(Washington, DC) – Venezuela debe poner fin a las medidas de censura e intimidación contra medios que cuestionan la versión oficial sobre la salud del Presidente Hugo Chávez y su toma de posesión, señaló hoy Human Rights Watch.
En los últimos días, el gobierno ordenó a un canal de televisión que interrumpiera la transmisión de programas donde se objetaba la interpretación que las autoridades han dado a los requisitos constitucionales para la asunción del presidente Chávez, recientemente reelecto. Agentes de inteligencia confiscaron varias computadoras durante una requisa en la vivienda de un bloguero que, a través de Twitter, habría cuestionado la información oficial sobre la salud de Chávez.
“A lo largo de los años, el gobierno de Chávez ha construido un régimen jurídico que le permite censurar y sancionar a sus detractores, lo cual contraviene abiertamente las normas internacionales”, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Y ahora emplea estas leyes para limitar el debate público sobre temas de importancia nacional”.
El 9 de enero de 2013, el organismo de telecomunicaciones controlado por el gobierno, CONATEL, ordenó al canal de televisión Globovisión que interrumpiera la transmisión de cuatro anuncios donde se muestran extractos de discursos oficiales y distintos artículos de la Constitución venezolana criticando la posición del gobierno sobre la posibilidad de que la ceremonia de juramento tuviera lugar el 10 de enero —fecha estipulada en la Constitución— sin la presencia física del presidente en Venezuela. Más aun, la restricción no se limita a los cuatro anuncios, sino que además impide que el canal trasmita “cualquier video similar”.
Para fundamentar esta resolución, CONATEL invocó el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que fue sancionada por la Asamblea Nacional chavista en 2004 y reformada en 2010 con el objeto de prohibir que emisoras de radio y televisión difundieran contenidos que “fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”, “desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas”, o “inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas [o] políticas”.
CONATEL anunció además que había iniciado una investigación de los anuncios de Globovisión que podría dar lugar a la aplicación de sanciones administrativas. Globovisión, el único canal de televisión con cobertura nacional que aún mantiene una programación crítica de las políticas de Chávez, enfrenta otros seis procedimientos administrativos y ya ha sido sancionado con una fuerte multa de dos millones de dólares, conforme al artículo 27. Otro pronunciamiento contra el canal podría implicar una nueva multa, la suspensión de su señal o la revocación de su licencia.
El 6 de enero, agentes del servicio de inteligencia nacional allanaron la vivienda de Federico Medina Ravell, un empresario que ha sido señalado reiteradamente en la televisión pública como el presunto autor de mensajes de Twitter en los cuales se cuestionaba la información que el gobierno ha proporcionado sobre el estado de salud de Chávez. El Sr. Medina Ravell, que no se encontraba presente durante el allanamiento, manifestó en una entrevista publicada en Internet que agentes de inteligencia habían detenido a su esposa e hijos durante varias horas, y se llevaron dos computadoras de su vivienda. En un comunicado emitido el 8 de enero, el Ministerio Público confirmó que las computadoras habían sido confiscadas e indicó que Medina Ravell estaba siendo investigado por “instigación al terrorismo a través de las redes sociales”.
“No hay ningún elemento en las transmisiones de Globovisión que pueda, aun remotamente, calificarse como incitación o alteración del orden público”, expresó Vivanco. “Y sería indignante que se persiguiera por terrorismo al autor de un blog por cuestionar información oficial sobre la salud del Presidente Chávez”.
