Las palizas de migrantes en la frontera del enclave norteafricano de Melilla deben ser investigadas.
18 de Agosto de 2014
El derecho de España de proteger sus fronteras no le da carta blanca para abusar de los migrantes. El gobierno central y las autoridades locales en Melilla tienen que parar las deportaciones ilegales y emprender acciones contra cualquier agente de la Guardia Civil que haga uso excesivo de la fuerza contra los migrantes.
Benjamin Ward, subdirector de Europa y Asia Central

(Berlín) – España debe terminar inmediatamente con las deportaciones sumarias a Marruecos de migrantes desde su enclave norteafricano de Melilla. España debe también investigar las evidencias de que agentes de la Guardia Civil golpean a los migrantes en la valla fronteriza.

“El derecho de España de proteger sus fronteras no le da carta blanca para abusar de los migrantes”, digo Benjamin Ward, subdirector de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “El gobierno central y las autoridades locales en Melilla tienen que parar las deportaciones ilegales y emprender acciones contra cualquier agente de la Guardia Civil que haga uso excesivo de la fuerza contra los migrantes”.

Durante la semana del 11 de agosto de 2014, numerosos grupos de migrantes procedentes de países subsaharianos sin identificar intentaron saltar la triple valla de seis metros de alto que separa Marruecos de Melilla. Medios de comunicación, citando a las autoridades locales españolas en Melilla, indican que aproximadamente 700 personas intentaron entrar al enclave el 12 de agosto, y otras 600 el 13 de agosto.

Material audiovisual filmado por un periodista y al que ha tenido acceso Human Rights Watch muestra dos incidentes, ocurridos el 13 de agosto, en los que agentes uniformados golpean a migrantes en la parte intermedia de la valla, situada en territorio español, justo dentro de la frontera.

En uno de los incidentes, se ve cómo un agente uniformado golpea con una porra a un migrante que parece estar colgando de una cuerda y luego cómo éste cae al suelo. En el otro, un agente golpea a los migrantes con una porra mientras tratan de trepar por una sección de la valla fronteriza.

Los cascos y los uniformes oscuros que visten los agentes que golpean a los migrantes parecen ser los mismos con los que se puede ver a los agentes de la Guardia Civil, policía paramilitar española, en otras partes del video y son diferentes de los uniformes color verde claro usados por los agentes de frontera marroquíes.



Un informe del Huffington Post España dice que al menos tres migrantes que fueron llevados a hospitales españoles el 13 de agosto tenían contusiones, al menos una de los incidentes como resultado de una caída. El camarógrafo y otro periodista que fueron testigos de los incidentes en la valla fronteriza aquel día dijeron a Human Rights Watch que algunos migrantes heridos permanecieron en el suelo durante horas después de caer de la valla, sin recibir asistencia médica.

El material audiovisual muestra a dos personas que están siendo arrastradas a la fuerza por agentes de la Guardia Civil en el lado español de la frontera, hacia una puerta en la valla y devueltas a Marruecos. Un periodista presente cuando el video fue grabado confirmó que vio cómo los agentes de la Guardia Civil entregaban estas dos personas a agentes marroquíes en su lado de la valla.

El Diario informó que agentes de la Guardia Civil devolvieron de forma sumaria a 60 migrantes desde Melilla a Marruecos el 12 y 13 de agosto. No está claro qué sucedió con los otros cientos que intentaron cruzar hacia Melilla. Las deportaciones sumarias continuaron el 14 de agosto, según los dos periodistas que estuvieron allí y los medios de comunicación.

“Devolver migrantes a Marruecos sin respetar el debido proceso podría poner vidas en peligro”, dijo Ward. “España debe terminar con estas expulsiones ilegales sin demora”.

Un portavoz de la Guardia Civil cuestionado por Human Rights Watch sobre las deportaciones sumarias y las presuntas palizas a los migrantes, declaró: “La Guardia Civil siempre, siempre, actúa de acuerdo con la ley. Cumplimos íntegramente con la ley española de extranjería”.

Bajo la ley española de extranjería o inmigración, la Guardia Civil debe acompañar a cualquier migrante detenido al entrar en España sin permiso a una comisaría de la Policía Nacional para su identificación e iniciar los procedimientos de deportación. Los migrantes tienen derecho a recibir la asistencia de un intérprete y un abogado durante el proceso, para que tengan la oportunidad de reclamar protección internacional.

Las expulsiones sumarias privan a los migrantes de su derecho a buscar asilo u otra protección internacional e impide que la Guardia Civil pueda llevar a cabo un análisis de edad a niños migrantes indocumentados, tal y como exige la ley española.

Human Rights Watch documentó en febrero el abuso a migrantes por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes y las deportaciones sumarias de España a Marruecos desde sus enclaves de Ceuta y Melilla en el informe “Abusados y expulsados. Human Rights Watch hizo un llamamiento al gobierno español para que detuviera las deportaciones sumarias a Marruecos y se abstuviera de expulsiones forzosas hasta que Marruecos cumpliera con los estándares internacionales de trato humanitario para inmigrantes y solicitantes de asilo.

Otras organizaciones no gubernamentales y un instituto español independiente de derechos humanos han documentado también deportaciones sumarias ilegales a Marruecos desde los enclaves españoles.

España debe asegurar que los migrantes son tratados humanitariamente en el territorio español. El ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, afirma que no debe considerarse que los migrantes han entrado en territorio español hasta que no hayan cruzado la “línea policial”.

Un juez español en Melilla rechazó firmemente esta postura el 5 de agosto. En respuesta a una queja presentada por varias organizaciones no gubernamentales españolas que alegaban un trato inhumano a los migrantes por parte de la gendarmería marroquí, el juez afirmó que la totalidad de la valla fronteriza, de triple refuerzo, se halla en territorio español, y que España es responsable de los abusos que ocurran allí.

Bajo la legislación internacional de derechos humanos y refugiados, y el derecho de la Unión Europea, España está obligada a evitar las devoluciones – el retorno forzoso de cualquier persona a un lugar donde enfrente un riesgo real de tortura o trato inhumano o degradante – y a ofrecer la oportunidad de buscar asilo a las personas que indiquen que tienen un miedo fundado de persecución si regresan. En diciembre de 2012, la Corte Europea de Derechos Humanos falló que Italia había violado sus obligaciones de no devolución cuando deportó sumariamente a migrantes libios interceptados en alta mar.

Bajo los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, los agentes del Estado están obligados a actuar con moderación cuando hacen uso de la fuerza, actuar de forma proporcionada, minimizar los daños y asegurar asistencia médica oportuna a las personas heridas.

“Las autoridades españolas deben llevar a cabo una investigación sobre estas acusaciones de un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Guardia Civil y llevar a los responsables ante la justicia”, dijo Ward.