Disturbios en Ferguson alertan sobre la necesidad de una supervisión efectiva y transparencia
20 de Agosto de 2014
A lot of the poor policing we’re seeing in Ferguson may be going on elsewhere in the United States. Holder should press state and local officials to review their regulations and policies on policing, but he should also look at ways the federal government may be contributing to the problems there.
Alba Morales, US criminal justice researcher

(Ferguson) –El Fiscal General de Estados Unidos Eric Holder debería exigir a funcionarios del estado y autoridades locales de Ferguson, Missouri que impulsen la modificación de prácticas policiales para asegurar un mayor respeto de derechos fundamentales, señaló hoy Human Rights Watch. Durante su visita a Ferguson, este 20 de agosto de 2014, Holder debería además dar su apoyo a reformas federales que podrían contribuir a superar la consternación suscitada en torno a prácticas policiales y discriminación racial durante las protestas que han tenido lugar en esa ciudad en los últimos 10 días.

“La actuación policial deficiente que hemos visto en Ferguson podría estar ocurriendo en el resto del territorio de Estados Unidos”, observó Alba Morales, investigadora en justicia penal estadounidense de Human Rights Watch, quien sigue atentamente la situación en Ferguson desde el 17 de agosto. “Holder debería exhortar a funcionarios del estado y locales a que revisen sus reglamentaciones y políticas sobre intervención policial, pero también debería evaluar si el gobierno federal está contribuyendo a los problemas que ocurren allí”.

Las protestas en Ferguson, un suburbio de población mayormente afroamericana al norte de St. Louis, se desencadenaron luego de que Michael Brown, un joven de 18 años que no estaba armado, muriera el 9 de agosto como resultado de disparos efectuados por un policía. Si bien se informaron algunos saqueos, numerosos medios de noticias y versiones de testigos han calificado a las protestas como mayormente pacíficas.

La Policía ha respondido con medidas intimidatorias —como apuntar con fusiles de asalto militares a manifestantes pacíficos y desplegar vehículos blindados— que cercenan el ejercicio pacífico del derecho de reunión y expresión. Sus miembros también han aplicado la fuerza de manera presuntamente innecesaria o excesiva, por ejemplo, al disparar gases lacrimógenos y balas de goma contra la multitud, y detener arbitrariamente a periodistas que cubrían los acontecimientos.

La respuesta policial a las protestas también concitó preocupación con respecto a si se puede esperar algún tipo de rendición de cuentas de las autoridades de seguridad pública, indicó Human Rights Watch. Algunos policías no llevaban placas identificatorias ni con números visibles, según señalaron testigos. Al inicio de la respuesta policial intervinieron cuatro organismos de seguridad pública, pero los funcionarios en el lugar se negaron a identificar cuál era el organismo a cargo. Esto dificultó la posibilidad de determinar si cada uno de los organismos contaba con políticas sobre uso de la fuerza y si estaban siendo cumplidas.

Varios residentes de Ferguson expresaron a Human Rights Watch su frustración debido a la aparente falta de vías claras para denunciar irregularidades en la conducta policial, y advirtieron sobre la inexistencia de un mecanismo de supervisión policial transparente y efectivo. Diversos grupos comunitarios han pedido que se conforme un consejo civil de evaluación policial en Ferguson. A su vez, si bien el estado de Missouri ha llevado a cabo un seguimiento de datos sobre controles de tránsito desde 2000, los incidentes motivados por medidas basadas en criterios raciales van más allá de estos controles, y el estado no informa exhaustivamente sobre incidentes de uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad pública, expresó Human Rights Watch.

Missouri y otros estados interesados en mejorar las relaciones entre la comunidad y la Policía deberían evaluar la posibilidad de sancionar leyes que exijan a los gobiernos locales realizar un seguimiento a supuestos incidentes de uso excesivo de la fuerza por funcionarios de seguridad pública y recabar datos que ayuden a identificar prácticas que respondan a intencionalidades persecutorias de tipo racial, observó Human Rights Watch. Los gobiernos locales deberían considerar fortalecer las facultades de los consejos civiles de supervisión para que examinen incidentes de presunto uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad pública, y dicten capacitación a estos funcionarios que contribuya a reconocer y erradicar prácticas policiales tendenciosas.

El 11 de agosto, Holder anunció que se iniciaría una investigación federal sobre la muerte de Brown. Esta se impulsa simultáneamente con una investigación del fiscal del condado de Saint Louis, Bob McCulloch. El gobernador de Missouri puede dar instrucciones a la Fiscalía General de ese estado para que investigue también la muerte de Brown, si McCulloch lo solicita.

Human Rights Watch instó al Fiscal General Holder a adoptar las siguientes medidas en el ámbito federal:

·         Exigir mejoras en la recopilación de datos a nivel federal sobre uso excesivo de la fuerza por autoridades de seguridad pública federales, de los estados, locales y tribales. La legislación federal (42 USC 14142) exige al Fiscal General de EE. UU. recopilar información sobre uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad pública, pero no obliga a las autoridades de aplicación de la ley de los estados, locales y tribales a presentar información al gobierno estadounidense sobre incidentes de esta naturaleza. El Departamento de Justicia no ha recabado estos datos de manera tal que puedan tener un fin útil, o bien no ha estado en condiciones de hacerlo. Holder debería trabajar con el Congreso para establecer incentivos destinados a que las autoridades de los estados y locales aporten datos sobre incidentes de uso excesivo de la fuerza.
 

·         Exhortar al Congreso a que sancione la Ley para la Erradicación de Perfiles Raciales (End Racial Profiling Act). La Ley para la Erradicación de Perfiles Raciales, que fue copatrocinada por el presidente Barack Obama cuando este era senador, aún está siendo tratada en el Congreso de Estados Unidos. La norma supeditaría en parte la entrega de fondos federales a una certificación de los organismos de seguridad pública locales, que garantice que sus miembros han recibido capacitación orientada a erradicar prácticas que causan o fomentan la aplicación de criterios raciales. La capacitación destinada a eliminar prácticas que responden a criterios raciales podría ayudar a funcionarios de seguridad pública locales a identificar intencionalidades persecutorias y cómo estas pueden afectar las decisiones relativas a actuación policial y la interacción con miembros de la comunidad.
 

·         Actualización de pautas, y mayor orientación sobre perfiles raciales a nivel federal. El periódico The New York Times informó en abril que el Departamento de Justicia estaba próximo a emitir una versión actualizada y más rigurosa de sus Pautas sobre Uso de Criterios Raciales por Organismos Federales de Aplicación de la Ley (Guidance Regarding the Use of Race by Federal Law Enforcement Agencies), que fueron adoptadas inicialmente por el gobierno de George W. Bush en 2003. La versión actualizada aún no ha sido difundida.

“Los disturbios en Ferguson alertan sobre problemas más profundos en las prácticas policiales en EE. UU.”, aseveró Morales. “La población de Ferguson está reclamando que haya cambios. Y el Fiscal General Holder debería ofrecerles una oportunidad genuina de reforma”.