El gobierno no debería permitir que activistas sufran represalias por su trabajo
10 de Marzo de 2011
La incapacidad del gobierno de Lobo de asegurar que los defensores de derechos humanos puedan trabajar y expresar su opinión sin sufrir represalias es frustrante. Si una persona con los antecedentes y la exposición internacional de Leo Valladares recibe amenazas serias y creíbles, no hay dudas de que la comunidad de defensores de derechos humanos de Honduras se encuentra en riesgo.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch

(Washington, DC) - Las autoridades hondureñas deberían realizar una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de las graves amenazas recibidas recientemente por el destacado defensor de derechos humanos Leo Valladares Lanza, señaló hoy Human Rights Watch. Valladares es ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Valladares informó a Human Rights Watch que, luego de cuestionar que las Fuerzas Armadas detentan un amplio poder en Honduras desde el golpe de estado de 2009, ha recibido llamadas intimidatorias, su vivienda estaba siendo vigilada y advirtió que estaba siendo seguido por desconocidos. A mediados de febrero de 2011, Valladares señaló durante un programa de televisión que las Fuerzas Armadas ejercían demasiada influencia en los asuntos de gobierno. Según los medios de prensa, Sandra Ponce, titular de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, y Ana Pineda, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, afirmaron que investigarían las amenazas.

"La incapacidad del gobierno de Lobo de asegurar que los defensores de derechos humanos puedan trabajar y expresar su opinión sin sufrir represalias es frustrante", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Si una persona con los antecedentes y la exposición internacional de Leo Valladares recibe amenazas serias y creíbles, no hay dudas de que la comunidad de defensores de derechos humanos de Honduras se encuentra en riesgo".

Durante las últimas tres semanas, Valladares recibió varios llamados anónimos en su vivienda. Estas personas pedían hablar con el hijo de Valladares, Rodrigo, quien fue asesinado en enero de 2009, y luego se reían. Valladares dijo a Human Rights Watch que tanto él como su familia estaban atemorizados por los llamados, ya que nadie había sido condenado por la muerte de Rodrigo.

El 21 de febrero, un fiscal observó que Valladares estaba siendo seguido por un conductor de taxi y pidió a la policía que lo escoltara hasta su casa. Unos días después, Valladares vio a esta misma persona fuera de su vivienda y llamó a la policía. Luego de interrogar al conductor, los policías sugirieron a Valladares y a su familia que se fueran del país y adoptaran otras medidas de seguridad.

Valladares informó a Human Rights Watch que actualmente está fuera del país debido a compromisos académicos que había asumido previamente, pero que tiene previsto regresar a Honduras en poco tiempo.

Valladares se desempeñó como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras entre 1992 y 2002. Durante su mandato, este organismo preparó el primer informe preliminar oficial sobre los "desaparecidos" en Honduras. Acaba de jubilarse como docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde enseño derecho durante 45 años. Participó en diversas organizaciones no gubernamentales de Honduras a durante varias décadas, y dirige actualmente la Asociación para una Ciudadanía Activa.

Los Estados tienen una obligación especial de proteger a los defensores de derechos humanos contra riesgos que puedan enfrentar como resultado directo de su trabajo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho hincapié en la importancia del trabajo de los defensores de derechos humanos al expresar, por ejemplo, que "el respeto de los derechos humanos en un Estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades, y que es conveniente prestar particular atención a acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos".

En diciembre de 2010, Human Rights Watch presentó el informe, "Después del Golpe de Estado: Continúan la violencia, la intimidación y la impunidad en Honduras", donde se documenta que el Estado no ha adoptado medidas para garantizar la justicia por los abusos cometidos en 2009 durante el gobierno de facto. El informe también documenta 47 casos de amenazas o ataques -incluidos 18 asesinatos- contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos ocurridos desde que Porfirio Lobo asumió la presidencia en enero de 2010. El informe señala que la falta de rendición de cuentas, sumada a la violencia y las amenazas que continúan, han logrado inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y participación política en Honduras, especialmente entre quienes se opusieron al golpe de estado de 2009.

"Es crucial que los fiscales impulsen una investigación seria de estos hechos", afirmó Vivanco. "El gobierno debe adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la seguridad de Valladares cuando regrese a Honduras".

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