Cuando llegué al refugio de Tijuana, las mujeres –alrededor de una docena en total— habían terminado de desayunar. Al igual que mucha gente en las ciudades fronterizas de México con Estados Unidos, habían sido deportadas de EE.UU. por no tener la documentación adecuada. Cuando les pregunté si tenían niños que vivían en EE.UU., la mayoría levantó la mano y empezó a llorar. Todas estas madres extrañaban a sus hijos, pero no podían regresar legalmente a sus familias en EE.UU. Repartí unos cuantos kleenex. En estos días, siempre llevo kleenex conmigo.

“La finalidad del permiso de trabajo no es que puedas hacerte rico, sino que puedas subsistir”, dijo un ciudadano egipcio que escapó de su país y solicitó asilo en Estados Unidos luego de que un grupo extremista lo golpeara e intentara secuestrar a su esposa e hija. Tras huir de la persecución en su propio país de origen, las personas que piden asilo, como este hombre en Nueva Jersey, se enfrentan a una nueva modalidad de maltrato en Estados Unidos: el gobierno de ese país no les permite trabajar mientras se encuentra en curso un proceso de asilo que muchas veces resulta simplemente interminable.

El gobierno estadounidense debería reformar en forma urgente su injusto sistema inmigratorio para reconocer los derechos fundamentales de personas extranjeras y ofrecer una vía para que los inmigrantes no autorizados en el país puedan regularizar su situación legal.

El acuerdo bipartidista para una reforma migratoria presentado por ocho senadores de Estados Unidos el 28 de enero de 2013, representa un marco útil, pero es necesario un desarrollo más detallado que proteja los derechos fundamentales de los inmigrantes.