En la mañana del pasado 21 de septiembre, un juez se presentó ante el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada en San Salvador con una orden judicial para inspeccionar los archivos militares sobre la masacre de 1981 en El Mozote, una de las mayores matanzas en la historia reciente de América Latina. Un grupo de soldados obstruyó el ingreso del juez, desobedeciendo abiertamente la orden judicial. El juez intentó realizar la inspección en otros seis cuarteles militares durante las siguientes semanas, pero en cada oportunidad los soldados le negaron el acceso.
Fue un durísimo revés para los salvadoreños que exigen justicia ante uno de los episodios más brutales de los 12 años de guerra civil que vivió el país. El desacato de los militares significa, además, que el Presidente Nayib Bukele incumplió su compromiso de garantizar pleno acceso a los archivos militares.
Tres días después de que el juez intentara hacer cumplir la orden judicial, Bukele respaldó públicamente la negativa de las fuerzas militares. El presidente alegó que el juez “no [tenía] jurisdicción sobre la Fuerza Armada”. Además, afirmó que el presidente era la única autoridad facultada para desclasificar archivos militares.
Bukele acusó al juez de responder ante “intereses políticos”. Esta acusación fue en parte una maniobra para desviar la atención del desacato militar a una decisión de la justicia.
A casi 40 años de la masacre, el recuerdo de la matanza sigue estremeciendo a los salvadoreños. Parte del horror radica en la escala de la masacre. Entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, el Ejército salvadoreño mató a 978 personas, incluyendo 533 niños y niñas, en la localidad de El Mozote y lugares aledaños. El Batallón Atlacatl, una fuerza militar entrenada en Estados Unidos y enviada al lugar para combatir guerrillas de izquierda, sacó a civiles desarmados de sus casas en mitad de la noche y los ejecutó masivamente. Muchos de ellos fueron violados y torturados.
El Presidente Bukele señaló que “la mayoría de los archivos [vinculados con la masacre] fueron destruidos”. Asimismo, manifestó que entregaría al juez “todos los archivos militares existentes”. Pero Bukele no ofreció ninguna explicación sobre la supuesta destrucción de los documentos, ni tampoco pidió que se investigara lo ocurrido.
El 27 de octubre, el juzgado habría recibido los archivos militares que Bukele dijo haber encontrado tras realizar una búsqueda en los cuarteles militares. Sin embargo, el contenido de los archivos sería, en su mayoría, el mismo que el gobierno anterior ya habría entregado a la justicia, y en los cuales solo se dejaba constancia que la presidencia no disponía de información militar sobre la masacre. En cualquier caso, puesto que el juez no puede ingresar por sus propios medios a la sede militar para revisar los archivos, es imposible verificar si todos los documentos relacionados con la masacre han sido entregados.
A las víctimas y familiares de la masacre de El Mozote les ha sido negada la justicia durante años. En 1990, casi 10 añosdespués de la matanza, un juez finalmente abrió una investigación; sin embargo, tres años después una Ley de Amnistía dio el proceso por terminado. Afortunadamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en 2012 que la ley de amnistía no debía ser aplicada a violaciones de derechos humanos. La Corte estableció la responsabilidad de El Salvador ante la masacre y ordenó al país realizar investigaciones para que los autores respondieran por sus acciones y garantizar reparaciones a las víctimas.
En 2016, la propia Corte Suprema de El Salvador declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y un juez reanudó la causa. Hasta el momento, se ha imputado a 17 excomandantes del Ejército y un exministro de Defensa por asesinato, violación sexual, desaparición forzada, tortura y otros delitos.
Al asumir su mandato, Bukele aseguró que su gobierno reivindicaría los derechos de las víctimas de la masacre aun “sin orden judicial”. De hecho, su primera medida como presidente fue retirar de un muro de un cuartel militar el nombre del coronel Domingo Monterrosa, el comandante del batallón responsable por la masacre de El Mozote. El gesto parecía anticipar un punto de inflexión histórico en el compromiso del gobierno salvadoreño con la justicia.
Sin embargo, con el respaldo de Bukele el Ejército ha obstruido de manera manifiesta el accionar de la justicia, contribuyendo a asegurar la impunidad de los responsables de estos brutales crímenes. Casi 40 años después de la masacre en El Mozote, las víctimas siguen esperando que se haga justicia.
