4 de Diciembre de 2013
Que Peña Nieto pareciera reconocer los errores de la “guerra” torna aún más desconcertante el hecho de que los haya repetido.

Cuando asumió la presidencia de México un año atrás, Enrique Peña Nieto prometió adoptar una nueva estrategia contra los carteles de narcotráfico que existen en el país. Su antecesor, Felipe Calderón, había declarado en 2007 una “guerra contra el narcotráfico” que tuvo consecuencias nefastas. Más de 70.000 personas fueron asesinadas y otras 26.000 “desaparecieron” a manos de miembros de las fuerzas de seguridad o fueron denunciadas como extraviadas.

Para muchos en México, poco importó que Peña Nieto no ofreciera detalles concretos sobre cómo pensaba concluir la “guerra”, bastó con que se dispusiera a hacerlo. De hecho, ningún otro tema tuvo mayor incidencia en su elección. Peña Nieto se comprometió a ampliar su agenda de gobierno para incluir reformas en materia de energía, trabajo y educación.

La forma categórica en que él y sus ministros identificaron los fracasos de la estrategia de Calderón, la cual dependió casi exclusivamente del uso de fuerzas de seguridad abusivas y mal preparadas para combatir la delincuencia organizada, generó esperanzas de que pudieran abordar el problema desde otro enfoque.

El mismo Peña Nieto sostuvo que asegurar que policías y soldados respetaran los derechos humanos era una condición indispensable, y no un obstáculo, para reforzar la seguridad. El nuevo gobierno también reconoció que los esfuerzos por profesionalizar a las fuerzas de seguridad debían ser complementados con una formación más eficaz de los fiscales para que pudieran llevar adelante investigaciones destinadas a desarticular los carteles.

Que Peña Nieto pareciera reconocer los errores de la “guerra” torna aún más desconcertante el hecho de que los haya repetido. Consideremos el ejemplo del estado de Michoacán: cuando la violencia asociada al narcotráfico ascendió vertiginosamente a comienzos del mandato de Peña Nieto, la solución que este implementó fue recurrir a las mismas fuerzas de seguridad cuyo desempeño había sido cuestionado. Envió a miles de soldados sin asignarles una misión clara ni establecer plazos para su retirada, y tampoco se previeron medidas de supervisión civil ni capacitación adecuada. Michoacán fue, como lo comprobaron los mexicanos, el primer lugar adonde Calderón envió soldados.

Sin embargo, no resulta sorprendente que esta estrategia no haya tenido resultados exitosos. En octubre, tras una serie de atentados contra estaciones eléctricas que fueron orquestados por carteles en forma coordinada, medio millón de personas quedaron a oscuras en Michoacán. En noviembre, el obispo católico de la región publicó una carta en la cual hablaba de un “Estado fallido”. Entonces Peña Nieto envió a más soldados y policías.

¿Cómo se explica esta insistencia en continuar una política que ha fracasado? Una posibilidad sería que Peña Nieto crea que la crisis de seguridad es demasiado grave como para ser remediada, y por ello se estaría enfocando en otras áreas, como la economía, en las cuales considera que sí puede impulsar cambios. Sin duda, en México las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales no han inspirado demasiada confianza. Y los carteles se han vuelto cada vez más sofisticados. No obstante, que se trate de problemas enquistados no significa que sean insuperables. Por el contrario, Peña Nieto tiene a su alcance herramientas que permitirían mejorar el modo en que el gobierno combate la delincuencia. El problema radica en que no las está aplicando.

Consideremos el sistema judicial desintegrado del país, donde el 98 por ciento de los delitos denunciados el año pasado han quedado impunes. En 2008, México aprobó un audaz plan para dejar atrás un sistema poco transparente –donde la mayoría de los jueces adoptan decisiones exclusivamente sobre la base de informes escritos– y reemplazarlo por un sistema de juicios públicos donde los jueces pueden ver y escuchar a los acusados. El propósito de la reforma era erradicar muchas de las prácticas más repudiables del sistema, en el cual la investigación de delitos muchas veces implicaba propinar golpizas a presuntos delincuentes para conseguir una confesión. Sin embargo, Peña Nieto prácticamente no ha destinado recursos ni apoyo político a la iniciativa. En algunas partes de México, la implementación ha sido tan deficiente que algunos comienzan a percibir al nuevo sistema como una herramienta que no hace otra cosa que proteger a delincuentes en vez de impartir justicia.

Otra posibilidad es que, al perpetuar el extenso poder militar y renunciar a la investigación de abusos cometidos durante el mandato de Calderón, Peña Nieto se haya asegurado el apoyo del Ejército y de la oposición política para el resto de su programa de gobierno. Sin embargo, en lo que respecta al objetivo de seguridad versus otras reformas, no nos encontramos ante opciones excluyentes.

Difícilmente puedan mejorarse las escuelas si los docentes tienen que entregar parte de su salario a los carteles, como sucedió en el estado de Guerrero durante el gobierno de Calderón. Las empresas de energía tendrán poco interés en invertir en un país donde –según datos proporcionados por el gobierno de Peña Nieto en julio– se ha duplicado la cantidad de conexiones clandestinas, en gran medida por obra de la delincuencia organizada.

De hecho, si este gobierno continúa apoyando todos los aspectos de la “guerra contra el narcotráfico”, y de lo único que prescinde es del nombre de esa estrategia, Peña Nieto podría advertir en el futuro próximo que gran parte de su agenda de reforma ha sido frustrada por la política de seguridad que mantuvo vigente. Y, como lo demuestra este primer año, la violencia y los abusos continuos han tenido un saldo devastador en términos de vidas humanas, que promete seguir agravándose.

 

 

 

 

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