(Washington, D.C.) – Una histórica reforma a la ley de inmigración que otorga estatus legal a millones de personas y reduce su vulnerabilidad a los abusos de los derechos humanos ha superado un obstáculo importante, señaló hoy Human Rights Watch.
La Ley del Senado 744 (Ley de seguridad fronteriza, oportunidad económica y modernización de la inmigración) crea un camino a la ciudadanía para la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que actualmente viven en Estados Unidos, pero vincula la legalización a una expansión sin precedentes de las medidas de seguridad en la frontera. El Senado de EE.UU. aprobó el proyecto de ley con una votación de 68 a 32 en la tarde del 27 de junio de 2013.
“Ya era tiempo de que EE.UU. abordara un sistema de inmigración que divide a miles de familias y niega el debido proceso legal”, dijo Antonio Ginatta, director de incidencia del programa sobre EE.UU. de Human Rights Watch. “Al aprobar este proyecto de ley, al margen de lo defectuosa que sea, el Senado ha dado un importante primer paso”.
El proyecto de ley del Senado incluye varias disposiciones que mantendrían unidas a las familias integradas por miembros con diferentes estatus legales. El proyecto de ley permite a los jueces de inmigración detener el proceso de deportación si perjudicara a un padre, cónyuge o hijo que tenga la ciudadanía estadounidense. La ley también otorga a la secretaría de Seguridad Nacional la discreción para permitir que algunas personas que ya fueron expulsadas del país, pero que conservan fuertes lazos familiares en EE.UU., regresen y soliciten la legalización.
Si bien concede estatus legal temporal a la mayoría de inmigrantes indocumentados que viven en EE.UU., el proyecto de ley deniega esta oportunidad a numerosas personas que no son ciudadanos y tienen antecedentes penales. No provee ninguna oportunidad para presentar pruebas de circunstancias atenuantes, tales como, el factor tiempo, el crimen ocurrió hace mucho tiempo o el inmigrante puede demostrar que se ha rehabilitado. También mantiene en vigor disposiciones que obligan a la deportación de extranjeros con antecedentes penales, incluso por delitos menores, sin la oportunidad de una audiencia completa ante un juez, que ya ha provocado la permanente separación de decenas de miles de familias.
La ley toma algunas medidas para alinear mejor los esfuerzos por hacer cumplir la ley de inmigración y las prácticas de detención con los requisitos de derechos humanos. Por ejemplo, requiere que el gobierno designe un abogado para los niños y las personas con discapacidades mentales en el proceso inmigratorio. También permite una reducción del uso de la detención inmigratoria obligatoria y restringe el uso de la incomunicación durante estas detenciones. Además, elimina el arbitrario plazo de un máximo de un año para la presentación de la documentación para los solicitantes de asilo, que es contrario a los requisitos de la legislación internacional de derechos humanos.
Desafortunadamente, el proyecto de ley del Senado también financia una amplia expansión de los procesos penales por cruzar la frontera. Tal como reportó recientemente Human Rights Watch, estos procesos a menudo no atacan las auténticas amenazas a la seguridad pública o nacional e imponen enormes costos humanos y financieros.
Para reunir votos adicionales en el Senado, el proyecto de ley fue modificado para incluir un “impulso” a la seguridad fronteriza, según la descripción de los proponentes de esta enmienda. La enmienda financiará 20.000 agentes adicionales de Control Fronterizo a lo largo de la frontera y la construcción de otras 350 millas de cercas que impidan el paso. Sólo cuando se cumplan estos requisitos y otros, los inmigrantes con estatus inmigratorio provisional podrán solicitar la residencia permanente legal.
Ahora, la ley pasará a la Cámara de Representantes para su consideración, donde afronta un futuro incierto, advirtió Human Rights Watch. La Cámara ha señalado que podría no considerar el proyecto de ley del Senado y en su lugar aprobar su propia serie de reformas menores, que podrían excluir un camino a la legalización.
“Una reforma inmigratoria que ignora el estatus legal de 11 millones de personas no es una reforma”, señaló Ginatta. “La Cámara de Representantes debería actuar de manera integral para abordar este amplio sistema de abuso”.
