En 2020, deberá esperar una tendencia creciente en la que los órganos legislativos nacionales requieren que las empresas cumplan con sus responsabilidades con los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente.
Millones de adultos y niños en todo el mundo sufren abusos en su trabajo, ya sea en el proceso de obtención de materias primas, su labor en granjas agrícolas o fabricando productos para el mercado global. Se encuentran en la parte inferior de las cadenas de suministro mundiales, desde productos de consumo diario como verduras y mariscos, hasta artículos de lujo como joyas y ropa de marcas de primera línea que terminan en las tiendas de todo el mundo.
“Ruth”, de 13 años, es una de ellas. Cuando la conocimos estaba procesando oro, mezclando mercurio tóxico con sus propias manos en mineral de oro molido cerca de una mina, durante nuestra investigación en Filipinas. Nos contó que llevaba trabajando desde los 9 años, cuando abandonó la escuela, aunque a menudo el hombre que le dio las bolsas de mineral de oro por procesar no le paga.
Es peligroso encontrarse en el peldaño más bajo de esta escalera global. En 2013, más de 1.100 trabajadores murieron y 2.000 resultaron heridos cuando se derrumbó el edificio Rana Plaza, que albergaba cinco fábricas de ropa, en Daca, Bangladesh. Desde entonces, se han logrado algunos avances para aumentar la seguridad en las fábricas de Bangladesh, pero aún no se implementan reformas sostenibles allí ni en otros países donde también son muy necesarias.
Para mantenerse a la par con las demandas de los consumidores, las mujeres continúan sufriendo una amplia gama de abusos laborales en Bangladesh y en otros sectores. En enero de 2019 colapsó la presa de relaves mineros de Brumadinho en Brasil, matando al menos a 250 personas, en su mayoría trabajadores, y provocó un grave vertido de lodos tóxicos. La presa había recogido desechos de una mina que extraía mineral de hierro, una materia prima utilizada en todo el mundo en la construcción, la ingeniería, la automoción y otras industrias. En diciembre de 2019, más de 40 personas, en su mayoría trabajadores, murieron en un incendio en una fábrica en Delhi, la capital de India. Cuando estalló el incendio, los trabajadores estaban dormidos dentro de la fábrica que producía mochilas escolares.
Las empresas multinacionales, algunas de las entidades más ricas y poderosas del mundo (69 de las 100 entidades más ricas del mundo son corporaciones, no países), a menudo han eludido la rendición de cuentas cuando sus operaciones han dañado a trabajadores, comunidades circundantes o el medio ambiente. Y los gobiernos alineados con compañías poderosas a menudo han optado por no regular la actividad corporativa, y en ocasiones no han aplicado o incluso han eliminado protecciones existentes para los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente.
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos proporcionan directrices voluntarias para las empresas sobre sus responsabilidades en materia de derechos humanos, pero no son exigibles. Los estándares voluntarios y los programas de certificación impulsados por la industria, que se han propagado rápidamente en los últimos años, pueden ser útiles, pero no son suficiente: muchas empresas solo actuarán cuando la ley así lo requiera. Estas normas tampoco cubren cuestiones clave de derechos humanos y medioambientales en las cadenas de suministro de las empresas, y los sistemas para supervisar el cumplimiento de las normas no siempre han sido capaces de detectar y corregir problemas. Tanto la fábrica de Rana Plaza como la represa de Brumadinho habían sido inspeccionadas por auditores contratados por las compañías unos meses antes del desastre.
La era en la que las iniciativas voluntarias eran la única forma de alentar a las empresas a respetar los derechos humanos está comenzando a dar paso al reconocimiento de que se necesitan nuevas leyes legalmente vinculantes. Aunque los debates varían según el país, la tendencia general es prometedora para los trabajadores y las comunidades que forman parte de las cadenas de suministro corporativas de las multinacionales. Cada vez más, los legisladores reconocen que las empresas deben tener en cuenta los derechos humanos, incluida la libertad de condiciones de trabajo inseguras, el trabajo forzado y el robo de salarios, y están redactando leyes que así se lo exigen.
En los últimos años, Francia, Países Bajos, Australia y el Reino Unido han aprobado leyes sobre abusos de las empresas contra los derechos humanos. Pero a algunas de las leyes existentes les falta fuerza. Australia y el Reino Unido, por ejemplo, simplemente requieren que las empresas sean transparentes sobre sus cadenas de suministro e informen sobre cualquier acción que hayan tomado para abordar problemas como el trabajo forzado o infantil, pero en realidad no exigen que eviten o remedien estos problemas. Además, ninguno de los países dispone de sanciones establecidas para las empresas que no cumplan con la ley.
La ley francesa de 2017 es la regulación más amplia y rigurosa actualmente vigente, que requiere que las compañías identifiquen y prevengan los impactos de derechos humanos y medio ambiente en sus cadenas de suministro, incluidas las compañías que controlan directamente y aquellas con las que trabajan. Las empresas en Francia publicaron los primeros “planes de vigilancia” en virtud de esta ley en 2018. El incumplimiento puede dar lugar a demandas judiciales, y la primera acción legal bajo el deber de la ley de vigilancia se presentó en octubre de 2019. Leyes como la de Francia, con requisitos para que la compañía tome medidas, consecuencias cuando falla en cumplir sus obligaciones y mecanismos para que los trabajadores exijan la rendición de cuentas a las empresas, abren la puerta a mayores protecciones para los trabajadores de todo el mundo.
El año 2020 promete más progreso para más personas. Los Parlamentos en Alemania, Suiza, Dinamarca, Canadá, Noruega, Finlandia y Austria están considerando leyes que cambiarían la forma en que las empresas abordan los derechos humanos en sus operaciones globales, yendo más allá de la transparencia y respondiendo a los requisitos para identificar los riesgos de derechos humanos en las cadenas de suministro de las empresas y tomar medidas para evitarlos.
En un avance relacionado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) está considerando si es necesaria una nueva convención global vinculante para el “trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro”, y organizará una reunión con representantes gubernamentales, sindicatos y empleadores en 2020 para explorar esta cuestión.
Mediante la adopción de una regulación sólida en la cadena de suministro, los países crearán una nueva expectativa internacional de comportamiento responsable para las empresas y garantías más rigurosas de derechos humanos para millones de trabajadores, como Ruth, que luchan por sobrevivir en las minas, las fábricas y los campos agrícolas.
