(Washington, DC) – Un importante proyecto de ley de reforma de la justicia penal en Estados Unidos, presentado ante el Congreso el 25 de junio de 2015, podría mejorar la justicia de las condenas a penas federales y proteger mejor los derechos de los prisioneros, dijo hoy Human Rights Watch. El proyecto de ley, conocido en inglés por las siglas SAFE por Ley de Justicia Segura, Responsable, Equitativa y Eficaz, está respaldada por los congresistas Jim Sensenbrenner, de Wisconsin, y Bobby Scott, de Virginia.
“Las prisiones federales están repletas de personas cumpliendo sentencias ridículamente largas”, dijo Antonio Ginatta, director de incidencia del programa de EE.UU. de Human Rights Watch. “El proyecto de Ley de Justicia SAFE propone valiosas reformas que abordan algunos de los abusos de ‘la era de la mano dura’ contra la delincuencia”.
La Ley de Justicia SAFE propone reformas en todas las etapas del proceso de justicia penal, desde la detención preventiva a la libertad condicional después de salir de la cárcel. Adopta principios generales de justicia penal respaldados por Human Rights Watch, incluyendo, por ejemplo, la elegibilidad para la aplicación retroactiva de reducciones de sentencia. Varias secciones del proyecto de ley proponen específicamente reformas que fueron analizadas en varios informes recientes de Human Rights Watch:
- La Ley de Justicia SAFE reformaría los estatutos de sentencias federales para promover resultados más justos. Modificaría las sentencias mínimas obligatorias para que excluyeran a las personas cuyo papel en un delito de drogas es mínimo o de bajo nivel. El proyecto de ley también concedería mayor discreción a los jueces mediante “válvulas de seguridad” para que impongan a los delincuentes penas por delitos de drogas más cortas que las exigidas por las mínimas obligatorias. También reduciría los agravantes de sentencia que actualmente pueden convertir una pena de 10 años en una cadena perpetua debido a antecedentes por delitos previos de drogas. Con estas reformas, los fiscales ya no podrían amenazar con sentencias extraordinariamente severas e injustas en los casos federales de drogas, tal como documentó Human Rights Watch en un informe de 2013.
- El proyecto de ley también introduciría muchos cambios necesarios al programa federal de excarcelación por motivos humanitarios (compassionate release). Tal como documentó Human Rights Watch en 2012, la Agencia Federal de Prisiones de EE.UU. ha infrautilizado este programa de liberación compasiva, que concede la liberación anticipada cuando existen razones “extraordinarias e imperiosas”. La Ley de Justicia SAFE concedería a las personas en prisión el derecho a solicitar directamente al tribunal la excarcelación por motivos humanitarios, sin requerir la aprobación previa de la Agencia Federal de Prisiones, como es ahora el caso. También permitiría al preso solicitar la liberación compasiva en los casos que involucraran la muerte o incapacitación del cuidador principal.
- La Ley de Justicia SAFE exigiría que el Fiscal General de EE.UU. proporcione una capacitación al personal penitenciario federal sobre cómo identificar y responder mejor a las personas con discapacidad mental bajo su custodia, así como técnicas de apaciguamiento para sus respuestas. Esta provisión es consistente con una recomendación clave de un reciente informe de Human Rights Watch sobre el uso de fuerza excesiva contra presos con discapacidad mental.
La Ley de Justicia SAFE es el resultado del grupo de trabajo del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre el exceso de criminalización, presidido por Sensenbrenner y con Scott como miembro de alto rango. Autorizado en 2013, el grupo de trabajo evaluó el aumento masivo de delitos penales federales y el crecimiento de la población en las prisiones federales desde 1980. Human Rights Watch presentó su testimonio ante el grupo de trabajo sobre la cuestión de las sentencias federales desproporcionadamente largas.
La presentación de la Ley de Justicia SAFE en la Cámara de Representantes sigue a la introducción de proyectos de ley de reformas en el Senado, entre ellas la Ley de Condena Inteligente, que reduciría a la mitad la duración de ciertas sentencias mínimas obligatorias para delitos de drogas, y la deficiente Ley de Correcciones que, de la manera en que fue aprobada, no aborda en absoluto las sentencias mínimas obligatorias ni los agravantes de sentencia.
El Congreso debería aprobar la Ley de Justicia SAFE, así como las reformas adicionales, para poner las condenas federales en línea con los principios de proporcionalidad, justicia y respeto por la dignidad humana, recomendó Human Rights Watch.
“La Ley de Justicia SAFE no es una panacea, pero sí un proyecto de ley inteligentemente diseñado que podría alinear mejor el sistema penitenciario federal con sus obligaciones de derechos humanos”, dijo Ginatta. "Es una vía que ofrece una esperanza de cambio”.
