(Sao Paulo) – El estado de Sao Paulo debe llevar a cabo investigaciones urgentes, exhaustivas e imparciales sobre los homicidios cometidos por la policía y garantizar que los agentes que hacen uso ilegal de la fuerza pública rindan cuentas, dijo Human Rights Watch en una carta enviada hoy al gobernador Geraldo Alckmin y el Procurador General del Estado Márcio Fernando Elias Rosa.
Human Rights Watch detalló sus conclusiones sobre las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de la policía estatal, que alegan que las muertes se producen como resultado de tiroteos. Human Rights Watch descubrió que los oficiales involucrados en estas muertes trasladan los cadáveres a hospitales para destruir pruebas de la escena del crimen con el falso pretexto de rescatarlos y, en algunos casos, plantan pruebas falsas contra sus víctimas antes de que lleguen los investigadores forenses.
“Las evidencias recabadas en varios casos ocurridos en Sao Paulo muestran un claro patrón en el que los policías ejecutan a sus víctimas para luego encubrir sus crímenes”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.“Una de las formas más efectivas para detener estos crímenes atroces es asegurar que los policías que los comete rindan cuentas, lo que enviaría un mensaje contundente de que la policía no puede ejecutar a personas y salirse con la suya”.
Human Rights Watch examinó 22 homicidios cometidos por policías entre 2010 y 2012, en las que las evidencias disponibles arrojan serias dudas sobre las declaraciones de la policía, que aseguran que el uso de la fuerza letal estaba justificada, y en cambio sugieren que estas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. En 20 de estos casos, los oficiales involucrados retiraron a las víctimas de la escena del crimen y las llevaron a hospitales en lo que describen como intentos de “rescate”. Ninguna de las 20 víctimas “rescatadas” sobrevivió.
En marzo de 2011, por ejemplo, la policía disparó a Dileone Aquino en un cementerio de Ferraz de Vasconcelos. Los funcionarios afirmaron que Aquino era un sospechoso de robar autos que resultó herido en un tiroteo tras una persecución de autos, y que lo habían llevado con urgencia a un hospital. Sin embargo, un testigo describió que vio cómo la policía sacó a Aquino de un vehículo policial y le disparó a quemarropa. Los dos agentes implicados fueron absueltos de los cargos de homicidio el 23 de mayo de 2013.
En noviembre de 2011, la policía militar informó que había disparado contra dos menores de edad, Douglas Silva y Felipe Macedo Pontes, en defensa propia, en Sao Bernardo do Campo. Sin embargo, tres testigos prestaron declaración a las autoridades, señalando que los menores no estaban armados y que, de hecho, fue la policía la que les disparó, sin provocación. Un cuarto testigo contó a los investigadores policiales que llegó al lugar y vio a Silva, desarmado, herido y en manos de la policía. El testigo recuerda que Silva le rogó que “llamara a su madre y [sus] vecinos porque la policía lo iba a matar”. La investigación de la policía civil sobre el tiroteo está todavía en curso.
Los agentes de la policía en Sao Paulo a menudo afrontan amenazas reales de violencia y, sin duda, algunas de las bajas policiales son actos legítimos de defensa propia, apuntó Human Rights Watch. Sin embargo, este patrón no necesariamente se observa en todas las muertes que se producen a manos de las autoridades de la fuerza pública.
Human Rights Watch también analizó los informes del Departamento de Investigación de Homicidios de Sao Paulo (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa)sobre las muertes de personas que recibieron disparos cuando se resistían al arresto en la ciudad de Sao Paulo en 2012. Según los informes, la policía trasladó a 379 personas a hospitales después de estos incidentes, y 360 –o aproximadamente 95 por ciento— de ellas murieron. Esta cifra sugiere un pobre historial en el rescate de personas baleadas por la policía, señaló Human Rights Watch.
Las autoridades estatales han adoptado importantes medidas encaminadas a reducir la violencia policial y mejorar la rendición de cuentas de los que cometen abusos. El gobierno amplió el mandato del Grupo de Trabajo Especial sobre Control Policial (Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial o GECEP) en junio de 2010, con el fin de incluir la investigación de denuncias de abusos cometidos por agentes de la policía militar y hacer un seguimiento de cerca de las ejecuciones policiales, para identificar los patrones de abuso.
El gobierno estatal también emitió la resolución SSP-05 a principios de enero de 2013, una directiva que, junto con las órdenes que vienen de la Comandancia de la Policía Militar, prohíbe que la policía retire a las víctimas de tiroteos de la escena del crimen, excepto cuando los servicios de emergencia no están disponibles o se retrasan significativamente, y con el permiso de las autoridades policiales.
Funcionarios estatales también han declarado pública y repetidamente desde enero que los presuntos abusos de la policía serán investigados y sancionados.
Según las cifras oficiales, las bajas a manos de la policía en el estado disminuyeron en un 34 por ciento durante los primeros seis meses de 2013, en comparación con el mismo período de 2012.
Se necesitan medidas adicionales para hacer que las reformas del gobierno de Sao Paulo sean más eficaces en la reducción de bajas policiales ilegales y encubrimientos, señaló Human Rights Watch. Entre las recomendaciones se destacan las siguientes:
- Aplicar estrictamente la resolución SSP-05 y las órdenes del Comando de la Policía Militar para garantizar que la policía sólo traslade a las víctimas de un tiroteo de la escena del crimen en circunstancias excepcionales;
- Emitir un protocolo claro para asegurar la protección y el análisis de la ropa de las víctimas de disparos por parte de la policía, lo que podría constituir una fuente crítica de evidencia;
- Exigir a los agentes de la policía que notifiquen inmediatamente a la Fiscalía e incluso a la unidad procesal del Grupo de Trabajo Especial sobre Control Policial, de las muertes resultantes de tiroteos policiales;
- Fortalecer la unidad con más personal y recursos para que la policía civil pueda monitorear e investigar rigurosamente las muertes a manos de agentes de la policía inmediatamente después de que ocurran, y
- En los casos en que GECEP encuentre evidencias que sugieran que la policía cometió ejecuciones ilegítimas o encubrimientos, hay que asegurar que los oficiales sospechosos de estar implicados sean efectivamente procesados.
En un informe de 2009, “Lethal Force”(Fuerza latal), Human Rights Watch documentó 16 casos en Sao Paulo (y 35 en el estado de Rio) en los que la policía parecía haber ejecutado a personas pero que luego reportó que habían muerto en tiroteos al resistirse al arresto.
“El gobierno de Alckmin y la oficina del procurador general del estado han tomado medidas importantes para abordar el grave problema de las ejecuciones policiales y los encubrimientos en Sao Paulo”, dijo Vivanco. “Pero si no se apuntalan estas medidas mediante el fortalecimiento del poder de los fiscales y la garantía de que se preservarán pruebas clave en las llamadas muertes de ‘resistencia’, esta horrible práctica continuará”.
