantes en protestas, incluidas personas afroamericanas, fueron denunciados o llevados a pleito durante el año. Las compañías de tecnología de EE.UU. enfrentaron una mayor presión por parte de los legisladores para restringir el discurso en sus plataformas. En abril, una nueva ley dirigida a frenar el tráfico sexual en línea responsabilizó a los sitios web por lo que los usuarios dicen y hacen en sus plataformas. También amenazó con silenciar el discurso sobre el trabajo sexual basado en el consentimiento y otras actividades sexuales.

Política exterior

Estados Unidos continuó reteniendo o reprogramando la ayuda humanitaria y la financiación a organismos internacionales, eliminando todas las contribuciones al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y recortando significativamente las contribuciones financieras al Fondo de Población de la ONU.

El 7 de febrero, el Departamento de Estado publicó una revisión de seis meses de la “Política Ciudad de México” del gobierno de Trump, que retira fondos federales a organizaciones no gubernamentales que brindan servicios y asesoramiento sobre el aborto y defienden la liberalización de las leyes de aborto y la expansión de los servicios. La revisión no hace mención del impacto en las mujeres y las niñas de esta medida.

En marzo, el Departamento de Estado aprobó una venta de armas de casi US$1.000 millones a Arabia Saudita, que finalmente fue respaldada por el Congreso. También ese mismo mes, el Senado no logró aprobar por un pequeño margen una medida para poner fin al apoyo militar estadounidense a Arabia Saudita que habría restringido la participación de EE.UU. en el conflicto de Yemen por considerarlo ilegal.

EE.UU. siguió vendiendo armas y proporcionando información sobre objetivos a la coalición y, en septiembre, certificó ante el Congreso que la coalición liderada por los saudíes había tomado medidas para reducir el riesgo para los civiles. En noviembre, EE.UU. anunció que dejaría de reabastecer de combustible a los aviones saudíes que combatían en Yemen. La respuesta de EE.UU. al asesinato del columnista del Washington Post y residente de Virginia Jamal Khashoggi por agentes estatales saudíes fue inconsistente, ya que inicialmente el presidente Trump emitió una dura reprimenda, pero luego cuestionó los hallazgos de la CIA que indicaban que fue el príncipe heredero quien ordenó el asesinato de Khashoggi. El gobierno sancionó a 17 saudíes que presuntamente participaron en el asesinato del periodista, pero el secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que la alianza entre EE.UU. y Arabia Saudita seguía siendo vital.

El presidente Trump despidió al secretario de Estado Rex Tillerson en marzo y nombró al entonces director de la CIA, Pompeo, como su sucesor. En abril, el Senado confirmó a Pompeo.

En marzo se publicaron los informes anuales sobre derechos humanos del Departamento de Estado con menos referencias a los derechos reproductivos y la violencia contra las mujeres. En mayo, Trump anunció que EE.UU. se retiraría del acuerdo nuclear con Irán, a pesar de la confirmación de la ONU de que Irán continúa respetando su parte del acuerdo.

Durante semanas de protestas en la frontera de Gaza con Israel, EE.UU. celebró el traslado de su embajada a Jerusalén Oeste el 14 de mayo de 2018. La medida coincidió con uno de los días más mortíferos de las protestas, con más de 60 manifestantes palestinos muertos. EE.UU. no condenó públicamente el uso excesivo de la fuerza por parte de Israel.

En junio, Trump se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en Singapur. El mes siguiente, se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin. En agosto, mantuvo un encuentro con el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, apenas su segunda reunión con un líder africano. No dijo públicamente nada sobre el pobre historial de derechos humanos de los tres gobiernos.

EE.UU. se retiró oficialmente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2018, citando la presunta parcialidad contra Israel y el hecho de que el organismo no se haya reformado, por lo que es el primer país en retirarse del organismo. Poco después, la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, escribió a Human Rights Watch y a otros 16 grupos culpándolos por la decisión de EE.UU. de retirarse, citando los intentos de socavar sus esfuerzos para mejorar el Consejo.

En conjunto, el historial de Haley en materia de derechos humanos en la ONU fue dispar. Haley defendió los abusos israelíes, pero presionó al Consejo de Seguridad para que aprobara un embargo de armas para Sudán del Sur y mantuvo la presión sobre la República Democrática del Congo. Haley anunció que renunciaría a fines de 2018.

EE.UU. continuó imponiendo restricciones de visado y congelación de activos a los responsables de violaciones graves de derechos humanos y actos de corrupción. En el momento de redactar este informe, según el Departamento del Tesoro, EE.UU. había sancionado a 101 personas bajo la Orden Ejecutiva 13818 “Bloqueo de activos de personas que participan en graves violaciones de los derechos humanos o actos de corrupción”, que se basa en la Ley Global Magnistky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, además de las numerosas otras designaciones bajo diferentes programas de sanciones. Amparándose en esta autoridad, así como en otras, EE.UU. ha ampliado las sanciones de derechos humanos contra el gobierno iraní, funcionarios venezolanos y varios funcionarios y entidades militares de Birmania.

El Departamento de Estado inauguró su primera “Reunión Ministerial para Promover la Libertad Religiosa” en Washington en julio de 2018, un evento al que asistieron gobiernos extranjeros, representantes de la sociedad civil y líderes religiosos. Su objetivo era promover las libertades religiosas en todo el mundo. Entre otros países, se abordaron Irak, Birmania y China. EE.UU. condenó retóricamente y planteó sanciones en respuesta a los abusos de China, pero esas iniciativas fueron socavadas por el fuerte apoyo retórico del presidente Trump al presidente Xi Jinping.

En agosto, el Departamento de Estado publicó un muy esperado informe sobre los abusos cometidos por los militares de Birmania contra la población rohingya desde agosto de 2017, pero no incluyó determinaciones legales ni recomendaciones de políticas.

También en septiembre, el Asesor de Seguridad Nacional John Bolton anunció que el gobierno de Trump no cooperaría con la Corte Penal Internacional (CPI) y amenazó con una serie de represalias en caso de que las investigaciones de la CPI implicasen a ciudadanos de EE.UU., Israel u otros países aliados. Dejó en claro que una de las razones de esta posición era una solicitud pendiente del fiscal de la CPI para iniciar una investigación en Afganistán que podría incluir delitos de tortura presuntamente cometidos por el personal militar de EE.UU. y la CIA. El presidente Trump reiteró esta posición en un discurso ante la Asamblea General de la ONU.